STS, 21 de Abril de 2009

Con fecha 7 de junio de 2007, el Juzgado de lo Social nº 1 de Ferrol, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que estimando de oficio la excepción de falta de jurisdicción opuesta a la demanda interpuesta por D. Jacinto y DOÑA Marisa, contra la XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE FAMILIA, XUVENTUDE, DEPORTE E VOLUNTARIADO, y dejando imprejuzgada la cuestión de fondo, debo absolver y absuelvo en la instancia a la parte demandada de los pedimentos de la misma, con remisión a los demandantes al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.".

Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: "PRIMERO.- Los demandante D. Jacinto, con DNI núm. NUM000, y Dª Marisa, con DNI núm. NUM001, vienen prestando servicios por cuenta y dependencia de la demandada, como Médico y Trabajadora Social respectivamente en la Sección de Calificación y Valoración de Minusvalideces de Ferrol, desde con antigüedad de 10/12/1984 el primero y 17/11/1996 la segunda, y salario mensual de 2506,66 euros, y de 2120,59 euros también respectivamente y en ambos casos con inclusión de parte proporcional de pagas extraordinarias; SEGUNDO.- En la prestación de los referidos servicios las funciones no controvertidas que realizan son las que se refieren en el hecho segundo de la demanda y que se dan por reproducidas; TERCERO.- Por Sentencia de este Juzgado de lo Social núm. 1 de Ferrol de fecha 11/06/2004 cuya firmeza no ha sido alegada ni acreditada se declaró el derecho de los demandantes a percibir el complemento de peligrosidad con condena a la demandada a abonar a los demandantes la correspondiente cuantía durante el periodo de 01/11/2002 y el 31/10/2003. Por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. dos de Ferrol dictada en fecha 11/12/2006 y cuya firmeza tampoco ha sido alegada ni probada se declaró el derecho de los demandantes a los complementos de peligrosidad y penosidad y a que ambos sean incluidos en la correspondiente relación de puestos de trabajo, con condena, asimismo, a la demandada a tal inclusión y al abono de la cantidad correspondiente al periodo desde 01/11/2003 a 30/11/2005; CUARTO.- Se ha agotado la vía previa.".

Contra la anterior sentencia, los demandantes formularon recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictó sentencia en fecha 13 de marzo de 2008, en la que consta el siguiente fallo: "Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por la representación procesal de don Jacinto y doña Marisa, contra la sentencia de fecha siete de junio del año dos mil siete, dictada por el Juzgado de lo Social número uno de los de Ferrol, en proceso sobre reconocimiento de derecho y cantidades promovido por los recurrentes frente a la Xunta de Galicia (Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado), debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.".

Contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Doña Marisa, interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que se formalizó ante esta Sala mediante escrito fundado en la contradicción de la sentencia recurrida con la dictada por la esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en fecha 17 de mayo de 2007, RCUD 353/2006.

Se admitió a trámite el recurso, y tras ser impugnado por la XUNTA DE GALICIA, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de estimar PROCEDENTE el recurso.

Se señaló para la votación y fallo el día 14 de abril de 2009, llevándose a cabo tales actos en la fecha señalada.

1.- La cuestión de fondo que plantea el presente recurso de casación unificadora versa sobre la atribución efectiva de un " complemento de singularidad de puesto ", en este caso de " peligrosidad, toxicidad, penosidad y otras condiciones especiales de puesto ", regulado en el art. 26.3.4 del IV Convenio Colectivo del personal laboral de la Xunta de Galicia. En concreto se trata de saber si la inclusión del mencionado complemento en la " relación de puestos de trabajo " (RPT) de la Administración de la Comunidad Autónoma es requisito indispensable para efectuar su abono.

2. - Pero, con carácter previo a la resolución del fondo del asunto, hay que abordar la cuestión de competencia por razón de la materia determinante de la decisión de la sentencia recurrida. Ésta, dictada en fecha 13-marzo-2008 (rollo 5160/2007) por la Sala de lo Social del TSJ/Galicia, en la que, confirma la sentencia de instancia, -- la cual, sin entrar en el fondo del asunto se estimaba de oficio la excepción de falta de jurisdicción opuesta, dejando imprejuzgada la cuestión de fondo, con remisión a los demandantes al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo (dictada en fecha 7-junio-2007 por el JS nº 1 de Ferrol, autos 0185/2007) --; se declara que la jurisdicción social carece de competencia sobre el asunto, en base en sentencias anteriores de la propia Sala de suplicación y de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2005 (Rec. 165/04) dictada en un proceso de conflicto colectivo sobre la interpretación del art. 26.3 del Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Galicia. Entiende la sentencia recurrida, que quedan fuera del radio de acción de la jurisdicción social las pretensiones que versan sobre la impugnación de las disposiciones generales y actos de las Administraciones públicas sujetas al Derecho Administrativo, cuyo conocimiento correspondería, según el art. 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al orden jurisdiccional contencioso- administrativo. En apoyo de esta posición, la Sala de suplicación aduce esencialmente, entre otros preceptos, la disposición del art. 15.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública (redacción Ley 23/1988, de 28 de julio ), de acuerdo con la cual, la aprobación, formación y modificación de las relaciones de puestos de trabajo corresponde a las Administraciones Públicas.

3. - Para el juicio de contradicción se ha invocado y aportado la sentencia de contraste dictada por esta Sala del Tribunal Supremo de fecha 17 de mayo de 2007 (rec. 353/2006), que en supuesto similar ha resuelto en sentido contrario, declarando la competencia del orden jurisdiccional social para conocer la cuestión debatida. Entiende esta sentencia que para resolver si el asunto es competencia del orden jurisdiccional social o del contencioso-administrativo ha de estarse al objeto del proceso, concluyendo que en el supuesto analizado dicho objeto se ciñe a cuestiones que forman parte del contrato laboral existente entre las partes por lo que se trata de una controversia incluida en el ámbito de la jurisdicción social. No es obstáculo para apreciar la contradicción alegada, como ya se efectuó en las sentencias de esta Sala de fechas 15-enero-2009 (recurso 709/2008) y 11-febrero-2009 (recurso 4401/2007 ), el hecho de que en el caso de autos se reclamen unos determinados pluses al entender la actora que el desempeño de sus funciones le hacen acreedora de aquellos, mientras que en la referencial se solicita la reclasificación y las consecuencias económicas derivadas de la misma al considerar la trabajadora que las funciones que realiza corresponden a categoría superior a la que tiene reconocida desde el inicio de la relación laboral; y ello es así, por cuanto tanto los pluses reclamados como las categorías profesionales han de tener su reflejo en las correspondientes RPT, y que son el instrumento técnico a través del cual se realiza por la Administración la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, correspondiendo a la Administración la formación, aprobación y modificación de la RPT. Y resuelta que la recurrida, sostiene la incompetencia de jurisdicción en cuanto el reconocimiento de lo pedido afecta a la RPT, mientras que la referencial mantiene la postura contraria. Es evidente, que la estimación de la pretensión, en ambos casos, produciría sus efectos en la RPT posterior, y ante esta disyuntiva las sentencias llegan a soluciones contrapuestas, pues la recurrida considera que dado que es necesario modificar la RPT para acoger el derecho pretendido, lo cual convierte al asunto en un litigio ajeno a la jurisdicción social, mientras que esta circunstancia no es relevante para la referencial; con lo cual ha de estimarse acreditado el requisito de contradicción.

1.- Acreditado el requisito o presupuesto de contradicción (art. 217 LPL ), procede entrar a examinar la cuestión suscitada, invocando la parte recurrente como infringidos los arts. 9, en sus números 4, 5 y 6, de la LOPJ, 2.a) de la LPL, en relación con el art. 26.3 del IV Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Xunta de Galicia.

2. - En el invocado precepto convencional, relativo a los " complementos salariales ", se dispone en su apartado tercero sobre el denominado " complemento de singularidad de puesto " que " es el complemento salarial que, en la cuantía que para cada puesto de trabajo, en su caso, figura en la correspondiente relación de puestos de trabajo, retribuye las especiales dificultades materiales y técnicas que exija el desempeño del puesto de trabajo de acuerdo con los siguientes conceptos: 1.- especial dedicación: le corresponde al personal que, por las características de su puesto de trabajo, tenga modificaciones constantes de su jornada y/o cumplimiento de su horario, bien en jornada partida o en turnos que alternen cada una de las jornadas de mañana, tarde, o mañana, tarde y noche, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo... ", que " El derecho a la percepción del complemento de singularidad de puesto sólo será efectivo a partir de su inclusión en la relación de puestos correspondiente ", que " La cuantía del complemento de singularidad de puesto no podrá exceder del 32% del salario base bruto en cómputo anual atribuido a cada grupo profesional en la correspondiente ley de presupuestos ", que " Este complemento se determinará para cada puesto de trabajo por un procedimiento que se iniciará por escrito de la consellería proponente dirigido a la Dirección General de la Función Pública con el fin de que este centro directivo convoque una mesa con el Comité Intercentros en la que la consellería proponente motivará y expondrá las razones de dicha propuesta ".

Como señala esta Sala del Tribunal Supremo de fecha 17 de febrero de 2009 (recurso 4523/2007 ), a la que ha de estarse por razones de seguridad jurídica, por cuanto resuelve un supuesto sustancialmente idéntico al ahora enjuiciado: " (...) 1.- Debe recordarse, con carácter previo, que el referido art. 26.3 del IV Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Xunta de Galicia ya ha sido interpretado por esta Sala en casación ordinaria, en su sentencia de fecha 20-junio-2005 (recurso 165/2004 ), en la que se sienta la doctrina de que el requisito de que las especiales condiciones del puesto de trabajo estén incluidas en la RPT para el percibo del complemento de singularidad de puesto se refiere a su " efectividad " económica, siendo anterior e independiente la posible constatación de que concurren los factores objetivos en el puesto para que se pueda solicitar judicialmente su inclusión como tal en el catálogo de puesto de trabajo, requisito éste fruto de la negociación colectiva que no puede soslayarse ni dejarse sin efecto por vía interpretativa. Se razona que " puede suceder... que un trabajador o grupo de trabajadores se encuentre en determinadas condiciones de ejercicio de la actividad correspondiente a un puesto de trabajo respecto del que entiendan que ha de ser acreedor del complemento, pero no esté contemplado como tal en la RPT. Para este supuesto la interpretación que ha de hacerse del Convenio Colectivo es la de que, acreditada esa realidad de desempeño y el derecho por tanto al percibo del complemento, su efectividad se producirá a partir de su inclusión en la relación de puestos correspondiente. Son entonces momentos distintos, puesto que el término empleado en el Convenio de efectividad, según el diccionario de la Real Academia de la lengua, significa capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. El efecto entonces no puede vincularse con la existencia del derecho mismo, sino que es, en principio, una circunstancia que deriva de algo previo, de una situación anterior ", añadiendo que " cabe entonces que se intente, en vía judicial o no, acreditar que un trabajador lleva a cabo esas funciones, esas actividades en un determinado puesto con las características descritas, lo que determinará un primer paso de constatación, de análisis de esas circunstancias, tarea a la que no se opone la literalidad del Convenio, como se ha dicho. Y en caso de que se ponga de manifiesto que realmente es así, hay un momento posterior en el que se condiciona el percibo, la efectividad, del complemento a su inclusión en la RPT, que de este modo se constituye como un requisito posterior, lo que determina que, por un lado, el trabajador pueda postular, como se ha dicho, el reconocimiento del derecho si se cree encontrar en la situación objetiva de desempeño del puesto que lleve aparejado el devengo del complemento. Pero deberá pedir también en su demanda la condena a que se incluyan esas especiales circunstancias del puesto en la correspondiente relación para que pueda hacerse efectivo su pago con las condiciones y límites previstos en el Convenio ". Concluyéndose que " realmente la literalidad del pacto no deja lugar a dudas, si bien ya se ha matizado y ahora se insiste en ello, que esa realidad no puede impedir que por los trabajadores afectados se acuda a la jurisdicción para el reconocimiento del derecho a la existencia de las condiciones objetivas de desempeño que conduzcan después a la inclusión de las mismas el en concreto puesto de la relación de puestos de trabajo ".

2. - Igualmente debe hacerse referencia a otros supuestos que cabe configurar como análogos resueltos por el Tribunal Supremo, tanto por esta Sala de lo Social, como por la Sala de lo Contencioso-administrativo o por la Sala de Conflictos.

3. - Debe partirse, en el presente caso, de que la Administración autonómica demandada no actúa como tal Administración pública, sino como empleadora. Pero es que aunque hipotéticamente se entendiera que actúa como Administración pública no tendría potestad para pronunciarse válidamente sobre la percepción de los trabajadores del plus de penosidad o peligrosidad, ni sobre la declaración de que un puesto laboral tiene carácter penoso o peligroso, pues para ello " es competente la jurisdicción social haciendo el pronunciamiento correspondiente tras el oportuno litigio " (SSTS/III 28-abril-1999, 3-junio-1999, 9-junio-1999, 13-julio-1999, 15-septiembre-1999, 12-julio-2000. 17-abril-2001 -recurso 7999/2001, 3-mayo-2001 -recurso 3879/1995, 11-junio- 2001 -recurso 1902/1996, 29-enero-2002 -recurso 3802/1995, Auto Sala de Conflictos de 16-julio-1993).

4. - Pero es más, la Sala de lo Contencioso-administrativo ha estudiado la problemática de las " relaciones de puesto de trabajo " efectuadas por la Administración pública autonómica afectantes al personal laboral. Entrando a resolverse expresamente " con carácter prejudicial " ex art. 4.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, y sin que ello pueda " significar restablecer doctrina sobre la extensión y límites de la negociación colectiva en el ámbito de las relaciones laborales ", distinguiendo entre los poderes de dirección propios del empresario que no son objeto de negociación colectiva a diferencia de la regulación de las condiciones de trabajo, que es el espacio que el art. 82 ET reserva a la negociación colectiva. Se razona que " no parece estar en discusión que el establecimiento --y la modificación-- de las relaciones de puestos de trabajo, incluso del personal laboral, de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración... es una potestad organizativa que corresponde en exclusiva a esa Administración y que no es objeto de negociación colectiva. Así, el art. 15.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, define a la relación de puestos de trabajo como el instrumento técnico a través del cuál se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto. Y sigue siendo un instrumento técnico de la Administración también cuando se refiere al personal laboral ", concluyendo que " Este esquema es trasladable a los casos en que los puestos de la relación son de carácter laboral, no sólo porque sigue actuando la Administración, sino también porque se le han de reconocer los poderes de dirección propios del empresario y porque no tienen por objeto la regulación de las condiciones de trabajo, que es el espacio que el artículo 82 del ET reserva a la negociación colectiva. Circunstancia esta que no es contradictoria con la previsión legal de que las relaciones de puestos de trabajo deban recoger algunos extremos que sí pertenecen al ámbito de la negociación... si en esos puntos las relaciones de puestos de trabajo se apartaran de lo convenido, podrían impugnarse judicialmente por incumplir lo pactado, pero una cosa es que la Administración tenga que respetar el convenio y otra distinta es tomar la elaboración o la modificación de un catálogo de puestos de trabajo como un proceso de negociación colectiva en lugar de cómo lo que es: un instrumento de ordenación del personal, manifestación de la potestad administrativa de organización " (STS/III 13-marzo-2006 -recurso 5754/2001 ).

5. - En concordancia con la jurisprudencia contencioso-administrativa, esta Sala de lo Social se declaró incompetente " para ordenar la publicidad de las Relaciones de Puestos de Trabajo de Funcionarios en ISFAS, cuestión que, en su caso, corresponde al conocimiento del orden contencioso administrativo de la jurisdicción ", argumentando que " la confección de las Relaciones de Puestos de Trabajo por la Administración y sus Organismos Autónomos, así como la catalogación de los mismos que tales relaciones suponen, se configuran como instrumento de política de personal atribuido a la Administración, al más alto nivel indicado, de acuerdo con normas de derecho administrativo que regulan tanto el proceso de confección y aprobación así como su publicidad " y que " por tanto, todas las cuestiones que se susciten como consecuencia de ese proceso, incluso en lo concerniente a su publicidad final, vienen atribuidos al conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa de acuerdo con el art. 9.4 LOPJ " (STS/IV 30-marzo-1993 -recurso ordinario 180/1992 ). También se declaro esta Sala incompetente para conocer de la pretensión de nulidad de una disposición de carácter general, una Orden de una Consejería de una Comunidad Autónoma, estableciendo una relación de puestos de trabajo, creando unas determinadas categorías profesionales y estableciendo sus respectivas funciones, argumentando que " la disposición administrativa de referencia, al margen de su adecuación, o no, al marco normativo propio de la relación laboral, contiene una innegable norma de carácter general a través de la que, de forma imperativa, se crean unas determinadas categorías profesionales y se establecen las funciones de estas últimas en el ámbito laboral del sector educativo público " y que " es cierto que tal disposición normativa de origen administrativo tiene, innegablemente, un contenido laboral e, incluso, se revela consecuente a un Convenio Colectivo de personal laboral de una Administración Pública, sin embargo, esta circunstancia, no desnaturaliza el propio carácter de la Disposición que se pretende anular, cuya naturaleza es claramente administrativa al proceder de un órgano de esta clase y producirse en virtud de una propia decisión de la autoridad que la emite " (STS/IV 8-febrero-1994 -recurso ordinario 4168/1992 ). Criterio de incompetencia que se ha seguido respecto a la pretensión de modificación de una relación de puestos de trabajo contenida en una orden autonómica (STS/IV 8-mayo-1998 -recurso 2990/1997 ).

6. - No obstante, cuando lo pretendido por los demandantes no ha sido la declaración por el orden jurisdiccional social de la nulidad o de modificación de una disposición de carácter general o el incidir en sus trámites normativos en lo referente a su publicación, como acontecía en los supuestos enjuiciados en las sentencias anteriormente citadas, sino en delimitar las remisiones que determinados convenios colectivos efectuaban a la autoridad administrativa y a sus decisiones singulares, plurales o generales como condición para poder tener derecho a determinados complementos salariales, se ha venido asumiendo o declarando la competencia plena, y no por vía prejudicial, del orden jurisdiccional social, por tratarse cuestiones litigiosas promovidas " entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo " (art. 2.a LPL ).

7. - En esta línea interpretativa, entre otras resoluciones, se entendió para delimitar el alcance de la exigencia de " resolución de la autoridad laboral competente " que para tener derecho al complemento de peligrosidad se incluía en el art. 53.3.a) del Convenio colectivo para el personal laboral del Ministerio del Interior (BOE 19-6-1995 y 28-5-1996), se declaró que " no puede... atribuirse en un Convenio Colectivo a la autoridad administrativa la facultad de determinar la peligrosidad de determinados puestos de trabajo de personal laboral que no tiene atribuidas legalmente, y, además, de hecho se trataría de funciones cuasi- jurisdiccionales con vulneración del citado art. 117.3 CE , así como de los arts. 9.5 de la LOPJ y del 1º y 2º de la LPL " (STS/IV 4-noviembre-1999 -recurso 2014/1998 ), con criterio recordado en posteriores sentencias, en las que no se cuestionaba la competencia del orden social pero en las que no se entraba en el fondo del asunto por falta del requisito de contradicción, en supuestos análogos al ahora enjuiciado y relativos a la interpretación del art. 7.2.c) L.5 del Convenio para el Personal Laboral de la Junta de Extremadura en el que disponía que el Director General de la Función Pública resolvería sobre el complemento de penosidad el mismo no esté previsto en la RPT (SSTS/IV 11-octubre-2005 -recurso 3438/2004, 14-octubre-2005 -recurso 4482/2004 y 7-noviembre-2005 -recurso 3319/2004 ).

8. - Más recientemente, en un supuesto que también cabe configurar como análogo al ahora enjuiciado, en el que planteaba la competencia o incompetencia del orden jurisdiccional social para el conocimiento de la cuestión debatida y en el que en la sentencia recurrida en casación unificadora se entendió que " en virtud de lo establecido en el art. 6 del IV Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral de la Xunta de Galicia, que dispone que Žson puestos de trabajo reservados al personal laboral los que así se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo...Ž, por lo que siendo la RPT ejercicio de potestades organizativas por parte de la Administración Pública, es de aplicar el mandato excluyente de la competencia del orden social de la jurisdicción del art. 3.1 c) LPL ", esta Sala de casación consideró que el conocimiento de la cuestión litigiosa correspondía al orden jurisdiccional social, argumentando que " Para resolver si el asunto sometido a la consideración de la Sala es competencia del orden jurisdiccional social o del contencioso-administrativo ha de estarse al objeto del proceso. Tal como resulta de la demanda rectora del mismo, la actora reclama el reconocimiento de categoría profesional (reclasificación profesional) de cuidadora y, subsidiariamente, en categoría análoga o semejante y abono del salario correspondiente a dicho grupo, así como las diferencias salariales que se citan. El objeto del proceso se ciñe, pues, a cuestiones que forman parte del contrato laboral existente entre las partes, ya que la actora entiende que las funciones que realiza corresponden a categoría superior a la que tiene reconocida desde el inicio de la relación laboral, por lo que solicita su reclasificación y las consecuencias económicas derivadas de la misma ", por lo que afirma que " estamos, por tanto, ante una controversia incluida en el ámbito de la jurisdicción social, conforme al art. 9.5 LOPJ y a los arts. 1 y 2 a) LPL , por lo que corresponde al orden jurisdiccional social el conocimiento de la cuestión litigiosa ", añadiendo, en cuanto ahora más directamente nos afecta, que " es cierto, como alega la demandada al impugnar el recurso, que el reconocimiento de la superior categoría solicitada por la actora pudiera tener alguna repercusión en la relación de puestos de trabajo, pero ello no sería sino un efecto indirecto de la pretensión ejercitada, no constituyendo en ningún caso la impugnación de un acto administrativo de la autoridad laboral, siendo lo determinante, a efectos de la atribución competencial, el hecho de que en la demanda se solicita la reclasificación profesional, el abono de diferencias salariales y del salario correspondiente a la categoría que se solicita, pretensiones que, como ya ha quedado razonado, presentan un indiscutible carácter laboral " (STS/IV 17-mayo-2007 -recurso 353/2006 )".

1.- En aplicación de la jurisprudencia expuesta, la solución con arreglo a derecho de la cuestión procesal controvertida es la contenida en la sentencia de contraste, por lo que, de conformidad con el dictamen del Ministerio Fiscal, el recurso debe ser estimado. Así lo ha decidido también esta Sala en sus recientes sentencias de fechas 11-febrero-2009 (recurso 4401/2007) y la antes referida de 17 de febrero de 2009 (recurso 4523/2007 ), en las que también se invocaba la misma sentencia referencial, a cuyo contenido, además, hemos de estar por razones de coherencia y seguridad jurídica.

2. - En efecto, el objeto del proceso se ciñe a cuestiones que forman parte del contrato laboral existente entre las partes, ya que los actores entiende que por las características de su puesto de trabajo, especialmente en cuanto a la jornada u horario, les corresponde que se les reconozca el derecho al " complemento de singularidad de puesto por especial dedicación " previsto en el convenio colectivo aplicable y a las cantidades derivadas desde el día 1-noviembre-2003 a 30-noviembre-2005, por lo que solicita el reconocimiento del citado complemento y las consecuencias económicas derivadas de la misma, pretensiones que presentan un indiscutible carácter laboral, por lo que estamos ante una controversia incluida en el ámbito de la jurisdicción social, conforme al art. 9.5 LOPJ y a los arts. 1 y 2 a) LPL, por lo que corresponde al orden jurisdiccional social el conocimiento de la cuestión litigiosa, sin que la circunstancia de que el reconocimiento del complemento salarial solicitado por la actora pudiera tener alguna repercusión en la relación de puestos de trabajo, ello no sería sino un efecto indirecto de la pretensión ejercitada, no constituyendo en ningún caso la impugnación de un acto administrativo de la autoridad laboral y afectando únicamente en su caso a aspectos objeto de la negociación colectiva relativos a las condiciones de trabajo, como posibilita el art. 82.2 ET (" mediante los convenios colectivos, y en su ámbito correspondiente, los trabajadores y empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad... "), y sin incidir en la potestad organizativa que corresponde en exclusiva a la Administración pública sobre la relación de puestos de trabajo como instrumento técnico a través del cuál realiza la ordenación del personal.

1.- La sentencia estimatoria de unificación de doctrina " resolverá el debate planteado en suplicación con pronunciamientos ajustados a dicha unidad de doctrina, alcanzando a las situaciones jurídicas particulares creadas por la sentencia impugnada " (art. 226.2 LPL ).

2. - Ello comporta en el presente caso, igual que en los citados precedentes: declarar la competencia de este orden jurisdiccional para resolver las cuestiones sustantivas planteadas en el recurso; y devolver las actuaciones para que la Sala de suplicación resuelva el recurso de esta clase sobre la base de su competencia por razón de la materia, así como el resto de las cuestiones suscitadas conforme a derecho. Sin costas en ambos recursos (art. 233.1 LPL ).

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.