STS, 10 de Marzo de 1995
| Ponente | MELITINO GARCIA CARRERO |
| Número de Recurso | 372/1988 |
| Fecha de Resolución | 10 de Marzo de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diez de Marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante Nos pende, en única instancia, interpuesto por Dª. Eugenia , en procedimiento especial de materia de personal de los artículos 113 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción, contra resolución presunta del Consejo de Ministros denegatoria de la petición de reconocimiento de coeficiente funcionarial; en el que es parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Mediante escrito de 20 de julio de 1988 Dª. Eugenia , obrando en su propio nombre, interpuso ante esta Sala del Tribunal Supremo recurso contencioso-administrativo contra la resolución denegatoria presunta del Consejo de Ministros en relación con su solicitud de que le fuera reconocida la proporcionalidad ocho y el coeficiente tres coma seis a los efectos de retribuciones complementarias a los puestos de trabajo desempeñados, con efectos económicos desde el 1º de octubre de 1982.
En providencia de 20 de septiembre de 1988 la Sala tuvo por interpuesto el mencionado recurso, ordenando la reclamación del expediente administrativo al órgano competente y la publicación del anuncio prevenido por la Ley en el "Boletín Oficial del Estado".
Recibido el expediente y puestas de manifiesto las actuaciones a la recurrente para la formalización de la demanda cumplimentó el trámite en escrito de fecha 21 de diciembre de 1992 en el que, después de exponer razonadamente los fundamentos de su pretensión, suplica a la Sala una sentencia que, >.
Conferido el oportuno traslado al Abogado del Estado, formalizó escrito de contestación a la demanda de fecha 8 de marzo de 1993 en el que, tras de exponer cuanto estimó pertinente para su defensa, suplica a la Sala >.
La deliberación y fallo de este recurso tuvo lugar en la fecha del siete de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
El presente recurso dimana de la solicitud presentada ante el Consejo de Ministros el 21 de diciembre de 1987 por Dª. Eugenia , en su condición de Profesora de Enseñanzas y Actividades Técnico-profesionales (EATP), en la que instaba que le fuera reconocida la proporcionalidad ocho (8) y elcoeficiente tres coma seis (3'6) a los efectos de retribuciones complementarias a los puestos de trabajo desempeñados, con efectos desde el día primero de octubre de 1982; solicitud cuya falta de contestación resolutoria, por parte del órgano destinatario, motivó la denuncia de mora en escrito de 15 de abril de 1988 y, posteriormente, la reclamación en sede jurisdiccional frente a la resolución denegatoria presunta.
Es constante jurisprudencia de este orden jurisdiccional que se remonta a la sentencia de la antigua Sala Quinta de 13 de junio de 1994 y tiene su continuidad en una serie numerosísima de sentencias, (de las que sólo a título de ejemplo, pueden citarse las de 2 de marzo de 1987, 16 de julio de 1990, 10 de noviembre de 1992, 23 de abril de 1993, 24 de mayo de 1993 y 16 de septiembre de 1994), que, conforme a los preceptos del RD. 972/1983, de 2 de marzo, en correlación con las previsiones del artículo 3º de la ley 8/1981, de 21 de abril, los Profesores de Enseñanzas y Actividades Técnicoprofesionales (antes HOGAR) están asimilados a los funcionarios a que se refiere el artículo 1º de la citada Ley, teniendo derecho a la proporcionalidad ocho de retribuciones básicas y coeficiente tres coma seis para la fijación de las retribuciones complementarias, a lo que hay que añadir dos precisiones, en cuanto a la retroacción de los efectos económicos al 1º de enero de 1981 establecida en la disposición final 1ª.1 de la Ley. La primera, obviamente, que dicha retroacción sólo alcanzará desde la fecha de su ingreso en el caso de los funcionarios que hubieran accedido a dicha función docente en fecha posterior a la del 1º de enero de 1981, y, la segunda, en cuanto a la posible prescripción de la totalidad o parte de los complementos reclamados, que el "dies a quo" que debe computarse a tal efecto no es el 1º de enero de 1981 sino la fecha que resulta de la aplicación de la disposición final del mencionado RD. 972/1983, en la que se prevé que, >: por tanto, ese día es el 24 de abril de 1983, día siguiente al de publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado", lo que además es congruente, a falta de otra disposición específica, con el principio general que rige en materia de prescripción, según el cual el tiempo para la prescripción de las acciones se contará desde el día en que pudieron ejercitarse (Art. 1969 CC).
A tenor de los criterios expuestos y acreditado por la certificación aportada a los autos, cuya fehaciencia no ha sido contradicha por la parte recurrida, que la recurrente tomó posesión el 1º de octubre de 1992 como Profesora Adjunta de Enseñanzas del Hogar adscrita al Instituto Nacional de Bachillerato de Ofra, (Santa Cruz de Tenerife), a la fecha citada debe retrotraerse el devengo de las retribuciones inherentes al reconocimiento del índice de proporcionalidad ocho y coeficiente tres como seis a que tiene derecho conforme a las disposiciones legales anteriormente analizadas; sin que haya lugar a apreciar prescripción, por transcurso del plazo de cinco años fijado en el artículo 46 de la Ley General Presupuestaria, toda vez que presentada la solicitud de reconocimiento del derecho el 21 de diciembre de 1987 no había transcurrido todavía dicho plazo, contado desde el 24 de abril de 1983, fecha de iniciación del cómputo.
No puede aceptarse la tesis del Abogado del Estado en el sentido de que la promulgación del RD. 1467/1988, de 2 de diciembre, por el que se acuerda la integración y clasificación de determinado personal docente en el Cuerpo de Profesores Especiales de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias, Grupo B, equivalente a dar satisfacción extraprocesal a la pretensión de la recurrente, pues además de que dicho Real Decreto no contiene disposiciones específicas sobre la materia retributiva cuestionada en este proceso, está proyectado en todo caso con efectos de futuro a partir de la integración (1 de enero de 1988).
Por otra parte, no es exacto que la recurrente no solicite retroactividad alguna para los efectos económicos de su petición y basta el mero cotejo de los escritos incorporados a las actuaciones para comprobar que lo mismo en el escrito inicial ante el Consejo de Ministros (21 diciembre 1987) que en el de denuncia de mora (15 de abril de 1992) que en el escrito de demanda (21 diciembre de 1992), se reclama que el pretendido reconocimiento de los derechos económicos se haga con efectos de 1º de octubre de 1982.
De conformidad con el artículo 131.1 de la Ley de la Jurisdicción no ha lugar a formular declaración de condena en costas.
Por lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que nos confiere la Constitución,
Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso- administrativo interpuesto por Dª. Eugenia contra el acto presunto del Consejo de Ministros denegatorio de su solicitud de reconocimiento deproporcionalidad y coeficiente funcionariales, a los efectos del disfrute de retribuciones como Profesora de Enseñanza y Actividades Técnico- Profesionales, cuya resolución declaramos no ajustada a Derecho. Asimismo declaramos el derecho de la demandante a que se le reconozca como tal funcionaria, a efectos retributivos, la proporcionalidad ocho en retribución básica y el coeficiente tres como seis en retribuciones complementarias, todo ello con efectos desde el día primero de octubre de mil novecientos ochenta y dos. Sin declaración de costas.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma D. Melitino García Carrero, en Audiencia Pública celebrada el mismo día de su fecha, de lo que como Secretario de la misma, Certifico.
