STS, 23 de Julio de 1996

Ponente:ANTONIO MARTI GARCIA
Número de Recurso:8397/1991
Fecha de Resolución:23 de Julio de 1996
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Julio de mil novecientos noventa y seis.

Visto por la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el recurso de apelación nº 8.397/91, interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación legal que ostenta, contra la Sentencia nº 250 dictada con fecha 18 de junio de 1.991 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en autos del recurso nº 252 de

1.990 sobre Acta de infracción imponiendo sanción por importe de 500.001 pesetas. Ha sido parte apelada la entidad "Video Club Extremeño, S.A.", representado por la Procuradora Dª. Magdalena Cornejo Barranco.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz levantó en fecha 31 de enero de 1.989 Acta de infracción nº 64 a la empresa "Video Club Extremeño, S.A.", en virtud de visita girada en fecha 16 de enero de 1.989 en la que se comprueba que en aquella se encontraba trabajando el menor de 16 años Matías , siendo los hechos imputados constitutivos de infracción al artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores, calificándolos como infracción muy grave en grado mínimo al amparo de lo dispuesto en los artículos 8.4 y 36 de la Ley 8/1.988, de 7 de abril, proponiéndose la imposición de la multa total de 500.001 pesetas. Confirmada el Acta mediante resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz de fecha 6 de marzo de 1.989, se interpuso por la sancionada recurso de alzada ante el Director General de Trabajo del indicado Departamento ministerial, que fué desestimado por resolución de fecha 22 de febrero de 1.990.

SEGUNDO

Contra las referidas resoluciones administrativas, la empresa "Video Club Extremeño, S.A." interpuso recurso contencioso administrativo ante la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que en fecha 18 de junio de 1.991 dictó Sentencia con el siguiente pronunciamiento dispositivo: "FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el presente recurso contencioso-administrativo número 252 de 1.990, interpuesto por el Procurador D. Enrique Mayordomo Gutiérrez, en nombre y representación de la Entidad Mercantil "Video Club Extremeño S.A.", domiciliado en Badajoz, contra las resoluciones que se reseñan en el Fundamento Primero, las cuales por no ser ajustadas a Derecho anulamos, sin hacer especial declaración sobre el abono de las costas".

TERCERO

Contra la citada Sentencia el Abogado del Estado interpuso el presente recurso de apelación, que fué admitido en ambos efectos y, en su virtud, se elevaron los autos y expediente administrativo ante este Tribunal, con emplazamiento de las partes, que se verificó en debida forma y, no estimándose necesaria la celebración de vista, presentaron las partes sus escritos de alegaciones, el apelante con fecha 24 de abril de 1.992, y el apelado el 27 de mayo de 1.992.

CUARTO

Conclusa la tramitación del recurso, se acordó señalar para la votación y fallo del mismo el día dieciséis de Julio de mil novecientos noventa y seis, fecha en que ha tenido lugar dicha actuación procesal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Se recurre en apelación la Sentencia de fecha 18 de junio de 1.991 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que estimó el recurso deducido por la representación de la entidad "Video Club Extremeño, S.A." contra resoluciones de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz y de la Dirección General de Trabajo, confirmatoria ésta en alzada de aquélla, dictadas en expediente sancionador dimanante de Acta de infracción nº 64/89.

SEGUNDO

Se opone el Abogado del Estado a la Sentencia de la Sala de instancia que ha estimado el recurso contencioso-administrativo al considerar que el menor a quien se refiere las actuaciones, Matías , de 13 años, no podía realizar la actividad laboral que le imputa el Acta impugnada en la empresa "Video Club Extremeño, S.A." porque asistía con regularidad al centro escolar público donde cursaba estudios de Séptimo Nivel. Considera el Abogado del Estado que la apelada no ha conseguido desvirtuar la presunción de veracidad del Acta en cuestión donde se manifiesta por el Inspector de Trabajo actuante que dicho menor se encontraba prestando servicios para la empresa con posterioridad al cumplimiento del horario escolar, concretamente a las 18 horas del día en que se giró la visita de inspección -16 de enero de 1.989-, cuando la jornada escolar lectiva finaliza a las 17 horas; consistiendo dichos trabajos en el despacho de cintas de video y atención a las peticiones de los clientes, extremos éstos acreditados en los informes posteriores complementarios de la Inspección de Trabajo al Acta de infracción.

TERCERO

La doctrina de este Tribunal, al interpretar el artículo 38 del Decreto 1.860/1.975, de 10 de julio, viene señalando que la presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante (sentencias, entre otras, de 18 de enero y 18 de marzo de 1.991); presunción de certeza perfectamente compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia (artículo 24.2 CE), ya que el citado artículo 38 se limita a atribuir a tales actas el carácter de prueba de cargo, dejando abierta la posibilidad de practicar prueba en contrario. Y es también reiterada la jurisprudencia de este Tribunal que ha limitado el valor atribuible a las Actas de la Inspección, limitando la presunción de certeza a sólo los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma (sentencia de 24 de junio de 1.991).

CUARTO

En suma, las Actas de Inspección de Trabajo y Seguridad Social gozan de la presunción "iuris tantum" de veracidad del artículo 88 del Decreto 1.860/1.975, de 10 de julio y del artículo 52.2 de la Ley 8/1.988, de 7 de abril. Esta presunción de veracidad, empero, no es prueba tasada, pudiendo ser desvirtuada por otras pruebas que son valoradas libremente por los órganos jurisdiccionales con arreglo a las reglas de la sana crítica (artículo 117.3 CE y 632 LEC), siendo sin embargo bastante dichas pruebas para desvirtuar la presunción de inocencia prevista en el artículo 24.2 de la CE (Autos de inadmisión de recursos de amparo del Tribunal Constitucional nº 1.056/88, de 26 de septiembre y 7/89, de 13 de enero) y para trasladar a la parte que niega los hechos la carga de desvirtuarlos, como reconoce la Sentencia de esta Sala de 10 de marzo de 1.994.

QUINTO

En el caso examinado, la empresa "Video Club Extremeño, S.A." ha aportado como prueba certificación del Colegio Público "Nuestra Señora de la Soledad" que acredita que Matías estuvo matriculado en dicho Centro durante el curso 1.988-1.989 ocupando el número 9 del Séptimo Nivel y Grupo A, asistiendo regularmente a las clases, así como testifical en la que se niega la condición de trabajador de dicha empresa del nominado. Sin embargo, la primera de ellas no puede desvirtuar la realidad de los hechos comprobados por el Inspector ya que éstos se verifican en visita girada precisamente fuera del horario escolar habitual de tarde, sin que en la referida certificación quede acreditado cuál es el horario escolar del Centro. Por lo que se refiere a la prueba testifical, cabe apreciar en ella la tacha legal de los testigos habida cuenta la dependencia laboral de dos de ellos con la empresa, la relación familiar directa de otro de ellos con el trabajador afectado y la propia condición de testigo de este último.

Por su parte, la empresa apelada insiste en que el menor Matías no realizaba actividad laboral alguna en la empresa, siendo un asiduo mero cliente de la misma, extremo éste que no se compadece con la contundente explicación que el Inspector de Trabajo realiza en el informe complementario de fecha 30 de marzo de 1.989 en el que, explícitamente, se indica que el citado menor realizaba una actividad consistente en "colocar las películas en las estanterías, tras ser devueltas por los clientes del video-Club, estas películas no eran para su alquiler, ya que se estuvo comprobando la realización de este trabajo durante algo más de media hora y en ningún momento se acercó al dependiente que atendía las peticiones de alquiler, sino que iba colocando las películas que eran dejadas por los clientes; según manifestó el empresario, esto lorealizaba para entretenerse".

SEXTO

En consecuencia, una interpretación conjunta de los documentos de la Inspección, de cuyo examen se infiere que los razonamientos utilizados fueron deducidos de la percepción directa del funcionario actuante, pone de manifiesto que el menor estaba realizando una actividad que, incluso por parte de la empresa apelada no se ha mantenido posteriormente en la instancia jurisdiccional, desmarcándose en este sentido de las primeras manifestaciones realizadas al Inspector, como de puro entretenimiento o, cuando menos, realizada a título de amistad o buena voluntad, por lo que no queda desvirtuada la presunción de veracidad del Acta impugnada.

SEPTIMO

Los razonamientos precedentes conducen a la estimación del recurso de apelación. No se aprecia la concurrencia de circunstancias que justifiquen una expresa condena en costas, de acuerdo con el artículo 131 de la Ley Jurisdiccional.

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado contra la Sentencia nº 250 dictada en fecha 18 de junio de 1.991 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en recurso nº 252/90, y en su virtud revocamos la sentencia apelada y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad Video Club Extremeño, S.A., contra las resoluciones de 6 de marzo de 1.989 de la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz, y la de 22 de febrero de 1.990 de la Dirección General, por apreciarse las mismas ajustadas a Derecho. Sin que haya lugar a expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de la misma, Excmo. Sr. D. Antonio Marti García, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.