STS, 8 de Junio de 2009
| Ponente | PEDRO JOSE YAGÜE GIL |
| ECLI | ES:TS:2009:3576 |
| Número de Recurso | 262/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 8 de Junio de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a ocho de junio de dos mil nueve
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Quinta por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación para la unificación de doctrina número 262/2006, interpuesto por el Ayuntamiento de Cedeira contra la Sentencia dictada con fecha 23 de marzo de 2006 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sección Segunda, en recurso 4175/03, sobre contratación administrativa. Es parte recurrida D. Laureano, representado por el Procurador Sr. Arambillet Palacio.
Ante Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sección Segunda, se ha seguido el recurso 4175/03 interpuesto por Don Laureano, contra la resolución del Ayuntamiento de Cedeira de 4 de julio de 2002 que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de 16 de enero de 2002, por el que se rechazó, con fundamento en lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000 (por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) el proyecto de desarrollo integral presentado por Grupo de Ingeniería Medioambiental Minera, para el desarrollo económico de Cedeira dentro del Plan Económico Estratégico. Siendo demandado el Ayuntamiento de Cedeira.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 23 de marzo de 2006, estimando el recurso, anulando las resoluciones recurridas y condenando al Ayuntamiento a que abonase al actor el precio pactado del contrato, con sus intereses legales desde la fecha de entrega del trabajo. Contra la citada sentencia interpuso el Ayuntamiento de Cedeira recurso de casación para la unificación de doctrina, del que se dio traslado a la parte recurrida para su oposición, formalizándose la misma, y se elevaron las actuaciones al Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes.
Recibidas las actuaciones en este Tribunal Supremo, por providencia de 3 de octubre de 2006 de la Sección Primera de esta Sala se formó el presente rollo de casación para la unificación de doctrina, remitiéndose a la Sección Quinta. Por providencia de 24 de octubre de 2006 quedó pendiente de señalamiento para su votación y fallo, señalándose al efecto el día 3 de Junio de 2009, fecha en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Yague Gil,
La sentencia combatida en casación, dictada el 23 de marzo de 2006, estimó el recurso contencioso administrativo nº 4175/2003, interpuesto por Don Laureano contra la resolución del Ayuntamiento de Cedeira de 4 de julio de 2002 que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de 16 de enero de 2002, por el que se rechazó, con fundamento en lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000 (por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) el proyecto de desarrollo integral presentado por Grupo de Ingeniería Medioambiental Minera, para el desarrollo económico de Cedeira dentro del Plan Económico Estratégico; anulando la sentencia dichas resoluciones recurridas y condenando al Ayuntamiento a que abonase al actor el precio pactado del contrato, con sus intereses legales desde la fecha de entrega del trabajo.
Se trata, por tanto, de una sentencia posterior a la entrada en vigor de la reforma operada en la Ley Jurisdiccional 29/1998 por la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Con arreglo a dicha reforma y a partir de la entrada en vigor de la misma, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán, ex artículo 8.1 de la Ley Jurisdiccional en su nueva redacción, " en única o primera instancia según lo dispuesto en esta Ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico "; correspondiendo, por lo tanto, el conocimiento de dichas cuestiones en segunda instancia, a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia -artículo 10.2 -.
Y el acto administrativo impugnado en el proceso ahora en grado de casación queda comprendido en el ámbito de ese artículo 8.1 de la Ley de la Jurisdicción, por cuanto el mismo no constituye un instrumento de planeamiento urbanístico ni otro tipo de disposición de carácter general, sino un acto de rechazo de un encargo derivado de una relación contractual.
A partir de ahí, la cuestión a resolver es la referida al tratamiento que a efectos impugnatorios ha de darse a sentencias que, como la aquí recurrida, han sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia con posterioridad a la entrada en vigor de aquella Ley Orgánica 19/2003 en procesos pendientes ante ellas que, sin embargo y tras esa reforma, son de la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Pues bien, al igual que hemos declarado en numerosas resoluciones respecto de casos en los que se planteaba esta misma cuestión que ahora nos ocupa, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina debe ser declarado inadmisible, ya que, habiendo sido dictada la sentencia recurrida en fecha 23 de marzo de 2006, le es plenamente aplicable el régimen de recursos establecido en las normas transitorias de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de Diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, así como las de la Ley Jurisdiccional 29/98, de 13 de Julio, toda vez que es doctrina consolidada y uniforme de esta Sala (Autos de 16 de Junio, 30 de Octubre, 13 de Noviembre, 4 y 18 de Diciembre de 2000, entre otros) que debe aplicarse a esas sentencias la disposición transitoria primera, apartado 2, último inciso, de la mencionada Ley, lo que significa que el régimen de recursos es el establecido en ella para las sentencias dictadas en segunda instancia contra las que no cabe recurso de casación, pues éste sólo procede ---artículo 86.1 --- contra las recaídas en única instancia; y dicha previsión, (como ya dijo esta Sala en sentencia de 28 de Mayo de 2003 ) es igualmente aplicable al recurso de casación para la unificación de doctrina, de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1 y 2 de la vigente Ley de esta Jurisdicción, que sólo prevé dicho recurso contra las sentencia dictadas en "única instancia".
La reiteración de esta doctrina jurisprudencial hace innecesarias mayores consideraciones; bastando, pues, con remitirse a lo que ha dicho esta Sala en sentencias como (por citar algunas de las últimas) las de esta Sala y Sección de 17 y 25 de septiembre de 2008 -RRC 498/2004 y 515/2004 -.
Procede, por tanto, declarar la inadmisión del recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.7 en relación con el artículo 95.1, de la Ley Jurisdiccional, e imponer las costas a la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la citada Ley. A la vista de las actuaciones procesales, esta condena sólo alcanza, por lo que se refiere a la minuta de Letrado de la parte recurrida, a la cantidad máxima de 2.000'00 euros (artículo 139.3).
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que declaramos la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina nº 262/2006 interpuesto por el Ayuntamiento de Cedeira contra la Sentencia de 23 de marzo de 2006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sección Segunda, en el recurso contencioso-administrativo nº 4175/03. E imponemos al Ayuntamiento de Cedeira las costas de este recurso de casación, en la forma dicha en el último fundamento de Derecho.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la colección legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro Jose Yague Gil, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
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SAP Almería 9/2016, 5 de Enero de 2016
...sobre la validez de la cláusula cuestionada, entre otras, sección 1ª Sts. 11-7-2001, 14-7.2001, 8-6-2012 y 27-7-2012 ; sección 2ª Sts. 8-6-2009, 17-6-2011 y sección 3ª Sts. 7-9-2005, 26-1-2010, 22-3-2010 y 14-2-2012 . La postura es clara y rotunda, no se infringe la Ley General para la Defe......
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SAP Almería 324/2016, 23 de Septiembre de 2016
...sobre la validez de la cláusula cuestionada, entre otras, sección 1ª Sts. 11-7-2001, 14-7.2001, 8-6-2012 y 27-7-2012 ; sección 2ª Sts. 8-6-2009, 17-6-2011 y sección 3ª Sts. 7-9-2005, 26-1- 2010, 22-3-2010 y 14-2-2012 . La postura es clara y rotunda, no se infringe la Ley General para la Def......
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