STS, 19 de Diciembre de 2006

Ponente:OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
Número de Recurso:7426/2002
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:19 de Diciembre de 2006
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

DAÑOS Y PERJUICIOS. INDEMNIZACIÓN. No puede considerarse correcta la interpretación y aplicación que de dicha jurisprudencia se efectúa por la Sala de instancia, pues si bien es cierto que existen perjuicios ya padecidos y acreditados por el afectado, como son las lesiones sufridas y el tiempo de curación transcurrido hasta la reclamación, no puede decirse lo mismo sobre la existencia de secuelas, que únicamente podrán conocerse en su realidad y alcance cuando se produzca el alta médica, constituyendo, mientras tanto, una mera eventualidad y no un daño real y efectivo, de la misma manera que no puede hablarse de un daño moral que responda a unas secuelas o periodo de curación de lesiones que todavía no se han producido. Respecto de estos perjuicios la acción ejercitada resulta prematura y la comprobación de su realidad y efectividad no puede diferirse al periodo de ejecución de sentencia, como se hace en la de instancia, pues no se trata de la cuantificación del perjuicio sino de la acreditación de su realidad y efectividad, pronunciamiento que como resulta de la jurisprudencia invocada en la instancia ha de efectuarse en la sentencia, para lo cual es requisito procesal imprescindible que la acción se ejercite cuando haya nacido, es decir, cuando se conozca de manera definitiva la realidad de las secuelas y el periodo total de curación, resultando mientras tanto prematura respecto de estos perjuicios, como se alega en este motivo de casación, que en consecuencia debe ser estimado. Se estima la casación.

 
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CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Diciembre de dos mil seis.

Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, contra la sentencia de 3 de julio de 2002, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso nº 244/00, en el que se impugna la desestimación presunta de la reclamación formulada a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias el 5 de noviembre de 1999, solicitando indemnización por las lesiones sufridas cuando paseaba por el recinto portuario de Arguineguín. No ha comparecido parte recurrida.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, de fecha 3 de julio de 2002, objeto de este recurso, contiene el siguiente fallo: "PRIMERO.- Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por DON Miguel Ángel, contra la desestimación presunta de la solicitud de la que se hace mención en el Antecedente de Hecho Primero de esta sentencia, ajustada a Derecho, la que anulamos por considerarla no ajustada a Derecho.

SEGUNDO

Reconocer al recurrente el derecho a ser indemnizado por la Administración demandada en los perjuicios que se acrediten en ejecución conforme a las Bases que se establecen en el Fundamento Jurídico Octavo in fine.

TERCERO

No hacer especial pronunciamiento sobre costas."

SEGUNDO

Notificada la sentencia se presentó escrito por el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, manifestando su intención de interponer recurso de casación y por providencia de 7 de octubre de 2002 se tuvo por preparado, siendo emplazadas las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.

TERCERO

Con fecha 22 de noviembre de 2002 se presentó escrito de interposición del recurso de casación, haciendo valer un único motivo al amparo del art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción y solicitando que se case la sentencia y se declare la desestimación del recurso contencioso administrativo 244/2000.

CUARTO

Admitido a trámite el recurso y no habiéndose personado la parte recurrida, quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, a cuyo efecto se señaló el día 13 de diciembre de 2006, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Con fecha 5 de noviembre de 1999 D. Miguel Ángel se dirigió a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, solicitando indemnización en la cantidad que resulte una vez se le de el alta médica, por las lesiones sufridas el 13 de abril de 1999, sobre las 12,30 horas, cuando paseaba por el recinto portuario de Arguineguín y metió la pierna en un socavón que se encontraba paralelo a la línea de atraque, cayendo al suelo y golpeándose en la cabeza y produciéndose varias lesiones de consideración. Aportaba parte de incidencia del encargado-vigilante del Puerto de 13 de abril de 1999, en el que se indicaba que el socavón tenía una profundidad de 40 centímetros aproximadamente; informe de la Policía Local de la misma fecha haciendo constar la existencia de tal socavón y el peligro que suponía para los peatones al no estar debidamente señalizado; parte de asistencia del Servicio de Urgencias Canario, con el diagnóstico de traumatismo craneal, traumatismo miembros inferiores; auto del Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana de 27 de abril de 1999 de archivo de las actuaciones penales; informe médico del Centro de Salud de Arguineguín (policontusiones); informe del Centro de Salud de La Isleta que contiene Valoración Neurológica por Traumatismo C.E. y Policontusiones, Pérdida de Memoria; el 16 de abril de 1999 atendido por el Dr. Carolina se le manda reposo absoluto; el 26 de abril de 1999 atendido por el Dr. Jose Carlos en Neurología con diagnóstico de traumatismo occipital, refiere persistencia de cefaleas con cierto grado de somnolencia y trastornos visuales; y finalmente informes de INSURE (Instituto Insular de Rehabilitación) de 26 de agosto y 20 de octubre recogiendo las rehabilitaciones que ha venido realizando.

Ante la desestimación presunta interpuso recurso contencioso-administrativo, en cuya demanda mantiene su pretensión de indemnización en la cuantía que resulte en ejecución de sentencia.

Con fecha 3 de julio de 2000 se dictó sentencia por la Sala de instancia resolviendo el recurso, en la que se transcribe la reclamación formulada y la demanda, resolviendo en primer lugar la alegación de inadmisibilidad formulada por la Administración demandada, que entiende inadmisible el recurso al no haberse iniciado el plazo para ejercer la acción de resarcimiento de acuerdo con el art. 142.5 de la Ley 30/92, entendiendo la Sala a quo, tras examinar la jurisprudencia sobre la doctrina de la actio nata, que "No es obstáculo para la procedencia de la acción de responsabilidad ante la Administración o, ante su resolución denegatoria, en vía jurisdiccional, el hecho de que aun no se haya determinado el exacto alcance de los daños o perjuicios causados, si concurren los requisitos para dicho ejercicio. La teoría de la «actio nata» preserva, en efecto, al accionante frente a la extinción de la acción por el transcurso del tiempo sin ejercitada cuando no ha podido reunir los elementos indispensables para ello. Sin embargo, no se extiende a impedir que pueda ejercitar la acción antes de dicho momento. En tal caso se aplicarán, según los supuestos, las consecuencias inherentes a los principios de litis pendencia, a la carga de probar el pleno alcance de los daños y perjuicios padecidos durante el proceso, o a la necesidad de diferir a la fase de ejecución de sentencia la exacta determinación de la cuantía de los daños y perjuicios causados cuando ésta no consta en el momento de dictada. El artículo 84 de la Ley de la Jurisdicción hoy derogada (RCL 1956\1890 y NDL 18435) [equivalente al artículo 71 d) de la nueva Ley (RCL 1998\ 1741 )] contempla la facultad de diferir a la fase de ejecución de sentencia la determinación de los daños y perjuicios objeto de la pretensión de indemnización que acompaña a la de nulidad del acto, y esta Sala, en aras del principio de economía procesal que postula la efectividad del derecho a la tutela que se dice infringido, ha venido aplicando analógicamente la misma solución para la determinación del importe de obligaciones a cargo de la Administración por otros conceptos, como el de responsabilidad patrimonial (como se testimonia en la Sentencia de 16 de septiembre de 1999 [ RJ 1999\7928 ], recurso número 845/1997, fundamento jurídico séptimo), sin otra limitación que la derivada de la imposibilidad de suplir la falta de prueba del daño o perjuicio padecido difiriendo a la fase de ejecución de sentencia la práctica de la referida prueba, pues en ejecución de sentencia sólo es posible determinar la cuantía de la indemnización cuando se ha acreditado, cuando menos, la existencia del daño (Sentencias de 28 de octubre de 1985 [ RJ 1985\5324 ], 9 de mayo de 1995 [ RJ 1995\4210] Y 28 de mayo de 1997 [RJ 1997\4412 ], entre otras), (Sent. T.S. de 4 octubre 1999 ). Proyectando la doctrina expuesta al supuesto de autos, se aporta documentos que acreditan que el recurrente fue atendido de lesiones en el Centro de Salud de Arguineguín en donde le diagnosticaron: "POLICONTUSIONES". Posteriormente fue atendido en el Centro de salud de la Isleta a donde fue trasladado desde Arguineguín en donde le diagnosticaron:"... VALORACIÓN NECROLÓGICA POR TRAUMATISMO C.E.(CRANEO ENCEFÁLICO) y POLICONTUSIONES, PERDIDA DE MEMORIA". En fecha 26 de abril de 1999 el Doctor D. Jose Carlos después de reconocerlo le diagnosticó: " TRAUMATISMO OCCIPITAL-DIFIERE PERISITENCIA DE CEFALEAS CON CIERTO GRADO DE SOMNOLENCIA y TRANSTORNOS VISUALES".Mi representado ha venido realizando hasta el día de hoy rehabilitación en el centro INSURE. y si "el principio de la «actio nata» (nacimiento de la acción) para determinar el origen de] cómputo del plazo para ejercitar la acción de responsabilidad patrimonial contra la Administración. Según este principio la acción sólo puede comenzar cuando ello es posible y esta coyuntura sólo se perfecciona cuando se tiene cabal conocimiento del daño y, en general, de los elementos de orden fáctico y jurídico cuyo conocimiento es necesario para el ejercicio de la acción"; "no es obstáculo para la procedencia de la acción de responsabilidad ante la Administración o, ante su resolución denegatoria, en vía jurisdiccional, el hecho de que aun no se haya determinado el exacto alcance de los daños o perjuicios causados, si concurren los requisitos para dicho ejercicio"; determina el rechazo de la prescripción aducida." Seguidamente examina los requisitos para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial, concluyendo que concurren los mismos y en consecuencia, declara el derecho del recurrente a la indemnización, cuya cuantía se determinará en ejecución de sentencia, señalando las siguientes bases al respecto: "a) Tiempo de curación b) Secuelas d) Daños morales. Para su determinación se tendrá en cuenta los criterios establecidos en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor."

SEGUNDO

Frente a dicha sentencia se interpone el presente recurso de casación en cuyo único motivo, formulado al amparo del art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, se denuncia la aplicación indebida del primer párrafo del art. 142.5 de la Ley 30/92 y la violación del segundo párrafo de dicho precepto y de la jurisprudencia, alegando que la sentencia de instancia difiere al periodo de ejecución de sentencia la determinación del importe de la indemnización con arreglo a las bases que establece, entre las que se encuentra el tiempo de curación y las secuelas, precisamente los dos conceptos legales que determinan, en el párrafo segundo del art. 142.5 LRJCA, el momento de nacimiento de la acción de resarcimiento, señalando el criterio de la jurisprudencia tratándose de daños de carácter físico o psíquico.

Es cierto, como alega la Administración recurrente, que el art. 142.5 de la Ley 30/92 prevé que en el caso de los daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de un año establecido para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial comenzará a contarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas, habiendo declarado la jurisprudencia reiteradamente que dicho plazo de prescripción no puede computarse mientras no queden completamente determinadas las secuelas, es decir, se produzca la estabilización o término de los efectos lesivos en la salud del reclamante (por todas las sentencias de 4-10-2004 y 27-10-2004 que cita las de 28-4-1997 y 26-5-1994 ).

Con ello se persigue que el perjudicado pueda demorar el ejercicio de la acción hasta el momento que conozca de manera definitiva el alcance de los daños sufridos, retrasando hasta entonces el inicio del cómputo del plazo de prescripción, en beneficio del afectado en cuanto propicia que pueda formular una reclamación que comprenda la reparación de la totalidad de los perjuicios derivados del acto lesivo, es decir, una reparación integral según el principio que informa la materia y teniendo en cuenta que el reconocimiento del derecho exige acreditar la realidad del daño.

Sin embargo, ello no impide que el perjudicado, a la vista de los daños ya padecidos pueda ejercitar la acción correspondiente para su reparación, sin perjuicio de que la efectividad de la acción en tal caso se vea limitada a los daños cuya realidad se acredite en el proceso, pues ello constituye un requisito para la declaración del derecho a la indemnización, declaración que constituye el pronunciamiento propio de la sentencia y no puede dejarse para el periodo de ejecución, a diferencia de la cuantificación del daño que puede diferirse a dicho periodo de ejecución, estableciendo las bases al respecto, como determina el art. 71.1.d) de la Ley de la Jurisdicción.

A estas consideraciones parece referirse la sentencia de instancia, con abundante cita de la jurisprudencia relativa al comienzo del cómputo del plazo de prescripción en los casos de daños de carácter físico o psíquico a las personas, que ha de remitirse al momento en que, producida la sanidad, se conozca de modo definitivo el quebranto padecido, en relación con la jurisprudencia sobre la actio nata, defendiendo el ejercicio de la acción de responsabilidad aun cuando no se haya determinado el exacto alcance de los daños o perjuicios causados, si concurren los requisitos para dicho ejercicio, y sin perjuicio de que pueda remitirse a la ejecución de sentencia la cuantificación de los daños. Sin embargo, no puede considerarse correcta la interpretación y aplicación que de dicha jurisprudencia se efectúa por la Sala de instancia, pues si bien es cierto que existen perjuicios ya padecidos y acreditados por el afectado, como son las lesiones sufridas y el tiempo de curación transcurrido hasta la reclamación, no puede decirse lo mismo sobre la existencia de secuelas, que únicamente podrán conocerse en su realidad y alcance cuando se produzca el alta médica, constituyendo, mientras tanto, una mera eventualidad y no un daño real y efectivo, de la misma manera que no puede hablarse de un daño moral que responda a unas secuelas o periodo de curación de lesiones que todavía no se han producido. Respecto de estos perjuicios la acción ejercitada resulta prematura y la comprobación de su realidad y efectividad no puede diferirse al periodo de ejecución de sentencia, como se hace en la de instancia, pues no se trata de la cuantificación del perjuicio sino de la acreditación de su realidad y efectividad, pronunciamiento que como resulta de la jurisprudencia invocada en la instancia ha de efectuarse en la sentencia, para lo cual es requisito procesal imprescindible que la acción se ejercite cuando haya nacido, es decir, cuando se conozca de manera definitiva la realidad de las secuelas y el periodo total de curación, resultando mientras tanto prematura respecto de estos perjuicios, como se alega en este motivo de casación, que en consecuencia debe ser estimado.

TERCERO

La estimación del motivo de casación determina, de conformidad con el art. 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción, que haya de resolverse lo procedente en los términos que aparece planteado el debate, a cuyo efecto y no cuestionándose la concurrencia de los demás requisitos para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, procede estimar el recurso contencioso administrativo en relación con los daños consistentes en el tiempo de curación de las lesiones padecidas por el recurrente desde la producción de las mismas el 13 de abril de 1999 hasta la reclamación formulada el 5 de noviembre del mismo año, como daños efectivos y reales, que la Sala entiende indemnizables en la cantidad de 36 euros diarios, atendiendo al alcance de las lesiones y las circunstancias del perjudicado, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación, 5 de noviembre de 1999, hasta la fecha de notificación de la sentencia de instancia, cantidades que devengarán desde esta última fecha los intereses legales establecidos en el art. 106.2 de la Ley de la Jurisdicción, para conseguir la efectiva e íntegra reparación del daño. Ello sin perjuicio de que el interesado pueda formular nueva reclamación por los daños o secuelas que puedan producirse más allá de la fecha de la reclamación a la que esta sentencia responde.

CUARTO

No se aprecian razones para hacer una expresa condena en las costas de la instancia ni en esta casación.

FALLAMOS

Que estimando el motivo de casación aducido, declaramos haber lugar al presente recurso de casación 7426/02, interpuesto por el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias contra la sentencia de 3 de julio de 2002, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso nº 244/00, y en su virtud: casamos la citada sentencia; y estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Miguel Ángel contra la desestimación presunta de la reclamación formulada a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias el 5 de noviembre de 1999, declaramos su derecho a ser indemnizado por dicha Administración en la cantidad de 36 euros diarios desde el 13 de abril de 1999 hasta la reclamación formulada el 5 de noviembre del mismo año, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación, 5 de noviembre de 1999, hasta la fecha de notificación de la sentencia de instancia, cantidades que devengarán desde esta última fecha los intereses legales establecidos en el art. 106.2 de la Ley de la Jurisdicción . Sin que haya lugar a expresa condena en las costas de la instancia ni de esta casación.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, Don Octavio Juan Herrero Pina, estando la Sala celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que como Secretario, certifico.