STS 646/2012, 13 de Julio de 2012

1. En el segundo motivo denuncia la defensa de este acusado, con cita de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECr ., la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones ( art. 18.3 CE ), y como consecuencia de esa infracción se solicita la nulidad de las intervenciones telefónicas, alegando igualmente la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ).

Se alega en el recurso que el oficio policial presentado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de fecha 8 de marzo de 2006 (folios 389 a 392 de la causa), en el que solicitaba la intervención del teléfono móvil del acusado Fermín , no contenía datos suficientes para poder hablar de razones fundadas o fuertes presunciones para decretar la medida de investigación mediante el auto dictado el 14 de marzo de 2006 (folios 396 a 398), auto que es tachado de prospectivo e inmotivado. Considera la parte recurrente que antes de adoptar la medida de la intervención telefónica tenía que haberse practicado una investigación sobre el patrimonio de Fermín y acudir a otras medidas complementarias de investigación. Al no hacerlo, estima que se ha vulnerado el principio de necesidad de la medida, lo que debiera determinar ahora la nulidad de las intervenciones telefónicas y de las pruebas derivadas de las mismas, es decir, de las entradas y registros y del material probatorio obtenido a través de las fuentes de prueba halladas en la instrucción, lo que ocasionaría un vacío en la prueba de cargo y la consiguiente absolución. Al no declarar esa nulidad se habrían conculcado los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia.

2. El Tribunal Constitucional ha venido señalando reiteradamente que la resolución judicial en la que se acuerda la medida de intervención telefónica debe expresar o exteriorizar las razones fácticas y jurídicas que apoyan la necesidad de tal intervención, esto es, cuáles son los indicios que existen acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo grave por una determinada persona, así como concretar con precisión el número o números de teléfono y personas cuyas conversaciones han de ser intervenidas -en principio, deberán serlo de las personas sobre las que recaigan los indicios referidos-, el tiempo de duración de la intervención, quiénes han de llevarla a cabo y cómo, y los períodos en los que deba darse cuenta al Juez (SSTC 82/2002 ; 167/2002 ; 184/2003 ; 165/2005 ; 136/2006 ; y 197/2009 ).

   También advierte que la obligación de apreciar razonadamente la conexión entre el sujeto o sujetos que iban a verse afectados por la medida y el delito investigado, esto es, el presupuesto habilitante de la intervención telefónica, constituye un prius lógico del juicio de proporcionalidad ( SSTC 49/1999, FJ 7; 138/2001, FJ 3 ; 165/2005, FJ 4 ; 219/2006 ; 220/2006 ; 239/2006 ; y 253/2006 ).

   Precisa el Tribunal Constitucional, en lo que respecta a los indicios, que son algomás que simples sospechas , pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento. Esto es, " sospechas fundadas" en alguna clase de datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido: en el de ser accesibles a terceros , sin lo que no serían susceptibles de control; y en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona. Han de excluirse las investigacionesmeramente prospectivas , pues el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos o para despejar las sospechas sin base objetiva que surjan de los encargados de la investigación, ya que de otro modo se desvanecería la garantía constitucional; exclusión que se extiende igualmente a las hipótesis subjetivas y a las meras suposiciones y conjeturas , pues si el secreto pudiera alzarse sobre la base de esas hipótesis, quedaría materialmente vacío de contenido ( SSTC 49/1999 ; 166/1999 ; 171/1999 ; 299/2000 ; 14/2001 ; 138/2001 ; 202/2001 ; 167/2002 ; 261/2005 ; 136/2006 ; 253/2006 ; 148/2009 ; 197/2009 ; 5/2010 ; y 26/2010 ).

   Matiza el Tribunal Constitucional que el hecho en que el presunto delito pueda consistir no puede servir como fuente de conocimiento de su existencia; la fuente del conocimiento y el hecho conocido no pueden ser la misma cosa ( SSTC 299/2000 ; 167/2002 ; y 197/2009 ). Sin que, además, la carencia fundamental de la expresión de los elementos objetivos indiciarios y la ausencia de los datos indispensables pueda ser justificada a posteriori por el éxito de la investigación misma ( STC 138/2001 , y 167/2002 ).

   Por su parte, este Tribunal de Casación , siguiendo la doctrina constitucional, tiene establecido en reiteradas resoluciones ( SSTS 77/2007, de 7-2 ; 610/2007, de 28-5 ; 104/2008, de 4-2 ; 304/2008, de 5-6 ; 406/2008, de 18-6 ; 712/2008, de 4-11 ; 778/2008, de 18-11 ; 5/2009, de 8-1 ; y 737/2009, de 6-7 ) que de la nota de la judicialidad de la medida de la intervención telefónica se derivan, como consecuencias inherentes, que sólo la autoridad judicial competente puede autorizar el sacrificio del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, y siempre con la finalidad exclusiva de proceder a la investigación de un delito concreto y a la detención de los responsables, rechazándose las intervenciones predelictuales o de prospección. Esta materia se rige por el principio de especialidad en la investigación.

   La medida -señalan las sentencias citadas de este Tribunal- debe ser fundada en el doble sentido de adoptar la forma de auto y tener suficiente motivación o justificación. Ello exige de la policía solicitante la expresión de la noticia del hecho delictivo a comprobar y la probabilidad de su existencia, así como de la implicación posible de la persona cuyo teléfono es el objeto de la intervención. Los datos facilitados por la policía tienen que tener una objetividad suficiente que los diferencie de la mera intuición policial o conjetura. Tienen que ser objetivos en el doble sentido de ser accesibles a terceros y, singularmente, al Juez que debe decidir sobre la medida, pues de lo contrario se estaría en una situación ajena a todo posible control judicial. Y es obvio que el Juez, como director de la investigación judicial, no puede adoptar el pasivo papel del vicario de la actividad policial que se limita a aceptar sin control alguno lo que le diga la policía en el oficio. En definitiva, en la terminología del TEDH, se deben facilitar por la autoridad policial las "buenas razones" o "fuertes presunciones" a que dicho Tribunal se refiere en los casos Lüdi -5 de junio de 1997-, o Klass -6 de septiembre de 1998-. Se trata de términos semejantes a los que se emplean en el art. 579 LECrim .

3. La traslación de los criterios precedentes al caso concreto que ahora se juzga impide declarar la nulidad de las intervenciones telefónicas que postula el recurrente por considerar vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones y a un proceso con todas las garantías.

   En efecto, en lo que concierne a los datos indiciarios o a las buenas razones o fuertes presunciones de que habla la jurisprudencia para poder legitimar la adopción de la medida de la intervención telefónica, en la sentencia recurrida se hace un análisis pormenorizado sobre la base indiciaria con que operó el Juzgado de Instrucción para decretar las escuchas telefónicas. Sin embargo, la parte recurrente prescinde de toda esa extensa argumentación en la que por el Tribunal de instancia se le dan fundadas razones sobre el resultado de la investigación practicada antes de acudir a la medida de la intervención de los teléfonos. En el recurso se opera como si en la sentencia no se hubiera tratado siquiera el tema, dado que no cuestiona las afirmaciones y los argumentos concretos de la Audiencia sino que razona en paralelo obviando todo lo razonado por el Tribunal.

   Y así, en los folios 16 y siguientes de la sentencia impugnada se le replica a la defensa que las diligencias se iniciaron a partir de la denuncia que formulara el Grupo de blanqueo de la Guardia Civil; en ella se describía a una organización a cuyo frente se situaría el coimputado Marco Antonio que se dedicaría al tráfico de hachís y al blanqueo de capitales procedentes de dicha ilícita actividad; se informaba de una operación detectada en enero de 2004 en el puerto de Algeciras en la que se ocuparon mas de 15 toneladas de hachís, que había desencadenado otras operaciones de la policía de Marruecos en las que se intervinieron otras 13 toneladas de dicha sustancia. Se hace referencia a la detención del recurrente y a sus circunstancias personales. Se reseña un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), de las sociedades controladas por aquel y su cónyuge, Santiaga , y de las operaciones sospechosas que habrían realizado con dinero en metálico, en concreto de la compra y explotación de un aparcamiento en Marbella.

   También se recoge como sospecha fundada la intervención de Fermín como socio, administrador de la sociedad y del aparcamiento. Se refieren las cuentas de ese recurrente y la disposición del dinero y su destino, así como sus inversiones en bienes inmuebles en Marbella, detallándose el importe que constaba en las escrituras, a las que habían tenido acceso. Y también se concretaban los antecedentes policiales por tráfico de drogas de dos hermanos de Marco Antonio Marcos , su identidad, las fechas y la síntesis de los hechos en los que habían sido involucrados.

   Se incorporaba copia del diario digital de Marruecos, cuya cabecera era Albayane , del 29-12-2005, en el que se informaba de la aprehensión de droga y se facilitaba el nombre de Marco Antonio como sospechoso de ser el abastecedor de una red europea (p. 24 y 25).

   Y en cuanto al acusado Fermín , según se recoge en el oficio policial (folios 389 y ss. de la causa), se le vinculaba con Marco Antonio y la sociedad Sofnissar SL, de la que era socio y administrador solidario junto a la esposa de aquel, una sociedad que fue constituida en el año 1996 con un capital social de tres mil euros, que fue ampliado dos años después con mas de un millón de euros, al tiempo que se adquiría el aparcamiento por un importe similar.

   En el mismo oficio se daba cuenta de que Fermín había sido vigilado, pudiéndose constatar que acudía al negocio de aparcamiento y que era la persona que representaba al recurrente cuando este no se hallaba en España, pues figuraba como su apoderado en la compraventa de inmuebles. Se informaba sobre su situación económica (percibía una pensión de incapacidad), su alto nivel de vida y sus propiedades, entre ellas una finca donde vivía en Alhaurín de la Torre, de casi seis mil metros cuadrados.

   Resulta obvio que con todo ese cúmulo de datos no cabe hablar de escuchas prospectivas o especulativas, sino de unas sospechas fundadas que propiciaban el avance de la investigación mediante la medida adoptada. De modo que, dado el estado en que se hallaban las pesquisas, se mostraba ya necesaria la práctica de las escuchas con el fin de completarlas y culminarlas.

   Le asiste, pues, la razón a la Sala de instancia cuando argumenta que la lectura de los diversos informes y oficios policiales previos a la adopción de la injerencia acredita que existían indicios de criminalidad suficientes, fruto de las mencionadas indagaciones, y excluye que se llevara a cabo una injerencia prospectiva, ya que los policías tenían datos ciertos sobre Fermín , sobre las personas con las que se relacionaba en la actividad de presunto blanqueo y sobre su forma de operar, datos que permitían al Juez considerar razonable y fundada la conjetura que le presentaban, por lo que la intervención telefónica se presentaba como idónea, necesaria y proporcionada.

   La parte recurrente hace especial hincapié en la falta del requisito de la necesidad de la medida, y alega que había que profundizar previamente en la investigación sobre los bienes patrimoniales de Fermín . Sin embargo, tal como se razona en la sentencia impugnada, una vez que los encargados de la pesquisa habían detectado que Marco Antonio , ahora recurrente, residía temporadas fuera de España (en Holanda) y que Fermín era, en principio, su representante permanente en el territorio español, pues vivía de forma estable en la costa malagueña, la progresión de la investigación se hacía muy difícil sin acceder a lo que hablaban entre ellos.

   Y en lo que atañe a la motivación del auto dictado el 14 de marzo de 2006, en el que se decretó la intervención del teléfono móvil de Fermín (folios 396 a 398 de la causa), se está ante una resolución de las que se complementan con la remisión al oficio policial, que si bien, como ya tenemos advertido en otras ocasiones, no son un modelo deseable ni encomiable de práctica judicial, sí son admitidas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

   En efecto, este tiene declarado que, si bien lo deseable es que la expresión de los indicios objetivos que justifiquen la intervención quede exteriorizada directamente en la resolución judicial, esta puede considerarse suficientemente motivada si, integrada incluso con la solicitud policial , a la que puede remitirse , contiene los elementos necesarios para considerar satisfechas las exigencias para poder llevar a cabo con posterioridad la ponderación de la restricción de los derechos fundamentales que la proporcionalidad de la medida conlleva ( SSTC 200/1997 ; 166/1999 ; 171/1999 ; 126/2000 ; 299/2000 ; 138/2001 ; 202/2001 ; 184/2003 ; 261/2005 ; 136/2006 ; 197/2009 ; 5/2010 y 26/2010 ).

   En el auto se especifica el sujeto que se ve afectado en su derecho fundamental, el número de teléfono cuya intervención se interesa, el tiempo de limitación del derecho fundamental y los hechos investigados, a cuyos efectos se remite a los antecedentes aportados por las fuerzas policiales. Y la autorización se otorga por el periodo de un mes en relación con unos hechos delictivos en los que figura como presunto autor el ahora recurrente.

   Por último, la parte recurrente alega también que con fecha de 2 de noviembre de 2009 se unió a la causa un testimonio parcial e incompleto de las diligencias previas 158/2007 del Juzgado Central de Instrucción nº 4, diligencias que tienen su procedencia en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla, sin que se hayan aportado el oficio y el auto autorizante de las escuchas que se practicaron en el último juzgado citado. Por lo cual, las diligencias previas 158/2007 tendrían que ser declaradas nulas y extraídas de la presente causa.

   Pues bien, tal como se razona en la sentencia de instancia, las escuchas telefónicas tramitadas por el Juzgado de Melilla no fueron utilizadas como prueba de cargo en la presente causa, por lo que la declaración de su nulidad resultaría irrelevante para el resultado del proceso. El Tribunal sentenciador solo utilizó probatoriamente las declaraciones del agente de la Guardia Civil NUM046 . Además constan en el proceso, a petición de la defensa, los autos en los que se acordaron las intervenciones telefónicas (folios 7.447 y ss.), intervenciones que -se insiste- no han operado como material probatorio para fundamentar la condena del recurrente.

   En consonancia, pues, con todo lo que antecede, es claro que el motivo no puede acogerse.

1. En el primer motivo invoca la defensa del acusado, por la vía procesal del art. 849.1º de la LECr ., la infracción del art. 301.1 y 2 del C. Penal , debido a que considera que la conducta del acusado, consistente en autoblanquear los beneficios por él obtenidos con el tráfico de hachís es atípica o impune.

La parte recurrente dedica toda la primera parte de este motivo a resaltar la documentación policial que obra en la causa relacionada con el acusado, tanto los oficios como los informes policiales correspondientes a diferentes causas, y afirma después que ha quedado acreditado que es una persona que a lo largo del tiempo se ha venido dedicando a la planificación y ejecución de operaciones de tráfico de hachís a gran escala, aun cuando no haya sido nunca condenado por dicha actividad ilícita, ni fuera ni dentro de España. Y también señala que se dedica al consumo, gestión e inversión de los beneficios obtenidos con su ilícita actividad. Por lo tanto, concluye, nos hallamos ante un delincuente "traficante-autoblanqueador", cuya conducta ha de estimarse atípica -dice el recurso- hasta la reforma del C. Penal por LO 5/2010, de 22 de junio, a tenor de lo cual entiende que debió ser absuelto del delito que se le imputa.

2. La tesis que sostiene la parte recurrente no puede acogerse por dos clases de razones. La primera es que no se ajusta a la doctrina jurisprudencial el argumento de que el delito de blanqueo de capitales queda absorbido o consumido por el delito contra la salud pública de tráfico de drogas. La defensa entiende que se está ante un mero agotamiento del delito anterior con el que se obtienen las sumas de dinero después blanqueadas o formalmente legalizadas.

En el recurso cita la parte las sentencias de esta Sala 550/2006, de 24 de mayo , 1071/2005, de 30 de septiembre , y 637/2010, de 28 de junio , en las que, en efecto, se consideró que no procedía aplicar conjuntamente los dos tipos penales como un concurso real de delitos. Se acogió en esas sentencias la línea doctrinal que considera que en estos casos el desvalor de la ilicitud del delito de blanqueo de capitales queda comprendido o abarcado por el del delito previo contra la salud pública. Esta tésis de la atipicidad se sustenta en unos casos en la aplicación del criterio del autoencubrimiento impune y en otras ocasiones se viene a entender que se trata de actos copenados porque su ilicitud ya queda suficientemente castigada con la condena por el delito previo contra la salud pública. También siguieron esta orientación exculpatoria las sentencias 1426/2005, de 13 de diciembre , y 550/2006, de 24 de mayo .

Sin embargo, esta Sala ha acogido en otros supuestos el criterio del concurso real de delitos al estimarse que, ya sea porque el legislador pretende reforzar la tutela del bien jurídico que tutela el delito previo castigando también el beneficio obtenido con la venta de la mercancía ilícita, ya sea porque se estima que con el aprovechamiento del dinero ilícitamente obtenido se vulneran otros bienes jurídicos supraindividuales distintos de la salud pública, en concreto la libertad de mercado o el orden socioeconómico, se acaba concluyendo que ha de penarse también el aprovechamiento del dinero obtenido con el tráfico de drogas mediante su introducción ilegítima en el circuito económico legalizado. En esta segunda dirección se han dictado las sentencias 1293/2001, de 28 de julio , y 1597/2005, de 21 de diciembre .

Precisamente, para unificar el criterio interpretativo del precepto se celebró el Pleno no jurisdiccional de 18 de julio de 2006, en el que se adoptó el siguiente Acuerdo: "El art. 301 Código Penal no excluye, en todo caso, el concurso real con el delito antecedente".

A partir de ese Acuerdo se dictaron varias resoluciones en las que se acogió la tesis del concurso real de delitos, a pesar de la existencia de una condena anterior por el delito previo contra la salud pública: SSTS 1260/2006, de 1 de diciembre ; 57/2008, de 25 de enero ; 960/2008, de 26 de diciembre ; 309/2010, de 31 de marzo ; y 796/2010, de 17 de septiembre . Como excepción a la nueva línea jurisprudencial figura la sentencia que se cita en el recurso: 637/2010 , de 28 de junio.

Así las cosas, y en contra de lo que dice la parte recurrente, no puede afirmarse que la jurisprudencia de esta Sala excluya la posibilidad del concurso real de los delitos de tráfico de drogas y el de blanqueo de capitales al interpretar el art. 301 del C. Penal , sino más bien todo lo contrario.

Sin embargo, este no constituye el único ni el principal argumento para descartar la tesis de la defensa. Sino que lo más relevante es que el acusado nunca ha sido condenado por el delito previo contra la salud pública de tráfico de hachís, tal como se admite por la propia parte recurrente. Resulta, pues, obvio que no puede decirse que la condena por el delito previo excluya en este caso la aplicación del delito posterior relativo al aprovechamiento de las ingentes sumas de dinero obtenidas a través de la droga.

Aquí no cabe por tanto hablar de un bis in ídem ni tampoco de la absorción delictiva ni de actos posteriores copenados, pues la condena por el delito de blanqueo de capitales es la única que se le impone al acusado. Al no constar, por tanto, una condena anterior por el delito contra la salud pública queda descartada la aplicación de un concurso real que pudiera conllevar una doble punición de unos mismos hechos en distintas fases de evolución.

Por consiguiente, debe desestimarse este primer motivo del recurso.

1. En el tercer motivo , y al amparo de los arts. 852 de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , alega el recurrente la violación del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio ( art. 18.2 CE ) y del derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ).

La tesis del recurrente se centra en considerar que el hallazgo y la intervención en el domicilio del acusado, ubicado en la CALLE000 nº NUM006 de Marbella, de una tarjeta de identidad holandesa a nombre de Jose Miguel , en la que figuraba la fotografía del recurrente (folios 986 a 988 de la causa), vulnera el derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria porque la autorización judicial del registro mediante auto de 6 de abril de 2006 se limitaba a la investigación de un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico (folios 989 a 991). Por lo cual, al no hallarse comprendido el delito de falsedad de documento oficial en la autorización judicial y no dar cuenta inmediata a la juez del referido hallazgo, se habría excedido la policía en su actuación investigadora violando al intervenir la carta de identidad el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, vulneración que determinaría la ilicitud probatoria y la consiguiente falta de prueba de cargo que habría de derivar en un fallo absolutorio sobre ese delito por conculcación del derecho a la presunción de inocencia.

2. Esta Sala, en sus sentencias 1110/2010, de 23 de diciembre , y 539/2011, de 26 de mayo , al tratar la cuestión que suscita la parte recurrente recuerda que ha venido marcando las diferencias existentes en la diligencia de intervención telefónica y en el registro domiciliario en los supuestos en que es descubierto un objeto delictivo distinto al que hubiera motivado la respectiva diligencia. Así, en las sentencias de 22 de marzo de 1999 y 981/2003 , de 3 de julio, incide en que ha tenido oportunidad en diversas ocasiones de pronunciarse sobre el extremo que nos ocupa sentando una doctrina consolidada en la que, trasladando sus criterios sobre las escuchas telefónicas a la entrada y registro, resolvió algunos supuestos bajo un denominado principio de especialidad, concepto, a su vez, trasladado de la extradición; sin embargo, la jurisprudencia más reciente abandona dicha interpretación jurisprudencial destacando las diferencias existentes entre la intervención telefónica y la entrada y registro, tanto por la distinta afectación de una y otra diligencia sobre la intimidad, verdaderamente más intensa y directa en la intervención telefónica, como por la prolongación temporal de una y otra injerencia, pues la entrada y registro tiene acotada su duración temporal en una jornada y se desarrolla en unidad de acto, en tanto que la intervención telefónica tiene una duración que se extiende a un mes susceptible de ampliación y, consecuentemente, con unas facultades de control judicial distintos ( SSTS 28- 4-1995 y 7-6-1997 ). Así las cosas, establecen las referidas sentencias 1110/2010 y 539/2011 que si en la práctica del registro aparecen objetos constitutivos de un cuerpo de posible delito distinto a aquel para cuya investigación se extendió el mandamiento habilitante, tal descubrimiento se instala en la nota de flagrancia, por lo que la inmediata recogida de los mismos no es sino consecuencia de la norma general contenida en el art. 286 de la Ley Procesal .

   La teoría de la flagrancia ha sido, pues, una de las utilizadas para dar cobertura a los hallazgos casuales, y también la de la regla de la conexidad de los arts. 17.5 y 300 LECrim ., teniendo en cuenta que no hay novación del objeto de la investigación sino simplemente "adición".

   En igual sentido, la STS 167/2010, de 24 de febrero , recoge la doctrina de otras sentencias precedentes como la 315/2003, de 4 de marzo , que admitió la validez de la diligencia cuando, dirigiéndose el registro a la investigación de un delito, se encontraran efectos o instrumentos de otro que pudiera entenderse como delito flagrante.

   De otra parte, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 41/1998, de 24 de febrero , afirma que "el que se estén investigando unos hechos delictivos no impide la persecución de cualesquiera otros distintos que sean descubiertos por casualidad al investigar aquéllas, pues los funcionarios de policía tienen el deber de poner en conocimiento de la autoridad penal competente los delitos de que tuviera conocimiento, practicando incluso las diligencias de prevención...". El hallazgo casual de efectos que pudieran ser constitutivos de un objeto delictivo obliga a los funcionarios de la policía judicial que realizan la investigación y, en su caso, a los funcionarios de la Administración de Justicia, a su intervención y a la realización de aquellas diligencias necesarias para la investigación del delito para su persecución.

3. Al descender al caso enjuiciado y aplicar los criterios jurisprudenciales que se acaban de reseñar, es claro que no puede atenderse la queja de la parte recurrente. En primer lugar, porque no se aprecia indicio de fraude alguno en la actuación policial. En segundo término, porque el registro fue practicado con arreglo a derecho y para investigar un delito grave de blanqueo de capitales que se hallaba vinculado a otros presuntos delitos contra la salud pública. Y en tercer lugar, porque el delito de falsedad de documento de identidad se trata de un delito instrumental que no puede considerarse totalmente ajeno a las conductas indagadas.

   Debe, por tanto, desestimarse el primer motivo de impugnación y ratificarse la licitud de la prueba aportada.

En el motivo cuarto , y por el cauce procesal de los arts. 852 de la de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , se denuncia la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ), si bien al desarrollar el motivo especifica la defensa que lo que cuestiona realmente es la tipicidad de la conducta relativa a la falsificación de la tarjeta de identidad holandesa , toda vez que ha sido falsificada en Holanda por un súbdito no nacional, circunstancias que considera impeditivas de la actuación de los tribunales españoles, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23.3.f) de la LOPJ .

El recurrente alega que el documento nunca lo utilizó en España y como ha sido además falsificado en Holanda, que fue donde lo adquirió, estima que no han resultado afectados el crédito o los intereses del Estado español.

Pues bien, tal como se subraya en la sentencia 1338/2009, de 21 de diciembre , la jurisprudencia de esta Sala sobre la cuestión suscitada por el recurrente ha dado un giro copernicano en el análisis y resolución del tema sometido a debate; de modo que, como consecuencia de la aplicación de algunos de los tratados internacionales que han sido ratificados por España, se ha estimado que todo lo relativo a la identificación de personas en nuestro país tiene una notable relevancia o interés para el Estado, tanto desde la perspectiva de la seguridad nacional interna, como desde la dimensión referente al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de seguridad.

Así las cosas, tal como se ha recordado en la referida sentencia 1338/2009 , a la que seguimos en nuestra argumentación, se ha abandonado el criterio de exclusión de la tipicidad adoptado en el Pleno no jurisdiccional de esta Sala del Tribunal Supremo de fecha 27 de marzo de 1998 , en el que se descartó la posibilidad de que tales falsificaciones de documentos de identidad confeccionados en el extranjero afectaran a los intereses o al crédito del Estado español, interpretación que se concretó posteriormente en las SSTS 170/1998 , 217/2000 , 2026/2001 , 2384/2001 y 800/2003 , entre otras.

Esa línea jurisprudencial se ha quebrado, tal como ya se ha advertido, en las nuevas resoluciones que abren un camino claro hacia la punición de las falsedades de documentos oficiales de identidad perpetradas en el extranjero. Para ello este Tribunal acude al argumento de la relevancia que presenta la identificación de ciudadanos extranjeros en nuestro país a los fines de controlar la seguridad, la inmigración y la circulación de los ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea ( SSTS 1295/2003, de 7-10 ; 1089/2004, de 10-11 ; 66/2005, de 26-1 ; 1004/2005, de 14-9 ; 458/2006, de 11-4 ; y 14/2007, de 25-1 ).

En esas resoluciones se estima que ya no cabe sostener la línea precedente, marcada en el Pleno jurisdiccional de 27 de marzo de 1998, porque la falsificación de documentos de identidad siempre afecta a los intereses del Estado dadas las exigencias derivadas del art. 6 del Convenio de Schengen de 1985 , al que se adhirió España en virtud del Protocolo de 25 de junio de 1991. Se subraya al respecto que ya no puede ser indiferente a ningún país la identificación de personas dentro del territorio nacional, dada su repercusión en temas de seguridad, inmigración, visados, circulación de personas, etc. Por lo cual, sí están en juego ciertos intereses del Estado y también su propio crédito en las relaciones internacionales a tenor de los distintos compromisos adquiridos.

En la sentencia de este Tribunal 602/2009, de 9 de junio , se especifica que el principio real o de protección ha merecido otra interpretación del Tribunal Supremo, considerando que las situaciones en que un sujeto residente en España dispone de un documento falso para identificarse, sí pueden afectar el interés de España y consiguientemente tener competencia para su enjuiciamiento y castigo, aunque los hechos se hayan cometido en el extranjero. Pues las falsedades de documentos oficiales destinados a identificar a una persona, conforme a los Convenios Europeos suscritos por España, en especial dentro del marco de la Unión Europea, debe considerarse afectantes al interés del Estado.

En las sentencias dictadas en estos últimos años se ha consolidado ya el criterio de que la falsificación de documentos identificativos siempre afecta a los intereses del Estado, desde las exigencias derivadas del art. 6 del Convenio de Shengen y porque en definitiva no le puede ser indiferente a ningún país la identificación de personas provistas de documentos de identidad falsos, por cuanto ello afecta a las políticas de visados, inmigración y seguridad en general. La falsedad de un documento oficial indentificativo afecta, pues, al interés del Estado a tener en todo momento la posibilidad de controlar, a través de la documentación personal, la identidad de los residentes en el país. Y así lo han entendido las distintas resoluciones dictadas por la Sala en los últimos tiempos, quedando así obsoleto de facto el criterio adoptado en el Pleno no jurisdiccional del año 1998 ( SSTS 975/2002, de 29-6 ; 1295/2003, de 7-10 ; 1089/2004, de 24-9 ; 66/2005, de 19-1 ; 476/2006, de 5-4 ; 431/2008, de 5-4 ; 139/2009, de 24-2 ; 507/2009, de 28-4 ; y 688/2009, de 18-6 ).

Como puede comprobarse a través de la escritura del escrito de recurso, la defensa del acusado cita solo jurisprudencia correspondiente a los años posteriores al Pleno no jurisdiccional del año 1998, omitiendo la nueva línea jurisprudencial adoptada por esta Sala en los últimos años.

En lo que respecta a la autoría en los delitos de falsedad, como es sabido, la jurisprudencia tiene establecida como doctrina consolidada que deben reputarse autores no solamente aquellos que ejecutan personal y físicamente la acción falsaria, sino también quienes, sin realizarla materialmente, intervienen en su realización con un acto que permita atribuirles el codominio del hecho o, en su caso, la condición de partícipes en la modalidad de inductores o de cooperadores necesarios. Por lo cual, no es preciso para atribuir la autoría del referido delito que se acredite quién es el autor de la falsificación material del documento. Hipótesis, por lo demás, difícil de probar en gran parte de los casos debido a que se opera mediante imitaciones de firmas o de escrituras auténticas que difuminan la posibilidad de acreditar quién es el copista que las realiza. Es bastante, por lo tanto, con probar que el imputado ha intervenido con actos decisivos para que se lleve a cabo la falsedad documental por un tercero, máxime teniendo en cuenta el concepto amplio de autor que acoge el art. 28 del C. Penal ( SSTS 704/2002, de 22-IV ; 661/2002, de 27-V ; 1531/2003, de 19-XI ; 200/2004, de 16-II ; 368/2004, de 11-III ; 474/2006, de 28-IV ; y 702/2006, de 3-VII , entre otras).

Pues bien, ciñéndonos al caso concreto que ahora se enjuicia, es claro que la conducta del acusado al haber adherido al documento original auténtico su propia foto y haber alterado los datos personales del documento, ha de ser subsumida, con arreglo a la nueva doctrina jurisprudencial, en el art. 392 del C. Penal , puesto en relación con el art. 390.1.1 º y 2º del mismo texto legal . Y ello porque se está ante una conducta falsaria, ya sea en la modalidad de autoría directa o de cooperación necesaria, que afecta a los intereses del Estado español en los términos que más arriba se han expuesto sobre las materias de seguridad y circulación de personas. Resulta, pues, indiferente que haya sido él quien confeccionó el documento falso o que hubiera contribuido a la ejecución por un tercero proporcionándole su foto para que una persona ajena elaborara la documentación falsa para el uso personal del acusado.

Por lo demás, en el presente caso el documento ha sido confeccionado además dentro del territorio de la Unión Europea, toda vez que, como admite el propio recurrente, el documento lo obtuvo en Holanda.

Visto lo que antecede, ha de rechazarse este último motivo de impugnación y con él todo el escrito de recurso, con imposición a la parte recurrente de las costas de esta instancia ( art. 901 de la LECr .).

2. Recurso de Fermín

El primer motivo lo dedica la parte recurrente, con sustento en los arts. 849.1º de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , a denunciar la vulneración de los arts. 24.2 y 18.3 de la Constitución , centrando toda su argumentación en la violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia , ya que la anunciada infracción del art. 18.3 ni siquiera la desarrolla argumentalmente en el escrito de recurso, por lo que hemos de remitirnos a lo razonado sobre este particular en el fundamento primero.

En cambio, las alegaciones de la parte recurrente sobre la presunción de inocencia nos obligan a verificar si se han practicado en la instancia, con contradicción de partes, pruebas de cargo válidas y con un significado incriminatorio suficiente (más allá de toda duda razonable) para estimar acreditados los hechos integrantes del delito y la intervención del acusado en su ejecución; pruebas que, además, tienen que haber sido valoradas con arreglo a las máximas de la experiencia y a las reglas de la lógica, constando siempre en la resolución debidamente motivado el resultado de esa valoración; todo ello conforme a las exigencias que viene imponiendo de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ( SSTC 137/2005 , 300/2005 , 328/2006 , 117/2007 , 111/2008 y 25/2011 , entre otras).

Pues bien, a través de la lectura de la sentencia se constata que el Tribunal de instancia contó con una importante y significativa prueba de cargo para enervar el derecho fundamental cuya vulneración denuncia el recurrente.

A este respecto, señala la Audiencia que Fermín ha acreditado un patrimonio anterior, que consistía en un negocio dedicado a bar y una vivienda. Se subraya su participación con Marco Antonio en la entidad Sofnissar, de la que era administrador solidario. Además era la persona que dirigía el negocio de aparcamiento, compraba en nombre de Marco Antonio y realizaba gestiones para él, como las relativas a la designación y pago de abogados. Y sobre todo, destaca la sentencia recurrida, recibió dinero de origen ilícito de manera directa en sus cuentas bancarias en cuatro ocasiones. En concreto, mediante transferencias de divisas procedentes del extranjero en el año 1998 por importes de 124.051,47, 110.361,69, 236.946,99 y 513.865,35 euros, dinero que procedía de Marco Antonio .

Además, refiere el Tribunal sentenciador que Fermín ha actuado en representación de Marco Antonio en diversas operaciones, entre ellas en la compraventa de inmuebles y en la adquisición de cheques del Casino para justificar ingresos en las cuentas de aquel. Sin olvidar tampoco que el libro de cuentas que ocultaba en su domicilio detrás de un cuadro, acredita que se encargaba de relacionarse con los abogados para la defensa de personas del entorno de Marco Antonio -en concreto su hermano y su amigo Clemente - perseguidos por delitos de tráfico de drogas.

A todo ello han de sumarse la declaración de ambos recurrentes y las conversaciones telefónicas, pruebas que, tal como advierte la Audiencia, ponen de manifiesto la vinculación entre ambos y la condición de Fermín de persona de confianza de Marco Antonio para las operaciones relacionadas con el patrimonio adquirido por este y sus correspondientes conversiones.

Frente a todo este importante acervo probatorio de cargo opone la defensa como principal argumento de descargo que el recurrente desconocía que el dinero de Marco Antonio procediera del tráfico de hachís, ya que carecía de motivos para realizar esa inferencia y además el principal imputado no tenía antecedentes penales.

En contra de tal alegación exculpatoria, debe replicarse que todos los indicios vienen a constatar que el impugnante tenía conocimiento del origen ilícito del dinero. Y no solo porque era la persona de confianza y más próxima al principal acusado, sino porque, tal como apunta la sentencia recurrida, Fermín abonó por cuenta de Marco Antonio los gastos de defensa de dos personas íntimamente vinculadas a él con motivo de la persecución penal de la que eran objeto por tráfico de drogas, y, además, llevaba de manera oculta y secreta la gestión de la contabilidad del coacusado, labor por la que percibía una importante suma mensual de dinero. No se comprende la opacidad y secretismo con el que se ocupaba de las gestiones de su poderdante si no es por su conocimiento de la ilicitud de la conducta previa de Marco Antonio .

Por todo lo cual, es claro que la presunción de inocencia ha quedado enervada, decayendo así este motivo del recurso.

En el motivo segundo , que se articula por la vía del art. 849.2º de la LECr ., alega el recurrente la existencia de error en la apreciación de la prueba , a cuyos efectos señala como documentos evidenciadores del error nada menos que el total de los comprendidos en los folios 1645 a 1912 de la causa.

Como es sabido, esta Sala viene exigiendo para que prospere ese motivo de casación ( art. 849.2º LECr .), centrado en el error de hecho, que se funde en una verdadera prueba documental y no de otra clase, como las pruebas personales, por más que estén documentadas. Y, además, también se requiere que el documento evidencie el error de algún dato o elemento fáctico o material de la sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente o autosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones. A lo que ha de sumarse que no se halle en contradicción con lo acreditado por otras pruebas y que los datos que proporciona el documento tengan relevancia para la causa por su capacidad modificativa de alguno de los pronunciamientos del fallo de la sentencia recurrida ( SSTS de 1653/2002, de 14-10 ; 892/2008, de 26-12 ; 89/2009, de 5-2 ; 109/2011, de 22-9 ; y 207/2012, de 12-3 ).

En el caso enjuiciado, tal como se anticipó, el recurrente señala como documentos, a los efectos de que opere el error del art. 849.2º de la LECr ., los folios 1645 al 1912, cuyo contenido único es un informe del Grupo de Investigación de Blanqueo de Capitales integrado en la Guardia Civil. Se trata de un extenso informe centrado en el principal acusado, Marco Antonio , si bien también se recogen informes individuales de sus colaboradores, entre los que se halla el ahora recurrente Fermín .

Pues bien, lo primero que debe decirse de ese informe de la Guardia Civil es que no se trata de un documento de los que refiere el art. 849.2º de la LECr ., toda vez que no es un documento autosuficiente o literosuficiente que evidencie por sí mismo el error que alega la parte recurrente, sino que más bien opera en un sentido totalmente contrario al que se postula, pues en él se aportan datos sumamente relevantes que permiten verificar que el impugnante era el principal colaborador del principal acusado, Marco Antonio , consignándose indicios acreditativos de que tenía un patrimonio que no se justificaba con sus ingresos, que llevaba los negocios en España de Marco Antonio , actuaba como su testaferro en el cierre de operaciones de adquisición de bienes y recibía importantes transferencias de dinero del extranjero en sus cuentas bancarias que no obedecían a contraprestaciones concretas toda vez que carecía de ingresos que las explicaran (folios 1850 a 1852).

Sobre este último dato alega la defensa que los agentes no pudieron constatar cuál era el origen de esas transferencias importantes de dinero a las cuentas del recurrente. Sin embargo, al no constarse una contraprestación por parte de Fermín y ante la falta de fuentes de ingresos que expliquen las importantes sumas de dinero transferidas a sus cuentas corrientes, ha de convenirse que, dadas las fechas de las transferencias y la procedencia de las mismas, resulta razonable la inferencia realizada por el Tribunal de instancia.

El motivo, a tenor de lo expuesto, resulta inviable.

En el motivo tercero se invoca, por el cauce procesal del art. 849.1 de la LECr ., la infracción de los arts. 301.1 y 302 del C. Penal , excluyendo así la aplicación al acusado del tipo penal de blanqueo de capitales .

Esta Sala tiene declarado de forma insistente y reiterada que el cauce procesal de la infracción de Ley ( art. 849.1º LECr .) impone que se respeten en su integridad los hechos que se declaran probados en la resolución recurrida, de modo que cualquier modificación, alteración, supresión o cuestionamiento de los hechos desencadena la inadmisión del motivo ( art. 884.3 de LECr .) y en trámite de sentencia su desestimación ( SSTS 283/2002, de 12-2 ; 892/2007, de 29-10 ; 373/2008, de 24-6 ; 89/2008, de 11-2 ; 114/2009, de 11-2 ; y 384/2012, de 4-5 ).

Pues bien, en el supuesto contemplado, y una vez que han de permanecer incólumes los hechos declarados probados en la instancia, es claro que de su lectura se colige que el recurrente recibió dinero del acusado Marco Antonio y, a sabiendas, según se razonó en su momento, de su procedencia ilícita del tráfico de drogas, compró con él bienes inmuebles e invirtió en algún negocio, reconvirtiendo así el dinero en bienes considerados lícitos dentro del circuito comercial.

No cabe, pues, duda de que la conducta del impugnante ha de ser subsumida en las referidas normas que punen el blanqueo de capitales. Ello comporta la desestimación del motivo y de la totalidad del recurso, con imposición a la parte recurrente de las costas de esta instancia ( art. 901 de la LECr .).

3. Recurso de Marcos

En el primer motivo del recurso se aduce, con cita de los arts. 852 de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ) al entender que no concurre prueba de cargo suficiente para sustentar la condena.

En contra del argumento que esgrime la defensa del acusado, en los folios 41 a 43 de la sentencia cuestionada se plasman los elementos probatorios de cargo que enervan la presunción de inocencia y avalan la condena del recurrente.

Según refiere el Tribunal sentenciador, Marcos recibió en el año 1999 a través de una cuenta que había abierto en el BBVA, nº NUM047 , un ingreso mediante cheque de 240.404 euros de procedencia desconocida y otros tres ingresos en moneda extranjera por un importe total de 273.911,3 euros, transferencias que realizó Florentino , el mismo que envió parte del dinero a su hermano y a su cuñada; el concepto de las transferencias era " mercancías " y se realizó la operación desde el Banco Central Hispano de Melilla, en divisas dólares USA. Con ese dinero adquirió una vivienda, en la CALLE002 nº NUM035 , Residencial DIRECCION001 , portal NUM036 , NUM014 NUM037 de Torremolinos, donde habita, y además una moto náutica y varios fondos de inversión.

La Audiencia señala que el acusado no ha acreditado actividad alguna que justifique esos ingresos. Según dijo y confirmaron las autoridades holandesas a través de la comisión rogatoria internacional, solo ha tenido un negocio de bar en la ciudad de Ámsterdam, un coffeeshop , que regentó desde el 1 de agosto de 1988 al 13 de febrero de 2.004.

El acusado pretendió justificar la recepción de esas importantes remesas de dinero afirmando que procedían de su padre, pero en modo alguno acreditó tener un padre con un importante patrimonio, dato muy poco conciliable con la condición de emigrante del recurrente.

De otra parte, también consta el hecho de que estuvo relacionado con drogas tóxicas y estupefacientes. En la causa figura que le abrieron diligencias por narcotráfico en Los Países Bajos en el año 2002, por su vinculación a un alijo de drogas blandas en cantidad de entre uno y dos kilos; y en España fue denunciado por delito contra la salud pública, tramitándose diligencias policiales en un Juzgado de Instrucción de Torremolinos, aunque se acabaron sobreseyendo.

Tal como subraya el Tribunal de instancia, el origen del dinero, la forma en que fue transferido, la falta de declaración del movimiento de capital, la vinculación con su hermano Marco Antonio , la ausencia de actividad mercantil o laboral previa que justificara las transferencias procedentes de Marruecos y la inconsistencia de sus explicaciones para justificar las importantes sumas de dinero que le remitieron precisamente desde Melilla, integran datos objetivos suficientes para colegir la procedencia ilícita del dinero y la vinculación de las transferencias con los beneficios del tráfico de drogas, procedencia que, obviamente, tenía que conocer.

En consecuencia, se desestima este primer motivo del recurso.

1. En los motivos segundo y tercero se invoca, al amparo de los arts. 849.1 º y 5.4 de la LOPJ , la infracción del art. 21.6ª del C. Penal , por no habérsele aplicado la atenuante de dilaciones indebidas y también por no haber entrado siquiera el Tribunal de instancia a resolverla.

En lo que respecta a la omisión del Tribunal de instancia por no entrar a examinar la cuestión, lo cierto es que no consta que fuera suscitada ni en las calificaciones provisionales ni en las definitivas, por lo que no cabe hablar de una infracción del Tribunal por incurrir en una incongruencia omisiva.

2. En cuanto al fondo de la cuestión, es sabido que la "dilación indebida" es considerada por la jurisprudencia como un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo resulta injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable. Se subraya también su doble faceta prestacional -derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable-, y reaccional -traduciéndose en el derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas-. En cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes, el comportamiento de éstos y el del órgano judicial actuante. Por lo demás, en la práctica la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de pena en el caso concreto y también ha atendido a los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado ( SSTC 237/2001 , 177/2004 y 153/2005 ; y SSTS 1733/2003, de 27-12 ; 858/2004, de 1-7 ; 1293/2005, de 9-11 ; 535/2006, de 3-5 ; 705/2006, de 28-6 ; 892/2008, de 26-12 ; 40/2009, de 28-1 ; 202/2009, de 3-3 ; 271/2010, de 30-3 ; y 470/2010, de 20-5 , entre otras).

   También tiene establecido esta Sala que dos son los aspectos que han de tenerse en consideración a la hora de interpretar esta atenuante. Por un lado, la existencia de un "plazo razonable", a que se refiere el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el «derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable», y por otro lado, la existencia de dilaciones indebidas, que es el concepto que ofrece nuestra Carta Magna en su art. 24.2 . En realidad, son conceptos confluyentes en la idea de un enjuiciamiento rápido, pero difieren en sus parámetros interpretativos. Las dilaciones indebidas son una suerte de proscripción de retardos en la tramitación, que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa y los lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales. Por el contrario, el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales de otras de la propia naturaleza, junto a los medios disponibles en la Administración de Justicia ( SSTS 91/2010, de 15-2 ; 269/2010, de 30-3 ; 338/2010, de 16-4 ; 877/2011, de 21-7 ; y 207/2012, de 12-3 ).

   Actualmente, la reforma del C. Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que entró en vigor el 23 de diciembre siguiente, regula como nueva atenuante en el art. 21.6 ª las dilaciones indebidas en los siguientes términos: " La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa ".

   Por consiguiente, el nuevo texto legal, según ha advertido la doctrina, coincide sustancialmente con las pautas que venía aplicando la jurisprudencia de esta Sala para operar con la atenuante analógica de dilaciones indebidas.

   Los requisitos para su aplicación serán, pues, los tres siguientes: 1) que la dilación sea indebida; 2) que sea extraordinaria; y 3) que no sea atribuible al propio inculpado. Pues aunque también se requiere que la dilación no guarde proporción con la complejidad de la causa, este requisito se halla comprendido realmente en el de que sea indebida, toda vez que si la complejidad de la causa justifica el tiempo invertido en su tramitación la dilación dejaría de ser indebida en el caso concreto, que es lo verdaderamente relevante.

3. La traslación al caso enjuiciado de las pautas que se vienen aplicando por la jurisprudencia no permite acoger la pretensión de la parte recurrente. Pues, en primer lugar, el proceso penal se inició en el año 2006 y la sentencia se ha dictado en abril de 2011. Han transcurrido cinco años por tanto entre el inicio de la tramitación de la causa, plazo que a tenor de las connotaciones y circunstancias específicas que se presentan en el caso no puede considerarse irrazonable.

   En efecto, se trata de un proceso en el que fue preciso practicar una investigación prolija y voluminosa, según se desprende del número de diligencias practicadas, de los complejos informes emitidos (alguno de más de trescientos folios) y de los volúmenes que comprende la causa. Además, se tuvieron que librar varias comisiones rogatorias a Holanda y a Marruecos con el fin de clarificar algunos extremos relevantes para la investigación. A lo que ha de sumarse la nacionalidad extranjera de los acusados y las dificultades que ello generó a la hora de conectar la conducta que realizaron en España con la que los ligaba con actos específicos perpetrados fuera de nuestras fronteras. Sin olvidar la dispersión del patrimonio de alguno de los acusados y los problemas suscitados para su localización e intervención.

   El cúmulo de todos esos factores determina que el plazo de cinco años que duró la tramitación del proceso no pueda catalogarse de irrazonable a los efectos de que opere el art. 21.6ª del C. Penal .

   Y otro tanto ha de decirse en lo que concierne a la concurrencia de posibles dilaciones indebidas. La parte recurrente hace referencia a algunos plazos concretos como posibles supuestos de dilaciones indebidas: tramitación de una comisión rogatoria remitida a Marruecos (dos años); tiempo entre la práctica de una diligencia solicitada por el Ministerio Fiscal y el escrito de calificación de este (casi siete meses); periodo comprendido entre el escrito de acusación y la apertura del juicio oral (cinco meses); tiempo transcurrido desde la apertura del juicio oral y la celebración del juicio (más de un año).

   Pues bien, todos esos plazos que la parte cita como periodos de tiempo incluibles en el concepto de dilaciones indebidas no pueden catalogarse como tales, toda vez que durante ellos se practicaron otras diligencias y por lo tanto no estuvo paralizada la causa, que requirió una compleja y meticulosa instrucción y tramitación.

   En consecuencia, se rechazan los motivos segundo y tercero de impugnación y por tanto la totalidad del recurso, con imposición a la parte recurrente de las costas de esta instancia ( art. 901 de la LECr .).