STS 867/2009, 8 de Julio de 2009

Contra la Sentencia dictada por Tribunal del Jurado, que le condena como autor de un delito de asesinato a la pena de veinte años de prisión e inhabilitación absoluta, formaliza el condenado cinco motivos de casación, que vienen a repetir las alegaciones de su recurso de apelación desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

La falta de motivación de la prueba por el Jurado en el objeto del veredicto constituye la alegación del motivo primero, amparado en el art. 5.4 de la LOPJ, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 y 120.3 de la Constitución Española. Falta de motivación que refiere el recurrente a los números 23, 28,29 y 59 del objeto del veredicto declarado probado y al hecho 24 del objeto del veredicto rechazado por el Jurado.

1. - Es cierto que, como dice el Ministerio Fiscal en su oposición al motivo, a un Tribunal del Jurado no se le pude exigir la misma motivación que se exige a un Tribunal profesional y técnico. Pero esta idea, tan frecuentemente repetida, no puede ir más allá de rechazar la equiparación en la exigibilidad de las motivaciones propias de una y otra clase de Tribunal, es decir: sólo significa que al Tribunal lego no le es exigible la que es propia de un Tribunal profesional precisamente por serlo. Ahora bien: tal afirmación no puede suponer de ninguna manera una condonación del deber del Estado, cuando actúa jurisdiccionalmente mediante el Jurado, de respetar y satisfacer las exigencias resultantes de los derechos fundamentales que a los ciudadanos corresponden, entre ellos el de obtener una tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 24 de la Constitución. El alcance de un derecho fundamerntal no disminuye ni se encoge porque el Estado a través de sus órganos no provea lo necesario para satisfacer debidamente lo que el derecho fundamental comporta, porque ni su contenido ni sus efectos pueden depender de que el Estado sepa o quiera cumplir aquéllo que sea consecuencia obligada del derecho fundamental que la Constitución proclama y reconoce como propio de toda persona. En consecuencia la flexibilidad y tolerancia admisibles con relación al deber de motivación de las resoluciones judiciales del Jurado, máxime cuando deciden la privación de la libertad, termina allí donde se sitúa el límite a partir del cual, sin Jurado o con Jurado, no se satisface la tutela judicial efectiva, ni se alcanzan los fines que la motivación judicial debe siempre cumplir como parte integrante de ese derecho fundamental. En definitiva es la interpretación de la Ley del Jurado la que está condicionada por lo que exija la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la CE ), y no es el alcance y cumplimiento de este derecho, de rango constitucional, lo que previamente ha de acomodarse a lo que un Tribunal del Jurado esté en condiciones de poder cumplir por su naturaleza de Tribunal no profesional. La razón es evidente: el deber de motivar las resoluciones jurídicas, como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 119/2003 de 16 de junio, "no es sólo una obligación impuesta a los órganos jurisdiccionales por el art. 120.3 de la Constitución Española sino también y fundamentalmente un derecho de los intervinientes en el proceso, que forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamada en el art. 24.1 de la constitución Española, el cual únicamente se satisface si la resolución judicial, de modo explícito o implícito, contiene los elementos de juicio suficientes para que el destinatario y eventualmente los encargados de revisar sus decisiones puedan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos de la decisión. De modo que - añade la citada Sentencia - la exigencia de una motivación adecuada y suficiente, en función de las cuestiones que se suscitan en cada caso concreto, constituye una garantía esencial para el justiciable mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad. En conclusión una resolución judicial que no dé respuesta a las cuestiones planteadas en el proceso, o de cuyo contenido no pueden extraerse cuáles son las razones próximas o remotas que justifican aquélla, es una decisión judicial que no sólo viola la Ley, sino que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva".

   Este es pues el marco jurídico dentro del cual puede moverse la tan repetida idea de que a un Tribunal de Jurado no le es exigible la misma motivación que debe cumplir un Tribunal profesional. Esa inexigibilidad no puede romper el marco señalado, que es aplicable a cualquier Tribunal de Justicia incluido el del Jurado, en el que también rigen, obviamente, los derechos fundamentales. Y ese marco prevalece sobre cualquier interpretación comprensiva hacia el carácter lego del Tribunal.

2. - Aclarado lo anterior, señalemos que, desde una perspectiva constitucional, la exigencia de la motivación fáctica ha de responder a una triple necesidad. a) en primer lugar pretende evitar la arbitrariedad judicial, pues sólo cuando las sentencias contienen una motivación suficiente es posible comprobar si la valoración de las pruebas se hace conforme a los criterios de la lógica y a los principios de la experiencia sin incurrir en arbitrariedad; b) en segundo lugar, sin la exigencia de la motivación "se privaría en la práctica a la parte afectada del ejercicio efectivo de los recursos que le puede otorgar el ordenamiento jurídico" (STC 55/1987, de 13 de mayo ); y, c) en tercer lugar la falta de motivación respecto de la culpabilidad del imputado implica, con carácter general, un vacio probatorio que lesiona la presunción de inocencia, ya que la exigencia del razonamiento de imputación forma parte de la garantía del derecho. A este tercer aspecto se refiere la STC 145/2005 de 6 de junio : "la culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación de modo que sin motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Así lo hemos afirmado - añade el Tribunal Constitucional- en numerosas ocasiones, señalando que no sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado, sino también, con carácter previo a este supuesto, en los supuestos de falta de motivación del resultado de la valoración de las pruebas".

3. - Ya en el ámbito del Juicio por Jurado concretamente, desde la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 169/2004 de 6 de octubre, ésta ha venido declarando que "la falta de la sucinta explicación a la que se refiere el art. 61.1 d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado constituye una falta de la exigencia de motivación, proyectada al Jurado, que impone el art. 120.3 de la Constitución Española, y supone en definitiva la carencia de una de las garantías procesales que, de acuerdo con una consolidada doctrina jurisprudencial, se integran en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la Constitución Española), en su vertiente de derecho a obtener una resolución razonablemente razonada y fundada en Derecho [...], cuya finalidad última es la interdicción de un factor de racionalidad en el ejercicio del poder que, paralelamente, potencia el valor de la seguridad jurídica y constituye un instrumento que tiende a garantizar la posibilidad de control de las resoluciones por los tribunales Superiores mediante los recursos que legalmente procedan".

4. - La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, L. O. 5/1995 de 22 de mayo, modificada por Ley Orgánica 8/1995 de 16 de noviembre, y Ley 38/2002, prevé la disolución anticipada del Jurado en su art. 49, cuando, una vez concluidos los informes de la acusación, el Magistrado-Presidente, a solicitud de la defensa o de oficio, estime que del juicio "no resulta la existencia de prueba de cargo que pueda fundar una condena del acusado". Es obvio que por el momento procesal de que se trata, anterior a la deliberación y votación del veredicto, esa apreciación de falta de prueba de cargo capaz de desvirtuar la presunción de inocencia debe sustentarse en su inexistencia, en su ilicitud o en su invalidez. Deja necesariamente fuera el posterior problema de la motivación, integrada ya por el Tribunal Constitucional en el derecho a la presunción de inocencia cuando es irrazonable o ilógica, y en el de la tutela judicial efectiva cuando directamente es insuficiente para conocer el criterio del Tribunal. Cierto es que el art. 61.1 d) luego exige en el acta del veredicto la expresión de los elementos de convicción atendidos para hacer la declaración de hechos probados y no probados, con "una sucinta explicación de las razones" de ello; y que se devolverá el acta al Jurado cuando incurra en algún defecto relevante en el procedimiento de deliberación y votación [art. 63.1 e)]. Sin embargo este mecanismo de devolución no despeja el problema de la motivación ilógica o irracional, conectada ya, como quedó dicho, a la presunción de inocencia, sino sólo el problema de la falta o carencia, en sentido formal, de las razones exigidas por el art. 61.1 d), como condicionantes de la validez del veredicto. Así se deduce de que a la tercera devolución sin subsanarse el defecto se ordene la disolución del Jurado y convocatoria de Juicio Oral con nuevo Jurado (art. 65 ), algo que obviamente no se corresponde con la hipótesis de los razonamientos que, existiendo, son insuficientes desde la racionalidad y la lógica del criterio valorativo, para desvirtuar la presunción de inocencia, y que con esas deficiencias sólo pueden llevar a la absolución, no a la repetición del Juicio.

   El problema está en determinar dentro del marco constitucional ya examinado el alcance y la interpretación de la norma contenida en el art. 61.1 d) de la LOPJ y concretamente de la exigencia de una "sucinta explicación de las razones" en que se basa la resultancia fáctica:

   La Sentencia de esta Sala Segunda nº 487/2008 de 17 de julio ha declarado que "la explicación sucinta de razones que el art. 61.1 d) de la Ley manda incluir en el correspondiente apartado del acta de votación, puede consistir en una descripción detallada, minuciosa y critica de la interioridad del proceso psicológico que conduce a dar por probados o no los hechos que se plasman en el objeto del veredicto. Esta opción, solo accesible a juristas profesionales, sobrepasa los niveles de conocimiento, preparación y diligencia que cabe esperar y exigir a los componentes del Jurado. A esta postura se contrapone una posición minimalista de que estando al conjunto de las pruebas practicadas, el Jurado se abstiene de otras precisiones y así las cosas, declaraba probados unos hechos y no probados otros de la totalidad de los propuestos. Esta opción podría entenderse insuficiente porque al adoptarla sólo expresa que no se ha conducido el Jurado irracionalmente, ni ha atentado contra el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Cabe finalmente una tesis razonable intermedia, en la que el Jurado, en la sucesiva concatenación de los hechos objeto del veredicto, individualiza las pruebas y cualesquiera otros elementos de convicción cuyo impacto psicológico le persuade o induce a admitir o rehusar la versión histórica de los respectivos acontecimientos. Esta es la opción más razonable. Es cierto que, cuando se trata de sentencias dictadas por el Tribunal de Jurado, no puede exigirse a los ciudadanos que integran el Tribunal el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que debe exigirse al Juez profesional y por ello la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado sólo requiere en el art. 61.1 d) que conste en el acta de votación la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar como probados unos determinados hechos. Con ello se integra la motivación del veredicto que debe ser lo suficientemente explícita para que el Magistrado Presidente pueda cumplir con la obligación de concretar la existencia de prueba de cargo que le impone el art. 70.2 de la Ley , completando aquellos aspectos (SSTS. 956/2000 de 24 de julio; 1240/2000 de 11 de septiembre, 1096/2001 de 11 de junio ). La STS. 132/2004 de 4 de febrero nos dice que la motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su base y punto de partida, en cuanto contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que los jurados han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. Pero debe ser desarrollada por el Magistrado- Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos. Se trata de una responsabilidad que la ley impone a quien puede cumplirla, pues el Magistrado-Presidente, que ha debido asistir atento al juicio y a sus incidencias; que ha entendido en el momento procesal correspondiente que existe prueba valorable que impide la disolución anticipada; que ha redactado el objeto del veredicto, y que ha debido impartir al jurado instrucciones claras sobre su función y la forma de cumplirla adecuadamente, debe estar en condiciones de plasmar con el necesario detalle en cada caso, cuáles son las pruebas tenidas en cuenta por los jurados y cuál es su contenido incriminatorio, así como, en caso de prueba indiciaria y de elementos subjetivos, cuál es el proceso racional que conduce de forma natural desde unos hechos ya probados hasta otros hechos, objetivos o subjetivos, necesitados de prueba".

5. - En el caso presente el recurrente denuncia la falta de motivación de la prueba en los particulares fácticos del veredicto señalados con los números 23, 24, 28, 29 y 59. A partir de la doctrina examinada, procede hacer las siguientes previsiones:

   1. De estos cinco párrafos de los hechos del veredicto, es intranscendente la falta de motivación de los apartados 28 y 29, por ser irrelevantes para la calificación los hechos mismos que están en esos números; uno refiere que el acusado se cortó con el cuchillo en la palma de la mano derecha por lo que sangró abundantemente, y el otro refiere que el acusado tras agredir a su víctima se limpió "con un pañuelo blanco" parte de la sangre, y "tapó los pies de la víctima" para evitar que fuera fácilmente visto el cadáver y "se cambió de ropa". Datos fácticos cuya inclusión o exclusión en nada afecta al hecho jurídicamente relevante, por lo que tampoco importa la falta de expresión de las razones de su inclusión en el relato fáctico de la sentencia.

   2. Distinto es lo que sucede con los otros que atañen precisamente al presupuesto de hecho de la alevosía. Se declara probado que la víctima no tuvo "posibilidad alguna de defenderse", y que el acusado actuó "inopinadamente y dejando sin posibilidad de defendesre" a la víctima. Sin embargo la explicación sucinta de las razones de afirmarlo así se limita a expresar que sus elementos de convicción han sido "las pruebas forenses y policiales" (nº 23) y que "todas las pruebas nos llevan a pensar que ésto sucedió así" (nº 59).

      No hay verdadera expresión sucinta de razones justificativas de tales datos. En el primer caso porque se limita a citar "los elementos de convicción", que es una primera exigencia del art. 61.1 d) distinta de la segunda que también contiene de hacer "sucinta explicación de las razones" por las que se declara o no determinados hechos como probados; explicación que aquí no existe. Y en el segundo caso porque la que aparentemente existe al decir que "todas las pruebas nos llevan a pensar que esto sucedió así" carece de una mínima estructura de racionalidad y lógica valorativa que exprese precisamente el porqué han llegado a pensar así, a partir de todas las pruebas. Lo que pretende ser una sucinta explicación de razones no pasa de ser la misma afirmación que debía ser racionalmente explicada, y lo sucinto de la frase no cumple en este caso la exigencia de una razonada explicación. De hecho el destinatario de la resolución permanece en el total desconocimiento del criterio valorativo, y en la imposibildiad de controlar la racionalidad de una valoración, que igonora por completo.

   3. El Magistrado Presidente no completó ni subsanó la deficiencia. Se limitó a decir que el Jurado "tras escuchar todas las pruebas practicadas entiende en conciencia que la acción delictiva resultó conforme a lo comentado en los apartados anteriores", sin que sepamos, dentro de los parámetros constitucionales del derecho a la tutela judicial efectiva ya descritos anteriormente, si se trata de una valoración arbitraria o racional y lógica en términos que permitan el control de la observancia del derecho fundamental a la presunción de inocencia, respecto al dato fáctico en que se apoya la apreciación de la alevosía. La remisión que seguidamente hace el Magistrado Presidente a la prueba testifical, dictamen forense, manifestaciones de familiares y funcionario de Policía y diligencia de autopsia, con ser enumeración o listado de pruebas que ya constan en el acta del juicio oral, reitera lo que con su lectura ya se sabe, y nada aporta acerca de la racionalidad de una valoración probatoria no arbitraria, que no se expresa.

   4. Es el Tribunal superior de Justicia el que en trámite de apelación entra en esta cuestión examinando las pruebas y estableciendo correlaciones entre ellas haciendo una extensa valoración de las pruebas que no presenció y que por lo mismo es una valoración carente de aptitud para suplir y salvar lo que no hizo el Tribunal del Jurado, ni en el veredicto ni en la sentencia. La sentencia de apelación de ese modo no controla la presunción de inocencia a través de la homologación de la racionalidad del juicio valorativo de las pruebas en la instancia sino que directamente lo sustituye supliendo por completo una valoración previamente inexistente, por otra suya y enteramente propia pero sin el presupuesto condicionante de la inmediación.

   5. La consecuencia de lo expuesto es la necesidad de excluir del hecho probado las referencias al presupuesto material de la indefensión por exigencia de la presunción de inocencia no desvirtuada, en ese particular concreto del hecho objeto de acusación.

      Por lo expuesto el motivo primero debe ser estimado.

El motivo segundo amparado en el art. 5.4 de la LOPJ alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución Española) y a un proceso con todas las garantías por incluirse en el veredicto el objeto numerado como 27, sin que aparezca en ninguno de los relatos de los hechos de las partes, como establece el art. 52.1 a) de la LOPJ, existiendo por ello según el recurrente infracción al amparo del art. 849-1º de la LECr.

Con este planteamiento repite exactamente lo alegado en su recurso de apelación, ya desestimado por el Tribunal Superior de Justicia, de cuyos razonamientos hace el recurrente caso omiso; por lo cual hemos de desestimar el motivo, por las mismas y acertadas razones de la Sentencia de apelación, no desvirtuadas por ningún argumento en contrario del ahora recurrente:

En efecto el objeto numerado como 27 refiere que las veintidós cuchilladas recibidas por la víctima eran innecesarias para la muerte de la misma. La acusación particular, si no en el relato fáctico sí en la calificación, sostuvo que los hechos constituían un delito de asesinato haciendo referencia expresa a la existencia de ensañamiento y también, con valor de afirmación fáctica, a que el ensañamiento "queda acreditado tras 23 lesiones con arma punzante, siendo dos de estas lesiones entradas por delante de la chica y salida del cuchillo por la espalda". Y a la caracterización de dicha circunstancia por la causación de males innecesarios. Este planteamiento de la acusación, fuera de la irregularidad de abarcarse unitariamente en la calificación no produce indefensión alguna, y la inclusión de su aspecto fáctico en el objeto del veredicto no supone infracción alguna del art. 52.1 a) de la LOPJ, por tratarse de un hecho alegado por la acusación particular.

El motivo segundo se desestima.

Los motivos tercero y cuarto, amparados en el art. 5.4 de la LOPJ por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución Española, y el cuarto también al amparo del art. 851.1º de la LECriminal, combaten la apreciación del ensañamiento discutiendo únicamente el presupuesto fáctico en que se apoya y sin formular alegación ni denuncia alguna acerca de la calificación jurídica de ese presupuesto.

1. En el tercero se alega incongruencia entre el objeto 27 del veredicto y la motivación dada por el Jurado para darlo por probado. El hecho probado es que "las 22 cuchilladas recibidas por Dolores son innecesarias, cuyo resultado de la acción no se precisa para obtener la finalidad de la muerte" (sic). El fundamento expresado para tenerlo por probado es "porque quería asegurarse que efectivamente iba a matarla".

   En el ámbito del concreto planteamiento del recurrente no se aprecia la contradicción invocada: la innecesariedad del número de cuchilladas para matar es una afirmación objetiva que alude a la suficiencia mortal de un número menor. El propósito expresado en la motivación alude a lo subjetivo del fin perseguido con ello. Obviamente cabe que para asegurarse el resultado mortal se den numerosas cuchilladas, y que el número de las efectivamente dadas exceda objetivamente de las necesarias para lograr ese propósito. No hay contradicción.

2. En el cuarto se denuncia la oposición o incompatibilidad entre dos afirmaciones fácticas del veredicto; entre el ya referido de las veintidós cuchilladas innecesarias para producir la muerte y el que declara probado que " ninguna de las puñaladas fué mortal de necesidad pero en su conjunto tenían la entidad suficiente para ocasionar la muerte faltando la asistencia médica inmediata.

   Tampoco son afirmaciones excluyentes o incompatibles : la primera afirma el exceso respecto a lo necesario para causar la muerte, y la segunda niega que alguna de ellas individualmente considerada, fuese por sí sóla mortal, al tiempo que afirma que lo fué un conjunto de ellas, es decir la acumulada lesividad de varias, al menos de una parte de todas puesto que la totalidad de las veintidós ya excedió de lo necesario para matar.

   No es afortunada la redacción del veredicto, sin duda, y pudo y debió expresarse de modo más claro y preciso. Pero no hay contradicción entre partes del hecho probado porque son susceptibles de coexistir simultáneamente sin una mutua e ineludible oposición.

3. No hay en el planteamiento de los motivos tercero y cuarto alegación alguna -fuera de estas invocadas contradicciones- acerca de la calificación jurídica del ensañamiento desde la perspectiva de la acertada subsunción como infracción de ley del art. 849-1º de la LECriminal, que no se formaliza.

   Los motivos tercero y cuarto por lo expuesto se desestiman.

El motivo quinto con apoyo en el art. 5.4 de la LOPJ y con cita en el art. 851-1º de la LECriminal denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución Española y a un proceso con todas las garantías al existir contradicción en los hechos declarados probados en Sentencia. Tras este planteamiento inicial lo que alega luego es sin embargo que no puede reputarse espontáneo el reconocimiento hecho por el acusado de su autoria de la muerte, cuando estaba detenido sin contar con asistencia letrada.

Aparte de que este alegato sobre la prueba nada tiene que ver con una contradicción en los hechos probados, este planteamiento ya se hizo en el recurso de apelación y fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia cuyos razonamientos del Fundamento Séptimo son ignorados al repetir lo mismo sin desvirtuar las razones desestimatorias expresadas en la Sentencia recurrida.

En consecuencia bastará poner de relieve: que no fué interrogado por los Policías que le custodiaban sino que el detenido les contó, porque quiso hacerlo voluntariamente, lo que había hecho; manifestación no derivada de un interrogatorio que luego con asistencia letrada repitió en la declaración policial. En todo caso no aparece que los Jurados se hayan basado en dichas originarias manifestaciones, sino en las pruebas periciales y forenses que con la prueba de la sangres del acusado y de su ADN en el lugar de los hechos constituyen el fundamento probatorio de su autoria.

El motivo se desestima.

III.

No concurre la circunstancia de alevosía por las razones expuestas en nuestra Sentencia de casación que en ésta se dan por reproducidas.

En lo demás se mantienen y dan aquí por reproducidos los Fundamentos de la Sentencia del Jurado y los de la Sentencia de Apelación, en todo lo que no sea incompatible con el anterior.

La exclusión de la alevosía mantiene la calificación del hecho como delito de asesinato por la concurrencia del ensañamiento (art. 139-3º del Código Penal ); pero la no apreciación de aquélla y la concurrencia de sólo ésta circunstancia obliga a la modificación de la pena. De conformidad con el art. 66-6º no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad procede imponer la de dieciocho años de prisión como adecuada a la gravedad el hecho y circunstancias del acusado, descritas en la Sentencia del Jurado.

Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS a Martin como autor de un delito de asesinato sin la concurrencia de circunstancias modificativa de la responsabilidad a la pena de DIECIOCHO AÑOS DE PRISIÓN, con los restantes pronunciamientos de la Sentencia del Tribunal del Jurado que aquí damos por reproducidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Adolfo Prego de Oliver y Tolivar Jose Ramon Soriano Soriano Manuel Marchena Gomez Alberto Jorge Barreiro Siro Francisco Garcia Perez

PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.