STS, 28 de Enero de 2013

Con fecha 4 de diciembre de 2.009, el Juzgado de lo Social núm. 39 de Madrid, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Desestimo la demanda formulada por Dña. Estibaliz frente a ASOCIACION EDAD DORADA MENSAJERO DE LA PAZ, frente a la que absuelvo de las pretensiones deducidas en su contra ante la inexistencia de despido".

En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: "PRIMERO.- La actora, Dª Estibaliz , prestaba sus servicios para la empresa demandada ASOCIACION EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ, en la Residencia municipal de Personal Mayores de Campo Real, "Edad Dorada Mensajeros de la Paz", con antigüedad de 07-01-98, ostentando la categoría profesional de Gerocultora, y percibiendo un salario mensual bruto prorrateado de 1.388'70 euros.- SEGUNDO.- La demandante inició su relación laboral en la fecha anteriormente indicada con Caritas Diocesana de Alcalá, en la que se subrogó la demandada con fecha 01-02-03. Esta Asociación suscribió Convenio de colaboración para la gestión del centro de atención a Personas Mayores de Campo Real con fecha 31-01-03, que al figurar incorporado al ramo de prueba de la parte actora como documento número 12 se tiene por reproducido en este apartado.- TERCERO.- La demandante causó baja médica con fecha 16-03-08, permaneciendo en situación de Incapacidad Temporal, habiéndole sido abonada la prestación de Incapacidad Temporal por la demandada en forma de pago delegado hasta el mes de marzo de 2009 inclusive.- CUARTO.- Por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de 17-04-09 le fue reconocida a la actora la prórroga de dicha prestación con efectos de 01-04-09, y por un periodo máximo de seis meses, que fue hecha efectiva de forma directa por la citada Entidad Gestora.- QUINTO.- Mediante nueva resolución del INSS de 28-09-09 se resolvió iniciar expediente de Incapacidad Permanente, poniendo en conocimiento de la actora que durante dicha situación se prorrogarían los efectos económicos de la prestación de Incapacidad Temporal.- SEXTO.- La demandada abonó a la demandante el complemento de Incapacidad Temporal hasta el 15-09-09.- SEPTIMO.- La demandada cursó la baja de la trabajadora en la Seguridad Social por causa de "agotamiento de I.T." con efectos de 15-09-09.- OCTAVO.- Y en esa misma fecha, 15-09-09 la demandada notificó a la actora el finiquito por baja en la empresa por agotamiento del periodo de IT, siéndole abonadas las partes proporcionales de paga de diciembre y de vacaciones, haciendo constar la actora su disconformidad.- NOVENO.- Por resolución del INSS de 06-10-09 la actora fue declarada en situación de Incapacidad Permanente Total, con efectos de 19-10-09, estableciéndose como fecha de revisión por agravación o mejoría la del 01-10-11.- DECIMO.- Se celebró el acto previo de conciliación con resultado de intentado y sin efecto".

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la representación procesal de Dª. Estibaliz , ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la cual dictó sentencia con fecha 26 de octubre de 2011 , en la que dejando inalterada la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia, consta la siguiente parte dispositiva: "Que estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de la parte actora contra la sentencia de fecha 4 de diciembre de 2009 dictada por el Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid , en autos nº 1473/2009, seguidos a instancia de Dª. Estibaliz contra ASOCIACIÓN EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ, en reclamación por DESPIDO, revocando la misma y declaramos improcedente el despido de la trabajadora condenando a la empresa a que, en el plazo de CINCO DIAS desde la notificación de la presente sentencia, opte entre la readmisión de la trabajadora o el abono de una indemnización de 24.475,83 euros (veinticuatro mil cuatrocientos setenta y cinco con ochenta y tres céntimos de euro) y, además, cualquiera que sea el sentido de la opción, a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la presente sentencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se prueba por el empleador lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación. De no optar expresamente se entiende que lo hace por la readmisión. De los salarios de tramitación se deducirán el período coincidente con la incapacidad temporal y aquellos en que haya estado en incapacidad permanente total".

Por la representación procesal de Dª. Estibaliz , se formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que se denuncia infracción de los arts. 48.2 , 49 y 56 ET , arts. 1101 , 112 , 1132 , 1134 y 1136 del Código Civil , arts. 110 , 111 y 284 LPL y del art. 18 LOPJ , en relación con los arts. 14 y 24 CE . Y señala como decisión de contraste la STSJ Castilla-La Mancha 19/04/07 [rec. 324/07 ].

Por providencia de esta Sala, se procedió admitir a trámite el citado recurso, y no habiéndose impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el sentido de considerar procedente el recurso. E instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 30 de octubre de 2.012, suspendido dicho trámite, y dada la transcendencia y complejidad del asunto, se acordó que la deliberación, votación y fallo del mismo se hiciera en Sala General, señalándose el día 19 de diciembre de 2.012, suspendiendose el mismo y señalandose nuevamente para el día 23 de enero de 2.013, fecha en que tuvo lugar.

1.- Los hechos objeto del presente enjuiciamiento son resumibles en los siguientes términos: a) la trabajadora demandante inició IT en 18/03/08 , con abono del subsidio por la demandada; b) la situación le fue prorrogada desde el 01/04/09 por un periodo máximo de seis meses, abonando el subsidio -durante la prórroga- la EG por gestión directa; c) por resolución de 28/09/09 se le inició expediente de IP, persistiendo la prórroga de efectos; d) la empresa demandada abonó el complemento de IT hasta el 15/09/09 , fecha en la que le dio de baja en la Seguridad Social «por agotamiento de IT» y comunicó a la trabajadora el finiquito por baja en la empresa; e) con efectos de 19/10/09 , al actor le fue reconocida IPT, estableciéndose como fecha de revisión por agravación o mejoría la de 01/10/11.

2. - Presentada demanda por despido, el JS Madrid nº 39 dictó sentencia en 04/12/09 [autos 1473/09], desestimando la demanda al considerar que la «decisión empresarial no es constitutiva de despido, porque la baja en la Seguridad Social de la trabajadora obedeció a la finalización de la obligación de cotizar, y es por tanto una situación administrativa que no es equivalente a un despido». Y recurrida en Suplicación, la STSJ Madrid 26/10/11 [rec. 1821/11 ] revocó la de instancia, declaró que el cese constituía despido improcedente y condenó a la empresa a optar entre la readmisión y la indemnización, por entender -Auto aclaratorio de 30/11/11- que la pretendida imposibilidad de readmisión [alegada por la recurrente] «no puede prosperar por cuanto que cuando se dicta la sentencia de instancia no había transcurrido el plazo de 2 años a que se refiere el artículo 48.2 del ET ».

3. - Se formaliza recurso de casación por la trabajadora, que denuncia infracción de los arts. 48.2 , 49 y 56 ET , arts. 1101 , 112 , 1132 , 1134 y 1136 del Código Civil , arts. 110 , 111 y 284 LPL y del art. 18 LOPJ , en relación con los arts. 14 y 24 CE . Y señala como decisión de contraste la STSJ Castilla-La Mancha 19/04/07 [rec. 324/07 ], cuyo supuesto fáctico es éste: a) el trabajador había sido despedido el 13/04/0 4, en situación de IT; b) en 13/08/04 fue declarado en IPA, con efectos de 27/07/04; c) en 19/11/04 se dictó sentencia que declaró improcedente el despido, con derecho del empresario a optar entre readmisión o indemnización; d) en 23/12/04 se declaró la firmeza de la sentencia; e) solicitada ejecución de la misma, en 31/03/06 se dictó Auto por el que se declara extinguida la relación laboral; y f) interpuesto recurso de Suplicación por el trabajador, la Sala de lo Social -en la resolución señalada como referencial- condena a la empresa al abono de la indemnización, por considerar inaplicable el art. 48.2 ET [al tratarse de una declaración de IPA ordinaria, sin previsión alguna de mejoría del estado del incapaz] y porque de entre las obligaciones alternativas «el deudor no tendrá derecho a elegir las prestaciones imposibles».

1.- El art. 217 LPL exige -para la viabilidad del recurso en unificación de doctrina- que exista contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra decisión judicial, y que esa discordancia se manifieste en la parte dispositiva de las sentencias, al contener pronunciamientos diversos respecto de hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales (recientes, SSTS 24/04/12 -rcud 3650/11 -; 14/05/12 -rcud 2974/11 -; y 04/06/12 -rcud 163/11 -).

2. - Como se refleja el precedente fundamento jurídico la sustancial paridad de los supuestos a contrastar es inequívoca, pues en ambos casos se trata de trabajadores despedidos, a los que posteriormente se les reconoce en situación de IP y cuyo despido es declarado improcedente, pero en tanto que la sentencia recurrida entiende que esa declaración [IPT] no es obstativa para que el empresario pueda optar por la readmisión, la decisión referencial considera que esta segunda opción es jurídicamente inviable por irrealizable tras la previa declaración de IPA.

Ciertamente que entre los supuestos a comparar existen diferencias, pero éstas son irrelevantes a los efectos de contradicción. En concreto, ninguna trascendencia ha de atribuirse al hecho de que las resoluciones hayan sido dictadas en trámite declarativo [la recurrida] o ejecutivo [la contrastada], puesto que la firmeza de la segunda -en cuya ejecución se dicta la referencial- únicamente refuerza la contradicción «a fortiori», pues en este supuesto la situación -de hecho y jurídica- darían inferior apoyo a la pretensión, si se atiende a que la declaración de opción -efectuada en la sentencia a ejecutar- ya había adquirido firmeza, pese a lo cual el Tribunal de contraste entiende que la opción es inviable ( SSTS 22/05/97 -rcud 3930/96 - ... 30/05/11 -rcud 2598/10 -; 28/11/11 -rcud 107/11 -; 07/12/11 -rcud 777/11 -; y 27/02/12 -rcud 1563/11 -); como tampoco tiene relevancia alguna el diverso grado de IP en el que los trabajadores fueron declarados en los procedimientos [IPT e IPA, respectivamente], pues tanto el uno como el otro son causa de extinción del contrato de trabajo, ex art. 49.1.e) ET ; y en último término, ningún valor puede darse -desde la perspectiva de la examinada contradicción- al hecho de que la decisión hoy recurrida razonase indebidamente en orden a la aplicación del art. 48.2 ET , pues el supuesto de hecho declarado probado no lo consentía [se trataba de una declaración de IP «ordinaria» y no la «especial» que aquel precepto contempla], y con ello nos trasladamos a un error de apreciación jurídica en la que no incurre -precisamente- la decisión referencial.

1.- Insistiendo en este último extremo ha de precisarse que son perfectamente distinguibles -por diversidad de sus requisitos y consecuencias-:

a).- La declaración «ordinaria» de IP, para la que el art. 143.2 LGSS dispone que en su declaración se «hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado invalidante profesional»; y respecto de la cual el art. 49.1.e) ET proclama su cualidad -tratándose de IPT, IPA o GI- de causa extintiva del contrato.

b).- La declaración «especial» de IP que contemplan los arts. 7 RD 1300/1995 [21/Julio ] y 48 ET , y que -conforme a tales preceptos- (1) únicamente es admisible «cuando, a juicio del órgano de calificación, la situación del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo»; (2) se haga constar en la correspondiente resolución inicial de reconocimiento; (3) comporta la subsistencia de la relación de trabajo y la reserva del puesto de trabajo durante un periodo de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la IP; y (4) debe ser objeto de oportuna notificación al empresario.

2. - Como muy atinadamente observa el Ministerio Fiscal en su estudiado informe, «la situación que prevé el art. 48.2 ET es la contraria, en cierto sentido, a la del art. 143.2 LGSS . En el art. 48.2, precisamente a causa de la probabilidad de la mejoría del interesado, la revisión se ha de efectuar necesariamente en los dos años siguientes a la resolución que reconoció la IP. En cambio, en el art. 143.2 LGSS la revisión no se puede realizar en el tiempo inmediato posterior a la resolución del INSS, sino después de que se haya cumplido el plazo señalado en tal resolución».

1.- Justificada así la inaplicabilidad del art. 48.2 ET al caso de autos, la doctrina que hasta la fecha ha sido seguida por esta Sala en supuestos de idéntica imposibilidad readmisoria sobrevenida [contratos temporales extinguidos con anterioridad a la sentencia; fallecimiento del trabajador acaecido en idéntica circunstancia; o declaración de IP], es básicamente la que sigue:

a).- Cuando desaparece un término de la obligación alternativa establecida en el art. 56 ET , por no ser posible la readmisión del trabajador, en tal caso «debe aplicarse el art. 1134 del Código Civil , manteniéndose la obligación del empresario de cumplir el otro miembro de la obligación alternativa, es decir, la indemnización, ... y ello porque ... los perjuicios causados por despido improcedente, ... no son sólo los materiales [pérdida de salario y puesto de trabajo] sino otros de naturaleza inmaterial [pérdida de oportunidad de ejercitar la actividad profesional, de prestigio e imagen en el mercado de trabajo] ... que deben se indemnizados» ( SSTS 29/01/97 -rcud 3461/95 -; 28/04/97 -rcud 1076/96 -; 22/04/98 -rcud 4354/97 -; 19/09/00 -rcud 3904/99 -; 23/07/09 -rcud 1187/08 -).

b).- «La construcción de la responsabilidad derivada del despido deberá cohonestar el marco general establecido por el Código Civil en sus artículos 1.101 al 1.136 con las especialidades derivadas del Estatuto de los Trabajadores a propósito de la extinción del contrato de trabajo a consecuencia del despido... El artículo 1.101 del Código Civil establece el principio general de responsabilidad en el ámbito de las obligaciones y siendo la injusta extinción de una relación laboral, lo que priva a una de las partes, el trabajador, del trabajo reconocido como deber-derecho ciudadano al amparo del artículo 35 de la Constitución Española , tal decisión voluntariamente adoptada por el empresario deberá comportar responsabilidad para éste» y «una peculiaridad del ordenamiento laboral como es la de conferir al deudor, empresario, la posibilidad de opción entre las dos obligaciones, no puede, por lógica, cerrar el camino a la solución iuscivilista establecida en aras de la protección del acreedor, pues lo contrario supondría dejar a éste indefenso, en un medio como el laboral orientado a la tuición del trabajador» ( STS 13/05/03 -rcud 813/02 -).

2. - Manteniendo la fuerza dialéctica de las argumentaciones precedentes, el nuevo examen del tema también nos ha llevado a entender -en el Pleno de la Sala- que: a) es innegable que desde el punto de vista de su expresión formal, la obligación establecida en el art. 56.1 ET para el despido declarado improcedente [«... el empresario... podrá optar entre la readmisión del trabajador ... o el abono de... [u]na indemnización...»] debe encuadrarse en la categoría de las obligaciones alternativas, pues es claro que se trata de una obligación que literalmente constriñe al deudor/empresario al cumplimiento de una de las dos prestaciones previstas [readmitir/indemnizar], atribuyendo en general la elección al deudor/empresa [regla del art. 56.1 ET ], pero disponiendo excepcionalmente el derecho de opción en favor del acreedor/trabajador [ art. 56.4 ET , para el caso de despido de representante unitario o sindical]; y b) aunque en un plano puramente dogmático pudiera cuestionarse la exacta configuración de esa obligación empresarial [no ya como alternativa pura, sino como la subespecie facultativa], sin embargo ello en ningún caso trascendería a la consecuencia que aplicar al supuesto de imposibilidad de la prestación, que -a diferencia de lo que pudiera ocurrir para las obligaciones regidas por el Derecho Común- en todo caso sería el necesario cumplimiento de la prestación indemnizatoria, como única posible.

1.- En efecto, la obligación del empresario es de origen legal, y como tal -de acuerdo con el art. 1090 CC - se rige por los preceptos de la ley que la establece [Estatuto de los Trabajadores] y supletoriamente por las disposiciones del Código Civil sobre «obligaciones y contratos»; en el bien entendido de que estas últimas por fuerza han de resultar acordes al citado origen legal y a su específica regulación normativa, y de que en la solución a las posibles lagunas han de jugar decisivo papel los principios generales del Derecho, muy singularmente los que informan el propio Derecho del Trabajo.

2. - En este sentido, muy tempranamente ha considerado la jurisprudencia que si el Ordenamiento a que la ley pertenece mantiene sus propias directrices o finalidades, divergentes de las que informan el Derecho Civil común, aquellas directrices son las que han de tenerse en cuenta en el ámbito aplicativo de la obligación legal de que se trate. Así se ha rechazado la aplicación supletoria de las prescripciones del Derecho común cuando la regulación específica -accidente de trabajo- «no ofrece oscuridad ni deficiencias que deban subsanarse con los preceptos del Código» [ STS 28/12/1906 ]; se ha negado -también sobre relaciones de trabajo- que por aplicación del art. 1090 CC , el Libro IV del mismo sea derecho supletorio de primer grado y pueda relegar el sistema de fuentes laborales [ SSTS 26/06/1924 ; y 23/11/1927 ]; y -con carácter general- se ha mantenido que cuando los principios rectores de la obligación legal son dispares a las del Derecho común, la primera solución supletoria ha de hallarse en el marco de la propia ley que la establece, y sólo en defecto de ésta puede acudirse a las disposiciones del Código Civil en materia de obligaciones [ SSTS 09/12/1953 ; y 02/01/1959 ].

3. - Planteada la cuestión en tales términos, la primera consideración que viene al caso es la de que la regulación que en la materia hace el ET tiene por presupuesto un acto ilícito del empresario [la ruptura de la relación laboral sin causa legalmente justificativa], y que en orden a reparar el mal injustamente causado se establece la correspondiente obligación de «hacer» [readmitir en el puesto de trabajo en igualdad de condiciones], pero se le añade el opcional cumplimiento por equivalencia [indemnizar los daños y perjuicios causados].

Con ello se sigue el esquema del Código Civil en orden a las consecuencias del cumplimiento/incumplimiento de las obligaciones [arts. 1088 ... 1101 ], aunque con la peculiaridad -antes referida- de fijar para la «solutio» una indemnización tasada que comprende -limitadamente- todos los perjuicios que al trabajador hubieran podido causársele, tanto de orden material como inmaterial, según ha mantenido la doctrina tradicional de la Sala respecto de la cuestión objeto de debate; siquiera en los últimos tiempos hayamos admitido la posibilidad de reclamaciones adicionales -independientes y compatibles- por vulneración de derechos fundamentales ( SSTS 23/03/00 -rcud 362/99 -; 12/06/01 -rcud 3827/00 -; y 13/06/11 -rcud 2590/10 ).

1.- Como hemos adelantado, los principios rectores que informan la legislación laboral en orden a la obligación [readmisión/indemnización] determinada por el despido improcedente llevan a la misma consecuencia derivable del citado art. 1.134 CC .

Esa consecuencia se manifiesta en los supuestos de imposibilidad -no imputable- de la prestación, que son causa de extinción del vínculo obligacional, pero no liberan al empresario de responsabilidad económica. Tal es el caso de la fuerza mayor, que únicamente genera limitación indemnizatoria pero siempre que se acuda al procedimiento extintivo legalmente previsto [ art. 51,12 ET ], pues de lo contrario la responsabilidad por la finalización contractual -a través del cierre de la empresa, por ejemplo- sería plena. También esa diversidad informadora respecto del Código Civil se pone de manifiesto en que -una vez más a diferencia del art. 1184 CC - los supuestos de imposibilidad prestacional por muerte, jubilación o IP del empresario, si bien son legítima causa extintiva del contrato, de todas formas comportan indemnización para el trabajador, aunque limitada [ art. 49.1.g) ET ]. En no menor medida la diversidad de tratamiento se refleja en que determinadas circunstancias personales del trabajador -ineptitud, falta de adaptación- pueden obstar la prestación por él debida y sin embargo no excluyen su derecho a la correspondiente indemnización, aunque la minoren [ arts. 52 y 53 ET ]. Y más específicamente, el tratamiento diferencial se pone de manifiesto en el art. 284 LPL , al disponer -siquiera en fase ejecutoria- que la imposibilidad de readmitir al trabajador -por cese o cierre de la empresa- comporta la extinción de la relación laboral y el abono de la indemnización correspondiente; obligación que el vigente art. 286.1 LRJS extiende -incluso- a «cualquier otra causa de imposibilidad material o legal», estableciéndose así un mandato que es el reverso de la solución propia de las obligaciones facultativas, en las que los supuestos de imposibilidad ajena al deudor/empresario se traducen -como arriba hemos señalado- en la extinción de la obligación por el perecimiento de la prestación.

2. - Pero también hay otra razón de peso que justifica la solución indemnizatoria tradicional en los casos en que la readmisión sea imposible por causas que afecten al propio trabajador [fallecimiento; y declaración de Incapacidad Permanente] o a la misma relación laboral [expiración del plazo en contratos temporales]. Y es la de que la indemnización legalmente prevista para el despido improcedente ofrece -como anteriormente se apuntó- destacadas peculiaridades respecto de la establecida en Derecho común, tal como han destacado la Sala en cuatro sentencias de 31/05/06 [recursos 5310/04 ; 1763/05 ; 2644/05 ; y 3165/05 ], y entre las que destacar muy significativamente un carácter que tradicionalmente hemos calificado de objetivamente tasado, siquiera en los últimos tiempos -como antes señalamos- se hayan admitido indemnizaciones complementarias por conculcación de derechos fundamentales.

Significa lo anterior que aún a pesar de que la naturaleza de la indemnización legal por despido sea esencialmente reparadora - que no sancionadora-, la circunstancia de que tampoco aspire a la «restitutio in integrum», sino que -en palabras de la STC 6/1984, de 24/Enero , FJ 5- se trate de una «suma que ha de abonar el empresario al trabajador como consecuencia de despido sin causa legal, la cual cumple una función sustitutoria del resarcimiento de perjuicios, aunque no se calcula en función de los mismos», lleva a la lógica consecuencia de que tal montante se adeude por el empresario que ha adoptado la injustificada decisión, no sólo en los supuestos de resultar imposible la prestación -dar trabajo o prestar servicios- que la norma laboral expresamente contempla [los que ya hemos referido más arriba], sino también en aquellos otros casos en los que las particulares circunstancias del contrato o del propio trabajador hagan imposible la prestación de servicios y -con ello- la opción por la readmisión. Consecuencia que imponen la naturaleza -tasada y formalmente desvinculada del perjuicio real- de la indemnización prevista legalmente y un elemental criterio de equidad: si no se atiende al perjuicio real para fijar la indemnización, parece coherente prescindir también de su propia existencia -la del perjuicio económico real- para atribuir aquélla.

Por todo ello, siendo el supuesto objeto de debate el hecho de que la declaración de IPT posterior al despido hizo inviable la posibilidad de readmitir a la trabajadora, el único término admisible de condena no es ya la opción -readmitir o indemnizar- que con carácter general contempla el art. 56.1 ET , sino que ha de imponerse al empresario la única obligación que tras la declaración de IPT resulta factible, la de indemnizar en los términos legales a la empleada despedida. Y para concluir bien pudiéramos reproducir lo que decíamos en la citada STS 04/05/05 [rcud 1899/04 ], respecto de que «lo que ha sucedido ha sido consecuencia de decisiones adoptadas -quizá con alguna precipitación o falta de previsión- por la propia demandada, cuyas consecuencias debe padecer ahora sin que pueda acogerse su alegación, meramente hipotética, de que si hubiera habido en su momento una extinción por incapacidad permanente, no hubiera abonado indemnización por despido».

Las precedentes razones implican -tal como informa con fundamentado razonamiento el Ministerio Fiscal- que la doctrina ajustada a Derecho es la mantenida por la sentencia de contraste y que -en consecuencia- la recurrida haya de ser casada y anulada. Sin imposición de costas [ art. 233.1 LPL ].

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.