STS, 17 de Julio de 2009
| Ponente | ENRIQUE LECUMBERRI MARTI |
| ECLI | ES:TS:2009:5020 |
| Número de Recurso | 1031/2007 |
| Fecha de Resolución | 17 de Julio de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de julio de dos mil nueve
Visto por la Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo, el recurso de casación número 1031/2007, que ante la misma pende de resolución, interpuesto por la letrada de la Junta de Andalucía, en la representación que le es propia, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, el día dieciocho de diciembre de dos mil seis, -recaída en los autos número 3061/2000-.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en los autos número 3061/2000, en fecha dieciocho de diciembre de dos mil seis, dictó sentencia cuyo fallo dice: <
La letrada de la Junta de Andalucía, interpuso recurso de casación mediante escrito de fecha cuatro de abril de dos mil siete.
Mediante providencia dictada por la Sección Primera de esta Sala el día quince de junio de dos mil siete, se admite a trámite el presente recurso de casación, acordando remitir las actuaciones a esta Sección Cuarta, conforme a las reglas del reparto de asuntos; donde se tienen por recibidas el cinco de septiembre de dos mil siete; quedando pendientes de señalamiento para votación y fallo.
Por providencia de fecha veinte de mayo de dos mil nueve, se señala para la votación y fallo de este recurso de casación el día siete de julio de dos mil nueve, fecha en que tuvo lugar habiéndose observado los trámites establecidos por la ley.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Lecumberri Marti,
La letrada de la Junta de Andalucía recurre en casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de aquella Comunidad, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil seis, que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Luis Pedro contra el Decreto 394/2000, de 26 de septiembre, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por el que se regula la plantilla orgánica, funciones y retribuciones del Consejo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias, en la especialidad de Farmacia.
La Sala de instancia para examinar la naturaleza de la disposición general impugnada, pone especial atención a su exposición de motivos, y en atención al objeto y contenido de la misma, sostiene que:
<
De igual modo, resulta evidente que no se puede calificar de "reglamento puramente auto-organizativo" -que permitiera la exención del trámite del dictamen del Consejo Consultivo-, pues, aparte de regular la plantilla orgánica de los Farmacéuticos pertenecientes al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, establece las funciones de estos funcionarios, les confiere la condición de agentes de la autoridad cuando ejercen sus funciones de inspección, establece el régimen retributivo e incide en el estatuto funcionarial de manera relevante al describir las funciones de estos funcionarios y dejar sin efecto la compatibilidad que tenían reconocida por Ley estatal núm. 53/1984, de 26 de diciembre , de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.>>
Y, llega a la conclusión que este Decreto <
Disconforme con este razonamiento, que determinó al Tribunal declarar la nulidad de pleno derecho de la disposición impugnada, aduce la representación procesal de la Administración recurrente un único motivo de casación que se fundamenta en el artículo 88.1.d) de la de la Ley Jurisdiccional, en donde se denuncia la infracción de los artículos 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre y 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pues, a su juicio, la habilitación legal del Decreto objeto del litigio, se encuentra en el artículo 76 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por el que se crea el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, y consiguientemente, entiende, que nos hallamos ante un reglamento independiente y de organización, pues opera sobre la propia organización administrativa, "ad intra" y se proyecta, en exclusiva, respecto de las relaciones de supremacía especial de los funcionarios integrados en esa organización.
Este motivo debe ser desestimado, pues, si para que el dictamen del Consejo de Estado, o en su caso, del Consejo Consultivo de Andalucía sea preceptivo, según artículos 21 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado y 17.3 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, es necesario que el reglamento desarrolle, complete o ejecute una ley, aun cuando se clasifique el reglamento de provisional, se desarrolle parcialmente, o sea una modificación de otro anterior que ya fue informado por el Organo Consultivo.
En el caso que enjuiciamos en que el demandante don Luis Pedro, solicitaba en el petitum de su escrito fundamental de demanda la nulidad del Decreto 394/2000, de 26 de septiembre, como atinadamente matiza la Sala de instancia, el reglamento impugnado no se puede calificar de puramente organizativo, que permita la exención del trámite del Consejo Consultivo, pues incide directamente en el estatus de la función pública, e innova el régimen jurídico de los funcionarios del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía en la Especialidad de Farmacia, al otorgarles en el artículo 6 facultades como agentes de la autoridad, y establecer en su disposición adicional única, un sistema de incompatibilidad en el ejercicio de sus funciones, distinto al establecido en la disposición transitoria sexta de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
De ahí, podemos afirmar que la Disposición impugnada al no someterse en su procedimiento de elaboración al preceptivo dictamen del Consejo Consultivo, devino, según el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, nula de pleno derecho según correctamente apreció la Sala de instancia, ya que, si bien es cierto que la jurisprudencia de los años inmediatos a la promulgación y entrada en vigor de la derogada Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, modificada por la Ley de 2 de diciembre de 1963, comenzó afirmando el carácter obligatorio de este trámite, tal sistema si bien se alteró a mediados de los años setenta, en la actualidad, es uniforme y constante la doctrina jurisprudencial la que sustenta que la falta del dictamen del Consejo de Estado, acarrea la nulidad de los reglamentos ejecutivos, -sentencia de veintisiete de julio de dos mil cuatro, recaída en el recurso de casación 2715/1997 -.
De conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, no procede imponer la costas de este recurso de casación a la Administración recurrente, habida cuenta de que no se personó como parte recurrida en este recurso el demandante en la instancia.
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la letrada de la Junta de Andalucía contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil seis -recaída en los atuos 3061/2000-; sin costas.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. Don Enrique Lecumberri Marti, en audiencia pública celebrada en el día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.
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