STS, 15 de Abril de 1992
| Ponente | JOSE AUGUSTO DE VEGA RUIZ |
| Número de Recurso | 3642/1990 |
| Fecha de Resolución | 15 de Abril de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Abril de mil novecientos noventa y dos.
En el recurso de casación por infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por el MINISTERIO FISCAL contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zamora que condenó a los acusados Carlos Antonio , Juan Alberto , Arturo , Eugenio y Iván por delito de receptación al primero y falta de hurto a los cuatro últimos, y absolvió a Rodolfo , Jose Pablo , Juan Manuel , Andrés , Esteban , Íñigo , Santiago , Carlos Miguel y Pedro Francisco del mismo delito de receptación, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y Fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. José augusto de Vega Ruiz, siendo parte como recurridos Juan Alberto , Arturo , Eugenio , Iván , Carlos Antonio , Rodolfo , Juan Manuel , Andrés , Esteban , Íñigo , Santiago , Carlos Miguel , Pedro Francisco y Jose Pablo , estando representados por la Procuradora Sra. López Cerezo.
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- El Juzgado de Instrucción número uno de los de Zamora instruyó procedimiento de urgencia con el número 34 de 1988 contra Juan Alberto y 13 más, y una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Zamora que, con fecha tres de mayo de mil novecientos noventa, dictó sentencia que contiene el siguiente hecho probado:
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En la tarde del 28 de octubre de 1987, el procesado Juan Alberto sustrajo del automóvil marca Volvo matrícula SU-....-I que su propietario Imanol había dejado aparcado en la plaza de San Esteban, un radio cassette marca "Pioner", modelo KE-4930, valorado en 16.000 pesetas. Posteriormente vendió dicho objeto Rodolfo actuando como intermediario en la compra Carlos Antonio , a quién constaba su ilícita procedencia sin que aparezca acreditado suficientemente el mismo conocimiento en Rodolfo . El también acusado Jose Pablo primero prestó 1.000 pesetas a Rodolfo para que éste pudiera efectuar la compra y posteriormente como el aparato no le interesara al comprador se quedó con el Jose Pablo entregando a aquél 5.000 pesetas más. Tampoco aparece debidamente acreditado que Jose Pablo conociera la ilícita procedencia del radio cassette que fué recuperado y entregado en depósito a su dueño.
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El 26 de diciembre de 1987 el procesado Juan Alberto sustrajo del coche Seat Ibiza matrícula MO-....-U que su propietario Clemente había dejado aparcado en la calle Luis Ulloa un radio cassette marca "Baluc Punt", y valorado en 8.000 pesetas. El objeto sustraído fué vendido a Juan Manuel actuandoc omointermediario Carlos Antonio quien sabía su ilícita procedencia circunstancia esta que no se puede achacar al comprador: El aparato ha sido recuperado y entregado a su dueño. No se ha probado debidamente la forma en que se produjeron los hechos.
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En fecha no concretada, el mismo acusado Juan Alberto vendió a Andrés actuando como intermediario Carlos Antonio un radio cassette marca "Sanyo", valorado en 6.000 pesetas. El acusado lo sustrajo de un vehículo cuyo propietario y forma de sustracción se desconoce. Carlos Antonio conocía la procedencia ilícita del objeto sin que pueda predicarse lo mismo del comprador.
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En noviembre de 1987, el también procesado y acusado Arturo que había sustraído de un automóvil de propietario desconocido un radio cassette "Blauc Punt" valorado en 18.000 pesetas se lo entregó a Carlos Antonio para que éste a su vez lo vendiera a Íñigo y como en el momento de hacer la entrega este último no estuviera, entonces el también procesado Esteban , se hizo cargo del aparato con la misión de entregárselo a Clemente . Tanto éste como Esteban ignoraban la ilícita procedencia del aparato de radio a diferencia de Carlos Antonio a quien sí le constaba.
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A mediados de diciembre de 1987, el acusado Arturo que en unión del también procesado Eugenio habían sustraído de un automóvil de propiedad desconocida un radio cassette "Blauc Punt" valorado en 18.000 pesetas lo vendieron a Carlos Antonio quien a su vez lo vendió a Santiago , quien ignoraba su ilícita procedencia a diferencia de Carlos Antonio que sí la conocía.
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A primeros de enero de 1987 al procesado Iván que había sustraído de un coche y propietario no identificados, un radio cassette "Crown", tasado en 8.000 pesetas lo vendió a través de Carlos Antonio a Carlos Miguel quien desconocía la procedencia del aparato a diferencia de Carlos Antonio que sí le constaba.
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A mediados de diciembre de 1987, el procesado Arturo , sustrajo de un automóvil desconocido, al igual que su propietario, un radio cassette "Philis" tasado en 6.000 pesetas y se lo vendió a Pedro Francisco a través de Carlos Antonio a quien le constaba la procedencia delicitiva del objeto sustraído a diferencia del comprador que lo ignoraba.
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En fecha no comprobada el acusado Juan Alberto sustrajo de un coche no identificado, propietario desconocido, un radio cassette "Yoitra" que por mediación de Carlos Antonio vendió a Carlos Miguel pero como éste no estuviera se hizo cargo del aparato Esteban , con el propósito de entregarlo al anterior, conociendo sólamente el intermediario Carlos Antonio la ilícita procedencia del objeto sustraído.
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En fecha tampoco comprobada el acusado Eugenio que había sustraído de un vehículo y propietario desconocidos un radio cassette "Unise" lo entregó a Carlos Antonio para que lo vendiera habiéndose quedado con él este último.
Todos los procesados son mayores de edad penal excepto Carlos Antonio quien como nacido el día 12 de agosto de 1970, en las fechas en que fueron cometidos los hechos no había cumplido 18 años pero sí los 16.
En el momento de la comisión de los hechos Juan Alberto se hallaba ejecutoriamente condenado por tres delitos de robo en sentencias dictadas, dos en enero y 1 en abril de 1985, a las penas respectivamente de seis meses de arresto mayor por el primero, 60.000 pesetas de multa por el segundo y cinco meses de arresto mayor por el tercero. Iván en las mismas fechas de ejecución del delito se hallaba ejecutoriamente condenado por un delito de robo en sentencia dictada en enero de 1.986 a la pena de un mes y un día de arresto mayor y Arturo Había sido condenado en sentencia de junio de 1987, firme en julio del mismo año por un delito de robo a 60.000 pesetas de multa. Los demás procesados carecen de antecedentes penales.
Carlos Antonio por su intervención siempre tenía alguna compensación económica. No aparece acreditado el ejercicio de fuerza en las cosas.>>
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- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:Así mismo debemos condenar y condenamos a Carlos Antonio , como autor criminalmente responsable de un delito de receptación, concurriendo la atenuante de ser menor de 18 años a la pena de cincuenta mil pesetas de multa con el apremio personal de un día de arresto por cada cinco mil pesetas que dejare de satisfacer si no hiciera efectiva dicha multa dentro de los diez días siguientes a la fecha del requerimiento.
Del mismo modo debemos absolver y absolvemos a los acusados Juan Alberto , Arturo , Eugenio y Iván de los respectivos delitos de robo continuado o simple que se les imputa y al mismo tiempo debemos de condenarles y condenamos a Juan Alberto , como autor de una falta continuada de hurto a la pena de veinte días de arresto menor; a Arturo por ingual falta continuada de hurto a la misma pena de veinte días de arresto menor; a Eugenio como autor de otra falta continuada de hurto a la pena de quince días de arresto menor y a Iván , como autor de una falta simple de hurto a la pena de diez días de arresto menor.
También condenamos a cada uno de los acusados al pago de una catorceava parte de las costas procesales.
Para el cumplimiento de las penas impuestas, les será de abono, en su caso, todo el tiempo que hubieren estado privados de libertad por razón de esta causa.
Se aprueba lo actuado en la pieza de responsabilidad civil tramitada por el Instructor y que eleva su consulta a este Tribunal.>>
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- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Ley, por el MINISTERIO FISCAL que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
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- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, por el Ministerio Fiscal, se formalizó el recurso alegando el motivo siguiente:
UNICO MOTIVO.- Se formula por infracción de Ley al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del artículo 587.1º del Código Penal en relación con el 69 bis del mismo cuerpo legal y falta de aplicación de los artículos 514 y 515 en relación con el 69 bis todos ellos del citado Código.
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- La parte recurrida se instruyó del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, impugnando el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
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- Hecho el señalamiento para Fallo, se celebró la votación prevenida el día seis de abril de mil novecientos noventa y dos.
El Ministerio Fiscal interpone un único motivo de casación, por error de derecho, denunciando la indebida aplicación del artículo 587.1 en relación con el artículo 69 bis, de un lado, así como la entonces indebida inaplicación de los artículos 514 y 515 también con el carácter de infracción continuada, de otro, siempre del Código Penal. Dicho motivo está referido exclusivamente a los acusados Juan Alberto y Arturo que fueron absueltos del delito de robo continuado por el que venían encausados y, a la vez, condenados como autores de una falta continuada de hurto.
Según la tesis del Fiscal, los dos inculpados realizaron diversas sustracciones con un ánimo único y por importe total que rebasa las 30.000 pesetas , en base a lo cual debieron ser condenados cada uno por un delito de hurto continuado si se apreció por la instancia tanto la unidad del dolo como la acción continuada .
Según el relato histórico de la sentencia impugnada, ciertamente no muy expresiva, Juan Alberto realizó cuatro sustracciones sobre noviembre y diciembre de 1987 por un importe total de
40.000 pesetas (cuarenta mil pesetas), correspondientes a tres aparatos de radio, más el valor de un cuarto no valorado en el relato fáctico. Arturo intervino en sólo tres hechos con apoderamiento también de tres radio-cassettes valorados en 42.000 pesetas (a radio por sustracción) actos acaecidos siempre en las fechas antes señaladas.Todos los hechos se ejecutaron de forma análoga y semejante, con el designio de adquirir dichos efectos aunque sin que conste acreditada la utilización de fuerza en las cosas.
Sólo el criterio ya unamimemente admitido por la Sala Segunda en orden a la admisibilidad de los motivos casacionales, al margen de deficiencias formales, permite analizar la presente denuncia casacional en la que se incluyen en un único motivo la vulneración, por aplicación o por inaplicación, de distintos preceptos penales sustantivos. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de mayo de 1991 fue, en esta nueva orientación, decisiva (ver la Sentencia de esta Sala Segunda de 27 de febrero de 1992 que al sostener esta posición erroneamente sin embargo hace referencia a la causa de inadmisión del 851.1 cuando debería haber sido del 884.4 de la Ley procesal en cualquier caso).
Concurren pues en sendos acusados, la unidad de culpabilidad en orden a una *pluralidad de acciones , como acertadamente se pone de manifiesto por la acusación pública, junto con análoga infracción del Código . Para conformar en su exacta medida la definición del delito continuado, los respectivos condenados utilizaron iguales o parecidos medios de ejecución a virtud de un dolo planificado, también uniforme y unitariamente concebido , siempre buscando el aprovechamiento de idénticas o similares ocasiones, con cierta conexión espacio-temporal .
Se cumplen así las más innatas características de la infracción continuada, no negada de otro lado por la Audiencia aunque en distinto ámbito punitivo .
El delito continuado del artículo 69 bis del Código Penal, instaurado definitivamente por Ley Orgánica 8/83, de 25 de junio, responde sobre todo a razones de práctica jurídica en tanto que el mismo nace de una pluralidad de acciones que individualmente contempladas son susceptibles de ser catalogadas como infracciones independientes, pero que en el terreno de la antijuricidad material han de ser consideradas colectivamente de forma unitaria. Sin embargo la posibilidad del delito está en función de la naturaleza del tipo realizado y ejecutado por el autor puesto que materialmente ha de ser susceptible de tal unificación .
La existencia de un *plan preconcebido o de un aprovechamiento de identicas ocasiones, la pluralidad de acciones u omisiones y, finalmente, la identidad o semejanza del precepto penal violado , su homogeneidad, se constituyen en factores determinantes de esta figura penal que correctamente es asumida ahora por la concurrencia de tales requisitos en los hechos probados.
Ya la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de noviembre de 1989 rechazó cualquier denuncia de inconstitucionalidad por cuanto que ni la garantía criminal ni la pena pueden ser entendidas, sin embargo, de forma tan mecánica que anulen la libertad del Juez para resolver cuando, a efectos de determinación de la pena aplicable , distintos hechos tipificados han de ser considerados como integrantes de uno sólo, del que resulta un daño mayor, cuya magnitud le hace acreedor de una pena del mismo género pero de distinta extensión de la que correspondería al autor si separadamente se castigasen los diferentes hechos que el Juez integra, a efectos penales, en uno solo.
La unidad de dolo es esencial a la hora de eliminar la posibilidad del concurso real de faltas, por sustracciones en cuantías inferiores siempre a las 30.000 pesetas (treinta mil pesetas).
Entender que sólo existe delito continuado cuando cada una de las acciones constituyan por sí mismas delito supondría un trato privilegiado para quienes, guiados por ese dolo único y persistente durante cierto tiempo, sistematicamente realizasen sustracciones y apoderamientos cuidando que cada uno de ellos no excedieran de las 30.000 pesetas (treinta mil pesetas) dichas .
Porque ese es el problema. Unas faltas continuadas o un delito de hurto continuado. La postura de la Audiencia no es correcta desde el punto de vista jurídico-penal, de ahí que el motivo del Ministerio Fiscal deba ser estimado.
Habiendo un dolo unitario , pieza esencial se está reiterando aquí y ahora, el perjuicio total causado en las infracciones contra el patrimonio, como en este caso sucede, es el determinante de la configuración del correspondiente delito y consiguiente pena (Sentencia de 3 de febrero de 1989 en un supuesto semejante).
Por tanto si se trata de cuatro y tres faltas respectivamente inferiores cada una de ellas a 30.000 pesetas (treinta mil pesetas), y si sumando las citadas cantidades se llega a una obviamente superior al tope cuantitativo de la falta , con infracción del artículo 69 bis, indudablemente las cuatro y las tres referidas acciones han de integrar sendos delitos de hurto del artículo 514 para castigarse, tal y como reseña elMinisterio Fiscal, conforme al artículo 515 . La sentencia de la instancia ha de casarse, dictándose otra más ajustada a derecho.
III.
FALLO
Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR a la estimación del recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por el MINISTERIO FISCAL, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zamora, con fecha tres de mayo de mil novecientos noventa, en causa seguida contra Juan Alberto Y 13 MAS, por delito de receptación y falta de hurto, y en su virtud casamos y anulamos la sentencia dictada por dicha Audiencia declarando las costas de oficio.
Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta al Tribunal Sentenciador a los efectos procedentes, interesandole acuse de recibo.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos
SEGUNDA SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Abril de mil novecientos noventa y dos.
En la Villa de Madrid, a quince de abril de mil novecientos noventa y dos. En la causa que en su día fue tramitada por el Juzgado de Instrucción número 1 de los de Zamora, y fallada posteriormente por la Audiencia Provincial de la misma capital, y que por sentencia de casación ha sido casada y anulada en el día de la fecha y que fue seguida por delito de receptación y falta de hurto contra Juan Alberto , D.N.I. NUM000 (sic), (a) " Chato ", natural y vecino de Zamora, hijo de Alexander y María Teresa , nacido el 20 de junio de 1967, de estado soltero, estudiante de profesión, con instrucción, con antecedentes penales, insolvente; Arturo , (a) " Bola ", con D.N.I. NUM001 , natural y vecino de Zamora, hijo de Alexander y María Teresa , nacido el 16 de marzo de 1961, de oficio pintor, de estado casado, con instrucción, no constan antecentes, insolvente; Eugenio , (a) " Moro ", con D.N.I. NUM002 , natural y vecino de Zamora, hijo de Jose Carlos y Marta , nacido el 26 de junio de 1962, de estado soltero, estudiante de profesión, con instrucción, con antecedentes penales, insolvente; Iván , (a) " Santo " y el " Botines ", con D.N.I. NUM003 , natural y vecino de Zamora, hijo de Lorenzo y Estíbaliz , nacido el 30 de agosto de 1965, de estado soltero, pintor de profesión, con instrucción, con antecedentes penales, solvente; Carlos Antonio , con D.N.I. NUM004 , natural y vecino de Zamora, hijo de Gonzalo y Rebeca , nacido el 12 de agosto de 1970, de estado soltero, de oficio estudiante, con instrucción, sin antecedentes penales, insolvente; Rodolfo , súbdito protugués, con Tarjeta de Identidad NUM005 , natural de Villaperdices (Portugal) y vecino de Zamora, hijo de Luis Manuel y Antonieta , nacido el 28 de febrero de 1958, de estado casado, no consta oficio, sin antecedentes penales, solvente; Juan Manuel , con D.N.I. NUM006 , natural de Baracaldo (Vizcaya) y vecino de Zamora, hijo de Luis Manuel y Julieta , nacido el 6 de marzo de 1966, no consta estado ni profesión, con instrucción, no constan antecedentes, solvente parcial; Andrés , con D.N.I. NUM007 , natural de Maquiz de Alba y vecino de Zamora, hijo de Gabriel y María del Pilar , de estado soltero, nacido el 27 de abril de 1957, de profesión estudiante, con instrucción, sin antecedentes penales, insolvente; Esteban , con D.N.I. NUM008 , natural y vecino de Zamora, hijo de Eduardo y Encarna , nacido el 28 de agosto de 1955, no consta estado ni profesión, sin antecedentes penales, solvente; Íñigo , con D.N.I. NUM009 , natural de Domez de Alba y vecino de Zamora, hijo de Carlos José y Patricia , nacido el 7 de mayo de 1960, de estado soltero, camarero de profesión, con instrucción, sin antecedentes penales, solvente; Santiago , con D.N.I. NUM010 , natural de Piedrahita de Castro y vecino de Zamora, hijo de Sebastián y Carina , nacido el 4 de enero de 1959, de estado casado, cocinero de profesión, sin antecedentes penales, solvente; Carlos Miguel , con D.N.I. NUM011 , natural y vecino de Zamora, hijo de Felix y Luz , nacido el 31 de mayo de 1957, no consta estado ni oficio, sin antecedentes penales, solvente; Pedro Francisco , con D.N.I. NUM012 , natural y vecino de Zamora, hijo de Luis Manuel y Ana , nacido el 24 de marzo de 1961, de estado soltero, conductor de profesión, con instrucción, sin antecedentes penales, solvente parcial; y contra Jose Pablo , con D.N.I. NUM013 , natural y vecino de Zamora, hijo de Carlos Daniel y Patricia , nacido el NUM014 de abril de 1954, de estado soltero, funcionario, con instrucción, sin antecedentes penales, solvente; la Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo Ponencia del Excmo. Sr. Don José Augusto de Vega Ruiz, hace constar los siguientes:
UNICO.- Se aceptan y reproducen integramente los fundamentos fácticos de la sentencia dictada porla Audiencia Provincial de Zamora y los demás antecedentes de hecho de la pronunciada por esta Sala.
UNICO.- De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los dos acusados deben ser condenados como autores criminalmente responsables, cada uno, de un delito de hurto continuado de los artículos 514 y 515 del Código Penal.
VISTOS los preceptos legales de aplicación al caso.
III.
Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS a los acusados Juan Alberto y Arturo como auotres criminalmente responsables cada uno de ellos de un delito de hurto continuado, ya definido y circunstanciado, en grado de consumación, a la pena de DOS MESES DE ARRESTO MAYOR con las accesorias de suspensión de todo cargo público, profesión y oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, ratificandose las demás declaraciones contenidas en la sentencia casada siempre que no se opongan a lo que aquí se contiene.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos
PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. José Augusto de Vega Ruiz, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
