STS, 16 de Mayo de 2000
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 16 Mayo 2000 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Mayo de dos mil.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por D. Federico , representado procesalmente por el Procurador D. LUCIANO ROCH NADAL, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 8ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 24 de julio de 1992, en el recurso número 2844/90 , que declara ser ajustada a derecho la Resolución del subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de noviembre de 1990, por la que se impone al recurrente la sanción de suspensión del ejercicio de la expendeduría de que era concesionario por tiempo de sesenta días.
Con fecha veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y dos, la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 8ª), del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:"FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador D. LUCIANO ROSCH NADAL, en nombre y representación de
D. Federico , contra la Resolución del Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de noviembre de 1990, por la que, estimando parcialmente el recurso de alzada promovido contra la del Delegado del Gobierno en el Monopolio de Tabacos de 11 de julio del mismo año, sancionó al recurrente dicho con la suspensión del ejercicio de la expendeduría de que era concesionario por tiempo de sesenta días, declaramos que tal resolución es conforme al ordenamiento jurídico, por lo que la confirmamos en su integridad. Sin expresa imposición de costas.-"
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación D. Federico , a través de su representante procesal el Procurador Sr. Roch Nadal, que en su escrito de formalización del recurso, acabó suplicando se dictase en su día sentencia casando y anulando la recurrida, dictando en su lugar otra más ajustada a Derecho por la que se anule y deje sin efecto la sanción impuesta a su representado, bien por vulneración del principio de reserva de Ley, o por violación de la presunción de inocencia o, en su caso, por prescripción de la supuesta falta.-TERCERO.-No habiéndose personado la parte recurrida, una vez instruido el Magistrado, Ponente, mediante providencia de fecha 23 de Marzo de dos mil, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 4 de mayo de este mismo año, momento en el que han tenido lugar dichos actos procesales.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, ( Sección 8ª), del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia con fecha 24 de Julio de 1992, desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por el hoy recurrente en casación contra Resolución dictada por el Sr.Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda con fecha 5 de Noviembre de 1.990, que le impuso, en definitiva, la suspensión del ejercicio de la expendeduría de tabacos de la que era concesionario por tiempo de sesenta días, como autor de infracción administrativa grave consistente en el suministro de labores a establecimientos autorizados para su venta con recargo no asignados a la expendeduría del recurrente conforme al artículo 27.8 del Real Decreto 2.738/1.986; contra dicha sentencia se ha interpuesto recurso de casación, que articula en tres motivos, los dos primeros al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración en un caso del principio de reserva legal, conforme al artículo
25.1 de la Constitución y, en otro, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia que consagra el artículo 24.2 del Texto Constitucional, y el tercero de los motivos al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, al no haber apreciado la sentencia la prescripción aducida, infringiendo así lo dispuesto en el artículo 113 del Código Penal.
El carácter extraordinario del recurso de casación impone al recurrente, en el trámite de interposición, el cumplimiento riguroso de determinados requisitos cuya falta determinan su inadmisión. La jurisprudencia de esta Sala ha sido especialmente exigente, ya en ese trámite, por todas las sentencias de este propia Sección de fechas 28 de Marzo y 17 y 20 de Abril pasados, en cuanto al deber de fijar el motivo en que haya de fundarse el recurso, con expresión del apartado correspondiente del artículo 95 de la Ley Jurisdiccional que lo ampare; e, igualmente si se articula en el apartado 4º, cual es la norma jurídica o jurisprudencial que se considera infringida o inaplicada por la sentencia. En definitiva, se trata de hacer realidad el mandato contenido en el artículo 99.1 de dicha Ley, cuya inobservancia producirá el efecto de inadmisión previsto en el artículo 100.2, sin que este rigor formal, - sentencia de esta Sala de 6 de marzo de
1.999 y las que en ella se citan -, pueda ser atemperado por el principio pro actione que no tiene en casación la intensidad que se le da para el acceso a la vía jurisdiccional, ni tampoco bajo el prisma de la interpretación favorable a la admisión del recurso, pues esta también tiene el límite de ser jurídicamente aceptable, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva es garantía de todas las partes del proceso, y no sólo de una de ellas, - sentencia del Tribunal Constitucional número 109/1987, de 29 de Junio -, por lo que no puede forzarse la interpretación, como dice la primera de las sentencias citadas, al extremo de desconocer los límites que al recurso mismo impone el legislador.-El escrito de interposición formulado en 19 de Noviembre de 1.992, y presentado el siguiente día 23, no especifica en cuanto a los dos primeros motivos antes reseñados el apartado del artículo 95 en que el motivo se incardina, sin que la referencia al articulo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ciertamente permite fundar el recurso en la infracción de precepto constitucional, en nada contradiga lo antes afirmado.
Ello determina que la inadmisión de tales motivos, que en su momento debió declararse, se transformen ahora en causas de desestimación.
El tercero y último de los motivos de casación lo articula el recurrente, ahora sí correctamente conforme a la doctrina antes expresada, al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de Diciembre de 1.956, en la redacción que le dio la Ley 10/1992, de 30 de Abril, sobre Medidas Urgentes de Reforma Procesal, al no haber apreciado la prescripción de la supuesta infracción por el transcurso del plazo de dos meses que establecía el Código Penal entonces vigente en su artículo 113 y la jurisprudencia que lo interpretaba, y ello en razón a que el artículo 31.2 del Real Decreto 2738/1986, de 12 de Diciembre, que regula las actividades de importación y comercio mayorista y minorista de labores de tabaco, en cuanto desarrollo de aquella Ley 38/1985, carece de rango legal para establecer el plazo de prescripción de las faltas graves en dos años.
Tampoco este motivo puede prosperar; en efecto como hacen las sentencias de este Tribunal Supremo de 24 de Octubre de 1.996 y 6 de Mayo de 1998, (RJ 7466/96 y 4629/98), es preciso recordar que, como ya declaró la Sala Tercera en Sentencia de 18 marzo 1993 (RJ 19931772), el Reglamento emanado por la Administración, tiene un valor subordinado a la Ley, de forma que recogiendo la doctrina del Tribunal Constitucional en la Sentencia 61/1990, de 29 marzo, lo que prohibe el artículo 25.1 de la Constitución es la remisión al Reglamento que haga posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley, pero no excluye la colaboración reglamentaria de la normativa sancionadora, por lo que desde este punto de vista, tanto el reconocimiento de la infracción, como la sanción impuesta, cumplen los postulados del artículo 25.1 de la Constitución, sin que se advierta la necesidad de reserva de ley en la regulación de la prescripción, de suerte que la exigencia del principio de legalidad en esta materia queda cumplida mediante el establecimiento de plazos de prescripción específicos por la vía de una norma reglamentaria, asumiendo así la tesis de que estamos ante una materia secundaria, en la forma de denominarla la sentencia de 6 de Abril de 1.990, a salvo lo dispuesto en la Ley 30/1992, y existiendo esa regulación específica en la normativa sectorial, el motivo ha de ser desestimado.CUARTO.- La desestimación de los motivos del recurso de casación comportan por tanto, la desestimación del mismo, y lleva consigo por virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional la expresa imposición de las costas causadas al recurrente.
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.-FALLAMOS
No haber lugar al recurso de casación, y por tanto desestimamos, interpuesto por la representación procesal de Don Federico contra la sentencia dictada con fecha 24 de Julio de 1.992, por la Sala de lo Contencioso administrativo, (Sección 8ª), del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Recurso
2.844/90; con expresa imposición de las costas causadas al recurrente.-Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, la Secretario, certifico.
-
SAP Salamanca 102/2015, 9 de Abril de 2015
...una cuestión preliminar de fondo que equivale a la falta de acción, la segunda equivale a la falta de capacidad procesal ( STS de 16 de mayo de 2000 ; SAP Gipuzkoa, Secc. 1ª, de 23 de julio de 2014 ). De modo que se puede estar legitimado para accionar procesalmente pero carecer del derecho......
-
SAP Valencia 603/2017, 15 de Noviembre de 2017
...que facilitar la oportuna revisión jurisdiccional de la resolución y el adecuado control de la arbitrariedad judicial (cfr. SSTS 3-6-99, 16-5-00 y 31-1-01, que cita SSTC 6-6-94, y 27-3-00 y SSTS 17-2- 96, 22-5-97, 20-12-00, 25-5-01, 15-10-01 y 2-11-01 por citar Diferente a ello, es la congr......
-
SAP Baleares 224/2004, 24 de Mayo de 2004
...o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido (sentencias del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2000 EDJ 2000/10878 y de 14 de abril de 2001 EDJ Se trata en suma de unos requisitos formales ad validitatem cuya inobservancia s......