STS, 22 de Mayo de 1993

Con fecha 2 de enero de 1990, el Procurador don José Luis Barneto Arnáiz, en nombre y representación de don Juan María , presentó escrito en la Secretaría de Gobierno de este Tribunal Supremo, interponiendo recurso contencioso-administrativo contra la denegación por silencio administrativo de las solicitudes de indemnización de los daños y perjuicios causados a don Juan María por la Orden de la Presidencia de Gobierno de 10 de agosto de 1985, publicada en el "Boletín Oficial del Estado» núm. 196, de 16 de agosto, y dictada en aplicación del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 29 de julio de 1985, por la que se fijó un nuevo margen de beneficio a las Oficinas de Farmacia por dispensación al público de especialidades farmacéuticas, que fueron formuladas los días 21 de junio y 4 de julio de 1988 ante el Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, habiéndose denunciado la mora en ambos casos el 31 de enero de 1989, adjuntando copias de las reclamaciones y de los escritos de denuncia de mora.

Con fecha 20 de abril de 1990, la Sala tuvo al Procurador indicado por personado y parte en la mencionada representación y ordenó formar autos y reclamar el expediente administrativo, advirtiendo a la Administración que emplazase ante la Sala a quienes de dicho expediente resultasen titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, al tiempo que mandaba, una vez recibido y completado en su caso el expediente, que el actor formalizase la demanda.

Por diligencia de ordenación de fecha 12 de junio de 1990 se emplazó a la representación del demandante para que, en el plazo de veinte días, formalizase la demanda, lo que llevó a cabo con fecha 7 de julio de 1990, suplicando que se dictase "sentencia por la que, estimando íntegramente el recurso, se reconozca a mi mandante el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos por la aplicación de la precitada Orden de la Presidencia del Gobierno, se condene a la Administración General del Estado al pago a mi principal de la suma de 219.356 pesetas, más los intereses legales desde que su importe fue reclamado en vía administrativa, declarando no ser conforme a Derecho la denegación por silencio administrativo de las solicitudes indemnizatorias en su día formuladas. Todo ello con expresa imposición en costas a quien al recurso se oponga.»

Por diligencia de ordenación de fecha 19 de octubre de 1990, se tuvo por formalizada la demanda y con traslado de copia se entregaron las actuaciones con el expediente administrativo al Abogado del Estado para que, en el plazo de veinte días, la contestase, si bien el Abogado del Estado, con fecha 31 de octubre de 1990, formuló alegación previa por incompetencia de la Sala al corresponder el conocimiento del presente recurso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a la que pidió que se remitiesen las actuaciones con emplazamiento de las partes, de la que se dio traslado a la representación procesal del demandante, quien se opuso a la misma, dictando la Sala auto, con fecha 28 de febrero de 1991 , por el que se declaró incompetente y mandó remitir las actuaciones a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, contra el que interpuso recurso de súplica la representación procesal del demandante, al tiempo que promovía incidente de nulidad de actuaciones, a los que se opuso el Abogado del Estado y, previo informe sobre la competencia del Ministerio Fiscal, la Sala, con fecha 16 de julio de 1991, dictó auto , rechazando la pretensión de nulidad de actuaciones y estimando el recurso de súplica, por el que declaraba la competencia de este Tribunal para conocer en única instancia el recurso contencioso-administrativo deducido por el demandante y desestimaba la alegación previa planteada por el Abogado del Estado

Por diligencia de ordenación de fecha 28 de octubre de 1991 se entregó el expediente al Abogado del Estado para que, en el tiempo que restaba desde que presentó la alegación previa, contestase la demanda, lo que hizo por escrito presentado con fecha 30 de octubre de 1991, suplicando que se dictase sentencia, por la que se desestime el recurso, al tiempo que solicitaba el recibimiento de los autos a prueba.

Recibido el pleito a prueba, se practicó la documental y de confesión en juicio solicitada por el Abogado del Estado así como toda la documental pedida también por la representación procesal del demandante con el resultado que se recogerá en los hechos declarados probados.

Por diligencia de ordenación de fecha 26 de junio de 1992 se concedió a la representación del actor el plazo de quince días a fin de que presentase escrito de conclusiones, lo que hizo con fecha 23 de julio de 1992, en el que solicitó que se dictase sentencia conforme a la súplica de la demanda, y seguidamente se concedió el mismo plazo al Abogado del Estado para idéntico trámite, pidiendo que se dictase sentencia de conformidad con la súplica de su escrito de contestación, al tiempo que solicitaba que la Sala, haciendo uso de la facultad para mejor proveer, ordenase la práctica de prueba documental a fin de acreditar los pagos recibidos por el demandante.

Habiéndose declarado conclusos los autos por diligencia de ordenación de fecha 29 de octubre de 1992, señalándose finalmente por providencia, de fecha 12 de abril de 1993, para votación y fallo el día 11 de mayo de 1993, en que tuvo lugar, habiéndose observado en la tramitación del juicio las normas establecidas por la ley.

Siendo Ponente el Excmo. Sr don Jesús Ernesto Peces Morate.

HECHOS PROBADOS

Con fecha 21 de junio de 1988, don Juan María presentó en la Delegación del Gobierno en Valencia un escrito dirigido al Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de Gobierno, en el que formalizaba solicitud de indemnización por los daños y perjuicios que le habían sido causados por la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de agosto de 1985, publicada en el BOE núm. 196 de 1985, y que entró en vigor el día 9 de septiembre de 1985, por la que se redujo el beneficio profesional en la oficinas de farmacia por dispensación y venta al público de especialidades farmacéuticas, quedando fijado en un 28,2 por 100 sobre el precio de venta al público de las mismas, indemnización que deberá alcanzar la suma de ciento ochenta y cinco mil ciento noventa y nueve pesetas (185.199 ptas.) más sus intereses legales desde la presentación del escrito, al que adjuntó certificado del Secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Valencia, en la que se hacía constar, después de practicar los cálculos referidos en la sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de julio de 1987 , que existe en favor de la Oficina de Farmacia, propiedad de don Juan María , una diferencia de 185.199 pesetas por las especialidades farmacéuticas facturadas con cargo al Insalud durante el período comprendido entre el 21 de septiembre de 1985 y el 20 de mayo de 1987, ambos inclusive (folios 5 a 8 del expediente administrativo y documentos acompañados al escrito de interposición del recurso contencioso- administrativo sin foliar por la Secretaria).

Con fecha 4 de julio de 1988, don Juan María presentó en la Delegación del Gobierno de Valencia un escrito dirigido al Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno en el que formalizaba solicitud por los daños y perjuicios que le habían sido causados también por la Orden antes referida, en lo que se refería a ventas de especialidades farmacéuticas realizadas al Insalud en el período comprendido entre el 9 de septiembre de 1985 y el 20 de septiembre del mismo año, al ISFAS, MUFACE, a la Mutualidad General Judicial, a la ONCE y al Patronato Militar en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1985 y el 10 de mayo de 1987, que asciende a la cantidad de treinta y cuatro mil ciento cincuenta y siete pesetas (34.157 ptas.) y a esta solicitud adjuntaba certificaciones del Secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Valencia, en las que, efectuados los cálculos antes referidos, se concluía que las diferencias de las ventas al Insalud eran de 2.155 pesetas, las del ISFAS de

8.303 pesetas, las de MUFACE de 22.479 pesetas, las de la Mutualidad General Judicial de 230 pesetas y las del Patronato Militar de 260 pesetas (documentos a los folios 1 a 3 y 9 a 20 del expediente administrativo y documento que se adjunta al escrito de interposición del recurso contencioso- administrativo sin foliar por la Secretaria).

Con fecha 1 de febrero de 1989, don Juan María presentó en la Delegación del Gobierno en Valencia escrito dirigido al Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de Gobierno en el que denunciaba la mora por no haber sido resueltas las solicitudes de indemnización de daños y perjuicios antes referidas (documento presentado con el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo sin foliar por la Secretaría).

Con fechas 5 de julio y 1 de agosto de 1988, el Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno dirigió sendos escritos a don Juan María , en los que le comunicaba que sus escritos sobre reclamación por margen de beneficios de las oficinas de farmacia habían sido trasladados al Ministerio de Sanidad y Consumo, en el que podría informarse sobre su tramitación (documentos obrantes en la pieza de prueba del demandante no foliados por la Secretaría).

Con fecha 3 de febrero de 1989, don Juan María presentó escrito en la Delegación del Gobierno en Valencia, dirigido al Ministro de Sanidad y Consumo, en el que denunciaba la mora en laresolución de sus solicitudes de indemnización de daños y perjuicios causados por la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de agosto de 1985, por la que se redujo el beneficio profesional en las oficinas de farmacia (documento sin foliar por la Secretaría que se adjuntó al escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo).

Con fecha 2 de enero de 1990, don Juan María , representado por el Procurador don José Luis Barneto Arnáiz, interpuso el presente recurso contencioso-administrativo contra la denegación, por silencio administrativo, de las indemnizaciones solicitadas como consecuencia de los daños y perjuicios causados por la Orden de la Presidencia de Gobierno de 10 de agosto de 1985, dictada en aplicación del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 29 de julio de 1985, solicitando, al formalizar la demanda, que se reconozca el derecho de don Juan María a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos por la aplicación de la cita Orden de la Presidencia del Gobierno y se condene a la Administración General del Estado a que le pague la cantidad de doscientas diecinueve mil trescientas cincuenta y seis pesetas más los intereses legales desde que su importe fue reclamado en vía administrativa.

A instancias del Abogado del Estado se ha acreditado que la Organización Nacional de Ciegos no ha efectuado pago directo alguno de las mencionadas recetas a don Juan María (documento obrante en la pieza de prueba del Abogado del Estado sin numerar por la Secretaría).

Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don José Luis Barneto Arnáiz, en nombre y representación de don Juan María , contra la denegación, por silencio administrativo, de la solicitud formulada a la Administración por éste de indemnización de daños y perjuicios causado por la reducción del margen comercial correspondiente a los farmacéuticos en la venta o dispensación de medicamentos establecida por la Orden de la Presidencia del Gobierno, de 10 de agosto de 1985, declarada nula de pleno derecho por sentencia firme, debemos anular y anulamos tal denegación presunta por no ser conforme a Derecho, al tiempo que debemos declarar y declaramos el derecho de don Juan María a ser indemnizado por la Administración General del Estado en las cantidades de ciento ochenta y cinco mil ciento noventa y nueve pesetas (185.199 ptas.) y de treinta y cuatro mil ciento cincuenta y siete pesetas (34.157 ptas.) más los intereses de demora sobre la primera cantidad desde el día 21 de junio de 1988 y sobre la segunda desde el día 4 de julio de 1988 hasta la notificación de la presente sentencia, calculados conforme al tipo de interés de demora vigente a la lecha del devengo indicado, contabilizándose año por año según las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, sin perjuicio de los intereses legales que, a su vez, puedan devengarse hasta el completo pago, y debemos condenar y condenamos a la Administración General del Estado al pago de las referidas cantidades por principal más intereses, debiéndose calcular éstos, conforme a las indicadas bases, en período de ejecución de esta sentencia, sin hacer expresa condena respecto de las costas procesales causadas en este juicio.

Hágase saber a las partes que contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno.

ASI por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Pablo García Manzano.-Pedro Antonio Mateos García.-Francisco José Hernando Santiago.-Manuel Goded Miranda.-Jesús Ernesto Peces Morate.-Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, don Jesús Ernesto Peces Morate, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha. De lo que certifico.