STS, 22 de Junio de 2009

Al amparo del apartado d) del art. 88.1 LRJCA , por infracción de los arts. 107 y 113 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; infracción producida porque el artículo 113 atribuye al órgano competente para la resolución del recurso de alzada la potestad de resolver todas las cuestiones que deriven del expediente, hayan sido o no alegadas por los interesados, de lo que se desprende que esta potestad abarca el examen del Plan en todos sus aspectos, sin discriminación en función de que las determinaciones del Plan sean competencia municipal o autonómica.

Al amparo del apartado d) del art. 88.1 LRJCA , por infracción de los arts. 137 y 140 CE , y por incorrecta aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, que se produce porque la sentencia no toma en consideración la existencia de intereses supramunicipales, que se derivan de la afección del cauce del Río Sec y del sistema viario de la autopista y su entronque con carretera comarcal, que legitimaban la competencia de la Administración autonómica y que determinan que, en caso de discordancia con los intereses locales, deben prevalecer sobre éstos.

Al amparo del apartado d) del art. 88.1 LRJCA , por infracción de los arts. 49 LRJCA y 24.1 CE. El artículo 49 se ha infringido al no haber sido llamada la recurrente a su debido tiempo al proceso de instancia, de forma tal que su emplazamiento tardío, que se produjo tras la conclusión del periodo de prueba, ha causado indefensión al no haber podido participar en las fases de alegaciones y prueba.

Al amparo del apartado c) del art. 88.1 LRJCA , por infracción del art. 49 LRJCA , en cuanto a la falta de emplazamiento. El artículo 49 se infringió, primero , por la Generalitat al no notificar a los interesados la interposición del recurso contencioso-administrativo para su posible comparecencia; segundo, por la Sala de instancia al no corregir la falta de emplazamiento por la Administración demandada; y, en última instancia, por el propio Ayuntamiento al no dirigir contra ella su demanda, siendo patente su condición de interesada directa al ser la beneficiaria de la estimación del recurso de alzada contra el que se interpuso recurso contencioso-administrativo.

Al amparo del apartado c) del art. 88.1 LRJCA , por infracción de los arts. 120.3 CE y 67.1 LRJCA, relativo a la necesaria motivación de las sentencias, que infringe la sentencia en la medida en que no se pronuncia sobre la alegación de nulidad de actuaciones y la necesidad de congruencia, más aún, la sentencia apunta en sus antecedentes que la parte demandada y codemandadas han contestado la demanda, cuando lo cierto es que no había sido emplazada ninguna de las codemandadas en esa fase procesal.

Al amparo del apartado c) del art. 88.1 LRJCA , por infracción de los arts. 120.3 CE, 248.3 LOPJ y 9 CE, sobre la obligación de motivación de las sentencias, que se produce porque en el fundamento de derecho segundo la sentencia contiene una disquisición doctrinal sobre delimitación de competencias municipales y autonómicas en la aprobación del planeamiento general sin cita de disposición o jurisprudencia que justifiquen su aplicación y sin que la sentencia contenga la necesaria motivación de la causa por la que el acto recurrido invade competencias municipales en materia de planeamiento urbanístico.

Concluye la recurrente solicitando la estimación del recurso de casación y consiguiente desestimación del recurso contencioso administrativo y, subsidiariamente, la estimación del recurso de casación con retroacción del proceso para poder contestar a las alegaciones de la demandante y proponer prueba.

TERCERO.- Con carácter previo al examen de los motivos de casación, hemos de descartar la concurrencia de la causa de inadmisión del recurso de casación opuesta por la parte recurrida, quien sostiene que el recurso es inadmisible por no haberse fundado en normas de Derecho estatal o europeo determinantes del "fallo". Muy al contrario, en los motivos casacionales, supra resumidos, se invoca la infracción de normas de Derecho estatal, y además esa causa de inadmisión, de existir, sería únicamente proyectable sobre los motivos formulados al amparo del subapartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional y no sobre los formulados al amparo del subapartado c), según consolidada jurisprudencia.

CUARTO .- Comenzando, pues, por el examen de los motivos casacionales que denuncian infracciones "in procedendo" al amparo del subapartado c) del artículo 88.1 LJCA , la respuesta a dichos motivos requiere un examen previo del "iter" procesal de las actuaciones desarrolladas ante la Sala de instancia.

Una vez interpuesto el recurso contencioso administrativo por el Ayuntamiento ahora recurrido en casación, por providencia de 4 de septiembre de 2002 se reclamó de la Administración autora del acto impugnado, Generalidad de Cataluña, la remisión del expediente y el emplazamiento de cuantosinteresados resultaran del mismo. Recibido el expediente, la actora formalizó su demanda y la Generalidad presentó su correspondiente escrito de contestación, tras lo cual, por auto de 9 de julio de 2003, la Sala acordó el recibimiento a prueba del proceso, abriéndose el correspondiente ramo de prueba de la parte actora, en el que con fecha 15 de octubre de 2003 se declaró pertinente la documental propuesta por esta, y por ulterior auto de 15 de octubre de 2003 se declaró la pertinencia de la pericial propuesta por la misma parte.

Habiéndose desarrollado todos estos trámites con la única intervención de la Corporación local recurrente y la Administración autonómica demandada, únicas personadas en las actuaciones, la propia parte recurrente, con fecha 23 de marzo de 2004, dirigió un escrito a la Sala llamando la atención sobre el hecho de que no constaba que "ABB motores" hubiera sido emplazada para personarse en las actuaciones pese a ser evidente su interés en el proceso. Por providencia de 30 de marzo de 2004 se requirió a la Generalidad para que verificara si había emplazado a esa empresa y, en caso contrario, procediera a emplazarla por nueve días. La Generalidad cumplió lo requerido emplazando a esta mercantil (lo que no había hecho hasta esa fecha), tras lo cual "ABB motores SA" se personó en las actuaciones mediante escrito de fecha 21 de abril de 2004, por el que pidió que se le diera vista de lo actuado y se siguieran con ella las sucesivas diligencias y trámites.

Por providencia de 3 de mayo de 2004 se acordó tener a esta parte por personada y darle vista de todo lo actuado. En esta misma providencia se acordó tener por finalizado el periodo de proposición y práctica de prueba y cerrar el mismo, abriendo el trámite de conclusiones para la parte actora. Notificada esta providencia a la mercantil codemandada con fecha 6 de mayo de 2004, no la discutió ni impugnó en súplica.

Habiéndose presentado el día 20 de mayo de 2004 las conclusiones de la demandante, por diligencia de ordenación 26 de mayo de 2004 se acordó emplazar a demandada y codemandada para que presentaran sus respectivas conclusiones. Una vez más, esta diligencia fue notificada a la codemandada, el día 28 de mayo de 2004, sin que se pidiera su revisión.

Por providencia de 15 de octubre de 2004 se tuvo por cumplido el trámite de conclusiones por la Generalidad de Cataluña y se declaró decaída en su derecho a la mercantil "ABB motores SA", declarándose las actuaciones conclusas; ahora bien, notificada esta resolución a la empresa codemandada el día 19 de octubre siguiente, al día siguiente, 20 de octubre, esta empresa presentó sus conclusiones, en cuyo "suplico" pidió que se desestimara la demanda con imposición de costas a la actora. La Sala admitió este escrito (y los documentos que al mismo se acompañaban) al amparo del artículo 128 de la Ley de la Jurisdicción, por providencia de 5 de noviembre de 2004 , en la que se ordenó estar a lo dispuesto en la providencia de 15 de octubre anterior (esta providencia , como las anteriores, tampoco fue impugnada en súplica por la codemandada).

Y el día 25 de noviembre de 2004 la demandante dirigió un escrito a la Sala manifestando que la codemandada había planteado en sus conclusiones cuestiones nuevas cuya admisión era improcedente por aplicación del artículo 65 LJCA , por lo que se veía obligada a contestar a las mismas. Por providencia de 13 de abril de 2005 se acordó unir este escrito a las actuaciones, tener por hechas las manifestaciones que en el se vertían, y que continuasen las actuaciones pendientes de señalamiento (tampoco esta providencia fue recurrida por ninguna de las partes).

Finalmente, por providencia de 21 de septiembre de 2004 (notificada a la codemandada el día 26 siguiente) se señaló el recurso para votación y fallo, sin que las partes recurrieran esta resolución.

QUINTO .- La ahora recurrente en casación, en el tercer motivo, denuncia la indefensión que dice haber sufrido porque a causa de su tardía personación, derivada de su no menos tardío emplazamiento, no pudo contestar a la demanda ni proponer prueba ni asistir a la práctica de las pruebas admitidas por la Sala. Y en el cuarto insiste en la indefensión derivada de la falta de emplazamiento para personarse en las actuaciones en el momento procesal adecuado.

Estos motivos no pueden prosperar porque, tal y como acabamos de explicar, la parte recurrente no discutió ni recurrió las sucesivas resoluciones de la Sala, todas ellas oportunamente notificadas, por las que, sucesivamente, se declaró concluso el periodo de prueba, se emplazó a las partes para la presentación de conclusiones, se ordenó que quedaran las actuaciones conclusas y pendientes de señalamiento, y se señaló el recurso para votación y fallo. Bien pudo la parte entonces codemandada y ahora recurrente en casación haber impugnado entonces esas resoluciones o haber planteado ante la Sala la nulidad de las actuaciones practicadas, con petición de retroacción al momento procesal de la contestación a la demanda,pero no lo hizo, por lo que no puede ahora alegar la indefensión que dice haber sufrido por tal concepto, al vedarlo el artículo 88.2 de la Ley Jurisdiccional 29/1998 , que, recordemos, establece que " la infracción de las normas relativas a los actos y garantías procesales que produzca indefensión sólo podrá alegarse cuando se haya pedido la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de existir momento procesal oportuno para ello ".

SEXTO .- En el quinto motivo de casación se denuncia por la mercantil recurrente la falta de motivación de la sentencia por no haber sido examinadas las alegaciones que hizo en el escrito de conclusiones (único, enfatiza, que pudo presentar) acerca de la nulidad de actuaciones. Añade que la sentencia yerra cuando dice que demandada y codemandada contestaron a la demanda, cuando lo cierto es que al tiempo del trámite de contestación ni siquiera se le había emplazado.

Tampoco este motivo puede ser aceptado.

Es verdad que la codemandada, en el cuerpo argumental de su escrito de conclusiones, denunció el emplazamiento tardío para comparecer en este proceso (imputando dicho retraso a la parte actora, lo que, dicho sea de paso, carece de sentido pues esta parte no tenía obligación de hacer tal emplazamiento y además fue ella misma la que llamó la atención sobre la necesidad de emplazar a la codemandada), y manifestó que ello le había dejado en indefensión; mas lo cierto es que aun cuando sugirió la -sic"posibilidad" de declarar la nulidad de las actuaciones, en el "petitum" de este escrito de conclusiones se limitó a pedir que se desestimara la demanda. Si a este dato se une que la mercantil codemandada no impugnó las sucesivas resoluciones (previas y posteriores a este escrito de conclusiones) que le fueron notificadas y que fueron impulsando y agotando los trámites procesales previos a la deliberación y fallo del litigio, ni discutió estos avances del procedimiento, ni suscitó en debida forma ninguna nulidad de actuaciones, se entiende que la Sala no hiciera ningún pronunciamiento especial en su sentencia sobre una nulidad de actuaciones que no había sido solicitada pese a haber dispuesto de ocasiones procesales sobradas para ello.

En cuanto al contenido del "hecho tercero" de la sentencia, en el que se dice que la codemandada contestó a la demanda, hemos de entender que se trata de un mero error material que carece de trascendencia invalidante, pues en nada afecta a la fundamentación jurídica de la sentencia, que constituye la "ratio decidendi" del fallo estimatorio.

SEPTIMO.- Tampoco puede prosperar el motivo sexto, en el que se denuncia la supuesta falta de motivación de la sentencia dictada por el Tribunal a quo en cuanto a la explicación de las razones por las que se estima el recurso contencioso- administrativo. La "ratio decidendi" de la sentencia está claramente explicada en los fundamentos de Derecho 2º y 3º, cuyo contenido cumple sobradamente las exigencias de motivación de las resoluciones judiciales; siendo cuestión distinta que esa motivación no sea del agrado del recurrente o no le convenza.

OCTAVO.- Restan por ser examinados los dos primeros motivos de casación.

Recordemos que esos dos motivos son del tenor siguiente:

Al amparo del apartado d) del art. 88.1 LRJCA , por infracción de los arts. 107 y 113 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; infracción producida porque el artículo 113 atribuye al órgano competente para la resolución del recurso de alzada la potestad de resolver todas las cuestiones que deriven del expediente, hayan sido o no alegadas por los interesados, de lo que se desprende que esta potestad abarca el examen del Plan en todos sus aspectos, sin discriminación en función de que las determinaciones del Plan sean competencia municipal o autonómica.

Al amparo del apartado d) del art. 88.1 LRJCA , por infracción de los arts. 137 y 140 CE , y por incorrecta aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, que se produce porque la sentencia no toma en consideración la existencia de intereses supramunicipales, que se derivan de la afección del cauce del Río Sec y del sistema viario de la autopista y su entronque con carretera comarcal, que legitimaban la competencia de la Administración autonómica y que determinan que, en caso de discordancia con los intereses locales, deben prevalecer sobre éstos.

(Aunque nadie plantea este problema, no debemos pasar por alto que este Tribunal Supremo en sentencia de 19 de Diciembre de 2007 ---casación nº 4508/05 ---, ha declarado que el artículo 107.3 de la Ley estatal 30/92 , a cuyo tenor "contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrárecurso en vía administrativa", es también aplicable en la Comunidad Autónoma de Cataluña).

NOVENO .- El primer motivo debe ser estimado, por haber negado la Sala facultades a la Generalidad de Cataluña para resolver en Alzada cuestiones de su competencia. Y ello no porque la Administración autonómica tenga limitación de conocimiento de adopción de determinaciones en fase de aprobación definitiva de los Planes Municipales y no la tenga en fase de recurso de alzada, sino porque, en contra de lo dicho por la Sala de instancia en su enjuicimiento jurídico, la cuestión que "ABB Motores S.A." planteó en su recurso de alzada siendo de naturaleza municipal (diseño de un solo sector o de dos sectores) era una cuestión de legalidad y no de mera oportunidad, pues lo que se alegaba en la alzada, con apoyo en un dictamen técnico, era que el señalamiento de un solo sector " impide y dificulta la justa distribución de beneficios y cargas en el polígono E previsto" y que "esta falta de homogeneización complicará extraordinariamente la gestión del polígono E, toda vez que se han de cumplir los principios básicos de distribución justa entre los propietarios de los beneficios y cargas del planeamiento ".

Así que lo que estaba en juego, siendo un problema de estricto alcance municipal, era sin embargo un problema de equidistribución, es decir, de legalidad, y no de oportunidad, susceptible, por lo tanto, de ser controlado por la Administración autonómica tanto en fase de aprobación definitiva como en fase de recurso de alzada, según una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 17 de Febrero de 1999, recurso 790/96 , por todas).

En cuanto llega a solución contraria, la sentencia impugnada es disconforme a Derecho y debe ser revocada, lo que conduce a la resolución de lo que corresponda dentro de los términos en que está planteado el debate (artículo 95-2 -d) de la Ley Jurisdiccional 29/98 ), que lo es tal como se expuso en la demanda.

DÉCIMO .- Otro de los argumentos que el Ayuntamiento adujo en la demanda contra la división del primitivo sector en dos nuevos sectores fue el de que las Unidades resultantes no son equivalentes y que en el sector E1 no puede localizarse la cesión del 10% de aprovechamiento medio, al estar consolidada la edificación.

Pues bien; estos motivos impugnatorios han sido avalados por la prueba pericial practicada en autos por un perito judicial designado aleatoriamente, de la cual se deduce:

1. - Que existe una gran diferencia entre los aprovechamientos de ambos sectores, como lo demuestra el hecho de que existe una diferencia de suelo público de un 61'12% en perjuicio del sector E-2; y aunque esta diferencia se dice subsanada por haber fijado al sector E-1 un 16'53% de mayores cargas de urbanización, se trata de un remedio que no puede ser tenido en cuenta, ya que se incluyen en estas mayores cargas del sector E-1 los costes de la rotonda, los cuales no serán satisfechos por los propietarios del sector E-1 sino por la Administración de Carreteras. Todo lo cual representa una infracción al principio de equidistribución de beneficios y cargas reconocido en el artículo 5 de la Ley 6/98, de 13 de Abril o en el artículo 3-2-b) del Texto Refundido de 9 de Abril de 1976 .

2. - Que en el sector E-1 no pueden localizarse ni el terreno correspondiente a la cesión del 10% del aprovechamiento medio ni los correspondientes a dotaciones públicas, ya que, (en palabras del Sr. Perito) " pretender situar unos terrenos correspondientes al 10% de aprovechamiento medio o aumentar cualquier otra parámetro, sin modificar los inicialmente previstos, es físicamente imposible "; lo que representa una infracción del régimen de cesiones que para los propietarios del suelo urbanizable establece el artículo 18 de la Ley 6/98 o el artículo 84.3 del Texto Refundido de 9 de Abril de 1976 .

DECIMOPRIMERO .- Debe, por lo tanto, ser estimado el recurso contencioso administrativo y anulada la resolución que estimó en parte el recurso de alzada, lo que llevará como consecuencia que el Plan General quede, en lo que se refiere a los terrenos de referencia, con la configuración y regulación que se les dio en la originaria aprobación definitiva.

DECIMOSEGUNDO .- Al declararse haber lugar al recurso de casación no procede hacer condena en las costas del mismo (artículo 139.2 de la Ley 29/98 ), ni existen razones para hacerla respecto de las costas de instancia.

Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.