STS 279/2013, 6 de Marzo de 2013

1 . En el primer motivo del recurso denuncia, sin cita de los preceptos relativos al cauce procesal elegido, la vulneración del art. 17.3 de la Constitución y de los arts. 118.1 y 2 y 520.2 de la LECr .

La tesis de la parte recurrente es que el Juez de Instrucción violó el art. 17.3 de la CE , que dice: " Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca ".

La defensa reproduce en este motivo la cuestión previa que ya suscitó ante la Audiencia Provincial, según se recoge en el primer fundamento de derecho de la sentencia recurrida. En él se hace constar la queja del acusado por habérsele recibido declaración como imputado por el delito contra la salud pública en virtud de requisitoria emitida por los órganos jurisdiccionales italianos, sin que se le formulara en cambio imputación por blanqueo de capitales y sin que se le tomara declaración por tal delito. Y también alegó, en apoyo de su tesis, que cada acto de blanqueo constituye un delito autónomo e independiente, por lo que el imputado debió ser informado en su momento de todos y cada uno de los actos de blanqueo y recibirle declaración sobre todos ellos. Con base en tales omisiones consideró que no cabía tenerse en cuenta la imputación por el delito de blanqueo de capitales y que el auto de apertura de juicio oral debía ser declarado nulo en lo referente a este delito.

Ahora en esta instancia hace la defensa un recorrido por todas las diligencias sumariales practicadas con respecto al acusado, poniendo de relieve que en ninguna de las que se practicaron con anterioridad a la transformación del procedimiento se le informó de los actos de blanqueo que estaban constituyendo el objeto de la investigación judicial.

A este respecto, cita y reseña el acta de información de derechos en la comisaría de policía de Ibiza de 11 de octubre de 2005 (folio 111 de la causa). El acta de declaración en la condición de detenido en la misma fecha (folio 119). El oficio policial de 14 de octubre siguiente mediante el que solicitaba la práctica de un nuevo registro en el domicilio del imputado. El auto de incoación de diligencias previas de 13 de octubre de 2005 (folio 41). La declaración ante el Juez de Instrucción de Ibiza el mismo día 13 de octubre (folios 48 a 51), que fue la única declaración judicial practicada en la fase de instrucción y en la que, según alega, no se le informó de los actos de blanqueo que se le atribuían ni de los datos incriminatorios que fueron aflorando contra él en el discurrir posterior de las investigaciones.

La parte recurrente hace hincapié en que el título punible de imputación tiene suma relevancia y al imputado no se le informó en ningún caso de la imputación del delito de blanqueo de capitales, y en las diligencias practicadas con él tampoco se le informó del grueso de los hechos relativos al blanqueo que se le atribuyen, pues todavía no habían sido averiguados cuando se le recibió declaración judicial el día 13 de octubre de 2005.

Igualmente resalta la defensa la vulneración del art. 118 de la LECr ., que obliga a poner inmediatamente en conocimiento de los imputados la denuncia o la querella que se formule contra ellos.

Señala el recurrente que la grave omisión del Juez instructor genera una nulidad de pleno derecho que no puede ser subsanada en fases posteriores del proceso, por lo que la vulneración del derecho fundamental de defensa debe ahora determinar la absolución del acusado del delito de blanqueo de capitales por el que fue condenado.

2. Los preceptos que cita como infringidos la parte recurrente ( arts. 17.3 CE , 118 y 520.2 de la LECr .) tienen como misión primordial la tutela del derecho de defensa . Por lo tanto, la nulidad que postula de las diligencias posteriores practicadas y de las fases posteriores del proceso solo prosperaría en el caso de que la infracción de esas normas haya generado indefensión al acusado.

El Tribunal Constitucional tiene reiteradamente establecido en relación con el derecho fundamental a no padecer indefensión ( art. 24.1 CE ), por un lado, que la indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa, de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho, o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales; y, por otro, que para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el art. 24.1 CE , se requiere que los órganos judiciales hayan impedido u obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar y justificar sus pretensiones, esto es, que la indefensión sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional (por todas, SSTC 12/2011, de 28-2 ; y 127/2011, de 18-7 ). Por lo cual, está excluida del ámbito protector del art. 24 CE la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representen o defiendan (entre otras muchas, SSTC 109/2002 ; 87/2003 ; 5/2004 ; 141/2005 , 160/2009 , 12/2011 y 57/2012 ).

Y también tiene reiteradamente afirmado el Tribunal Constitucional sobre el mismo tema que solo cabe hablar de indefensión cuando la actuación judicial produzca un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa con el consiguiente perjuicio para los intereses del afectado ( SSTC 48/1984 , 155/1988 , 145/1990 , 188/1993 , 185/1994 , 1/1996 , 89/1997 , 186/1998 , 2/2002 , 32/2004 , 15/2005 , 185/2007 , 60/2008 , 77/2008 , 121/2009 , 160/2009 y 57/2012 ). Y este no es el supuesto en que ahora nos hallamos, según se argumentará.

En efecto, le asiste la razón a la parte recurrente cuando alega que no se le informó debidamente en la fase de instrucción de las imputaciones que concurrían contra el encausado en lo que atañe a los actos de blanqueo de capitales, toda vez que en el instante que prestó declaración judicial no se había descubierto todavía el grueso de los presuntos hechos delictivos referentes al art. 301 del C. Penal . De suerte que ni se le informó personalmente de su descubrimiento ni tampoco se le recibió declaración sobre ellos en los términos que obliga la ley.

Ahora bien, ello no quiere decir que se le haya generado una indefensión material y efectiva que conlleve las nulidades que señala la parte recurrente y mucho menos el fallo absolutorio que interesa como derivación de las mismas. Y es que una cosa es la infracción de una norma procesal y otra muy distinta las consecuencias procesales que en el caso concreto genera en el derecho de defensa del imputado.

En este caso el Tribunal de instancia reseña una serie de datos procesales que lenifican las consecuencias de las omisiones relativas a la información de derechos y a la toma de declaración al imputado. Y así, en el folio 33 de la sentencia recurrida se afirma que con anterioridad al levantamiento del secreto de las actuaciones, el 27 de abril de 2006, compareció en el Juzgado de Instrucción de Ibiza el letrado de Madrid D. Juan Roque Martínez Gil, en calidad de abogado del recurrente, y solicitó que se dejara sin efecto el secreto sumarial a fin de obtener copia testimoniada de un informe (folio 4.459). El secreto de las actuaciones se levantó por auto de 23 de octubre de 2006 (folio 5.284), decisión que fue notificada a la representación del acusado al día siguiente. El 31 de enero de 2007 se notificó a su representación procesal la providencia de 30 de enero de 2007 (folio 6.605). El 22 de febrero siguiente se notificó a su representante la providencia del día anterior con copia de la sentencia italiana traducida (folio 6.695). El 29 de marzo (folio 6.728) se personó en la causa en representación del acusado la procuradora Doña Vicenta Jiménez Ruiz y asumió su asistencia letrada Doña Ascensión Joaquinet Larrañaga. Con anterioridad, el 16 de marzo de 2007, el acusado otorgó poder a Doña Ascensión Joaquinet ante el Notario de Trento para realizar en su nombre cualquier actuación procesal (folio 6.732). El 9 de mayo de 2007 compareció en el Juzgado de instrucción como letrada defensora del acusado Doña Ascensión Joaquinet Larrañaga, quien designó a D. José María Cánovas Delgado como codefensor del imputado (folio 6.817). El día 28 de junio siguiente la representación procesal y la letrada formularon por escrito una petición al Juzgado referente a uno de los bienes intervenidos, concretamente la embarcación Evadida (folio 6.977), acompañando diversa documentación, de lo que se dio traslado al Ministerio Fiscal. Hubo una nueva comparecencia en el Juzgado de la representación procesal del acusado el 19 de octubre de 2007 (folio 7.091). Y fue presentado un nuevo escrito con respecto a la embarcación incautada judicialmente el 10 de enero de 2008 (folio 7.108).

Por consiguiente, resulta incuestionable que durante la fase de instrucción, ya antes de levantarse el secreto de las actuaciones, el acusado estaba asistido de un letrado que compareció a interesarse por la causa y a solicitar que se dejara sin efecto el secreto. Y después de que este se levantara fueron varias las ocasiones en que consta que compareció la defensa del acusado a solicitar diligencias y a tomar conocimiento de la marcha del proceso. Difícilmente puede hablarse pues de una indefensión material cuando sus letrados comparecían con cierta asiduidad en las dependencias judiciales y tenían que estar necesariamente al corriente del desarrollo de la instrucción. Por lo cual, señala la Audiencia que no puede hablarse de una instrucción a espaldas del imputado, con quiebra sustancial del principio acusatorio y situación real de indefensión.

De otra parte, también es importante destacar que cuando se dictó el auto que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado, el 7 de mayo de 2008, la representación del acusado solo interpuso recurso de reforma, ya que cuando este fue desestimado por auto de 26 de mayo siguiente no formuló el de apelación. Pues bien, si se pondera que en este auto se recogían los hechos nucleares relativos al delito de blanqueo de capitales que se le atribuían al imputado, ha de entenderse que este ya no estaba indefenso por desconocimiento de la imputación fáctica concerniente a los actos de blanqueo. De ahí que solo quepa interpretar su renuncia al recurso de apelación en el sentido de que, una vez conocido el auto de transformación del procedimiento, consideraba la parte ya solventada la situación de indefensión que pudiera haberse generado previamente por la omisión de su declaración como imputado con posterioridad al 13 de octubre de 2005.

En efecto, la sentencia del Tribunal Constitucional 126/2011, de 18 de julio , reiterando y extractando la doctrina anterior sobre el derecho de defensa en la fase de instrucción ( SSTC 14/1999, de 22 de febrero ; 19/2000, de 31 de enero ; 68/2001, de 17 de marzo ; y 87/2001, de 2 de abril ), recuerda que la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa contradictoria ha sido concretada por este Tribunal en tres reglas ya clásicas (STC 273/1993, de 20 de septiembre ):

"

1. Nadie puede ser acusado sin haber sido, con anterioridad, declarado judicialmente imputado.

b) Como consecuencia de lo anterior, nadie puede ser acusado sin haber sido oído con anterioridad a la conclusión de la investigación.

c) No se debe someter al imputado al régimen de las declaraciones testificales, cuando de las diligencias practicadas pueda fácilmente inferirse que contra él existe la sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible, ya que la imputación no ha de retrasarse más allá de lo estrictamente necesario. Ahora bien, si las leyes procesales han reconocido, y este Tribunal recordado, la necesidad de dar entrada en el proceso al imputado desde su fase preliminar de investigación, lo es sólo a los fines de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra él, aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión. Pero la materialidad de esa indefensión exige una relevante y definitiva privación de las facultades de alegación, prueba y contradicción que desequilibre la posición del imputado" .

Y en la STC 87/2001, de 2 de abril , se dice que " como tiene declarado este Tribunal (entre otras muchas, SSTC 161/1985, de 29 de noviembre ; 48/1986, de 23 de abril ; 32/1994, de 31 de enero ; 41/1998, de 24 de febrero ; 14/1999, de 22 de febrero ; 97/2000, de 18 de mayo ; 228/2000, de 2 de octubre ), las infracciones de las normas o reglas procesales sólo constituyen una lesión del derecho a un proceso con todas las garantías si con ellas se ocasiona una merma relevante de las posibilidades de defensa ". Añadiendo un poco más adelante que " prohíbe el art. 24 de la Constitución que el inculpado no haya podido participar en la tramitación de las diligencias de investigación judiciales o que la acusación se 'haya fraguado a sus espaldas', de forma que el objetivo y finalidad del art. 118 LECrim reside en informar al acusado acerca de su situación para que pueda ejercitar su derecho de defensa y evitar, de esta forma, una real indefensión derivada del desconocimiento de su condición procesal ". Para acabar después desestimando el amparo porque, entre otras razones, " el recurrente se había personado ya en las diligencias antes de efectuar dichas declaraciones , y, por tanto, conocía la denuncia y todas las actuaciones, sin que, en consecuencia, pueda sostenerse que se realizara una instrucción "a espaldas" del acusado ( SSTC 21/1991, de 31 de enero ; 41/1998, de 24 de febrero )" .

3. Centrados ya en el caso que ahora se enjuicia, si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación material de indefensión que hubiera repercutido en la evolución posterior del proceso en perjuicio del reo, cercenando de forma definitiva sus posibilidades de defensa con unas consecuencias irreversibles para los derechos procesales del acusado.

Una conclusión de esa índole aparece contradicha por el hecho de que el imputado estuviera asistido de letrados ya desde el instante en que se levantó el secreto sumarial, y que además esos letrados comparecieran en la sede judicial en diferentes ocasiones a conocer de la marcha de la causa. Y si a ello se le suma que el acusado no recurrió en apelación el auto de transformación del procedimiento ni tampoco solicitó con tal motivo la práctica de diligencias que pudiera considerar necesarias para contrarrestar los datos incriminatorios que emergieron en el curso de la instrucción, solo cabe concluir que la omisión de la declaración judicial del acusado y la consiguiente imputación formal de los hechos de blanqueo investigados no generó en este caso la indefensión material requerida por el Tribunal Constitucional como causa de nulidad de las fases posteriores del proceso.

Siendo así, el primer motivo de impugnación se desestima.

En el motivo segundo , canalizado procesalmente por los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECr ., invoca el recurrente la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24 CE ).

El motivo lo dedica la defensa a exponer unas consideraciones genéricas sobre la estructura de las sentencias, el contenido de la premisa menor y de la premisa mayor, así como sobre el juicio de subsunción, y después especifica los extremos de la resolución recurrida que vulneran garantías procesales, limitándose a anunciar la vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio en relación con el registro judicial practicado en el local del Edificio Marítimo, de Ibiza, y a alegar la falta de eficacia procesal de las diligencias practicadas en Andorra. Sin embargo, no profundiza ni analiza ninguna de las dos cuestiones, sino que se limita a advertir que tales extremos serían tratados de forma específica en los motivos que se expondrían en el curso del desarrollo del recurso.

Así pues, dado el carácter de preludio o de introducción genérica que presenta este segundo motivo, nos remitimos al análisis que se desarrollará con ocasión del examen de los motivos siguientes.

En el motivo tercero , con sustento procesal en los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECr ., alega la defensa la infracción del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes .

La parte recurrente comienza argumentando de nuevo con la indefensión que le generó la falta de imputación del delito de blanqueo durante la fase de instrucción, cuestión que ya ha sido tratada y resuelta en el fundamento primero. Y después aduce también la indefensión y la imposibilidad de valerse de los medios de prueba pertinentes debido al hecho de que el auto autorizando la entrada y registro en el local del Edificio Marítimo fue aportado casi al final de la vista del juicio, por lo que este se desarrolló casi todo él en la creencia de las partes de que tal auto no existía.

Tanto el registro practicado en el local del Edificio Marítimo como los otros dos registros practicados por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Ibiza tienen su origen en una comisión rogatoria dirigida a España por las autoridades italianas contra el recurrente, al que se le imputaba en ese país la importación de grandes cantidades de cocaína. La comisión rogatoria fue tramitada por el Juzgado Central de Instrucción nº 6, que libró los correspondientes exhortos al Juzgado de Ibiza, donde el acusado tenía su domicilio, para que el órgano judicial diligenciara los registros acordados.

Cumplimentando el exhorto del Juzgado Central de Instrucción, se registraron los siguientes inmuebles: C/ DIRECCION004 nº NUM004 , NUM005 NUM006 , Isla Blanca, Talabanca, de Ibiza, que constituía el domicilio habitual del acusado; el apartamento NUM007 del EDIFICIO000 , sito en CALLE000 de Ibiza, en el que residía la exesposa del anterior, la también acusada Remedios ; y el local situado en los bajos del edificio Marítimo, sito en avenida ocho de Agosto de Ibiza.

Los tres registros se practicaron en virtud de tres autos dictados por el referido Juzgado Central de Instrucción, autos que coinciden en su formato y contenido. Sin embargo, por razones desconocidas no figuraba en la causa el que autorizaba el registro del local del Edificio Marítimo, circunstancia de la que se prevalió la defensa del recurrente para cuestionar la diligencia practicada y todas las posteriores derivadas de la misma. Acudió así expresamente a la teoría de los frutos del árbol envenenado aduciendo que el registro era nulo por carecer de un auto judicial que lo legitimara, y que, por consiguiente, también eran nulas las diligencias posteriores que se sustentaran sobre los objetos intervenidos en la diligencia de registro.

Sin embargo, la argumentación defensiva del recurrente se volatilizó cuando el Ministerio Fiscal, en el trámite de la prueba documental de la vista oral, aportó un testimonio del referido auto emitido por el Secretario Judicial del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.

Desvirtuada así la tesis exculpatoria de la defensa cimentada sobre la vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, alega ahora que la presentación del testimonio del auto fue extemporánea y que no debe operar en la causa. Alegación que carece de todo fundamento toda vez que el Tribunal admitió el documento en el plenario y tenía además facultades para ello, a tenor de lo que dispone el art. 729.2º de la LECr ., sin que la admisión de un documento presentado a iniciativa de una de las partes procesales pueda comprometer en modo alguno la imparcialidad del Tribunal, máxime cuando se trata de un documento que ya tenía que figurar necesariamente en la causa, de la que había desaparecido de forma anómala e inexplicada.

La parte recurrente alega que esa aportación extemporánea del auto le generó indefensión, pero sin especificar qué clase de indefensión le podía generar la presentación de un auto que era evidente que se había dictado en su momento, dado que también constaba el mandamiento en el que se materializaba la ejecución del registro acordada en la resolución extrañamente desaparecida de las actuaciones. De nuevo vuelve, pues, la parte recurrente a operar con un concepto de indefensión mucho más retórico y formal que material o efectivo.

Por lo demás, y como argumento a mayores, ha de repararse en que, tal como señala el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, tampoco se está siquiera ante un supuesto en que fuera precisa una autorización judicial para practicar la diligencia, dado que se trataba de registrar un local dedicado a trastero situado en el subterráneo del Edificio Marítimo, que se ubica en la Avenida 8 de agosto de la ciudad de Ibiza. Difícilmente puede hablarse, pues, de que nos hallemos ante un domicilio cuya inviolabilidad tutela el art. 18.2 de la Constitución .

Acerca del concepto de domicilio desde la perspectiva de la norma suprema del ordenamiento jurídico, argumenta el Tribunal Constitucional, en la sentencia 22/1984 , que el derecho a la inviolabilidad del domicilio constituye un auténtico derecho fundamental de la persona, establecido para garantizar el ámbito de privacidad de ésta dentro del espacio que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores, de otras personas o de la autoridad pública. Y a la hora de definirlo, afirma que el domicilio inviolable " es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima" . Por ello -sigue diciendo- a través de este derecho no solo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella. Ese concepto de domicilio ha sido reiterado en otras sentencias posteriores del Tribunal Constitucional (137/1985 , 69/1999 , 94/1999 y 119/2001 ).

Por consiguiente, es claro que un local no puede considerarse domicilio. Así lo corrobora el hecho de que en el curso de la diligencia de registro no se haya hecho constar dato objetivo alguno que permita inferir que allí viviera alguien o que hubiera dentro del local alguna dependencia destinada a vivienda o vinculada directamente con el ejercicio de los actos de la libertad más íntima que se ejecutan de forma asidua en los domicilios o viviendas.

A este respecto, la jurisprudencia de la Sala, según se señala en las sentencias 1219/2005, de 17 de octubre , y 183/2005, de 18 de febrero , considera que una oficina o local comercial carecen de la protección que otorgan los apartados 1 y 2 del art. 18 CE al no constituir un espacio de privacidad necesario para el libre desarrollo de la personalidad, de ahí que no puedan considerárseles incluidos dentro del ámbito de protección de la inviolabilidad del domicilio ( SSTS. 27-7-2001 , 3-10-95 , 27-10-93 ); de modo que ni toda entrada y registro en un lugar cerrado exige la autorización judicial, ni los locales comerciales o almacenes que no constituyen morada de una persona gozan de la tutela constitucional del art. 18.2 citado, sin que requieran, en consecuencia, para la entrada y registro en ellas de las mismas formalidades procesales que se imponen a los registros domiciliarios (STS 8-7- 994).

Y en concreto sobre un local dedicado a trastero, que es el supuesto específico que concurre en el caso que ahora se enjuicia, tiene afirmado esta Sala que un trastero o almacén destinado a guardar objetos, sin comunicación directa con la vivienda, no puede considerarse domicilio al no tener relación con el ámbito de privacidad constitucionalmente protegido, y por lo tanto no son aplicables a la entrada y registro en el mismo las reglas derivadas de la protección constitucional del derecho a la inviolabilidad del domicilio ( SSTS. 282/2004, de 1-3 ; 616/2005, de 12-5 ; 929/2009 de 7-10 ; y 143/2013, de 28-2 ).

Por consiguiente, ni faltaba en el registro del local del Edificio Marítimo el auto judicial que legitimaba la práctica de la diligencia, ni tampoco se precisaba en este caso para su ejecución, toda vez que se trataba de registrar un inmueble dedicado a trastero.

El motivo, pues, no puede acogerse.

Acude de nuevo la parte recurrente a los arts. 852 de la LECr . y 5.4 de la LOPJ para encauzar en este caso el cuarto motivo , en el que alega la vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio ( art. 18.2 CE ).

La defensa vuelve a suscitar toda la cuestión relativa a la no constancia en la causa del auto judicial que autorizaba el registro practicado en el local del Edificio Marítimo, ubicado en Ibiza, y a su presentación extemporánea ya avanzada la vista oral del juicio. Como toda la problemática relacionada con tal extremo ya ha sido examinada y resuelta en sentido desestimatorio en el fundamento precedente, nos remitimos a lo allí argumentado, evitando así incurrir en reiteraciones innecesarias.

Como consecuencia de lo anterior, es claro que no puede tampoco acogerse la pretensión de la parte recurrente de que se declare la nulidad del registro domiciliario practicado el 14 de octubre de 2005 en la DIRECCION004 nº NUM004 , NUM005 NUM006 , Isla Blanca, Talabanca, de Ibiza, por derivar toda esta diligencia de los indicios hallados en el registro previo del local del Edificio Marítimo y afectarle directamente la nulidad de este. Y es que, una vez que no se declara la nulidad del primer registro, decae la premisa en la que se fundamenta la nulidad del segundo.

Visto lo que antecede, el motivo no puede prosperar.

El quinto motivo , con cita procesal de los arts. 852 de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , tiene por objeto declarar la nulidad del registro practicado en la DIRECCION004 , nº NUM004 , NUM005 NUM006 , Isla Blanca, Talabanca, de Ibiza, alegando al respecto que con la asunción de su validez se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.

La tesis que se plantea ya ha sido formulada en el motivo anterior, pues vuelve a incidir el recurrente en que la nulidad del registro del local del Edificio Marítimo "contamina" al registro que se practicó días más tarde en la DIRECCION004 , por lo que tal diligencia carecería de toda eficacia probatoria.

Pues bien, como ya se anticipó en el fundamento anterior, la validez del primer registro citado descarta el efecto "contaminador" que postula la parte recurrente. Damos, pues, por reproducido lo argumentado en los dos fundamentos precedentes.

Así las cosas, el motivo queda rechazado.

Después de renunciar al motivo sexto, denuncia la defensa en el motivo séptimo , con sustento procesal en los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECr ., la vulneración del derecho a la presunción de inocencia ( art. 24 CE ) en lo que respecta al delito contra la salud pública de tenencia de cocaína para el tráfico en su modalidad básica ( art. 368, último inciso del párrafo primero, del C. Penal ).

Las alegaciones de la defensa sobre la presunción de inocencia nos obligan a verificar si se han practicado en la instancia, con contradicción de partes, pruebas de cargo válidas y con un significado incriminatorio suficiente (más allá de toda duda razonable) para estimar acreditados los hechos integrantes del delito y la intervención del acusado en su ejecución; pruebas que, además, tienen que haber sido valoradas con arreglo a las máximas de la experiencia y a las reglas de la lógica, constando siempre en la resolución debidamente motivado el resultado de esa valoración; todo ello conforme a las exigencias que viene imponiendo de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ( SSTC 137/2005 , 300/2005 , 328/2006 , 117/2007 , 111/2008 y 25/2011 , entre otras).

Razona la parte recurrente sobre este particular con dos argumentos. El primero se refiere de nuevo a la nulidad de la diligencia de registro practicada en el PASEO000 , nulidad que de forma reiterada ha sido rechazada en los fundamentos precedentes de esta sentencia, por lo que deviene claro que esta alegación no puede asumirse.

Y como segundo argumento se aduce que los 41 gramos de cocaína que le fueron intervenidos al acusado estaban destinados al propio consumo, ya que se trata de una persona que consume cocaína de forma habitual, y dados sus medios económicos no debería inferirse que un almacenamiento de esa cuantía suponía en el caso del imputado una tenencia desorbitada para la satisfacción de sus necesidades.

El argumento cuenta con algún matiz de razonabilidad; sin embargo, se contradice no solo con los baremos de consumo diario de cocaína que esta Sala acoge como media de un consumidor habitual (1,50 gramos), sino que sobre todo se opone al dato indiciario objetivo que representa el resto de los enseres e instrumentos que le fueron intervenidos al acusado en el interior del local del Edificio Marítimo.

En efecto, en el registro practicado en el local del acusado el 11 de octubre de 2005 no solo se le ocuparon 41,15 gramos de cocaína distribuidos en dos bolsas, sino una serie objetos empleados para la elaboración de la cocaína en su última fase, tales como varias básculas para el pesado, dos prensas hidráulicas, máquinas de envasar al vacío, una balanza, un taladro, moldes agujereados, cubos o cuencos de plástico con restos de clorhidrato de cocaína, planchas de hierro, una empaquetadora, soldadores, hornos microondas, herramientas para soldar, papel secante, globos de gran tamaño, acetona y gas argón (folios 29 a 33 de la causa).

Por consiguiente, se le ocupó todo un arsenal de instrumentos idóneos para confeccionar la sustancia estupefaciente, circunstancia que permite inferir con arreglo a máximas elementales de la experiencia que la cocaína intervenida era parte de la que el acusado preparaba en el local para destinarla a la venta a terceros.

Ahora bien, en lo que sí procede modificar la condena por el delito contra la salud pública, a tenor de lo que se aduce en el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal, es en lo que respecta a la cuantía de la pena que se le impuso al acusado por el tipo penal del art. 368 del C. Penal : cuatro años y cinco meses de prisión. Y ello porque el principio acusatorio, tal como viene entendiéndolo esta Sala a partir del Pleno no jurisdiccional de 20 de diciembre de 2006, impide imponer al acusado una pena superior a la que es solicitada por las acusaciones.

En este caso el Ministerio Fiscal solicitó una pena de cuatro años de prisión por el delito contra la salud pública y el Tribunal de instancia rebasó ese límite punitivo en cinco meses. Ello obliga a estimar el recurso, de acuerdo con la voluntad impugnativa del recurrente y con lo esgrimido por el Ministerio Fiscal, fijando así una nueva pena en la segunda sentencia acorde con el tope señalado en su escrito de calificación por la acusación pública.

Procede, pues, desestimar este motivo del recurso pero con el matiz del ajuste de la pena que se acaba de expresar, que conlleva dejar sin efecto parcialmente la sentencia.

En el motivo octavo , y con cita de los arts. 238.3 º y 240.1 de la LOPJ , vuelve a solicitar la parte recurrente la nulidad del registro practicado en el local del Edificio Marítimo de Ibiza el día 11 de octubre de 2005.

Como el recurrente se basa en los mismos argumentos relativos a la aportación extemporánea del auto que autorizó el registro y a la infracción procesal y a las consecuencias que tuvo para el proceso, es claro que debemos remitirnos a lo argumentado en el fundamento tercero de esta sentencia rechazando las tesis de la defensa, evitando así una repetición cansina e innecesaria de lo que ya se expuso en su momento.

El motivo resulta así desestimado.

Tras renunciar a los motivos noveno y décimo, invoca la defensa en el motivo undécimo , por la vía procesal del art. 849.1º de la LECr ., la infracción del art. 368 , último inciso del párrafo primero, del C. Penal , por su aplicación indebida en el presente caso.

La cuestión suscitada ha sido argumentada y resuelta en sentido desestimatorio en el fundamento sexto de la sentencia. En él ya se razonó que la tesis exculpatoria de que la droga estaba destinada al autoconsumo se vio claramente desvirtuada por la prueba de cargo, mediante la que quedaba acreditado que el destino de la cocaína ocupada estaba destinada, tal como se dice en la sentencia recurrida, a la venta a terceros.

Acogida la premisa fáctica de instancia, no puede cuestionarse que sí se da el supuesto del art. 368, último inciso del párrafo primero, que castiga la tenencia de droga con destino a la venta. De ahí que el motivo decaiga de forma incuestionable.

En el motivo decimosegundo , y por el cauce procesal del art. 849.1º de la LECr ., alega la parte recurrente la infracción del art. 301.1 y 2 del C. Penal , al no darse el supuesto del delito de blanqueo de capitales .

La tesis exculpatoria de la parte recurrente se fundamenta en que, habida cuenta de que el acusado es autor del tráfico de sustancias estupefacientes mediante el que obtuvo el dinero blanqueado, es claro, dice la defensa, que su conducta vendría a constituir un autoencubrimiento impune o un agotamiento del delito de tráfico de drogas, por el que ya fue condenado en Italia. Y cita varias sentencias de esta Sala que siguen un argumento similar.

La defensa centra así su impugnación jurídica en sostener que estamos ante un supuesto de lo que se conoce como "autoblanqueo", de forma que es el mismo autor del delito previo de tráfico de drogas el que aflora personalmente y también a través de terceras personas el dinero que obtuvo con el tráfico de sustancias estupefacientes, y como ya fue condenado por este en Italia, la conducta correspondiente al delito de blanqueo de capitales debería quedar impune.

Sobre los supuestos de " autoblanqueo " es claro que la doctrina de esta Sala se ha mostrado poco uniforme en el criterio aplicado en el curso de los años. De todas formas, se pueden distinguir desde una perspectiva global dos etapas diferentes. Una primera, que comprendería hasta el año 2006, en la que predominó el criterio de la absolución en los supuestos de autoblanqueo; y una segunda desde el año 2006 en adelante, en que la regla se invirtió y ya resultó claramente mayoritaria la opción incriminatoria.

En la primera etapa (hasta el año 2006) se acogió más bien la tesis de que el "autoblanqueo" no debía ser castigado, fundamentándolo en que se trataba de actos copenados que tenían que quedar absorbidos (principio de consunción) en el delito previo de tráfico de drogas. En otras ocasiones se alegaba directamente la vulneración del principio ne bis in ídem , y en algún caso se atendió también al criterio de interpretación gramatical restrictiva del art. 301 en favor del reo. Dentro de esta primera etapa pueden citarse las siguientes sentencias: 1584/2001, de 18 de septiembre ; 575/2003, de 14 de abril ; 1071/2005, de 30 de septiembre ; 1597/2005, de 21 de diciembre ; 550/2006, de 24 de mayo ; 986/2006, de 19 de junio ; 115/2007, de 22 de enero . Y también siguiendo esta línea absolutoria está la sentencia 637/2010, de 28 de junio .

La segunda etapa, favorable al criterio de tipicidad y punición del "autoblanqueo", puede considerarse que se inicia, dejando al margen algún precedente anterior, en el año 2005 y se acentúa a partir del año 2006 con motivo del Pleno no jurisdiccional celebrado el 18 de Julio de 2006, en el que se acordó lo siguiente : "El Art. 301 Código Penal no excluye, en todo caso, el concurso real con el delito antecedente".

Aunque el acuerdo adoptado en ese Pleno no jurisdiccional mostraba un grado importante de ambigüedad, lo que propició que se prosiguiera dictando alguna resolución en la línea de no castigar los supuestos de autoblanqueo, lo cierto es que ya a partir del año 2005 comenzó a predominar de forma clara el criterio de la punición. Los argumentos no siempre fueron claros ni explícitos. Se habla de la tutela de un bien jurídico autónomo al tratarse de un delito contra el orden socioeconómico, aunque sin mucha concreción, y también se acude a la normativa comunitaria para estrechar la punición de cualquier aprovechamiento del hecho delictivo por parte de los traficantes de drogas. Asimismo se hace referencia en otras ocasiones a la pretensión del legislador de reforzar la punición de todo el ciclo económico de los delitos graves, especialmente de aquellos que se cometen por organizaciones.

En esa nueva etapa de punición clara del "autoblanqueo" pueden citarse, remontándonos ya a las primeras sobre la materia, las siguientes sentencias: 1293/2001, de 28 de julio ; 1070/2003, de 22 de julio ; 1359/2004, de 15 de noviembre ; 1597/2005, de 21 de diciembre ; 449/2006, de 17 de abril ; 1260/2006, de 1 de diciembre ; 483/2007, de 4 de junio ; 57/2008, de 25 de enero ; 145/2008, de 8 de abril ; 960/2008, de 26 de diciembre ; 737/2009, de 6 de julio ; 313/2010, de 8 de abril ; 796/2010, de 17 de septiembre ; 811/2012, de 30 de octubre ; 884/2012, de 8 de noviembre ; 997/2012, de 5 de diciembre ; y 974/2012, de 5 de diciembre .

La reforma del C. Penal por LO 5/2010, de 20 de junio, ha venido a confirmar la línea jurisprudencial que aplicaba el concurso real de delitos de tráfico de drogas y de blanqueo de capitales, toda vez que ha establecido en el art. 301.1 del C. Penal que la actividad ilícita de donde proceden los bienes aflorados puede haber sido cometida por el propio autor del blanqueo o por un tercero.

Así las cosas, y al seguir ubicado el precepto dentro de los delitos contra el orden socioeconómico, ha de entenderse que el bien jurídico se halla comprendido en ese ámbito. Se ha dicho por la doctrina que el orden socioeconómico más que un bien jurídico sería un objetivo político criminal, lo que unido a su naturaleza supraindividual dificultaría con su abstracción la concreción del bien tutelado por la norma. Sin embargo, ha de entenderse que dentro del orden socioeconómico existen intereses concretos susceptibles de ser tutelados materialmente por el sistema punitivo, tales como el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, y que afectan también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.

Mayores dificultades se hallarían para penar el "autoblanqueo" en el caso de que entendiéramos que el bien jurídico tutelado por el tipo penal es la Administración de Justicia, al sopesar que el autor oculta o encubre bienes obtenidos mediante actos punibles cuya investigación quedaría frustrada. Pues entonces sí que habría de aplicarse para el autor del delito previo al de blanqueo la doctrina del autoencubrimiento impune, que dejaría en cambio de operar en cuanto se estimara que el art. 301 del C. Penal protege otros bienes jurídicos a mayores diferentes de la Administración de Justicia.

De todas formas, en el caso ahora enjuiciado ni siquiera se precisa acudir a la autonomía del bien jurídico penal tutelado por el delito de blanqueo de capitales para aplicar el tipo del art. 301 del C. Penal , no siendo pues imprescindible dirimir con carácter definitivo si el bien jurídico protegido es único o plural, ni tampoco si se centra en el bien tutelado por el delito previo o por otros autónomos, como sería el orden socioeconómico en los términos anteriormente expuestos dada la ubicación sistemática del precepto, sin excluir tampoco a mayores la Administración de Justicia. Y no se necesita zanjar el problema porque en este caso no se daría un supuesto de bis in ídem, toda vez que figuran en las actuaciones importantes cantidades de dinero blanqueadas por el acusado sin que procedieran del delito de tráfico de drogas por el que ha sido ya condenado en Italia.

En efecto, si bien el acusado ha sido condenado en la sentencia dictada el 10 de enero de 2007 por un Tribunal de Trento (Italia) por haber introducido en el norte de ese país 40 kilos de cocaína el 11 de noviembre de 2003, y entre 10 y 14 kilos de cocaína en abril de 2004, imponiéndole una pena de seis años de reclusión y una multa de 8.400 euros, lo cierto es que gran parte de los actos de blanqueo que ahora se juzgan fueron realizados con anterioridad a que ejecutara tales operaciones de tráfico de drogas, por lo que ha de entenderse, con arreglo a un juicio objetivo de inferencia, que la alegación que se formula en el sentido de que estaríamos ante un "autoblanqueo" cae por su base una vez que se acredita que una parte muy importante parte del dinero blanqueado no está comprendida dentro de la actividad delictiva que ha sido objeto de condena en Italia.

El examen del relato de hechos probados de la sentencia recurrida (folios 3 a 27 de la causa) revela, efectivamente, que un gran número de los actos de blanqueo realizados por el acusado son anteriores a noviembre del año 2003, que es cuando realizó la primera operación de venta de cocaína en Italia y cuando, por tanto, cobró el dinero por la entrega de la partida de 40 kilos de la referida sustancia.

El análisis del extenso relato fáctico de la sentencia permite comprobar que en el curso de los años 2001, 2002 y 2003, con anterioridad al mes de noviembre de este año, el acusado y las personas que colaboraron con él en los actos de blanqueo ingresaron importantes sumas de dinero en las sociedades pantalla que figuran en la causa y también en las cuentas que tenían en Andorra, adquirieron bienes muebles e inmuebles de cuantioso valor e hicieron ingresos muy considerables de dinero en las cuentas bancarias que tenían en España. De forma que del total de dinero blanqueado que se especifica en la causa, 10.265.637 euros, una parte muy importante corresponde a partidas adquiridas y administradas con anterioridad a las operaciones de tráfico de cocaína que el recurrente realizó en territorio italiano.

Todo ello significa que, aunque se siguiera a título de mera conjetura la tesis jurídica de la defensa, que no se comparte, de que el autoblanqueo resulta siempre impune por tratarse un acto copenado con respecto al delito de tráfico de drogas, y que por lo tanto el blanqueo habría de quedar absorbido por el delito previo contra la salud pública, aun así quedaría una importantísima suma de dinero blanqueada que nada tiene que ver con el delito contra la salud pública por el que fue condenado en Italia.

En vista de lo cual, deviene incontestable que debe rechazarse el último motivo formulado por la parte recurrente.

2. Recurso de Remedios

DÉCIMO. En el motivo primero , canalizado procesalmente a través del art. 852 de la LECr ., se alega la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ) por no contar la Audiencia con la mínima prueba de cargo para enervar la presunción constitucional.

El examen de la motivación probatoria de la resolución recurrida desdice, sin embargo, la alegación defensiva de la recurrente. Pues en los folios 51 a 54 de la sentencia de instancia desglosa de forma detallada la Audiencia un acervo probatorio de cargo plural, sólido y sustancioso en contenido incriminatorio.

En efecto, como síntesis del patrimonio que poseía la acusada, refiere la sentencia impugnada el valor de los inmuebles de su propiedad o de sociedades por ella participadas; las joyas encontradas en el apartamento NUM007 del EDIFICIO000 , que constituía su residencia; los vehículos que poseía; los movimientos de sus cuentas bancarias y las cantidades en efectivo que manejaba; y las importantes cantidades depositadas en Andorra. Estos bienes no guardan relación alguna con sus ingresos, apenas inexistentes. Todo ello no puede explicarse, dice la Sala de instancia, sino como parte del entramado de sociedades y personas físicas en las que el acusado distribuía los beneficios obtenidos de su ilícita actividad. No aparece bien alguno que pueda determinarse como originado por la recurrente o su actividad comercial. Todo su patrimonio aparece vinculado a la actividad de su exmarido, el acusado Luis Andrés , quien con frecuencia aparece como la persona que realiza ingresos en sus cuentas o adquiere bienes en su nombre.

En cuanto al elemento subjetivo, señala la sentencia que no es posible convivir matrimonialmente durante dos años con el ritmo de vida que se desprende de los hechos probados e ignorar al mismo tiempo el origen de todo ese caudal patrimonial. La riqueza poseída por la acusada se incrementa de forma importante con el tiempo, mientras que la actividad productiva es siempre nula.

La recurrente era titular de dos vehículos, una tienda, numerosos inmuebles (transferidos a sociedades de las que era partícipe) y cuentas bancarias en España y Andorra con importantes cantidades ingresadas, según se recoge de forma detallada en la narración fáctica de la sentencia cuestionada. Resulta imposible que la ahora recurrente desconociera todo el importantísimo patrimonio a nombre de su exmarido y de ella, máxime cuando no realizaban actividades profesionales que lo justificara. Señala el tribunal sentenciador que es factible desconocer los pormenores de determinadas operaciones, pero no ignorar los bienes que tenía a la vista en sociedades y cuentas bancarias compartidas, ni de los objetos poseídos o el nivel de consumo reflejado en sus propias cuentas bancarias. La importancia de los mismos no puede ser obviada cuando no se desempeña actividad económica alguna, solo se acopian riquezas.

En la sentencia se advierte que la única actividad conocida de la acusada era la explotación de la tienda "Kosiuko" en Ibiza, franquicia de una cadena latinoamericana, cuyos ingresos en el curso de un año no alcanzaban los 50.000 euros, comprobándose al sopesar los gastos que era un negocio que daba déficit.

Se relacionan en la sentencia de instancia los bienes inmuebles que se fueron poniendo a nombre de la acusada, las tarjetas de crédito que utilizaba y los pagos realizados entre los años 2002 a 2005 por la suma de más de 172.000 euros. Además, le fueron intervenidos 23.000 euros el 10 de marzo de 2006 en el aeropuerto de Ibiza cuando se disponía a embarcar rumbo a Argentina, sin que aportara una razón coherente sobre ello.

También han de destacarse los movimientos de sus cuentas bancarias que se reflejan en los hechos probados de la sentencia. Resultan muy significativos, a modo de ejemplo, que en la cuenta nº NUM042 de La Caixa se detectaran imposiciones en efectivo en el año 2000. En 2001 cobran mayor importancia y se mantiene en el año 2002, siendo cancelada el 23 de mayo de 2003. El 8 de junio de 2001 se produjeron dos importantes ingresos: uno de 2.000.000 ptas en efectivo realizado por Luis Andrés y otro por 4.349.231 ptas por venta de divisas. El 11 de junio de 2001 se produce otro ingreso en efectivo por importe de 2.000.000 ptas en efectivo y el siguiente día 12 otro por igual cuantía. El día 13 Luis Andrés trasfirió desde esta cuenta a la 8377 de su titularidad 10.000.000 ptas (folio 783 vuelto). Los abonos superiores a 1.000 € alcanzaron en el año 2000 1.097.472 ptas y 6.596,93 € los abonos, entre efectivo e ingresos de moneda extranjera. Los cargos de 200.000 ptas y 1.202,02 € (informe policial ratificado folios 6.535 y siguientes). En 2001 fueron los abonos de 12.872.231 ptas más 77.363,66 € igualmente en efectivo y en moneda extranjera. Los cargos de 11.178.802 ptas y 67.007,14 €. Se reintegraron 10.000.000 ptas y traspasaron 983.100 ptas a una cuenta de Luis Andrés , que fue quien realizó la operación. En 2002 se produjeron abonos por importe de 26.650 €, de los que 21.550 € fueron en efectivo. Los cargos fueron de 11.956,68 €. En 2003 alcanzaron los 14.100 €, de ellos 12.900 en efectivo y los cargos de 12.410,32 €.

La cuenta de la acusada en La Caixa nº NUM043 inició su actividad el 23 de mayo de 2003. El 1 de octubre recibió un traspaso de fondos de la misma oficina en que estaba domiciliada (nº 3791) de 50.000 € (folio 826) realizada por Luis Andrés desde su cuenta 29603 (folio 6.539). Finaliza el ejercicio 2003 con un saldo de 35.297,56 €. Se recibe una transferencia de 23.000 € el 15 de septiembre de 2004 realizada por Remedios desde la misma oficina. Se realizan diversos pagos hasta que el 1 de noviembre de 2005 tiene un saldo de 19.762,13 €. En 2003 se hacen ingresos (computando abonos superiores a 1.000 €) en cuantía total de 61.162,85 €. Se trata de transferencias, en ocasiones en divisas, salvo un ingreso en efectivo de 1.500 €. Los cargos son por importe de 7.116,41 €. En 2004 los ingresos son de 30.500 € en efectivo y los gastos de 9.238 €, con una transferencia de 6.000 €. En 2005 se carga un único traspaso de 1.200 € (folios 6.538 y siguientes).

A ellas han de sumarse, además de otras que ni siquiera se abordan, las operaciones bancarias de la recurrente y su exmarido en entidades andorranas (Caixabank y Banc Sabadell D'Andorra), recogidas en los hechos probados. Cuando fueron bloqueadas esas cuentas tenían un saldo total de 3.553.826,81 euros (folio 5.873 contenido en el informe policial).

Por todo lo cual, no cabe en modo alguno cuestionar que en la conducta de la acusada concurra el dolo, aunque sea en su modalidad eventual, propia de la clase de actos de blanqueo por los que ha sido condenada la recurrente.

A tenor de todo lo que antecede, el primer motivo resulta inviable.

Tras renunciar a los motivos segundo y tercero, aduce en el cuarto , por el cauce procesal del art. 849.1º de la LECr ., la aplicación indebida del art. 301.1 del C. Penal .

1. En cuanto al tipo objetivo del art. 301 del C. Penal , en su redacción anterior a la LO. 15/2003 de 25 de noviembre, describe, según la sentencia de esta Sala 974/2012, de 5 de diciembre , las siguientes conductas delictivas:

i) Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave ( art. 301.1 CP ). Esta modalidad tipifica comportamientos genuinos de blanqueo que son, como destaca la doctrina, los encaminados a introducir los bienes de ilícita procedencia en el mercado legal. A través de la adquisición se incorporan bienes al patrimonio propio ya sea el título de adquisición oneroso o gratuito. Conversión equivale a transformación de bienes en otros distintos, mientras que la transmisión supone lo contrario de la adquisición, es decir, extraer bienes de su patrimonio para integrarlo en el de un tercero.

ii) Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito (núm. 1, art. ya citado). Se trata en realidad, de una conducta de favorecimiento real propia del encubrimiento (art. 451.2) con el que entraría en concurso de normas. La mención "cualquier otro acto" es poco respetuosa con el principio de seguridad jurídica y la certidumbre y taxatividad que demanda la legalidad penal en su cumplimiento de tipicidad. Los actos típicos son autónomos respecto a la modalidad precedente y han de ser idóneos al fin de que se trata.

iii) Realizar (cualquier otro acto) para ayudar a quien ha participado en la infracción o delito base a eludir las consecuencias de sus actos (núm. 1 del artículo citado). De nuevo se tipifica una conducta de encubrimiento, ahora personal, por lo que entra en concurso de normas con el art. 451.3, a resolver conforme el criterio de la alternatividad (art. 8.4).

iv) Ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos a sabiendas de su procedencia ilícita ( núm. 2 del art. 301 CP ). Se tipifica ahora la denominada "receptación del blanqueo", por lo que la conducta no recae sobre los bienes procedentes del previo delito, sino sobre los que ya han sido objeto de alguno de los actos de blanqueo descritos con anterioridad, lo que exige que tales bienes hayan experimentado ya alguna transformación.

Y en cuanto a los elementos indiciarios que permiten inferir la ejecución de una de esas conductas en relación con el tráfico de drogas, la doctrina de esta Sala suele citar los siguientes (SSTS 893/2008, de 16-12 ; 155/2009, de 26-2 ; y 1118/2009, de 26-10 ; y 28/2010, de 28-1 , entre otras):

1. La cantidad de capital que es lavado o blanqueado, como elemento de primera aproximación.

b) La vinculación o conexión con actividades ilícitas o con personas o grupos relacionados con las mismas.

c) El aumento desproporcionado del patrimonio durante el período de tiempo al que se refiere dicha vinculación o el manejo de una elevada cantidad de dinero en efectivo y una dinámica de transmisiones como signos evidenciadores de operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias.

d) La inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias.

Al centrarnos en el caso concreto , se comprueba que la acusada convirtió el dinero procedente del tráfico de drogas en bienes de tráfico lícito, adquiriendo para ello los bienes que se recogen en el "factum" de la sentencia, tanto muebles como inmuebles, dándole así salida al dinero procedente de un delito grave ( arts. 368 y 369.5º del C. Penal ). Además, ingresó el dinero que le proporcionaba el coacusado en las cuentas corrientes que tenían comunes y en otras particulares de ella.

Ya se razonó probatoriamente en el fundamento anterior que el dinero que utilizó para la compra de bienes inmuebles y de bienes muebles procedía del tráfico de drogas a que se dedicaba su exmarido, el acusado Luis Andrés , visto el cuantioso incremento en poco tiempo del patrimonio de los cónyuges encausados y la carencia de negocios lícitos que lo pudieran justificar, a tenor de la falta de actividades profesionales que justificaran ninguna clase relevante de ingresos.

2. En lo que respecta al elemento subjetivo del tipo penal, establece la referida sentencia 974/2012, de 5 de diciembre , que sobre el conocimiento de que el dinero procediera del narcotráfico, el referente legal lo constituye la expresión "sabiendo", que en el lenguaje normal equivale a tener conciencia o estar informado. No implica, pues, saber (en sentido fuerte) como el que podría derivarse de la observación científica de un fenómeno, o de la implicación directa, en calidad de protagonista, en alguna realización; sino conocimiento práctico, del que se tiene por razón de experiencia y que permite representarse algo como lo más probable en la situación dada. Es el que, normalmente, en las relaciones de la vida diaria permite a un sujeto discriminar, establecer diferencias, orientar su comportamiento, saber a qué atenerse respecto de alguien ( STS. 2545/2001, de 4-1 ).

En definitiva, dice la referida sentencia, en el plano subjetivo no se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que, de ordinario, solo se dará cuando se integren organizaciones criminales amplias con distribución de tareas delictivas), sino que basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito grave (ahora ya de cualquiera, aunque no sea grave), por ejemplo por su cuantía, medidas de protección, contraprestación ofrecida, etc. Así, la STS. 1637/2000, de diez de enero , destaca que el único dolo exigible al autor y que debe objetivar la Sala sentenciadora es precisamente la existencia de datos o indicios bastantes para poder afirmar el conocimiento de la procedencia de los bienes de un delito grave ( STS. 2410/2001, de 18-12 ), o del tráfico de drogas, cuando se aplique el subtipo agravado previsto en el art. 301.1, habiéndose admitido el dolo eventual como forma de culpabilidad ( STS. 1070/2003, de 22-7 , 2545/2001, de 4-1 ).

Pues bien, en este caso la acusada, tal como ya se argumentó en su momento, era conocedora de que el dinero de su esposo, del que se separó en noviembre de 2004, procedía del narcotráfico, a tenor de los datos objetivos incuestionables con que contaba para inferirlo aplicando máximas elementales de la experiencia diaria. No puede obtenerse otra conclusión si se pondera que el coacusado no realizaba trabajo lícito alguno y que su patrimonio en unos pocos años se había incrementado en cantidades exorbitantes, circunstancia sumamente llamativa y relevante que tenía que saber su propia esposa, con la que tenía una relación permanente, a tenor de las cuentas bancarias que tenían en común, de los bienes que había puesto a nombre de la propia acusada y de la relación que sus familiares mantenían con su marido.

Por lo demás, el capital acumulado por ambos es de tal cuantía (más de diez millones de euros) que cualquier ciudadano en la misma situación de la acusada tiene que inferir necesariamente que el dinero y el patrimonio acumulado procedía del tráfico de drogas, ya que es una de las pocas fuentes de ingreso que propician obtener un capital tan desmesurado sin realizar actividad profesional lucrativa alguna.

Así las cosas, es claro que este segundo motivo ha de rechazarse.

1. También por el cauce procesal del art. 849.1º de la LECr ., y después de haber renunciado al motivo quinto, se alega en el motivo sexto que procedía apreciar la atenuante de dilaciones indebidas no solo como simple sino como muy cualificada.

Arguye la parte recurrente que el proceso se incoó en octubre del año 2005, por lo que ha durado casi seis años, dado que la vista oral del juicio se celebró en el mes de julio de 2011. Y también dice que el Ministerio Fiscal tardó varios meses en calificar los hechos. Además, se invirtió más de un año en resolver por la Audiencia el recurso de apelación contra el auto de acomodación de las diligencias previas al procedimiento abreviado.

2. Actualmente, la reforma del C. Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que entró en vigor el 23 de diciembre siguiente, regula como nueva atenuante en el art. 21.6 ª las dilaciones indebidas en los siguientes términos: " La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa ".

Por consiguiente, el nuevo texto legal, según ha advertido la doctrina, coincide sustancialmente con las pautas que venía aplicando la jurisprudencia de esta Sala para operar con la atenuante analógica de dilaciones indebidas.

Los requisitos para su aplicación serán, pues, los tres siguientes: 1) que la dilación sea indebida; 2) que sea extraordinaria; y 3) que no sea atribuible al propio inculpado. Pues aunque también se requiere que la dilación no guarde proporción con la complejidad de la causa, este requisito se halla comprendido realmente en el de que sea indebida, toda vez que si la complejidad de la causa justifica el tiempo invertido en su tramitación la dilación dejaría de ser indebida en el caso concreto, que es lo verdaderamente relevante.

Y en lo que atañe a la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, que es la que ahora postula la defensa, ha de partirse de la premisa de que las circunstancias particulares del caso han de constatar una dilación del proceso especialmente extraordinaria o superextraordinaria, no siendo suficiente con una duración meramente extraordinaria, a tenor de la redacción que le ha dado el legislador en el nuevo art. 21.6ª del C. Penal . Pues si para apreciar la atenuante genérica o simple se requiere una dilación indebida y extraordinaria en su extensión temporal, para la muy cualificada siempre se requerirá un tiempo superior al extraordinario, que ha de considerarse excepcional o superextraordinario.

Esa excepcionalidad no concurre en el presente caso, puesto que, aunque transcurrieron casi seis años desde que se incoó la causa hasta que se celebró la vista oral del juicio, ha de ponderarse que se está ante un proceso penal muy complejo, tal como admite la parte recurrente en su escrito de recurso, con una copiosísima y plural documentación a través de la cual se han tenido que reconstruir todas las inversiones que realizaron los acusados por un importe total de más de diez millones de euros en bienes muebles e inmuebles, lo que conllevó analizar una cuantiosa documentación bancaria y además la titularidad de numerosos bienes.

Por lo tanto, atendiendo a tales factores no puede decirse que el tiempo del proceso haya sido desproporcionado ni sobre todo superextraordinario. No se reseñan paralizaciones llamativas, ni puede tener relevancia que el recurso de apelación contra el auto de transformación del procedimiento fuera resuelto en un año de plazo, habida cuenta que no consta que la causa estuviera paralizada durante ese tiempo.

Por lo demás, debe sopesarse que, según los criterios que se vienen aplicando en numerosas sentencias ya con anterioridad a la reforma legal de 2010, se ha operado con la atenuante de dilaciones como simple y no cualificada en procesos que duraron un total de 7 años ( SSTS 91/2010, de 15-2 ; 235/2010, de 1-2 ; 338/2010, de 16-4 ; y 590/010, de 2-6); 5 años y medio ( STS 551/2008, de 29 de septiembre ); y 5 años ( SSTS 271/2010, de 30-3 ; y 470/2010, de 20-5 ).

El motivo, pues, se desestima, y, por consiguiente, también la totalidad del recurso, imponiéndole a la parte recurrente las costas causadas en esta instancia ( art. 901 de la LECr .).

3. Recurso de Adelaida

En el motivo primero , canalizado procesalmente a través del art. 852 de la LECr ., se alega la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ) por no contar la Audiencia con la mínima prueba de cargo para enervar la presunción constitucional.

El examen de la motivación probatoria de la resolución recurrida desdice, sin embargo, la alegación defensiva de la recurrente. Pues en los folios 54 a 57 de la sentencia de instancia recoge la Audiencia de forma minuciosa un acervo de prueba de cargo plural, consistente y con importante contenido incriminatorio.

En efecto, resalta la Audiencia que la recurrente aportó a la "Compañía Paudi Ibiza, S.L." un total de 298.920 euros. De ellos 166.920 fueron en efectivo; 67.000 euros mediante el apartamento NUM010 NUM011 del EDIFICIO001 , de Ibiza, que había adquirido el 28 de enero de 2003; y 65.000 euros mediante la entrega del apartamento NUM012 del EDIFICIO000 .

Adquirió a través de Luis Andrés en la relojería Roca de Barcelona el 14 de marzo de 2005 un Reloj Rolex Daytona oro blanco, nº de serie F690876, valorado en 21.000 €.

Y en cuanto a las cuentas bancarias a nombre de la recurrente, se especifica en el relato fáctico de la sentencia que la cuenta NUM047 , de la que son cotitulares Luis Andrés , Remedios y la recurrente, estuvo operativa desde el 12 de diciembre de 2001 y se liquidó el 23 de enero de 2003 (folios 874 y siguientes). Su saldo es de cero a 21 de junio de 2002. Entre estas fechas hay cuatro importantes transferencias de divisas. Concretamente el 21 de junio de 2002 se reciben dos transferencias en divisas: una por 54.768,05 dólares y otra por 34.848,05 dólares. El total de 89.616,10 dólares es vendido el 27 de junio. El 28 de junio de 2002 se recibe una transferencia en divisas por importe de 44.808,05 dólares. La venta de las divisas se produce el 3 de julio. Una nueva transferencia de divisas por importe de 49.788,05 dólares se recibe el 31 de diciembre de 2002 y son vendidas el 23 de enero de 2003. Todas las operaciones de venta dejan la cuenta a cero. En las cuatro transferencias de divisas aparece como remitente, en los documentos bancarios, "realizadas por / NUM045 ".

Los abonos en 2002 por traspasos alcanzan un total de 184.212,20 dólares, de los que son reintegrados 134.421,70 en 2002 y 49.785,45 en 2003 (folios 6.544).

En la cuenta de la acusada NUM046 de La Caixa (folios 878 vuelto y siguientes introducidos por su defensa), a partir del 7 de agosto de 2003 aparecen transferencias de divisas remitidas por Alfonso , con una periodicidad mensual. Su importe mensual ronda los 2.100 €, si bien no son cantidades exactas. Se inician en agosto de 2003. Con anterioridad las percibía su hija Remedios en su cuenta NUM043 (folios 824 y siguientes).

Los días 27 de junio y 3 de julio de 2002 realiza dos compras de divisas por importe de 90.557,90 € y 45.424,61 €, total 135.982,51 € (folio 876 vuelto); se trata de una compra de dólares realizada por Remedios cargada en la cuenta anterior, nº NUM047 , y abonada en esta (folio 6.541). El 16 de septiembre de 2002 (folio 877) recibe una transferencia de divisas realizada por la propia acusada de 66.204,41 € que es reintegrado el día siguiente. El 23 de enero de 2003 se venden divisas por importe de 46.089,10 € que se ingresan en esta cuenta por Luis Andrés . Se cargan los 49.785,45 dólares en la cuenta nº NUM047 y se produce una imposición en efectivo de 10.000 € que es seguida por otra, el 28 de enero de 2003, de 5.500 €.

Al folio 2.704, introducido por su defensa, obra resguardo de transferencia bancaria de divisas de la cuenta de la oficina de La Caixa de Adelaida a "El Faro Casas" por importe de 163.710 €, dicha cantidad responde al segundo pago de la compra del inmueble de C/ DIRECCION004 nº NUM004 , escriturado en fecha 2.1.2004 por un total de 270.000 €.

Las operaciones superiores a 1.000 € registradas en la cuenta se resumen de la siguiente forma (informe policial ratificado folios 6.540 y siguientes): abonos en efectivo en 2001, 30.050,61 €. En 2002 abonos por importe de 218.386,92 €, de ellos en moneda extranjera 135.982,51 €; cargos 248.138,55 €, de ellos 171.938,55 € en transferencias. En el año 2003: abonos 72.407,07 €, en moneda extranjera 46.089,10; cargos, un cheque por importe de 61.904,25 €. En 2005, solo abono por transferencia de 24.560,60 €. Y en 2005, solo abono por transferencia de 21.291,99 €.

En el escrito de recurso alega la defensa que la acusada pertenece a una familia argentina acaudalada y que su marido era médico, señalando que el dinero invertido en España era propiedad de su familia y que lo invirtió en este país para huir del "corralito" que se había implantado en Argentina en diciembre de 2001.

A ello ya le respondió la Audiencia que no consta que poseyese una fortuna que posibilitase las cuantiosas inversiones realizadas y tampoco que introdujera en España cantidad alguna en efectivo a efectos de invertirla aquí. Además, sus aportaciones a las sociedades datan de mediados de 2003, es decir, bastante después de que se adoptara en su país la medida del "corralito". Su valor declarado asciende a 298.920 euros y manifestó que lo aportó a las sociedades para reducir gastos fiscales. Las sociedades a que aportó el dinero eran las titulares de los bienes adquiridos por Luis Andrés con las ganancias obtenidas de su ilícita actividad.

A todo lo señalado debe sumarse que la recurrente es la madre de la coacusada Remedios y por tanto madre política del coacusado Luis Andrés , que estuvo casado con Remedios desde el 11 de enero de 2002 hasta el 15 de noviembre de 2004. Y cuando la recurrente venía a España residía con su hija en el apartamento del EDIFICIO000 , de Ibiza. Por todo lo cual, estaba en contacto directo con Remedios y tenía que conocer necesariamente la llamativa acumulación de patrimonio que esta, sin trabajo conocido relevante, había conseguido en un corto espacio de tiempo, así como el nivel de vida que llevaba.

La recurrente otorgó poderes generales al marido de su hija y le permitió que realizara todo tipo de operaciones en sus cuentas bancarias. No se entiende esa autorización genérica a una persona de la que dice no conocer su fuente real de ingresos y que estaba siendo investigada por tráfico de drogas a gran escala. Y tampoco se comprende el flujo de divisas en la cuenta bancaria de la acusada si su intención era invertir su dinero en España.

Así pues, el dinero aportado a una de las sociedades pantalla del acusado, los importantes movimientos de dinero en su cuenta bancaria, los poderes generales otorgados a Luis Andrés , la proximidad y contacto directo que tenía con su hija Remedios , el conocimiento del importantísimo patrimonio de esta sin justificación legítima conocida y sus venidas a España, constatan de forma incuestionable que conocía que estaba contribuyendo de forma directa a blanquear el elevado patrimonio ilícito que su hija y la persona con la que estaba casada habían acumulado en un tiempo record.

Queda por tanto enervada la presunción de inocencia de esta recurrente, desestimándose así su motivo de impugnación.

Tras renunciar a los motivos segundo y tercero, aduce en el cuarto , por el cauce procesal del art. 849.1º de la LECr ., la aplicación indebida del tipo de blanqueo de capitales previsto en el art. 301.1 del C. Penal .

Ya señalamos en el fundamento undécimo cuales eran los elementos del tipo objetivo y subjetivo del art. 301.1 del C. Penal , por lo que no hemos de reiterarlos ahora, limitándonos pues a constatar su concurrencia en el caso de esta recurrente.

A este respecto, no cabe duda que la conducta de la acusada resulta subsumible en el tipo objetivo de blanqueo de capitales. En primer lugar, porque adquirió con el dinero que procedía de la actividad ilícita del coacusado dos bienes inmuebles que puso a nombre de la propia recurrente, bienes que después aportó a una de las sociedades pantalla constituidas por su hija Remedios y el propio acusado. Blanqueando también dinero de este mediante la aportación a alguna de las sociedades como si fuera la propia impugnante quien lo entregaba de su propio patrimonio.

Y otro tanto sucedió con los actos que realizó relativos a figurar como titular de dos cuentas bancarias, mediante las que se hicieron importantes movimientos de dinero y de compra y venta de divisas con el fin de ocultar y reconvertir el dinero procedente de la actividad ilícita de tráfico de drogas.

Y en lo que respecta al elemento subjetivo del dolo, ya se desglosaron en el fundamento precedente los importantes indicios que figuran en la causa relativos a que la recurrente conocía perfectamente el patrimonio que su yerno y su hija habían acopiado en unos pocos años y la falta de ingresos legítimos de ambos que justificaran nada menos que el afloramiento de más de 10 millones de euros. Una fortuna de esa cuantía, tal como ya se advirtió en su momento, solo puede ser obtenida por una actividad ilícita que generara dinero a gran escala en muy poco tiempo, es decir, por el tráfico de sustancias estupefacientes. Circunstancia que no podía ignorar la acusada dado el contacto permanente y fluido que tenía con su hija, con la que convivía en Ibiza en algunas ocasiones.

Así pues, contribuyó con conocimiento y voluntad a blanquear el dinero que su yerno obtenía con la venta de droga, prestándose a figurar como titular de cuentas bancarias y a realizar operaciones de adquisiciones de bienes que solo tenían como objetivo ocultar el origen ilícito del dinero obtenido mediante delitos contra la salud pública.

Concurren, pues, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal que se le imputa, decayendo así este motivo de impugnación.

También por el cauce procesal del art. 849.1º de la LECr ., y después de haber renunciado al motivo quinto, se alega en el motivo sexto que procedía apreciar la atenuante de dilaciones indebidas no solo como simple sino como muy cualificada.

Arguye la parte recurrente, tal como ya lo hizo la otra acusada, su hija Remedios , que el proceso se incoó en octubre de año 2005, por lo que ha durado casi seis años, dado que la vista oral del juicio se celebró en el mes de julio de 2011. Y también dice que el Ministerio Fiscal tardó varios meses en calificar los hechos. Además, se invirtió más de un año en resolver por la Audiencia el recurso de apelación contra el auto de acomodación de las diligencias previas al procedimiento abreviado.

El motivo presenta el mismo contenido e iguales argumentos que el interpuesto por la coacusada. Por lo tanto, y con el fin de evitar reiteraciones innecesarias, damos por reproducido lo argumentado y decidido en sentido desestimatorio en el fundamento decimosegundo de esta sentencia.

El motivo, pues, se desestima, y, por consiguiente, también la totalidad del recurso, imponiéndole a la parte recurrente las costas causadas en esta instancia ( art. 901 de la LECr .).

A tenor de lo argumentado en los fundamentos precedentes, solo cabe estimar parcialmente el recurso de Luis Andrés en lo relativo a corregir el exceso de pena privativa de libertad que vulnera el principio acusatorio. En todo lo demás se desestiman tanto ese recurso como el de las acusadas, con imposición a las dos recurrentes de las costas que causaron en esta instancia ( art. 901 de la LECr .).

FALLO

ESTIMAMOS PARCIALMENTE EL RECURSO DE CASACIÓN por infracción de ley interpuesto por la representación de Luis Andrés contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Primera, de 1 de septiembre de 2011 , que condenó al recurrente como autor de un delito contra la salud pública de tráfico de cocaína en su modalidad básica y como autor de un delito de blanqueo de capitales, con la concurrencia de la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas, sentencia que queda así parcialmente anulada, con declaración de oficio de las costas causadas en esta instancia.

De otra parte, DESESTIMAMOS LOS RECURSOS DE CASACIÓN interpuestos por la representación de Remedios y Adelaida contra la referida sentencia, en la que fueron condenadas como autoras de un delito de blanqueo de capitales, con la atenuante de dilaciones indebidas, imponiéndoles las costas de esta instancia.

Comuníquese esta sentencia con la que a continuación se dictará a la Audiencia Provincial de instancia con devolución de la causa, interesando el acuse de recibo de todo ello para su archivo en el rollo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Carlos Granados Perez Andres Martinez Arrieta Jose Ramon Soriano Soriano Alberto Jorge Barreiro Antonio del Moral Garcia

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a seis de Marzo de dos mil trece.

En la causa Procedimiento Abreviado nº 35/08, del Juzgado de instrucción número 3 de Ibiza, seguida por un delito contra la salud pública y blanqueo de capitales contra Luis Andrés , nacido en Argentina el NUM080 de 1971, con NIE NUM081 ; Remedios , nacida en Argentina el NUM082 de 1972, con NIE NUM083 ; Adelaida , nacida en Argentina el NUM084 de 1940, con NIE NUM085 y otros, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Primera, dictó sentencia en fecha 1 de septiembre de 2011 , que ha sido casada y anulada por la dictada en el día de la fecha por esta sala integrada como se expresa. Ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro.