ATS, 22 de Abril de 2014

Ponente:SEBASTIAN SASTRE PAPIOL
Número de Recurso:933/2013
Procedimiento:CIVIL
Fecha de Resolución:22 de Abril de 2014
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

ARRENDAMIENTO DE LOCAL. RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. Debe precisarse que la denuncia del art. 24 de la Constitución por la evidencia de la notoriedad del error judicial al asignar la condición de hijo de la demandada a quien es su nieto, que la recurrente vuelve a plantear en las alegaciones que formula en el trámite de puesta de manifiesto, ya tuvo respuesta en el auto dictado el 7 de Marzo de 2013 por la Audiencia Provincial, en el sentido de que tal error no incide en el resultado de la sentencia pues la ratio decidendi de la sentencia recurrida tiene fundamento en las siguientes premisas: (i) la falta de firma del contrato de rescisión, por la arrendataria; (ii) no hay prueba de un nuevo contrato; (iii) las rentas siguieron siendo las pactadas con Doña Marisol lo que lleva al contrato inicial y único. Se desestima la casación y el extraordinario por infracción procesal.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AUTO

En la Villa de Madrid, a veintidós de Abril de dos mil catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO

  1. - La representación procesal de Doña Marisol , presentó escrito de interposición de recurso extraordinario por infracción procesal y casación, contra la Sentencia dictada, con fecha el 22 de febrero de 2013, por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4ª), en el rollo de apelación nº 633/2012 , dimanante de los autos de juicio verbal nº 1330/2010 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Tenerife.

  2. - Mediante diligencia de ordenación de 17 de abril de 2013 se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, habiéndose notificado y emplazado a las partes litigantes por término de treinta días, por medio de sus respectivos procuradores.

  3. - El procurador Don Carlos Navarro Gutiérrez, por escrito presentado ante esta Sala el 25 de abril de 2013, se personaba en nombre y representación de Doña Marisol , en concepto de recurrente. La procuradora Doña Cristina Gramage López, por medio de escrito presentado el 29 de mayo de 2013, se personaba en nombre y representación de Doña Elvira , en concepto de recurrida.

  4. - La parte recurrente ha efectuado los depósitos para recurrir exigidos por la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

  5. - Por providencia de fecha de 21 de enero 2014 se puso de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos a las partes personadas.

  6. - Mediante escrito presentado el 10 de febrero de 2014, la recurrente formulaba alegaciones solicitando la admisión del recurso presentado. La recurrida presentó escrito el 17 de febrero de 2014 interesando la inadmisión del recurso planteado.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Sebastian Sastre Papiol, a los solos efectos de este trámite.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

  1. - Por la demandada hoy recurrente se formalizó recurso de casación y extraordinario por infracción procesal contra una sentencia dictada tras la entrada en vigor de la Ley 37/2011 de 10 de octubre de Medidas de Agilización Procesal, en un juicio verbal que fue tramitado por razón de la cuantía, que se fijó en 5.931,41€.

    El recurso de apelación interpuesto por la actora, Doña Elvira , se resolvió por sentencia dictada, con fecha 22 de febrero de 2013, por la sección 4ª, de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife , constituida por un único magistrado actuando como órgano jurisdiccional unipersonal.

  2. - El recurso de casación, a pesar de las alegaciones que la recurrente formula en escrito presentado el 10 de febrero de 2014, incurre en causa de inadmisión, por no ser la sentencia recurrible en casación ( artículo 477.2 y 483.1 de la LEC ), al no haber sido dictada por la Audiencia Provincial como órgano colegiado. En este sentido se ha pronunciado esta Sala en auto de fecha 26 de febrero de 2013 (recurso de queja n.º 247/12 ).

    La nueva configuración del recurso de casación, respecto a la contenida en la LEC 1881- en la redacción inicial de la LEC permite concluir que este recurso se estableció contra las sentencias dictadas por un órgano colegiado. La identificación del término Audiencias Provinciales con órganos colegiados está en consonancia con la introducción en la LEC de la modalidad de recurso de casación consistente en la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, pues solo puede hablarse de jurisprudencia de las Audiencias Provinciales si nos referimos a ellas como órganos colegiados.

  3. - Tras la última reforma del recurso de casación, por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, se mantiene en el artículo 477 LEC la referencia expresa a las Audiencias Provinciales y se potencia de manera extraordinaria el recurso de casación por existencia de interés casacional. No hay en esta reforma referencia alguna que permita deducir que se haya querido establecer el acceso a la casación de las sentencias dictadas en apelación por un solo magistrado, en los supuestos que contempla el artículo 82.2.1.º.II LOPJ . Esta omisión de referencia expresa a estas sentencias puede razonablemente ser interpretado en el sentido de que su intención es excluir estas sentencias del recurso de casación. A esta conclusión se llega partiendo de dos razonamientos:

    i) Si se pretendía que esas sentencias tuvieran acceso a la casación se hacía necesaria una disposición expresa, ya que implica un cambio en la configuración inicial en la LEC del recurso de casación que -como se ha dicho- se contempló contra las sentencias dictadas por órganos colegiados.

    ii) Y -la razón más significativa- la finalidad perseguida con la reforma de la LOPJ, efectuada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que introdujo la modificación en el artículo 82.2.1.º.II LOPJ , y por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal. En las Exposiciones de Motivos de ambas normas está plasmada la intención del legislador de reducir el tiempo de respuesta en los litigios y especialmente clara es la Exposición de Motivos de la primera de estas leyes. En ella se declara expresamente que se ha reformado el artículo 82 [LOPJ ] para la tramitación de los recursos de apelación frente a las resoluciones dictadas por los Jueces de Primera Instancia en procesos seguidos por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, que serán resueltos por un solo magistrado, designado por turno de reparto. Con ello se logrará reducir el tiempo de respuesta en la segunda instancia en conflictos que, por tratarse de asuntos que no revisten especial complejidad, no precisan ser resueltos por un órgano colegiado.

    Parece contradictorio con la voluntad expresa de la norma que -excluidos por la LOPJ determinados asuntos del examen de un órgano colegiado en la segunda instancia porque su escasa complejidad no lo requiere- se entienda que pueden ser vistos en casación por un órgano colegiado superior en el orden civil como es el Tribunal Supremo.

    Parece contradictorio con la finalidad perseguida con las citadas reformas hacer -ante el silencio de la ley- una interpretación extensiva de la procedencia del recurso, que no se ajusta al criterio restrictivo seguido en la última reforma en materia de recursos, respecto a los litigios seguidos por razón de la cuantía de escasa relevancia, como se pone de manifiesto por la limitación del recurso de apelación establecida en el artículo 455.1 LEC .

    Debe precisarse que la denuncia del art. 24 de la Constitución por la evidencia de la notoriedad del error judicial al asignar la condición de hijo de la demandada a quien es su nieto, que la recurrente vuelve a plantear en las alegaciones que formula en el trámite de puesta de manifiesto, ya tuvo respuesta en el auto dictado el 7 de Marzo de 2013 por la Audiencia Provincial, en el sentido de que tal error no incide en el resultado de la sentencia pues la ratio decidendi de la sentencia recurrida tiene fundamento en las siguientes premisas: (i) la falta de firma del contrato de rescisión, por la arrendataria; (ii) no hay prueba de un nuevo contrato; (iii) las rentas siguieron siendo las pactadas con Doña Marisol lo que lleva al contrato inicial y único.

  4. - La irrecurribilidad en casación de la Sentencia determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la Sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, de la LEC 2000 .

  5. - Consecuentemente, procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC 2000 , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno.

  6. - La inadmisión del recurso de casación y del extraordinario por infracción procesal, determina la pérdida del depósito constituido para recurrir, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

  7. - Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en los arts. 473.2 y 483.3 LEC y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida procede imponer las costas a la parte recurrente.

LA SALA ACUERDA

  1. ) No admitir el recurso de casación ni extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de Doña Marisol , contra la Sentencia dictada, con fecha 22 de febrero de 2013, por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4ª), en el rollo de apelación nº 633/2012 , dimanante de los autos de juicio verbal nº 1330/2010 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Tenerife.

  2. ) Declarar firme dicha Sentencia.

  3. ) Imponer las costas a la parte recurrente.

  4. ) Con pérdida de los depósitos constituidos.

  5. ) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes comparecidas ante esta Sala.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 483.5 y 473.3 de la LEC contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.