STS, 17 de Mayo de 1999

Ponente:RAMON TRILLO TORRES
Número de Recurso:2799/1993
Fecha de Resolución:17 de Mayo de 1999
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Sentencia

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en Sección por los señores reflejados al margen, el recurso de casación que con el número 2.799/93, ante la misma pende de resolución, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Antonio de Palma Villalón, en nombre de Don Felipe y Don Benito , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de fecha 29 de enero de 1.993, en el recurso contenciosoadministrativo número 2.882/90, habiendo comparecido como recurrido el Parlamento de Andalucía, asistido por su Letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La sentencia recurrida contiene parte dispositiva que copiada literalmente dice: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Felipe y D. Benito en los presentes autos y ratificamos por su conformidad con el ordenamiento jurídico la resolución de la Mesa de la Cámara del Parlamento de Andalucía de 26 de abril de 1.989. Sin costas."

SEGUNDO

Notificada la anterior resolución, la representación procesal de Don Felipe y Don Benito , presentó escrito preparatorio de recurso de casación al amparo del art. 95.1.4º y 96 de la Ley jurisdiccional, recayendo providencia de la Sala de instancia por la que se tuvo por preparado dicho recurso, acordándose la remisión de las actuaciones y el emplazamiento de las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo, ante la que ha comparecido el Procurador de los Tribunales Don Antonio de Palma Villalón, en nombre y representación de la parte recurrente.

TERCERO

En su escrito de personación, formalizó la interposición del recurso de casación con arreglo a lo dispuesto en el art. 99.1 de la Ley de la Jurisdicción y en el que después de exponer razonadamente los motivos en que lo apoya, Suplica a la Sala dicte sentencia por la que estimando el recurso, se case y anule la resolución recurrida en los términos de su escrito, con imposición de las costas a la Administración..

CUARTO

Instruido el Magistrado Ponente designado, da cuenta a la Sala, acordándose la admisión del recurso.

Dado traslado del escrito de interposición del recurso a la representación del Parlamento de Andalucía, éste formula escrito de oposición y hechas las alegaciones que considera procedentes, suplica a la Sala dicte resolución desestimatoria de la casación.

QUINTO

Conclusas las actuaciones, se señaló para la deliberación y fallo el día 11 de mayo de

1.999 en cuyo acto tuvo lugar su celebración.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Los demandantes impugnaron ante la jurisdicción contencioso-administrativa el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía que había denegado su petición de que se les abonase, en concepto de honorarios, la cantidad de 100'31 millones de pesetas, por la redacción de un proyecto básico y de ejecución de reforma y ampliación del anterior proyecto de "Revitalización Parcial del Hospital de las Cinco Lagas para uso como sede definitiva del Parlamento de Andalucía", que ya había sido redactado por los propios actores, en lugar de los 82.3 millones que les reconocía en tal concepto la Administración demandada.

Los contradictorios criterios de cada una de las partes se fundan en que los Arquitectos afirman que el incremento solicitado es debido a la elevación del precio de licitación de las obras, de 2.419 a 3.000 millones de pesetas, mientras que la Mesa del Parlamento invoca en favor de su tesis que en el punto quinto del acuerdo por el que se les encargó el proyecto de reforma y ampliación se decía que "el precio del presente contrato asciende a la cantidad de 82.300.000 pesetas", especificando a continuación su pago fraccionado.

La sentencia de instancia desestimó el recurso, señalando que el hecho de que el proyecto presentado por los recurrentes incluyese un apartado que detallaba sus honorarios no implicaba que la Mesa, al aprobar aquél, modificase lo acordado con anterioridad sobre los mismos y por eso hubiera generado un acto declarativo de derechos no modificable posteriormente por la propia Administración autora del acto, dado que, según la Sentencia, "la Mesa se limitó a dar su conformidad al trabajo profesional realizado, del que puede entenderse que formaba parte la enunciación de los honorarios según tarifa, pero la aplicación de esta tarifa es a lo que habían renunciado los actores en la contratación referida."

Por otra parte, la sentencia argumenta que los arquitectos podían válidamente convenir unos honorarios inferiores a los señalados en el Real Decreto 2.512/77, de 25 de junio, de Tarifas de Honorarios de los Arquitectos, en cuanto establece que estos pueden convenir con los clientes honorarios inferiores, cuando los trabajos a realizar reúnan especiales condiciones de simplicidad, no contempladas en la tarifa correspondiente, supuesto que la sentencia impugnada da por probado que concurrió en el caso litigioso, ya que el encargo aceptado por los recurrentes era una nueva reforma y ampliación de un trabajo precedente ya realizado por los mismos en 1.983 y que no supuso una variación de sus condiciones esenciales.

SEGUNDO

El recurso de casación formulado por los Arquitectos se funda en dos motivos, ambos acogidos al artículo 95.1.4º de la Ley de la Jurisdicción de 1.956, reformada por la Ley 10/92.

El primero de ellos se articula, a su vez, en dos apartados.

El uno debe desestimarse, porque en él se da por concluso lo que en realidad constituye la cuestión que se debate en el litigio, es decir, si el acto administrativo impugnado constituye una revisión del acto de 19 de abril de 1.989, que al aprobar el Proyecto presentado implicaría a su vez una aceptación por la Mesa de los honorarios según tarifa incorporados a aquel, con lo que la sentencia habría infringido los preceptos legales que someten a un procedimiento específico los actos declarativos de derechos, punto que, como decimos, es en realidad la cuestión a debatir y a la que se refieren expresamente los recurrentes al analizar en el punto dos la eventual infracción legal de la sentencia, al haber sancionado el incumplimiento por el acto objeto del proceso de lo previsto en los Pliegos de Condiciones, sin ni siquiera aludir en su texto a este incumplimiento. En este aspecto tampoco puede prosperar el motivo, en primer lugar, porque la Sentencia -en contra de lo afirmado por los recurrentes- si hace referencia expresa al tema, al decir, en el fundamento de derecho segundo, que "lo mismo cabe responder a la invocación de incumplimiento del pliego o cláusulas Administrativas Particulares y de Condiciones Técnicas de la contratación, porque tales cláusulas se plasmaron en el contrato firmado por la Cámara y demandantes e invocar aquellos apartados concretos que significativamente se dejaron en blanco como causa de la facultad que se atribuyen los demandantes de elevar el precio no parece que tenga sentido."

En segundo lugar, porque el Pliego de Condiciones hace un efectivo llamamiento a las Tarifas de Honorarios oficiales vigentes, pero es que la sentencia hace expresa mención de las razones peculiares, acreditadas mediante prueba pericial, de la simplicidad del Proyecto encargado, que permiten admitir que los honorarios pactados se encontraban dentro de las normas del Real Decreto 2.512/77, aparte de que el propio Pliego de Condiciones invocado permite a la Administración fijar una cantidad máxima que establezca un limite a la estricta aplicación de las tarifas.

Los argumentos que hemos desarrollado nos llevan, a su vez, a desestimar el segundo motivo,basado en una jurisprudencia no aplicable al caso, porque hace referencia a un supuesto que aquí hemos indicado que no concurre, cual es de que en orden a los honorarios de los Arquitectos reclamantes, la Administración hubiese declarado su derecho a percibirlos en la cuantía en que aquellos los incluyeron en el Proyecto.

TERCERO

Procede que impongamos las costas a los recurrentes, de acuerdo con el artículo 102.3 de la Ley de la Jurisdicción, reformada por la Ley 10/92.

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Don Felipe y Don Benito contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada el 29 de enero de 1.993, en el recurso 2.882/90. Con imposición de las costas a los recurrentes.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Don Ramón Trillo Torres, Magistrado de esta Sala, de todo lo cual, yo el Secretario, certifico.