STS, 29 de Octubre de 1996
| Ponente | ANTONIO MARTI GARCIA |
| Número de Recurso | 3085/1991 |
| Fecha de Resolución | 29 de Octubre de 1996 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Octubre de mil novecientos noventa y seis.
Visto por la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de apelación nº
3.085/91 interpuesto por la representación procesal de la entidad -ADRA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.- contra sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 6 de Julio de 1989, recaída en el recurso contencioso administrativo 1741/86, habiendo sido parte en autos el Abogado del Estado.
La Inspección de Trabajo de Madrid levantó Acta de Infracción contra la entidad -ADRA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.- proponiéndose una multa de -65.000 pesetas- SESENTA Y CINCO MIL PESETAS de conformidad con lo dispuesto en el art. 156 de la O.M. de 9 de Marzo de 1971.
La Dirección Provincial de Trabajo de Madrid por resolución de 25 de febrero de 1986 confirma la sanción y recurrida en alzada ante la Dirección General de Trabajo fue desestimada por acuerdo de fecha 14 de octubre de 1986.
La citada entidad interpone recurso contencioso administrativo resuelto por sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 6 de julio de 1989 que en su parte dispositiva señala textualmente lo que sigue: "F A L L A M O S: Que desestimando el recurso interpuesto por el Letrado D. Doroteo López Royo, en nombre y representación de "ADRA Empresa Constructora, S.A", contra la resolución de fecha 25 de febrero de 1986, de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, confirmada en alzada por resolución de fecha 14 de octubre de 1986, de la Dirección General de Trabajo, debemos declarar y declaramos la conformidad de los citados actos con el ordenamiento jurídico, sin que proceda hacer expresa condena en costas".
Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de la citada entidad formularon alegaciones:
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La parte apelante, Adra, Empresa Constructora, S.A., solicita la revocación de la sentencia impugnada, por falta de presupuestos probatorios en apoyatura del acta impugnada.
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La parte apelada, que es el Abogado del Estado solicita la confirmación de la sentencia apelada, dando por íntegramente reproducidos los fundamentos de derecho y los hechos que constan en la sentencia apelada.
Cumplidas los trámites y prescripciones legales, se señaló para la votación y fallo del recurso el día veintidós de Octubre de mil novecientos noventa y seis, fecha en la que tuvo lugar el acto.
La sentencia apelada desestima el recurso y confirma la sanción impuesta en base al art. 156 de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971.
En el caso examinado se observa que la sanción impuesta lo es en base al art. 156 de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9-3-1971, que adolece de una suma vaguedad en cuanto a la calificación de las infracciones, limitándose a señalar unos criterios genéricos de análoga laxitud a los establecidos en el art. 57.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuya insuficiencia normativa, desde la perspectiva constitucional del art. 25.1 CE ha sido declarada por esta Sala en numerosas sentencias (20 diciembre de 1989, 2 de enero, 5 y 26 de febrero, 5, 15, 19 marzo, 4 mayo, 30 junio y 13 julio 1990 y 19 abril, 18 junio, 5 noviembre de 1991 y 20 diciembre de 1991).
Esta Sala en Sentencia de 20 de diciembre de 1991, rectificando una jurisprudencia precedente y posteriormente en Sentencia de 8 de marzo de 1993, ha proclamado, la inadecuación del artículo 156 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo al artículo 25.1 de la Constitución, teniendo en cuenta en dichas Sentencias la aplicación de los criterios dimanantes de la jurisprudencia constitucional (entre otros los derivados de las Sentencias nº 207/90, de 17 de diciembre y 40/91, de 25 de febrero).
Por otra parte, ha reconocido esta Sala en numerosas Sentencias (entre otras, las de 20 de diciembre de 1989, 2 de enero, 5 y 26 de febrero, 5, 15 y 19 de marzo, 4 de mayo, 30 de junio, 13 de julio de 1990 y 19 de abril, 18 de junio y 5 de noviembre de 1991) que el artículo 57.2 del Estatuto de los Trabajadores se pronuncia igualmente en términos de laxitud, contrarios al artículo 25.1 de la Constitución, reiterándose este mismo criterio en posteriores Sentencias de esta Sala de 5 de diciembre de 1991 y 22 de junio de 1992.
En consecuencia, en el caso examinado y frente al criterio mantenido por la Sentencia recurrida, tanto la calificación de la infracción como su graduación no responden a una estricta predeterminación normativa, en la forma reconocida por la jurisprudencia de este Tribunal y del Tribunal Constitucional, concluyéndose en el reconocimiento de que las Resoluciones administrativas recurridas, que fundamentan la imposición de la sanción en el artículo 156 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, son contrarias a las exigencias de los artículos 9 y 25.1 de la Constitución y por tanto deben ser anuladas, debiéndose declarar así, conforme a lo establecido en el artículo 84.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Los razonamientos expuestos conducen a la estimación del recurso de apelación y no son de apreciar circunstancias especiales de temeridad ni mala fe previstas en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa que hiciesen preceptiva la imposición de costas.
Que estimamos el recurso de apelación nº 3.085/91 interpuesto por la representación procesal de la entidad -ADRA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.- contra sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 6 de julio de 1989, recaída en el recurso contencioso administrativo 1741/86, y revocando la citada sentencia, debemos estimar el citado recurso contencioso administrativo y anular las resoluciones de 25-2-86 de la Dirección Provincial de Trabajo de Madrid y de 14-10-86 de la Dirección General de Trabajo, por no resultar ajustadas a Derecho. Sin que haya lugar a expresa condena en costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de la misma, Excmo. Sr. D, Antonio Marti García, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.
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SAP Tarragona, 13 de Septiembre de 1999
...de enjuiciamiento y no revisable en apelación cuando se haya ajustado a las normas de la sana critica y de la experiencia común (STS de 29 de octubre de 1.996), de manera que si las conclusiones probatorias se mantienen razonables deben ser En este sentido se estima correcto el criterio val......
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SAP Tarragona, 16 de Junio de 2000
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