STS, 20 de Septiembre de 2005

Ponente:JUAN GARCIA-RAMOS ITURRALDE
Número de Recurso:9/2005
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:20 de Septiembre de 2005
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Septiembre de dos mil cinco.

Visto por la Sección Primera de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, compuesta por los Magistrados expresados al margen, la cuestión negativa de competencia suscitada entre la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Octava; recurso 1438/02) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la Sala de dicho orden jurisdiccional (Sección 4ª; recurso 450/03) de la Audiencia Nacional para conocer del recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Domingo , Dª Leonor , D. Leonardo , Dª María Inés y Dª Flor y Dª Marí Jose contra el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), Instituto Madrileño de la Salud y Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid "en impugnación de acto presunto de fecha 23 de febrero de 2002 como consecuencia de la desestimación por silencio administrativo por parte del INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) en relación con el expediente efectuado por la Dirección Territorial de Madrid N/REF CPISS.- AREA INSP. D.T.I. EXPTES.MF/RR, ante la interposición el 22 de agosto de 2001 de reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública en materia de asistencia sanitaria con solicitud de indemnización económica por daños y perjuicios ocasionados por el anormal funcionamiento del servicio público con resultado de muerte".

Han sido partes en este incidente la Comunidad Autónoma de Madrid, representada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, y los antes indicados recurrentes, representados por el Procurador de los Tribunales Dª Valentina López Valero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Trabada cuestión de competencia entre los órganos jurisdiccionales antes referidos para conocer del recurso asimismo antes expresado, se remitieron las actuaciones a esta Sala, y una vez recibidas, se pasaron a dictamen del Ministerio Fiscal, que lo ha emitido en el sentido de entender que lacompetencia discutida corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, criterio compartido por las dos partes personadas.

SEGUNDO

Por Providencia de 6 de julio de 2005, se señaló para la correspondiente votación y fallo el pasado día 15 de septiembre, fecha en la que el expresado trámite tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan García-Ramos Iturralde, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La presente cuestión negativa de competencia se plantea entre la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Sala de igual orden jurisdiccional de la Audiencia Nacional para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Domingo , Dª Leonor , D. Leonardo , Dª Leonor y Dª Flor y Dª Marí Jose contra el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), Instituto Madrileño de la Salud y Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid "en impugnación de acto presunto de fecha 23 de febrero de 2002 como consecuencia de la desestimación por silencio administrativo por parte del INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) en relación con el expediente efectuado por la Dirección Territorial de Madrid N/REF CPISS.- AREA INSP. D.T.I. EXPTES.MF/RR, ante la interposición el 22 de agosto de 2001 de reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública en materia de asistencia sanitaria con solicitud de indemnización económica por daños y perjuicios ocasionados por el anormal funcionamiento del servicio público con resultado de muerte".

SEGUNDO

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante la que se planteó, en 30 de julio de 2002, el recurso contencioso-administrativo de que se trata, han entendido que no le corresponde el conocimiento del asunto en cuestión al considerar que "la denegación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial dimana de una actuación médica imputable a la Fundación Jiménez-Díaz, sin que conste -dado el tenor literal de los subapartados j) y k) del apartado B) del Anexo al Real Decreto 1479/01, de 27 de diciembre - la asunción por la CAM de las funciones de protectorado, tutela y control de la expresada Fundación, lo que, unido a lo dispuesto en el apartado F.4 de la misma norma, nos llevan a considerar que, respecto de dicha Fundación, las competencias siguen residenciadas en la Administración General del Estado, luego de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.1.a) de la LJCA , ha de concluirse que la competencia objetiva...".

Por su parte, la Audiencia Nacional tiene en cuenta, fundamentalmente, que el 31 de diciembre de 2001 no había transcurrido el plazo de seis meses establecido para resolver el procedimiento administrativo de que se trata en el art. 13.3 del Real Decreto 429/93 , pasando en dicha fecha el referido procedimiento a ser competencia de la Comunidad Autónoma de Madrid.

TERCERO

Son datos, que resultan de lo hasta ahora actuado, relevantes en orden a la resolución de la presente cuestión de competencia, los siguientes: a), con fecha 22 de agosto de 2001, los interesados formularon al INSALUD reclamación sobre indemnización de daños y perjuicios por deficiente asistencia sanitaria; b), el recurso contencioso-administrativo de que se trata se interpuso, como ya se ha indicado anteriormente, el 30 de julio de 2002; y c), D. Franco (padre y cónyuge de los recurrentes) fué atendido en la Fundación Jiménez Díaz, como beneficiario de la Seguridad Social, en virtud de un Concierto suscrito con el INSALUD por la indicada Fundación.

CUARTO

Esta Sala, en numerosas sentencias (entre otras, resoluciones de 17 de marzo, 7 de julio y 16 de noviembre de 2004 y 21 de febrero y 19 de abril de 2005), ha examinado cuestiones de competencia referidas, como la que ahora se enjuicia, a expedientes de responsabilidad patrimonial por asistencia sanitaria prestada a beneficiarios de la Seguridad Social. En las referidas Sentencias se ponía de relieve el contenido del artículo 20 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre , reguladora del proceso autonómico y se indicaba que la expresión "resolución definitiva" a la que se refiere el expresado artículo hay que identificarla con la resolución expresa a dictar en el expediente administrativo de que se trate.

También hay que decir que la argumentación contenida en las indicadas sentencias se refería a supuestos en los que con anterioridad a la fecha del traspaso de competencias a una Comunidad Autónoma de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, hubiera podido producirse el juego del silencio administrativo negativo por haberse presentado la correspondiente reclamación de responsabilidad patrimonial seis meses antes ( art. 13.3 del Real Decreto 429/93 ) del mencionado traspaso, resolviéndose en los indicados supuestos la cuestión de competencia planteada en favor del correspondiente Tribunal Superior de Justicia al no haberse dictado, en la fecha de la transferencia del servicio correspondiente, laresolución definitiva del expediente.

QUINTO

Si en los supuestos referidos en el razonamiento anterior, esto es, en aquellos casos en que con anterioridad a la fecha del traspaso de competencias pudo producirse el juego del silencio administrativo negativo, se entendió que la competencia discutida correspondía al correspondiente Tribunal Superior de Justicia por no haberse dictado, en la fecha de transferencia del servicio correspondiente, la resolución definitiva del expediente, igual solución ha de adaptarse en aquellos otros casos, como el que ahora nos ocupa, en los que el plazo de seis meses establecido en el art. 13.3 del Real Decreto 429/93, de 26 de marzo , por el que se aprobó el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, no había transcurrido el 31 de diciembre de 2001, pasando el expediente administrativo, en tramitación sin haberse dictado resolución expresa, a ser competencia de la Comunidad Autónoma a partir del 1 de enero de 2002. Ya se dijo anteriormente que la reclamación de responsabilidad patrimonial se formuló en el caso presente el 22 de agosto de 2001, y conforme al Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre , el traspaso a la Comunidad Autónoma de Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud se produjo con efectos de 1 de enero de 2002.

Procede, pues, resolver, como resulta de lo expuesto, en favor de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la cuestión de competencia planteada, toda vez que, como ha quedado indicado, en la fecha de transferencia del servicio en cuestión no se había dictado la resolución definitiva del expediente.

A la conclusión que se acaba de indicar no pueden ser obstáculo el contenido del razonamiento, antes transcrito, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, bastando para ello tener presente que la asistencia sanitaria cuestionada fué prestada al marido y padre de los recurrentes, en la Clínica Jiménez-Díaz de Madrid, como beneficiario de la Seguridad Social en virtud de un concierto entre dicha Clínica y el INSALUD. Expresamente se indica en el apartado F) del Anexo al Real Decreto 1479/2001 , antes mencionado, que se traspasan a la Comunidad de Madrid los bienes, derechos y obligaciones del Instituto Nacional de la Salud que corresponden a los servicios traspasados.

SEXTO

En materia de costas no procede hacer pronunciamiento condenatorio al no apreciarse la concurrencia de ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 139.1 de la Ley de esta Jurisdicción .

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos que la competencia para conocer del recurso contenciosoadministrativo referido en el primer fundamento de esta resolución corresponde a la Sala (Sección Octava) de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que deberán remitirse las actuaciones, y no se hace imposición de costas en este incidente.

Póngase esta resolución en conocimiento de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contenciosoadministrativo de la Audiencia Nacional.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fué la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Juan García-Ramos Iturralde, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.