ATS, 24 de Abril de 2014
| Ponente | FRANCISCO MONTERDE FERRER |
| ECLI | ES:TS:2014:3547A |
| Número de Recurso | 20107/2014 |
| Procedimiento | Queja |
| Fecha de Resolución | 24 de Abril de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Abril de dos mil catorce.
Por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, en el expediente 548/12, se dictó auto de 04.03.13 , confirmando la decisión administrativa de denegación de revisión de grado del interno Alfonso , resolución recurrida en Apelación ante la Audiencia Provincial de igual Ciudad que por su Sección Segunda se dictó auto de 23.05.13 desestimando el recurso y confirmando la resolución del Juzgado de Vigilancia, frente a esta última se anuncia intención de interponer recurso extraordinario de casación para unificación de doctrina cuya preparación le fue denegada por auto de 30.12.13 . De lo expuesto dimana este recurso de queja.
Designados profesionales del turno de oficio como había peticionado el interno Alfonso , por la Procuradora Sra. López Cerezo, en su nombre y representación, presentó escrito en el Registro General de este Tribunal Supremo el 24 de marzo, formalizando este recurso de queja, alegando reunir todos y cada uno de los requisitos señalados para la preparación del recurso de casación para unificación de doctrina pretendido, el auto denegatorio dictado por la Audiencia produce vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al negar al justiciable un recurso previsto por la Ley.
El Ministerio Fiscal, por escrito de 1 de abril, dictaminó: "...el examen del escrito de fecha 11 de octubre de 2013 dirigido a la Audiencia Provincial de Valladolid pone de manifiesto el cumplimiento de los presupuestos formales para tener por preparado el recurso de unificación de doctrina en materia de vigilancia penitenciaria. En él se alega la correspondiente contradicción, invocando la igualdad de supuesto y la desigualdad de solución y aporta dos resoluciones de contraste y una tercera que el recurrente reconoce que es errónea. De ahí que, sin entrar en el examen de la corrección de las alegaciones de fondo efectuadas por la Sala, resulte obligado estimar el recurso de queja, revocando el auto denegatorio..."
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid, en el Rollo 431/13, dictó auto de 23.05.13 por el que desestimaba el recurso de apelación planteado por la representación del hoy recurrente en queja contra auto de 04.03.13 del Juzgado de Vigilancia, confirmando la decisión de la administración penitenciaria de denegación de adelanto de revisión de grado presentada por el interno. Contra ello pretendió interponer recurso de casación para unificación de doctrina, pretensión que fue denegada por auto de 30.12.13 . En dicho auto se argumenta que: "...Las dos resoluciones que se citan como de contraste con la dictada por este Tribunal no se refieren a supuestos de hecho semejantes ni aplican las mismas normas jurídicas. Así y en relación con el Auto dictado por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, se estima el recurso del interno que estaba clasificado en segundo grado y se acuerda su progresión al tercer grado penitenciario al valorar las circunstancias específicas concurrentes en el interno. No se trata por tanto del adelanto de la fecha de la revisión de grado sino de la valoración concreta de los aspectos personales del interno y su pronóstico de comportamiento, habiendo indicado al respecto la STS de 30 de Septiembre de 2004 que <
El laconismo de la Disposición Adicional 5ª de la LOPJ , reformada por la LO 5/2003, 27 de mayo, ha sido puesto de manifiesto por la doctrina generalizada. También la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha aludido a la "... manera poco clara e insatisfactoria " con la que la mencionada disposición trata de abordar el variado problema de la impugnación de las resoluciones dictadas por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria ( STC 54/1992, 8 de abril , FJ 3º).
Esa falta de respuesta a buena parte de los interrogantes que suscita una materia tan ligada al derecho a la tutela judicial efectiva, ha llevado a esta Sala a un esfuerzo de complementación ( art. 1.6 C.C ), plasmado en el Acuerdo Plenario de 22 de julio de 2004.
En él se señalaron como requisitos de este recurso -cuyas decisiones en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por resoluciones precedentes a la impugnada- los siguientes: a) la identidad del supuesto legal de hecho; b) la identidad de la norma jurídica aplicada; c) la contradicción entre las diversas interpretaciones de dicha norma; d) la relevancia de la contradicción para la decisión de la resolución recurrida.
Desde el punto de vista de su naturaleza, la Sala Segunda precisa que a) no es una tercera instancia; b) han de respetarse siempre los presupuestos fácticos fijados por el Tribunal a quo ; c) no cabe apreciar contradicción en la aplicación de la norma cuando ello dependa de comportamientos individualizados, informes o diagnósticos personales y cuando las decisiones judiciales respeten el margen de discrecionalidad que la propia norma establezca o permita.
Como recordábamos en nuestra STS 1097/2004, 30 de septiembre -doctrina, a su vez, confirmada en distintas resoluciones, de las que los AATS 1255/2007, 28 de junio y 748/2006 12 de junio , son buena muestra-, la finalidad del recurso de casación para la unificación de doctrina es asegurar la unidad del orden normativo jurídico-penal, en materia penitenciaria, para tutelar una aplicación de las normas que garanticen óptimamente el derecho de igualdad. Al decidir este recurso de unificación de doctrina - añadíamos-, el Tribunal Supremo no tiene necesariamente que optar por una u otra doctrina legal aplicada por los órganos jurisdiccionales en conflicto, sino que puede resolver también la controversia mediante una tercera interpretación que tenga por procedente, indicando que ésa es la interpretación del precepto legal cuestionado y la doctrina legal que resulta aplicable. En consecuencia, no podrán cuestionarse ante esta Sala Casacional los propios hechos que se hayan declarado probados o sobre los cuales se haya aplicado el derecho penitenciario, quedando eliminado cualquier intento de controversia que sobre los mismos pretendan las partes suscitar. El objeto de este recurso lo será exclusivamente la doctrina aplicada por los órganos jurisdiccionales en el caso sometido al control casacional de esta Sala, de modo que su objeto es la unificación de doctrina, para lo que habrán de concurrir dos requisitos: uno, de identidad de supuesto legal de hecho y de fundamentación jurídica, y otro de contradicción en la aplicación de la doctrina legal por los órganos judiciales de procedencia. El resultado será la unificación de tal doctrina, que es el objeto del recurso y la misión de esta Sala al resolverlo. No se trata, pues, de controlar la subsunción jurídica llevada a cabo por el Tribunal de instancia en el caso concreto que haya sido sometido a su consideración, sino verificar que ante situaciones sustancialmente iguales se han producido respuestas divergentes que han de ser unificadas por este Tribunal. De modo que nunca podrá convertirse este recurso para la unificación de doctrina en materia penitenciaria, en una tercera instancia, en donde las partes pretendan hacer valer de nuevo sus pretensiones divergentes con lo resuelto en la instancia.
En el mismo Acuerdo 22 de julio de 2004, además de las consideraciones acerca de la naturaleza del recurso y los requisitos para su formalización, se proclamaba que, en lo afectante a la fase de preparación del recurso, el Tribunal a quo debería comprobar: a) que la resolución impugnada puede ser recurrida en casación para unificación de doctrina; b) que en el escrito de preparación se hace constar la igualdad del supuesto legal de hecho y la desigualdad -contradicción- en la interpretación y aplicación de la correspondiente norma jurídica; c) que el recurrente aporta las resoluciones de contraste o las precisa y solicita la aportación del correspondiente testimonio de las mismas, que en todo caso, el Tribunal a quo deberá examinar antes de pronunciarse al respecto. Se concluía que el mismo Tribunal -previa audiencia del Ministerio Fiscal- debería pronunciarse, motivadamente, sobre si procede, o no, tener por preparado el recurso ( art. 858 LECrim ).
La fijación de tales exigencias formales para la adecuada preparación del recurso se justifica por la necesidad de impedir que, bajo la aparente cobertura de esta nueva fórmula casacional, se hagan valer impugnaciones alejadas del significado jurídico que es propio de un recurso extraordinario, que nace con la confesada voluntad legislativa de contribuir a la unificación de doctrina en materia penitenciaria. Tales presupuestos formales no son tampoco ajenos a la conveniencia de evitar que la injustificada relajación de una de las fases que integran el recurso, pueda contribuir a la desnaturalización de su verdadero objetivo. De ahí la importancia de que el Tribunal a quo vea en el riguroso control de esos presupuestos una de las claves procesales para que el recurso de casación sea un instrumento jurídico al servicio de la igualdad de los reclusos en la aplicación de la ley.
Sin embargo, el protagonismo que la Disposición Adicional 5ª de la LOPJ , complementada por nuestro Acuerdo de 2004, reserva a la Sala de instancia en la fase de preparación del recurso, no puede ir más allá de su propio ámbito competencial. La Audiencia Provincial no puede llevar la función de control del cumplimiento de aquellas exigencias formales hasta el punto de desbordar los límites que definen su propia competencia funcional, adentrándose en consideraciones que ya integran el tema decidendi del recurso de unificación propiamente dicho. Y esto es lo que ha acontecido en el presente caso.
En efecto, cuando la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid ha concluido que los supuestos de hecho abordados en la resolución recurrida y en la resolución de contraste no son idénticos y, por tanto, justifican un tratamiento jurídico desigual, ha rebasado la frontera definida por su competencia funcional. El Tribunal a quo, debió haberse limitado -previa audiencia del Ministerio Fiscal- a comprobar si la resolución recurrida era o no impugnable, si en el escrito de preparación quedaban reflejadas la igualdad de supuesto y la desigualdad interpretativa y, en fin, si el recurrente aportaba las resoluciones de contraste o las individualizaba de forma que su aportación resultara posible.
Pues bien, el escrito pone de manifiesto el cumplimiento de los presupuestos formales para tener por preparado el recurso de unificación de doctrina en materia de vigilancia penitenciaria. En él se señalan dos resoluciones de la Audiencia Provincial de Ciudad Real y de Guipúzcoa. De ahí que, sin entrar en el examen de la corrección de las alegaciones de fondo efectuadas por la Sala, resulte obligado estimar el recurso de queja, revocando el auto denegatorio (cfr. en igual sentido auto de 12.12.2007 Recurso de Queja 20367/07, y auto de 03.04.14 Recurso de Queja 20036/14).
LA SALA ACUERDA:
Estimar el recurso de queja interpuesto por la representación procesal del interno Alfonso revocando el auto de fecha 30 de diciembre de 2013 dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid, en el Rollo RVP 431/13 , debiendo dictar auto admitiendo la preparación del recurso de casación para unificación de doctrina y dar cumplimiento a lo previsto en los arts. 858 y 861 LECrim ., con las especialidades derivadas de este recurso para unificación de doctrina.
Notifíquese esta resolución a las partes y póngase en conocimiento de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid, a los efectos oportunos.
Así lo acuerdan y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir el presente, de lo que, como Secretaria, certifico.
