STS, 8 de Junio de 2000

Ponente:ALFONSO GOTA LOSADA
Número de Recurso:1207/1995
Fecha de Resolución: 8 de Junio de 2000
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
 
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CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a ocho de Junio de dos mil.

VISTO ante esta Sección de la Sala Tercera el recurso de casación Núm. 1.207/95 interpuesto por la entidad "Naviera Vizcaina, S.A.", representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Juana María Benitez Rodríguez, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia dictada en 21 de Noviembre 1994 por la Sección Sexta de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, en el Recurso número 2.397/92, sobre Desgravación Fiscal a la Exportación, en el que aparece como parte recurrida, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La Sala de esta Jurisdicción, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional, con fecha 21 de Noviembre de 1994, en el recurso anteriormente referenciado, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de NAVIERA VIZCAINA, S.A., contra el Acuerdo dictado por el Tribunal Económico Administrativo Central el 9 de mayo de 1.990, descrito en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, el cual confirmamos por ser conforme a derecho. Sin efectuar expresa condena al pago de las costas".

SEGUNDO

Contra la anterior sentencia, la representación procesal de la mercantil "Naviera Vizcaina, S.A.", preparó recurso de casación y emplazadas las partes y remitidos los autos, la recurrente lo interpuso al amparo del párrafo 2º del art. 39 de la Ley Jurisdiccional, en relación con el art. 93.3 de la misma, exponiendo a continuación cuatro alegaciones, terminando por suplicar sentencia en la que se case la de la Audiencia Nacional impugnada y se declare conforme a Derecho su pretensión de nuevas liquidaciones desgravatorias con arreglo a tipos anteriores a los fijados por el R.D. 2950/1979, con abono de los intereses que correspondan.

Conferido traslado a la representación del Estado, se opuso al recurso y solicitó su inadmisibilidad por "defectuosa formalización, dado que en los motivos (que en realidad son alegaciones) que se exponen en su fundamento, no se expresa en base a cual de los números del artículo 95.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según la redacción que a dicho precepto le otorgó la Ley 10/1992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, hayan de examinarse". Respecto al fondo y para el caso de que procediera su examen, interesó se declare no haber lugar a dicho recurso por no ser procedente el motivo invocado al efecto, confirmando, en consecuencia, íntegramente la sentencia de instancia y el acto impugnado, con imposición de costas a la parte recurrente; tras de lo cual quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo por la Sala, acto que tuvo lugar en el día de ayer.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Como cuestión previa, el Abogado del Estado solicita la inadmisión del presente recurso de casación por defectuosa formalización, al no expresarse en base a cual de los números del artículo 95.1de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción hayan de examinarse los motivos invocados en el escrito de interposición del mismo. Ciertamente, el examen de las carencias denunciadas es obligado con carácter prioritario al de los motivos aducidos que, en el supuesto aquí enjuiciado, aparecen redactados bajo la forma de cuatro alegaciones, en las que la parte, sin cita alguna de preceptos que pudieran entenderse infringidos por la sentencia impugnada y de los que pudiera inferirse que ésta había incurrido en abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la Jurisdicción o en infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, se limitaba a contradecir las argumentaciones de la referida sentencia que la había conducido a la desestimación del recurso y, consecuentemente, a la denegación de la desgravación fiscal que había solicitado.

En tales condiciones, y aun cuando concurrían argumentos suficientes para que el recurso hubiera sido inadmitido en el trámite a que se refiere el art. 100 de la autocitada Ley Jurisdiccional, en concreto por lo prevenido en su párrafo 2º, apartado b), habida cuenta del estado procesal alcanzado y de acuerdo con reiteradas declaraciones de esta Sala, procede que las causas de inadmisión operen como causas de desestimación, sin que esta conclusión pueda entenderse como un prurito de rigor formal.

En efecto, sabido es que el recurso de casación no constituye ninguna nueva instancia procesal en que pueda volverse a examinar la total problemática del conflicto intersubjetivo que haya sido planteado ante el Tribunal inferior. Por el contrario, y dada su naturaleza extraordinaria, procede sólo por motivos tasados -los especificados en el articulo 95 de la Ley y su finalidad no es otra que, dado un determinado supuesto de hecho y resultado probatorio, concretados ambos en la instancia, revisar la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico realizada por el Tribunal del que proceda la sentencia impugnada, coadyuvando a la realización del principio constitucional de seguridad jurídica y complementando el ordenamiento jurídico mediante la elaboración de criterios interpretativos y aplicativos del mismo o, lo que es igual, mediante la jurisprudencia -artículo 9 de la Constitución y 1º.6 del Código Civil-. El recurso de casación, pues, solo indirectamente, y en forma refleja resuelve el problema concreto que se suscitó en la instancia, dada la función normofiláctica que tuvo desde sus orígenes y que nunca perdió. Es por todo ello que su viabilidad exige no solo la cita del motivo tasado que pueda ampararlo, sino la cita "razonada" del mismo -art. 99.1 de la ley de esta Jurisdicción- y también la de las normas que se consideren infringidas junto con los razonamientos precisos para poner de manifiesto su relación con las cuestiones debatidas -art. 100.2.b) de la propia Ley-, y todo con respecto a la situación de hecho que se haya concretado, tras la fase probatoria, en la instancia jurisdiccional, que no podrá, por consiguiente, ser reproducida en casación salvo por la vía de la infracción de un precepto legal que imponga un determinado resultado o valoración probatoria.

SEGUNDO

En el presente caso, conforme se ha anticipado anteriormente, falta la cita razonada de preceptos legales que, supuestamente, pudieran haber sido infringidos, desconocidos o inaplicados por la sentencia impugnada. Inclusive las citas jurisprudenciales que se hacen no se relacionan directamente con infracciones de doctrina de este Tribunal que pudiera amparar las posiciones mantenidas por la recurrente.

TERCERO

Por las razones expuestas y conforme a la conclusión sentada en el primer fundamento jurídico de la presente, procede no haber lugar al recurso de casación, con la obligada imposición de costas establecida en el artículo 102.3 de la repetida Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo, nos confiere la Constitución.

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "Naviera Vizcaina S.A.", contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, de fecha 21 de Noviembre de 1994, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 2397/92, declaramos no haber lugar a dicho recurso, con obligada imposición de costas a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos