ATS, 19 de Marzo de 2014
| Ponente | MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN |
| ECLI | ES:TS:2014:2727A |
| Número de Recurso | 1377/2013 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 19 de Marzo de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Marzo de dos mil catorce.
Es Magistrada Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Lourdes Arastey Sahun
Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Salamanca se dictó sentencia en fecha 8 de noviembre de 2012 , en el procedimiento nº 881/2012 seguido a instancia de D. Sixto , D. Jose Pedro , D. Luis Francisco , D. Pedro Francisco y D. Alfredo contra VIGILANCIA INTEGRADA S.A. (VINSA) y MINISTERIO FISCAL, sobre despido, que estimaba en parte la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en fecha 21 de marzo de 2013 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 6 de mayo de 2013, se formalizó por la letrada Dª Victoria Paniagua Sánchez en nombre y representación de VIGILANCIA INTEGRADA S.A. (VINSA), recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 6 de febrero de 2014, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 ; 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ; 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 ; 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 ; 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 ; y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .
Dicho presupuesto no concurre en el presente caso tal como se deduce de la comparación que ahora se realiza. Así, en el supuesto de la sentencia recurrida - de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 21 de marzo de 2013 (R. 324/2013 )- los trabajadores demandantes prestaban servicios para la empresa demandada VASBE, SL, que tenía adjudicada desde el año 2010 la contrata de seguridad de la Diputación Provincial de Salamanca. En febrero de 2012 dicha Administración hizo públicos los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas para la nueva adjudicación de los servicios de vigilancia y seguridad, entre las cuales se establecía dentro del apartado de "personal, seguridad social y subrogación", la obligación de la empresa adjudicataria de subrogarse en los contratos de los trabajadores adscritos a los servicios actualmente en vigor, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 ET , adjuntándose como Anexo II al referido pliego la relación de los trabajadores con vínculo contractual con la empresa adjudicataria en esa fecha, entre los cuáles se encontraba el actor. La empresa VASBE facilitó a la nueva adjudicataria Vigilancia Integrada, SA, (VINSA) la lista de los 21 trabajadores adscritos a la contrata y la documentación relativa a ellos, a lo que esta última contestó por escrito que el servicio contratado era para un máximo de 11 trabajadores al no existir trabajo para el resto, acompañando la lista de los 10 trabajadores excluidos, entre los que se encontraban los actores. Al propio tiempo, VASBE comunicaba a los actores el cambio de empresa contratista y la finalización del contrato de trabajo el 30/6/2012. Los trabajadores impugnaron su cese por despido.
La sentencia de instancia estimando en parte la demanda declaró su improcedencia condenando a VINSA a las consecuencias legales inherentes a dicha declaración, con absolución de VASBE.
La sentencia de suplicación ahora impugnada confirma dicha resolución, con invocación de sentencia anterior de la propia Sala de 16/5/12 (R. 806/12), en la que se concluye en un caso similar que debe operar el mecanismo subrogatorio tanto en virtud de lo establecido en el art. 14 del Convenio Colectivo Estatal de empresas de seguridad, como por haberse producido una sucesión de plantillas resultando en consecuencia de aplicación el art. 44 ET .
Indica la Sala que la nueva adjudicataria ha sumido 11 de los 21 trabajadores adscritos a la contrata alegando la reducción del servicio. Ahora bien, dicha reducción no puede suponer "ab initio" el rechazo parcial de la subrogación. La empresa entrante debió acudir, de considerarlo procedente, a los mecanismos de modificación de las condiciones de trabajo o de extinción de los contratos por causas objetivas que ofrece la legislación.
La empresa VINSA recurre en casación para la unificación de doctrina, insistiendo en su pretensión de aplicación del art. 14 del Convenio colectivo de acuerdo con la doctrina señalada, e identificando como sentencia contradictoria la del Tribunal Supremo, de 21 de septiembre de 2012 (R. 2247/2011 ), cuya doctrina da lugar a la estimación del recurso de la empresa entrante o nueva adjudicataria para declarar responsable del despido únicamente la saliente. En ese caso, en el que se considera de aplicación el art. 14 del repetido convenio, consta acreditado que en el pliego de condiciones del nuevo servicio licitado se prevé una reducción del número de horas de vigilancia contratadas, sin que ni por la empresa saliente ni por el actor se desplegara actividad probatoria dirigida a acreditar una posterior ampliación del servicio y resultando además acreditado que la nueva adjudicación tenía una duración prevista de 24 meses, superior al plazo previsto en el repetido convenio para demostrar la ampliación del servicio.
Situación totalmente dispar a la contemplada en la sentencia ahora impugnada, en la que consta que la nueva contratista al participar en el concurso se comprometió a contratar a todos los trabajadores de la empresa saliente adscritos a la contrata, incluyéndose dicha obligación en una cláusula de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas publicados para la adjudicación de los servicios contratados; y ello determina que no pudiera dejar a ningún trabajador fuera de la subrogación a pesar de la reducción de la contrata.
Esta decisión es coincidente con la adoptada en el auto de esta Sala de 9 de enero de 2014, dictado en el rcud 1380/13, formulado también por la empresa Vinsa.
No contradicen lo anterior las alegaciones realizadas por la recurrente en el trámite de inadmisión dirigidas a relativizar las diferencias expuestas y que justifican a juicio de esta Sala la falta de contradicción, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 219.1 , 225.5 y 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, con imposición de costas a la recurrente, y pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda, de acuerdo con la sentencia de suplicación.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada Dª Victoria Paniagua Sánchez, en nombre y representación de VIGILANCIA INTEGRADA S.A. (VINSA), contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid de fecha 21 de marzo de 2013, en el recurso de suplicación número 324/2013 , interpuesto por VIGILANCIA INTEGRADA S.A. (VINSA), frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Salamanca de fecha 8 de noviembre de 2012 , en el procedimiento nº 881/2012 seguido a instancia de D. Sixto , D. Jose Pedro , D. Luis Francisco , D. Pedro Francisco y D. Alfredo contra VIGILANCIA INTEGRADA S.A. (VINSA) y MINISTERIO FISCAL, sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda, de acuerdo con la sentencia de suplicación.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
