STS, 29 de Febrero de 2000

1. La representación procesal de la entidad mercantil TAPIOCA, S. A., interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 23 de julio de 1.998, por el que se declaró la caducidad de los beneficios que fueron concedidos a la recurrente en el Gran Área de Expansión Industrial de Andalucía, por incumplimiento de las condiciones fijadas para su disfrute.

2. Mediante escrito de fecha 7 de abril de 1.999, la parte actora formuló su demanda, solicitando que se declare no ser conforme a Derecho la resolución impugnada.

El Abogado del Estado, representando y defendiendo a la Administración General del Estado, contestó a la demanda por escrito de fecha 11 de mayo de 1.999. El Abogado del Estado, solicita que se dicte sentencia por la que se desestime el recurso contencioso- administrativo interpuesto, declarando que la resolución impugnada es plenamente ajustada a Derecho.

Las partes, en sus escritos de conclusiones, reiteraron sus pedimentos contenidos en la demanda y contestación a la misma.

Por providencia de fecha 29 de noviembre de 1.999 se designó Ponente al Magistrado Don Eladio Escusol Barra, y se señaló el día 23 de febrero de 2.000 para deliberación, votación y fallo, en cuya fecha tuvieron lugar dichos actos procesales.

Para la resolución del presente recurso contencioso-administrativo, es necesario consignar, extraídos del expediente administrativo y del proceso, los siguientes datos fácticos:a). A la empresa TAPIOCA, S. A., dedicada a la actividad de confección de prendas de vestir, se le otorgaron beneficios en la Gran Área de Expansión Industrial de Andalucía, así:

- Fecha de concesión de los beneficios por el Consejo de Ministros: 30 de diciembre de 1.987.

- Resolución individual de concesión: 29 de enero de 1.988.

- Inversión aprobada: 63.759.000 pesetas.

- Subvención concedida: 10.839.030 pesetas.

- Compromiso de creación de empleo: crear 9 puestos de trabajo fijos.

- Plazo para el cumplimiento: 29 de enero de 1.993.

b). Por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 23 de julio de 1.998 se declaró el incumplimiento de las condiciones.

En la demanda y en el escrito de conclusiones, la parte actora, no aceptó la tesis del incumplimiento de las condiciones, y solicita que se declare improcedente el expediente de incumplimiento y, en consecuencia, sea reconocido el cumplimiento parcial de las condiciones exigidas para la concesión de la subvención.

Los alegatos de la parte demandante deben ser desestimados por las siguientes razones:

1. Por la actividad administrativa de fomento, el Estado atiende, de manera directa e inmediata, a lograr el progreso y el bienestar social, mediante el otorgamiento de ventajas, que pueden ser de contenido económico, al sujeto fomentado. Pero el otorgamiento de ventajas, comporta, necesariamente, que la entidad fomentada, cumpla las condiciones aceptadas.

2. Cualquier tipo de actividad administrativa comporta el ejercicio de potestades por parte de la Administración. Las potestades administrativas surgen directamente del ordenamiento jurídico que, por una parte, da contenido concreto a la potestad de suerte que coloca a la Administración en situación de supremacía jurídica; y, por otro lado, el ordenamiento jurídico que protege especialmente al interés público -sin perjuicio de amparar también los derechos e intereses de los administrados-, permite llamar a las personas físicas o jurídicas (a través de la actividad administrativa de fomento) para procurar el progreso y el bienestar social, con la siguiente particularidad: que del ejercicio de la potestad administrativa de fomento, además de generarse una ventaja para el sujeto fomentado -como hemos puestos de relieve-, se crea una relación jurídica entre la Administración y la persona fomentada; de ahí que ésta (la persona fomentada) quede vinculada, en virtud de la relación creada, por unas condiciones de inexcusable cumplimiento, por la siguiente razón: porque el incumplimiento, sólo produce "beneficio" al sujeto fomentado, y no se satisface el interés público o interés social. Pues bien:

Examinado el expediente a la vista de las alegaciones de la empresa de 25 de marzo de 1.998, solamente puede considerarse acreditado UN PUESTO DE TRABAJO FIJO (88,89 %) HABIENDO INVERTIDO EL 19,19 % de la inversión aprobada.

Todo lo anteriormente razonado conduce a la desestimación, del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil TAPIOCA, S.

A., contra el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 23 de julio de 1.998, por el que se declaró el incumplimiento total de las condiciones del expediente de beneficios de la Gran Área de Expansión Industrial de Andalucía, por incumplimiento de las condiciones fijadas para su disfrute.

Dados los términos del artículo 131 de la Ley Jurisdiccional, no se aprecia temeridad ni mala fe, a los efectos de hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales.

Por todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español nos confiere la Constitución.