STS, 28 de Octubre de 2009

Ponente:NICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLEN
Número de Recurso:533/2007
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:28 de Octubre de 2009
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
 
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CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Octubre de dos mil nueve

Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso contencioso-administrativo que con el número 533/2007 ante la misma pende de resolución, interpuesto por don Alfredo , representado por el Procurador don Francisco Javier Cereceda Fernández-Oruña, frente al Acuerdo 25 de mayo de 2007 del Consejo de Ministros.

Habiendo sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por don Alfredo se interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros a que antes se ha hecho referencia, el cual fue admitido por la Sala, motivando la reclamación del expediente administrativo que, una vez recibido, se puso de manifiesto a la parte recurrente para que formalizase la demanda dentro del correspondiente plazo, lo que verificó mediante un escrito en el que, después de exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando:

"(...) dicte sentencia por la que se reconozca íntegramente el derecho de mi representado a que se le rehabilite en su condición de funcionario de la Entidad de Correos y Telégrafos, en su calificación de Auxiliar Postal y de Telecomunicaciones, o cualquier otro equiparable si ha llegado a producirse un cambio de denominación, anulando el acto administrativo objeto de impugnación, con todos los pronunciamientos legales favorables derivados de dicho reconocimiento".

SEGUNDO.- El señor Abogado del Estado, en la representación que le es propia, se opuso a la demanda pidiendo la desestimación del recurso contencioso-administrativo.

TERCERO.- Por Auto de 3 de junio de 2008 se acordó no haber lugar al recibimiento a prueba del proceso y, una vez declaradas conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 21 de octubre de 2009 .

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Nicolas Maurandi Guillen, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El aquí recurrente, don Alfredo , perteneció al Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación (Escala de Clasificación y Reparto) y perdió la condición de funcionario en virtud de lo dispuesto por la resolución de 4 de marzo de 1998 de la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento, dictada como consecuencia de la sentencia de 22 de octubre de 1997 de laAudiencia Provincial de Santander .

Esta sentencia lo había condenado, como autor responsable de un delito de malversación de caudales públicos, a las penas aceptadas de cuatro meses de arresto mayor y dos años de suspensión de cargo público, así como suspensión del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena; como autor de un delito de infidelidad en la custodia de documentos a la pena de 7 meses de prisión, multa de 100.000 pts. (con arresto sustitutorio) suspensión del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para cargo público durante seis años y un día; y como autor de un delito de falsedad en documento oficial a la pena de 7 meses de prisión, suspensión de cargo público y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 100.000 pts.

Y por ser relevante para lo que en el actual proceso se discute, de dicha sentencia penal debe destacarse lo siguiente:

  1. - Sus hechos probados incluyeron dos clases de conductas. De un lado la no entrega de 47 cartas certificadas en mayo y junio de 1995 (que fueron retenidas hasta que el 2 de agosto entregó la totalidad cuando le fueron reclamados cuatro de ellos) y la tardanza en entregar una carta certificada desde el 28 de junio al 18 de julio.

    De otro lado, la apropiación de hasta nueve giros postales, en cantidades comprendidas entre 7.000 y

    50.000 pts durante el período que medió entre junio y noviembre de 1995.

  2. - Esos mismos hechos probados declararon también que los hechos relativos a las cartas certificadas no causaron grave daño a tercero ni a la causa pública; que varias de las cantidades fueron repuestas en cuanto las reclamaron los destinatarios; y que el acusado padecía ludopatía.

  3. - El Ministerio Fiscal invocó la circunstancia de arrepentimiento espontáneo en el delito de malversación y la analógica de ludopatía en todas las infracciones; el Abogado del Estado hizo suyas las conclusiones del Ministerio Fiscal; y el acusado manifestó su conformidad con los hechos y penas pedidas por las acusaciones.

    SEGUNDO.- El actual recurso contencioso-administrativo se dirige contra el Acuerdo del Consejo de Ministros que denegó la rehabilitación que fue solicitada por el recurrente al amparo de lo establecido en el Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre .

    La demanda, que postula el reconocimiento al actor del derecho a la rehabilitación, desarrolla en apoyo de esta pretensión estos argumentos o razones: la vulneración del principio de proporcionalidad y de la función reinsertora que debe presidir la figura de la rehabilitación; y la falta de base de la fundamentación esgrimida por la Administración.

    Y lo que se aduce para apoyar esas razones es: la falta de gravedad de los hechos por la escasa entidad de los importes sustraídos; la desaparición de la enfermedad que determinó la conducta y, como consecuencia de ello, la desaparición del riesgo de que esa conducta vuelva a repetirse; el arrepentimiento espontáneo apreciado en el proceso penal; la inexistencia de perjuicio o daño a la causa pública; y la devolución de las cantidades tan pronto como le fue posible al recurrente.

    TERCERO.- El artículo 6.2 del Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre , dispone lo siguiente:

    " Art. 6 .° Criterios para la formulación de la propuesta de resolución. (...).

    2. Para la resolución del procedimiento de rehabilitación de quienes hubieran perdido su condición de funcionario como consecuencia de haber sido condenados a pena principal o accesoria de inhabilitación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios orientadores para la valoración y apreciación de las circunstancias y entidad del delito cometido:

    a) Conducta y antecedentes penales previos y posteriores a la pérdida de la condición de funcionario.

    b) Daño y perjuicio para el servicio público derivado de la comisión del delito.

    c) Relación del hecho delictivo con el desempeño del cargo funcionarial.

    d) Gravedad de los hechos y duración de la condena. e) Tiempo transcurrido desde la comisión del delito.

    f) Informes de los titulares de los órganos administrativos en los que el funcionario prestó sus servicios.

    g) Cualquier otro que permita apreciar objetivamente la gravedad del delito cometido y su incidencia sobre la futura ocupación de un puesto de funcionario público.

    En todo caso, será preceptivo en el procedimiento el informe de la Subsecretaría del Departamento que hubiera declarado la pérdida de la condición de funcionario".

    El anterior precepto, según tiene reiteradamente declarado esta Sala y Sección, pone de relieve que la Administración no goza de libertad en orden a la rehabilitación que le haya sido solicitada sino que ha de tomar su decisión según esos criterios normativamente establecidos.

    De lo cual se deriva que en esta clase de litigios la cuestión a resolver se concreta en examinar si la resolución administrativa está motivada según esa premisa normativa y si las concretas circunstancias ponderadas con esa finalidad significan una acertada individualización de esos criterios de que se viene hablando.

    También debe subrayarse que todos esos criterios ponen de manifiesto que la idea o finalidad presente en la rehabilitación es la siguiente: determinar si la incapacidad para ser funcionario, que en principio lleva consigo la pena de inhabilitación, resulta excesiva en algunos casos, cuando el delito es ajeno al cargo funcionarial que se desempeñaba, no ha habido perjuicio para servicio público y tampoco los hechos han tenido gravedad.

    CUARTO.- Las circunstancias concurrentes en el presente caso coinciden en lo sustancial con las que fueron apreciadas en el caso que fue resuelto por la sentencia de 14 de julio de 2004 (recurso 552/2001 ), por lo que, valoradas según las pautas del artículo 6.2 del Real Decreto 2669/1998 , también aquí ofrecen como resultado una valoración final favorable a la rehabilitación.

    En esas circunstancias hay bastantes datos que permiten aceptar razonablemente la convicción de la capacidad del recurrente para desempeñar en el futuro su cometido funcionarial correctamente y, por el contrario, las razones que podrían justificar una sospecha de lo contrario son muy reducidas y también de muy escasa entidad.

    Como desarrollo de lo anterior debe declarase lo siguiente:

    - a) De los "hechos probados" de la sentencia penal de la Audiencia Provincial resulta que el montante total de las sustracciones osciló en torno a las 200.000 pts, y en esa sentencia penal consta, además, la conformidad del aquí recurrente con las acusaciones y que éstas apreciaron la circunstancia atenuante de arrepentimiento.

    - b) Lo anterior ya pone de manifiesto que el propio tribunal penal aminoró la entidad del comportamiento del recurrente y, unido a la corta duración de las penas impuestas, determina que, por lo que hace al criterio de "gravedad de los hechos y duración de la condena" , éste deba ser ponderado de manera favorable para el recurrente.

    - c) En las actuaciones no figuran antecedentes de otros comportamientos profesionales negativos del recurrente y consta que procedió de manera inmediata a restituir el importe a sus destinatarios en la mayoría de las sustracciones. Por otro lado, no consta que la conducta tuviera una gran difusión más allá de la que comporta necesariamente todo proceso penal y la sentencia de la Audiencia Provincial expresamente declara que no hubo grave daño a tercero ni a la causa pública.

    - d) Lo acabado de expresar permite igualmente la ponderación favorable de los criterios orientadores referidos a la conducta y antecedentes previos y al daño y perjuicio al servicio público. Como también juega a favor del demandante el largo tiempo ya transcurrido desde que ocurrieron los hechos determinantes de la condena penal.

    QUINTO.- Procede, de conformidad con lo antes razonado, estimar el recurso contencioso-administrativo, y no son de apreciar circunstancias que justifiquen un especial pronunciamiento sobre costas.

FALLAMOS

1.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Alfredo frente al Acuerdo de 25 de mayo de 2007 del Consejo de Ministros, y anular este acto administrativo por no ser conforme a Derecho en lo que se ha discutido en este proceso.

2.- Reconocer el derecho del recurrente a ser rehabilitado en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación (Escala de Clasificación y Reparto).

3.- No hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.