STS, 29 de Junio de 1992
| Ponente | GUSTAVO LESCURE MARTIN |
| Número de Recurso | 7704/1990 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 29 de Junio de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 2.297.-Sentencia de 29 de junio de 1992
PONENTE: Excmo. Sr. don Gustavo Lescure Martín.
PROCEDIMIENTO: Protección jurisdiccional de derechos fundamentales. Ley 62/1978 .
MATERIA: Reducción del Servicio Militar.
NORMAS APLICADAS: Art. 14 de la Constitución Española . Art. 28.4 de la Ley 19/1984, de 8 de junio . Art. 218.1 b) del Real Decreto 611/1986, de 21 de marzo . Disposición transitoria 9.ª de este último Real Decreto.
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias del Tribunal Supremo de 19 y 26 de diciembre y 21 de mayo de 1992 .
DOCTRINA: Reproduce doctrina sentada en Sentencias anteriores de la misma Sala, en las que se
sienta que no se vulnera el principio de igualdad en la denegación de la reducción del Servicio
Militar a seis meses, a quienes disfrutaron de prórroga de segunda clase.
En la villa de Madrid, a veintinueve de junio de mil novecientos noventa y dos.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en Sección por los señores anotados al final, el recurso de apelación que con el núm. 7.704 de 1990, ante la misma pende de resolución, y tramitado conforme al procedimiento de la Ley 62/1978 , interpuesto por la Administración, representada y defendida por el Abogado del Estado y por el Ministerio Fiscal, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con fecha 11 de junio de 1990, en el recurso núm. 2.108/89 , contra la denegación de la petición formulada por el actor en 9 de noviembre de 1989 al Coronel Jefe del Centro Provincial de Reclutamiento de Valencia, sobre reducción de su período en filas; habiendo sido parte apelada don Sergio , quien no se ha personado en esta instancia pese a estar emplazado debidamente.
Antecedentes de hecho
La Sentencia apelada contiene parte dispositiva del siguiente tenor literal: "Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso-administrativo, tramitado por el procedimiento de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre , interpuesto por don Sergio , por la vía de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre , frente a la resolución del Centro Provincial de Reclutamiento de Valencia, de 23 de noviembre de 1989, que le deniega su petición de reducción a seis meses del Servicio Militar, debemos anular y anulamos dicho acto, por no ser conforme a Derecho, dejándolo sin efecto con todas sus consecuencias legales; reconocemos el derecho a la reducción de la duración del Servicio solicitada, e imponemos el pago de las costas a la Administración demandada.»
Notificada la anterior Sentencia por el Abogado del Estado se presentó escrito mediante el cual, después de alegar lo que estimó pertinente a su derecho, suplicó a la Sala tuviera por interpuesto recurso de apelación y dictara Sentencia revocando la apelada. El Ministerio Fiscal presentó igualmente escrito de recurso de apelación contra dicha Sentencia. Admitidas las apelaciones en un solo efecto, se emplaza a las partes con remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo.
Recibidas las actuaciones y personada la parte apelante y no así la parte apelada, pese a estar emplazada debidamente, la Sala acuerda por providencia de 21 de febrero de 1992 señalar para votación y fallo del presente recurso de apelación la audiencia del día 23 de junio del corriente, en cuya fecha tuvo lugar su celebración, habiéndose observado en la tramitación del procedimiento las formalidades legales.
Siendo Magistrado Ponente el Excmo. Sr. don Gustavo Lescure Martín.
Fundamentos de Derecho
El Abogado del Estado, al interponer el recurso de apelación -también ha apelado la Sentencia recurrida el Ministerio Fiscal-, insiste en que el acto impugnado podría haber sido revisado por el procedimiento ordinario, mas no por el especial regulado en la Ley 62/1978 , ya que no puede entenderse que afecte de manera directa e inmediata a un derecho fundamental de la persona, pero tal alegación ha de ser rechazada, pues desde el inicio se alegó por el actor la vulneración del principio constitucional de igualdad y fue, precisamente, la apreciación de tal infracción la que determinó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
En cuanto al fondo del asunto, y como hemos dicho en ocasiones similares a la presente ( Sentencias de 19 y 26 de diciembre y 21 de mayo de 1992 , entre otras), hay que partir de que el art. 28.4 de la Ley 19/1984, de 8 de junio , reguladora del Servicio Militar, establece que "reglamentariamente se determinara la reducción del período en filas para aquellos que no lo hayan prestado antes de cumplir los veintiocho años de edad», y que en cumplimiento de ese mandato legal, el art. 218.1 b) del Real Decreto 611/1986, de 21 de marzo , que reglamentada dicha Ley, dispone que la duración del Servicio Militar obligatorio para los que tengan veintiocho o más años de edad, será de seis meses, a lo que no podrán acogerse los declarados prófugos y los que realicen el servicio en la IMEC o IMERENA o causen baja en el mismo; debiendo añadirse que la disposición transitoria 9.ª de ese mismo Real Decreto 611/1986 , completando los supuestos de exclusión de la reducción a seis meses del Servicio Militar del art. 218 del Reglamento , incluye la de los que a su entrada en vigor se encuentren disfrutando de prórroga de segunda clase, o ampliación de la misma, por haberla solicitado cuando se había cumplido ya la edad de veintiséis años; bloque normativo éste que en contra de lo argumentado en la Sentencia apelada, y como indicábamos en las citadas Sentencias, debe aplicarse en su integridad, sin exclusión, por tanto, de la citada disposición transitoria 9.ª del Reglamento , que no puede considerarse contraria a la Ley 19/1984 , de la que es desarrollo, vista la amplia autorización legal para la reglamentación de la reducción del Servicio Militar en el caso de los mayores de veintiocho años, a la que no se fija límite mínimo. Por otra parte, la referida exclusión viene a compensar la ampliación de posibilidades de solicitud de prórroga de segunda clase que supone la elevación a veintisiete años de la edad que figura en la condición b) del art. 90 del Reglamento , para quienes se encontraban disfrutando a su entrada en vigor de prórroga de segunda clase o ampliación de la misma, elevación de edad establecida en la citada disposición transitoria 9.ª , que añade: "Pero no les será de aplicación la reducción prevista en el apartado b) del art. 218 »; prevención que se revela razonable en cuanto que trata de evitar el beneficio añadido de la reducción del Servicio en filas a quienes opten por acogerse a la mencionada ampliación de la posibilidad de obtener prórroga de segunda clase, pues de lo contrario se produciría una clara ruptura del principio de igualdad.
En el presente caso, el recurrente solicitó la última prórroga el 8 de junio de 1987 y le fue concedida el 15 de septiembre siguiente, de modo que la obtuvo con arreglo a la disposición transitoria 9.ª del Real Decreto 611/1986 , que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado» -disposición final 6.ª-; es decir, el 3 de abril de 1986, pues en 1987 cumplió los veintiséis años de edad. Por consiguiente, el acto recurrido, al denegar la solicitada reducción del Servicio en filas, se ajustó al mandato imperativo de la citada disposición transitoria 9.ª del Real Decreto 611/1986 , por lo que, siendo conforme a Derecho la resolución administrativa impugnada, no pueden prevalecer frente a ella, por razón del principio constitucional de igualdad, otras resoluciones que en supuestos idénticos y con arreglo a la misma normativa hayan llegado a la solución contraria, pues tales resoluciones suponen una incorrecta aplicación de las normas y, como es sabido, la invocación de la igualdad ante la Ley sólo cabe dentro de la legalidad.Cuarto: Por lo expuesto, procede revocar el fallo recurrido estimando los recursos de apelación interpuestos por el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, con la obligada imposición de las costas causadas en primera instancia a la parte actora, conforme a lo dispuesto en el art. 10.3 de la Ley 62/1978 , y sin que, en cambio, deba hacerse expresa imposición de las causadas aquí.
FALLAMOS
Que estimando los recursos de apelación interpuestos por el Abogado del Estado y por el Ministerio Fiscal contra la Sentencia de 11 de junio de 1990, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso núm. 2.108/89 , sustanciado por el procedimiento especial de la Ley 62/1978 , la revocamos, dejándola sin efecto; y en su lugar acordamos desestimar el expresado recurso deducido por don Sergio contra la resolución del Centro Provincial de Reclutamiento de Valencia, de fecha 23 de noviembre de 1989, sobre denegación de reducción a seis meses del Servicio en filas. Condenamos a éste al pago de las costas causadas en primera instancia y no hacemos expresa imposición de las originadas en esta apelación.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-César González Mallo.-Vicente Conde Martín de Hijas.-Gustavo Lescure Martín.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Gustavo Lescure Martín, Magistrado Ponente de esta Sala del Tribunal Supremo, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que como Secretario certifico.
-
SAP Ciudad Real, 13 de Septiembre de 1999
...evitar las mayores dilaciones del proceso judicial, destacándose el carácter imperativo de este procedimiento extrajudicial en la Sentencia del T.S. de 29/6/92. La aseguradora incumplió el plazo del artículo 18 de la L.C.S., y no acudió tampoco al procedimiento del artículo 38, no haciendo ......
-
SAP Ciudad Real 296/1999, 13 de Septiembre de 1999
...evitar las mayores dilaciones del proceso judicial, destacándose el carácter imperativo de este procedimiento extrajudicial en la Sentencia del T.S. de 29/6/92 . La aseguradora incumplió el plazo del artículo 18 de la L.C.S ., y no acudió tampoco al procedimiento del artículo 38, no haciend......