STS, 10 de Noviembre de 1995

En cuanto a los recursos interpuestos por los acusados Carlos y Mauricio , en el primero de sus motivos, al amparo del artículo 5.4 de la L.O.P.J., se aduce haberse infringido el artículo 24.2 de la C.E. así como el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y lasLibertades Fundamntales, ratificado por España en 26 de septiembre de 1.979 en tanto consagran el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho que ha sido violado por la sentencia que se recurre. A tal fin se lleva a efecto una exposición de los momentos y circunstancias procesales de los que se deduce la retardación en el trámite que se denuncia.

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas presenta un carácter autónomo con respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, señalándose como un derecho subjetivo de carácter reaccional , correlato al deber de Juzgados y Tribunales de resolver los asuntos que se les sometan, no dilatando sin justificación la respuesta demandada por los justiciables. No puede perderse de vista que la justicia es un valor superior que informa todo nuestro ordenamiento (artículo 1.1º, de la C.E.). El Estado ha de comprometerse a la prestación de una justicia ágil y rápida, evitando rémoras que puedan empañar y, a veces, tornar inoperantes las respuestas que las resoluciones judiciales alberguen. De ahí que abiertos al tema de la irregular dilación del proceso habrá de comprobarse en primer término las razones de su prolongación en el tiempo, si el órgano judicial fue o no causante, y en qué grado, de las dilaciones indebidas, así como la actitud de las partes y su eventual contribución, directa o indirecta, a ese alejamiento de la postrer resolución de fondo injustificadamente pospuesta. La sentencia del T.C. 197/1993 de 14 de junio resalta, ante cualesquiera causas motivadoras de la dilación, que ello no priva a los ciudadanos del derecho a reaccionar frente a tales retrasos, ni permite considerarlos como inexistentes. La complejidad del litigio -dice la sentencia del T.C. 5/1985, de 23 de enero-, la conducta de los litigantes y de las autoridades y las consecuencias que del litigio presuntamente demorado se siguen para las partes, son ciertamente, criterios desde los que debe llenarse de contenido el concepto de "plazo razonable". En definitiva, el mero incumplimiento de los plazos procesales no lleva, sin más, al dictado de que un determinado procedimiento ha experimentado demoras que, por impropias e injustificadas, han de tener su traducción en alguna mitigación o beneficio de gracia para quien, sin contribución causal por su parte, sufre las consecuencias espirituales o psíquicas y, en ocasiones, también de orden material, del alongamiento excesivo de unas diligencias penales que le afectan y en las que se halla implicado.

Las circunstancias de cada caso, los factores objetivos y subjetivos influyentes, facilitarán la concreción del abstracto e indeterminado concepto jurídico de la "dilación".

Ante eventuales invocaciones del instituto de la prescripción, el Tribunal Constitucional ha concluido que el derecho a que el proceso se tramite, resuelva y ejecute en un plazo razonable es plenamente independiente del juego de la prescripción penal. La dilación indebida no puede dar lugar al reconocimiento de un derecho a la prescripción si el procedimiento no ha estado paralizado el tiempo legalmente previsto para que se extinga la responsabilidad penal por este motivo (sentencias del T.C. 255/1988, 83/1989 y 35/1994).

El restablecimiento del derecho vulnerado no ha de obtenerse por vía de impunidad, con el consiguiente padecimiento de la inseguridad jurídica. En ocasiones el derecho a una indemnización (artículo 121 de la C.E.) puede remediar de algún modo la perjudicialidad derivada del retardo inmotivado. La fórmula del artículo 292 de la L.O.P.J. es suficientemente amplia para albergar pretensiones indemnizatorias emanantes del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, tal la infracción del derecho a que el órgano judicial resuelva el proceso suscitado dentro del "plazo razonable" a que alude el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Cfr. sentencias del T.C. 36/1984 de 14 de marzo, 5/1985 de 23 de enero, 50/1989 de 21 de febrero y 81/1989 de 8 de mayo).

En el orden penal esta Sala, ante supuestos de comprobada injustificación en la dilación de un proceso penal, alejándose notablemente la sentencia ultimadora de aquél de la fecha de perpetración del hecho criminal, ha optado, como medio de paliar los efectos perjudiciales que puedan derivar de la expectación e incertidumbre asaltantes del inculpado durante el tiempo de espera de la resolución del proceso, así como del cumplimiento tardío y aplazado de una pena que padece en su significación y fines ante su extemporaneidad aplicativa, por la fórmula del indulto, ordinariamente parcial, de aquélla (Cfr. sentencias del T.S. de 28 de mayo de 1.993, 18 de febrero y 24 de marzo de 1.994, y del T.C. 35/1994 de 31 de enero).

En la causa que nos ocupa y cual se pone de relieve por el Ministerio Fiscal, existen cuatro acusados, y además del Ministerio Fiscal, intervinieron en la causa seis acusadores particulares y dos responsables civiles subsidiarios, lo que evidencia una cierta complicación y consunción del tiempo en cuanto a emplazamiento, agotamiento de plazos y evacuación de trámites. Ello no obstante, no puede predicarse que la deseable y obligada agilidad presidiese la dinámica procedimental. La sentencia de instancia reconoce que, en este supuesto, es claro que el retraso -trece años-, pese a la complejidad de lainstrucción, de la fase intermedia e, incluso, del juicio oral, carece de adecuada justificación. Y aunque así no fuera del todo no hay duda al respecto -cual se dice en la sentencia de 26 de enero de 1.993- que la dilación, aunque no tenga la categoría de indebida, puede afectar a la función rehabilitadora y resocializadora de la pena privativa de libertad, y el Tribunal que juzga más allá de un plazo normal está juzgando a un hombre distinto en su circunstancia personal, familiar y social, de suerte que la pena, fuera de la finalidad retributiva, no cumple o no puede cumplir las funciones de prevención general y de reinserción social, que son los fines que en su primer orden de valores la justifican.

Obedeciendo la Sala al propósito individualizador de la pena y en correspondencia con las consideraciones que preceden, adopta anticipadamente el acuerdo de dirigir exposición razonada al Gobierno por la vía del párrafo segundo del artículo 2º del C.P., interesando la reducción de las condenas impuestas a Mauricio y a Carlos en seis años; así como de conceder a Javier y a Carlos Antonio los beneficios de remisión condicional de la pena impuesta.

La sala sentenciadora sintoniza con la doctrina de este Tribunal en orden a la apreciación y valoración de las "dilaciones indebidas" y adopta congruentemente los acuerdos oportunos. El motivo indicado de sendos recursos ha de ser desestimado.

En el segundo de los motivos de sendos recursos de Carlos y Mauricio y al amparo del artículo 849,1º, de la L.E.Cr., se aduce indebida aplicación de los artículos 528 y 529,7º y 8º, con aplicación del artículo 69 bis, todos del Código Penal vigente e inaplicación del artículo 533 del C.P., Texto Refundido conforme a la Ley 44/1971 de 15 de noviembre. Con cita de los artículos 25 de la C.E. y 24 del C.P., se razona que si la conducta objeto de enjuiciamiento es subsumible en una norma, vigente al tiempo de comisión de los hechos, y de cuya aplicación resulte pena inferior a aquella que pudiese resultar de aplicar la norma vigente al tiempo de enjuiciar los hechos, ha de aplicarse imperativamente aquella primera. Realmente si se hubiese atendido al orden normativo regulador que regía cuando los hechos denunciados tuvieron lugar, el precepto aplicable hubiera sido el artículo 529,1º, en la versión anterior a la reforma de la

L.O. 8/83, dada la formulación abierta de tal tipo al referirse, tras el enunciado de determinados supuestos concretos, a "cualquier otro engaño semejante que no sea de los expresados en los casos siguientes", lo que evidencia el carácter demostrativo y no exhaustivo del conjunto de conductas descritas con precedencia. La ratio legis del artículo 533 respondía a la intención del legislador de reprimir engaños fraudulentos no especificados anteriormente (sentencia de 5 de octubre de 1.951 y 24 de mayo de 1.956), en régimen subsidiario y de menor entidad o malicia respecto a la analogía del número 1º del artículo 529 (sentencias de 22 de noviembre de 1.973 y 5 de febrero de 1.975). El Tribunal de instancia no aplicó, pues, una norma penal más grave, los vigentes artículos 528 y 529 en las fechas de realización de los actos que se enjuician, sino más beneficiosa, dado el sistema de cuantías imperante hasta la L.O. 8/83 que hubiera exasperado las penas a imponer, cual se destaca en la sentencia. En cualquier caso nunca podría deducirse la imposición de una pena superior a la que correspondería aplicando el régimen anterior a la reforma de 1.983.

La objeción que formulan los recurrentes alusiva a la incorrecta aplicación de las circunstancias agravantes 7ª y 8ª del artículo 529 del vigente C.P., inexistentes al tiempo de la comisión de los hechos, no ofrece auténtico fundamento. Cuando se confrontan dos bloques legislativos al objeto de optar por la aplicación de uno de los mismos en cumplimiento de lo ordenado por los artículos 25 de la C.E. y 24 del C.P., se ha de atender a cada uno de ellos en su integridad normativa, no cabiendo fraccionarlos idealmente al objeto de seleccionar aspectos favorables de la ley nueva, rechazando la aplicación retroactiva de otros concebidos en inescindible unidad con los primeros. El motivo ha de decaer y ser desestimado.

El tercer motivo de uno y otro recurso se formaliza en sede del artículo 849,2º, de la

L.E.Cr. al decirse haber incurrido la sentencia en error en la apreciación de la prueba en base al documento obrante a los folios 307, 308, 309, 310, 311, 312 y el obrante a los folios 313 y 314 del sumario (primer tomo del mismo).

Asimismo los folios 316 y 316 v. y acta del juicio oral, en los extremos de reconocimiento de dichos documentos. Se arguye como razón de invocación del supuesto error facti la no aceptación por la sentencia impugnada de la atenuante analógica 10ª del artículo 9 en relación con las atenuantes 7ª ó 4ª del mismo artículo, así como de la semieximente de estado de necesidad 1ª del artículo 9 en relación con la eximente 7ª del artículo 8, todas del C.P. La sentencia, en su fundamento jurídico tercero, analiza y expone, con finura y profundidad en sus razonamientos, la carencia de base y justificación de las invocadas circunstancias. La motivación que se trata de llevar al Tribunal respecto al actuar delictivo -se dice en la resolución judicial- no armonizan en absoluto con las inversiones en bienes inmuebles -adquisiciones de las oficinas de Torremolinos y Arroyo de la Miel, del edificio de DIRECCION006 , del piso en la DIRECCION004 de Madrid-y menos aún con el desastre contable reconocido por el procesado Sr. Carlos .

Mas la razón desestimadora del motivo, correspondiente a la estructura legal en que se inserta, radica básicamente en la carencia del carácter de "documento" de los señalados como tales. Se consideran documentos, a los efectos casacionales determinados en el artículo 849,2º de la L.E.Cr., aquellas representaciones gráficas del pensamiento, generalmente por escrito, creadas con fines de preconstitución probatoria y destinadas a surtir efectos en el tráfico jurídico, originados o producidos fuera de la causa e incorporados a la misma. Han de ofrecer la condición de literosuficientes, que vale tanto como autónomos e independientes, es decir, con virtualidad suficiente para acreditar por sí solos y de forma indubitada, sin necesidad de acudir a otros factores de inferior rango, el error de hecho denunciado y que con tales documentos se trata de evidenciar. Quedan fuera de la concepción expuesta las pruebas personales practicadas aunque, naturalmente, se documenten -en ocasiones bajo la propia fe judicial- a efectos de constancia, todas las cuales, formando la urdimbre probatoria característica del proceso, se remiten a la valoración encomendada al órgano jurisdiccional por el artículo 741 de la L.E.Cr. En este acervo de acreditamientos -inadecuados para ser tomados en consideración a fines de objetivar el error iuris -, figuran las declaraciones de los inculpados, testigos, informes de autoridades o agentes de la misma, atestados, actas de juicio oral, dictámenes periciales, etc., salvo, caso de estos últimos, en supuestos excepcionales (Cfr. sentencias de 17 y 21 de mayo de 1.993 y 22 de septiembre de 1.995).

A la vista de lo expuesto bien puede afirmarse la absoluta carencia de valor "documental" a los fines que nos ocupan de poner de manifiesto un error en la apreciación de la prueba, de unos escritos, uno a mano y otro mecanografiado, atribuidos a los acusados.

"Informes y observaciones del Sr. Mauricio " e "Informe Sr. Carlos ", ni siquiera firmados por los mismos, en los que individualmente plasman su parecer sobre la marcha y desenvolvimiento de la empresa, previsiones de pagos, contabilidad, impresiones sobre los asuntos pendientes, propuestas sobre personal, plan a seguir, etc., a lo que Carlos formula su parecer al respecto. La carencia de literosuficiencia de los mismnos no puede ser mayor. Corolario de ello ha de ser la desestimación de los motivos indicados.

Ello reportará, a su vez, la desestimación del cuarto de los motivos de los acusados Carlos y Mauricio

. El de Carlos , al amparo del artículo 849,1º, atribuye a la sentencia infracción por inaplicación de la semieximente de estado de necesidad 1ª del artículo 9 en relación con la eximente 7ª del artículo 8. Y el de Mauricio , por igual cauce procesal, infracción por inaplicación de la atenuante analógica 10ª del artículo 9 en relación con las atenuantes 7ª ó 4ª del mismo artículo, todos del Código Penal, en la redacción del Texto Refundido de 1.971. Constituye doctrina general consagrada la de que las circunstancias determinantes de la atenuación de la pena han de estar tan acreditadas como los hechos mismos. Ante la desestimación del motivo tercero, inalterables los hechos recogidos en el antecedente básico de la sentencia, la improsperabilidad de los motivos expuestos en el ordinal cuarto del recurso es manifiesta.

En lo concerniente al recurso interpuesto por el acusado Carlos Antonio , en el primero de los motivos y al amparo del artículo 5.4 de la L.O.P.J., se atribuye a la sentencia vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia al haber condenado el Tribunal sin la existencia de base alguna para ello. Se censura a la sentencia diciéndose que el recurrente ha sido condenado por concepto no objeto de la acusación, la que imputó la autoría de distintas figuras delictivas, y divorciándose de los fundamentos de tales acusaciones, la sentencia condena al acusado Carlos Antonio como encubridor de un delito continuado de estafa y de otro de falsedad. Realmente la objeción formulada no entra dentro del área comprensiva del derecho a la presunción de inocencia, sino del eventual quebranto del principio acusatorio, debiendo haber sido objeto de específico motivo. De todas formas debe recordarse que la potestad del Tribunal de pasar libremente y ex officio de la autoría al encubrimiento resulta claramente de los artículos 733 y 851,4º, de la L.E.Cr., y ello sin necesidad de someter a debate informativo semejante transmutación calificadora, siempre partiendo de la inmutabilidad de los hechos.

Atendiendo a la especificidad del motivo formulado, han de efectuarse las siguientes precisisiones: 1º) Se constata en la sentencia que Carlos Antonio , como Vicepresidente de DIRECCION001 , "centraba su actividad... en funciones docentes", y Javier en labores de asesoramiento laboral, desconectados de la marcha "ejecutiva" de la misma, y sin que en ningún momento se les relacione con las maniobras fraudulentas o falsarias atribuidas a otros acusados. Todo lo que se imputa a los socios Carlos Antonio y Javier es haber acudido a la reunión convocada por Javier en la cafetería Itagua el 15 de noviembre de

1.982. 2º) Respecto a dicha reunión se dice en el antecedente fáctico de la sentencia que "lo que en la cafetería Itagua se tratara entre ellos... sólo ellos lo saben, lo cierto es que nada trascendió ni al personal de la empresa hasta que, en la tarde del día 29 de noviembre de 1.982 y en la mañana del día 30 del mismo mes, la policía procedió a la detención de los cuatro procesados". 3º) Comenta la sentencia recurrida serrazonables los alegatos de Javier y Carlos Antonio , al argüir que estaban trabajando ilusionados en sus respectivos cometidos y que sólo adivinaban estrecheces lógicas, achacables al inicio de la gestión, consignándose que "la prueba de cargo carece de la consistencia precisa para imputar a estos últimos Javier y Carlos Antonio - el conocimiento de los hechos y por tanto una participación a título de autores". 4º) La sentencia reconoce en su fundamentación jurídica que la responsabilidad de Carlos Antonio y Javier es una de las cuestiones más trascendentes a decidir, si bien su relevancia haya de buscarse más en el ámbito civil que en el penal, ya que son los dos únicos acusados con parcial solvencia; añadiendo "que existen numerosas lagunas en el relato histórico elaborado". 5º) La fundamentación de la sentencia en orden a las condenas de Carlos Antonio y Javier se basa en conjeturas, suposiciones e interrogantes, sin el sustrato de unas pruebas de cargo de suficiente entidad para responsabilizar a aquellos de unos hechos de la gravedad de los enjuiciados. 6º) Aunque saliéndonos del marco fáctico, se pensase, tras la lectura de los fundamentos jurídicos, que la sentencia alienta una no muy precisa referencia a que los acusados Carlos Antonio y Javier se enteraran de lo acaecido tras la reunión habida con los otros coprocesados, deducido ello de las manifestaciones de los encausados en el plenario, ello, en sí, no afecta a la presunción esgrimida, tratándose de un dato más a valorar judicialmente al tiempo de discurrir sobre la existencia o no de la figura de encubrimiento. Puede colegirse que el Tribunal de instancia, en cuanto se refiere a los elementos de hecho que descriptivamente compendia en su resolución, ha contado con el refrendo probatorio suficiente, no habiendo vulnerado el derecho fundamental de presunción de inocencia. Cuestión distinta -y en el fundamento siguiente se decidirá- es si con semejante arquitectura fáctica puede llegarse a la conclusión de contar con los elementos definidores del tipo.

El motivo ha de ser desestimado.

El segundo motivo, en sede del artículo 841, de la L.E.Cr., acusa infracción, por aplicación indebida, del artículo 17 del C.P. La sentencia no determina la modalidad, dentro de las tres recogidas en el artículo indicado, a la que adscribe el comportamiento de Carlos Antonio , si bien se supone que lo es a la primera, auxilio prestado a los delincuentes para que se aprovechen de los efectos del delito. En el encubrimiento nos hallamos ante una intervención postejecutiva que cuenta con unas premisas de ineludible comprobación, conocimiento de la existencia del delito no habiendo participado previamente de algún modo en su realización. La intervención del encubridor, tras la consumación de aquél, va encaminada a la prestación de un favorecimiento real o personal de los descritos en el tipo. El dolo del encubrimiento requiere el conocimiento de los elementos del hecho punible en el momento de realizar cualquiera de las acciones que el precepto refleja. La falta de dicho conocimiento ex ante de la intervención favorecedora no puede compensarse ni entenderse suplida con el conocimiento adquirido con posterioridad a la consumación del tipo objetivo, lo que contradiría y empañaría el principio de culpabilidad. Un dolo subsequens capaz de teñir de antijuridicidad actos realizados sin la malicia propia del que procede consciente de su enfrentamiento con el orden jurídico, es rechazado sin reservas como anómalo y contrario a la esencia ontológica de la figura del encubrimiento (Cfr. sentencias de 2 de abril de 1.976, 16 de enero de

1.980, 15 de junio de 1.989, 29 de septiembre de 1.992 y 21 de enero de 1.993). También se resalta que aunque la exigencia de concreción del dolo no llegue hasta el punto del "cabal conocimiento" del hecho típico y antijurídico encubierto, no obstante el dolo no se refiere a hechos delictivos en abstracto, sino que, como explicita la ley, su punto de referencia es un hecho punible concreto, es decir, un hecho típico y antijurídico, definido en su contrastada realidad.

El conocimiento de la perpetración del injusto típico por parte de Carlos Antonio y Javier no consta en el antecedente fáctico de la sentencia. Si acaso la inquietud de Javier por cierta comunicación, que le impulsó a la convocatoria de los otros socios. Hasta donde llega la Sala es a la afirmación de la existencia de una reunión cuyo contenido, desarrollo y conclusión se ignora. El Tribunal en los hechos probados no recoge ni asegura que el recurrente conociese la existencia de los delitos cometidos por Mauricio y Carlos . Además, y aunque se parta de que Carlos Antonio y Javier adquiriesen conocimiento tras la reunión de la significación de los hechos atribuidos a los coinculpados, si la esencia del encubrimiento -modalidad del número 1º del artículo 17 del C.P.- radica en "auxiliar a los delincuentes para que se aprovechen del delito", falta en la resolución recurrida la descripción de la conducta de auxilio que pudieran haber desarrollado Carlos Antonio y Javier . No cabe reproche por la mera pasividad, a no ser que correspondiese a los recurrentes un especial deber de garante frente al supuesto aprovechamiento de los efectos delictuales, lo que no sucede. Pasividad insuficiente a todas luces para, en base a ello, intentar generar la figura de encubrimiento. Ello aparte de la falta de constancia del contenido, alcance y significación de los datos que se les facilitasen y de que tal aquietamiento fuera determinante del efectivo aprovechamiento por parte de Mauricio y Carlos . Ello aparte del breve espacio transcurrido hasta la movilización policial producida catorce días después.

Pero es que, además, y ello constituye argumento decisivo al respecto, el artículo 17,1º, parte de undespliegue de auxilio o favorecimiento "para que -los delincuentes- se aprovechen de los efectos del delito o falta". Se están concibiendo conductas capaces de contribuir al aprovechamiento de los efectos delictuales por los ejecutores del hecho criminal. Aquí la hipotética intervención de Carlos Antonio y Javier tiene lugar una vez que el dinero detraido por Mauricio y Carlos de los clientes de la entidad DIRECCION001 fue a parar a dichos condenados y obtuvo el destino propuesto. Todo ello acaecido antes de la reunión de 14 de noviembre de 1.982. Resulta patente que los delitos de estafa y falsedad atribuidos a Mauricio y Carlos se consumaron y agotaron en momentos anteriores, no siendo posible, pues, favorecimiento alguno en la fecha indicada .

Consecuencia de todo ello ha de ser la estimación del motivo.

Respecto al recurso interpuesto por Javier , el primer motivo y al amparo del artículo 5.4 de la L.O.P.J. relacionado con el artículo 24.2 de la C.E. viene consagrado a la denuncia de vulneración del derecho a la presunción de inocencia, por haber sido condenado sin base fáctica alguna. En el segundo motivo, en sede del artículo 849,1º, de la L.E.Cr., se entiende infringido el artículo 17 del C.P., en relación con el artículo 1º del mismo, al haber sido aplicado indebidamente. El tercer motivo ofrece igual estructuración y alegación del segundo, con igual cita del artículo 17 del C.P. como infringido. Las alegaciones contenidas en indicados motivos vienen a ser coincidentes con las propias del recurso de Carlos Antonio . Cuantos razonamientos obran en los fundamentos precedentes son de aplicación y justifican la desestimación del primero de los motivos y el acogimiento de los restantes.

III.

FALLO

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACION por infracción de ley, con estimación del segundo motivo, y desestimación del primero interpuesto por infracción de precepto constitucional por el acusado Carlos Antonio ; así como estimación de los motivos segundo y tercero, interpuestos por infracción de ley, con desestimación del primero, interpuesto por infracción de precepto constitucional, por el acusado Javier ; desestimando los recursos interpuestos por los acusados Mauricio y Carlos , por infracción de precepto constitucional e infracción de ley; y en su virtud, casamos y anulamos la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Segunda, de fecha 21 de mayo de 1.994, en causa seguida contra los mismos, por delitos de estafa y de falsedad en documento oficial. Se declaran de oficio las costas correspondientes a los recursos interpuestos por los acusados Carlos Antonio y Javier , condenando a los acusados Mauricio y Carlos al pago de las costas ocasionadas en sus respectivos recursos. Comuníquese esta resolución, y la que seguidamente se dicte, a la mencionada Audiencia, a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diez de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga, con el número 217 de 1.982 y seguida ante la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Segunda, por delitos de estafa y de falsedad en documento oficial contra los acusados Mauricio , con D.N.I. nº NUM002 , natural de Madrid y vecino de Málaga, nacido el 22 de marzo de 1.947, hijo de Jesús María y de Camila , de solvencia no acreditada, sin antecedentes penales y en libertad provisional, bajo fianza de un millón de pesetas, por esta causa, de la que estuvo privado del 29-11-82 al 28-01-83; contra Carlos , con D.N.I. nº NUM003 , natural de Granada y vecino de Málaga, nacido el 26 de abril de 1.943, hijo de Jose Ramón Ana María , de solvencia no acreditada, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa, bajo fianza de un millón de pesetas, de la que estuvo privado desde el 29-11-82 al 27-01-83; contra Carlos Antonio , con D.N.I. nº NUM004 , natural y vecino de Málaga, nacido el 12 de junio de 1.947, hijo de Domingo y de Montserrat , de solvencia no acreditada, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa, bajo fianza de 200.000 pesetas, de la que estuvo privado desde el 30-11-82 al 22-12-82, y contra Javier , con D.N.I. NUM005 , natural y vecino de Málaga, nacido el 14 de enero de 1.930, hijo de Jesús María y de Camila , de solvencia no acreditada, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa, bajo fianza de 300.000 pesetas, de la que estuvo privado desde el 30-11-82 al 22-12-82, y en cuya causa se dictó sentencia por la mencionada Audiencia, con fecha 21 de mayo de 1.994, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Francisco Soto Nieto, hace constar losiguiente:

Procede dar por reproducidos e incorporados a la presente, los hechos probados de la sentencia de instancia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Segunda, y que, a su vez, consta transcrita en la sentencia primera de esta Sala.

Asimismo, se tendrán en cuenta los demás antecedentes de hecho de la sentencia referida y la pronunciada por este Tribunal.

Se aceptan y dan por reproducidos los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, excepto en cuanto se hace referencia a los acusados Carlos Antonio y Javier y al delito de encubrimiento que se les imputa.

Los hechos que se describen y en relación a dichos imputados, no son constitutivos de encubrimiento de los delitos de estafa y falsedad atribuidos a Mauricio y Carlos , conforme se razona en la sentencia rescindente.

Procediendo, pues, la absolución de Carlos Antonio y Javier , con todos los efectos favorables.

En consecuencia subsiste la responsabilidad civil de los acusados Mauricio y Carlos , conforme a los artículos 106 y 107 del C.P., correspondiendo a cada uno de ellos indemnizar por mitad a los perjudicados en la totalidad de las sumas que se indican, respondiendo solidariamente. Quedando sin efecto toda responsabilidad civil por parte de los acusados absueltos. Declarándose de oficio las costas correspondientes a los mismos.

VISTOS los preceptos legales de aplicación al caso.

III.