ATS, 31 de Mayo de 2005
| Ponente | CLEMENTE AUGER LIÑAN |
| ECLI | ES:TS:2005:6621A |
| Número de Recurso | 3923/2001 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 31 de Mayo de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Mayo de dos mil cinco.
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- La representación procesal de D. Donato presentó el día 6 de noviembre de 2001 escrito de interposición de recurso de casación contra la Sentencia dictada, con fecha 3 de mayo de 2001, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 12ª ), después aclarada por Auto de fecha 1 de junio de 2001, en el rollo de apelación nº 455/92, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía nº 21/91 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Torrejón de Ardoz .
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- Mediante Providencia de 8 de noviembre de 2001 se tuvo por interpuesto el recurso, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, habiendo sido notificada dicha resolución a los Procuradores de las partes personadas el día 15 de noviembre de 2001, no habiéndose personado en el rollo del recurso ninguna de ellas.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Clemente Auger Liñán
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- Esta Sala tiene reiterado que los cauces de acceso al recurso de casación establecidos en el apartado 2 del art. 477 de la LEC 2000 son distintos y excluyentes, siendo la vía de acceso procedente en los asuntos seguidos por razón de la cuantía la del ordinal 2º del citado precepto, siempre que la misma supere los
25.000.000 de pesetas (150.000 euros, conforme Real Decreto 1417/2001, de 17 de diciembre ), quedando por tanto excluidos del recurso de casación aquellos procesos seguidos por razón de la cuantía en los que ésta es inferior a la mencionada cifra, así como los de cuantía indeterminada, por impedirlo el citado ordinal 2º, sin que pueda utilizarse el cauce del ordinal 3º de dicho art. 477.2, esto es del "interés casacional", para eludir las consecuencias de no alcanzar el litigio la cuantía legalmente establecida.
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- A este respecto se ha declarado, tras una exégesis de la LEC 2000, que tal carácter excluyente se desprende del régimen general de los recursos extraordinarios, que determina la necesidad de relacionar este art. 477.2, 2º y 3º con los arts. 248, 249 y 250, que distinguen entre los juicios "por razón de la cuantía" y "de la materia", resultando significativo al respecto que el art. 255 supedite la impugnación prevista en el mismo a que el procedimiento sea otro, o cuando de la determinación correcta de la cuantía resulte procedente el recurso de casación, siendo asimismo diferente el alcance de efectos que, según el supuesto de recurribilidad de que se trate atribuye el art. 487 a la Sentencia, lo que patentiza que los cauces contemplados en el art. 477.2 son distintos e incompatibles, siendo importante insistir y resaltar que la vía del "interés casacional" está reservada a los asuntos seguidos en atención a la materia que constituye el objeto del litigio, como por otra parte se explica en la Exposición de Motivos de la LEC 2000, en su apartado XIV, al señalar que dicho interés casacional se objetiva "no solo mediante el parámetro de una cuantía elevada, sino como la exigencia de que los asuntos sustanciados en atención de la materia aparezcan resueltos con infracción de ley sustantiva, desde luego, pero, además, contra doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o sobre asuntos o cuestiones en los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales....", y también el apartado XX del preámbulo, en relación con la Disposición adicional segunda, se refiere a la cuantía, relacionándola con la "posibilidad de acceso a algunos recursos", a lo que se debe añadir la propia enumeración de causas de inadmisión contenida en el art. 483.2 LEC 2000, en cuyo ordinal 3º se alude a que "el asunto no alcanzase la cuantía requerida, o no existiere interés casacional...", de cuyo precepto se desprende que la vía específica del interés casacional es diferente y asimismo que los asuntos que no alcancen la cuantía son precisamente los sustanciados en atención a ésta, pues de lo contrario la causa de inadmisión sería ineficaz, ya que si fuera posible que los asuntos tramitados en razón a la cuantía (inferior a veinticinco millones de pesetas) pudieran también tener acceso a la casación acreditando el interés casacional, la única causa de inadmisión aplicable sería la inexistencia de dicho presupuesto y nunca la insuficiente valoración económica del litigio que, por si misma, jamás vedaría el recurso de casación; de ahí que esta Sala al diferenciar los supuestos de recurribilidad, y configurarlos con el reiterado carácter excluyente, en absoluto contradice la Ley 1/2000, de 7 de enero, ni fija pautas ilógicas ni arbitrarias, sino que ha establecido un criterio para la aplicación de la norma rectora del acceso al recurso de casación que es plenamente acorde con el que el propio Legislador plasmó en la Exposición de Motivos, por lo que bien puede afirmarse que la mens legis, que es la verdaderamente relevante para aplicar la norma, coincide en este caso con la mens legislatoris. Doctrina respecto de la que el Tribunal Constitucional, en sus Autos 191/2004, de 26 de mayo, y 201/2004, de 27 de mayo, así como en las Sentencias 150/2004, de 20 de septiembre, 164/2004, de 4 de octubre, y 167/2004, de 4 de octubre, ha descartado que incurra en irrazonabilidad, arbitrariedad o error patente, declarando que "es evidente que no nos encontramos ante "una simple expresión de voluntad", sin motivación o fundamento alguno ( STC 164/2002, de 17 de septiembre ), ni ante "quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no puedan considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas" ( SSTC 151/2001, de 2 de julio FJ 5; 164/2002, de 17 de septiembre, FJ 4 ), ni ante un razonamiento jurídico objetivamente insusceptible de resultar comprensible a "cualquier observador" ( STC 222/2003, de 15 de diciembre, FJ 5 )".
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- Pues bien, los criterios que se acaban de exponer conducen a la inadmisión del presente recurso de casación. Se pretende combatir por esta vía una Sentencia dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la LEC 1/2000, lo que determina la sujeción al régimen de recursos extraordinarios que ésta establece, de conformidad con lo previsto en su Disposición transitoria tercera, en relación con su artículo 2º. Dicha Sentencia puso término a un proceso en el que por la parte actora se ejercitó una acción negatoria de servidumbre, en tanto que por la demandada reconviniente se ejercitó una acción de responsabilidad extracontractual, por lo que el proceso se siguió por los trámites del juicio ordinario de menor cuantía exclusivamente en atención al carácter indeterminado, en términos económicos, de las pretensiones deducidas por una y otra parte, y según lo dispuesto, por lo tanto, en el art. 484-3ª de la LEC de 1881, por lo que, conforme a los criterios interpretativos expuestos, el acceso a la casación se ha de efectuar a través del cauce que articula el ordinal 2º del art. 477.2 LEC, que exige que la cuantía del litigio supere 25.000.000 de pesetas, o su contravalor en euros fijado por el Real Decreto 1417/2001, de 17 de diciembre . Semejante presupuesto no concurre en el presente caso, pues ni la parte actora ni la demandada reconviniente fijaron el valor económico de sus pretensiones: el primero, en la demanda, se limitó a indicar que el coste de instalación de la chimenea sobre la que recae la acción negatoria, "que es la que ha de considerarse conforme a la regla 4ª del art. 489 de la LEC (de 1881 ), habrá sido muy superior a las 500.000 pesetas, pero inferior al límite máximo del juicio de menor cuantía, si bien ello se probará a lo largo del juicio"; y el segundo no hizo indicación alguna al respecto, como tampoco sobre la cuantía de la reconvención, que quedó indeterminada, al relegar la determinación del importe de los daños y perjuicios reclamados al trámite de ejecución de sentencia. Y no solo la prueba practicada en autos ha puesto de manifiesto que el coste de la instalación de la chimenea en que la Comunidad actora cuantifica la demanda ha sido muy inferior a la cantidad fijada por el legislador como suma gravaminis para acceder a la casación, por lo que, en punto a la cuantía de la demanda, ésta no podría permitir el acceso al recurso, sino que, además, el objeto del litigio experimentó una reducción en la segunda instancia como consecuencia del aquietamiento del demandado al pronunciamiento de la sentencia de primer grado estimatorio de la demanda principal, tras haber desistido de su recurso de apelación, que únicamente mantuvo la Comunidad actora en cuanto al pronunciamiento que acogía la demanda reconvencional. Siendo así, y teniéndose presente que esta Sala ha venido interpretando el término "cuantía" en un sentido material, real y no formal, atendiendo al valor del objeto litigioso efectivamente examinado en la segunda instancia, el recurrente ha de ver cerrado el acceso a la casación, pues es evidente que con la indeterminación económica del objeto litigioso no se satisface el presupuesto establecido por el mencionado art. 477.2-2º de la LEC, sin que pueda aquél eludir las consecuencias de la indeterminación cuantitativa del litigio a fuerza de pretender llegar a la sede casacional por la vía del ordinal 3º del mismo artículo, toda vez que, como se ha expuesto en los precedentes Fundamentos, se encuentra reservada a las sentencias dictadas en los juicios tramitados en atención a la materia litigiosa. Por todo ello, debe declararse la inadmisión del recurso de casación al incurrir en la causa que contempla el art. 483.2-3º, inciso primero, de la LEC 2000, sin que sea necesario abrir el trámite previsto en el art. 483.4 de la LEC al no haber comparecido ante esta Sala ni haberse personado ninguna de las partes. 4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 483.4 de la LEC 2000, procede declarar firme la Sentencia recurrida, sin que proceda hacer especial pronunciamiento acerca de las costas del presente recurso de casación, y sin que contra la presente resolución quepa recurso alguno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 483.5 de la citada Ley Procesal, debiendo ser notificada a las partes por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid a través de sus respectivos Procuradores.
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- NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACION interpuesto por la representación procesal de D. Donato contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 12ª), el 3 de mayo de 2001, aclarada por Auto de fecha 1 de junio de 2001, en el rollo de apelación 455/92, dimanante de los autos del juicio de menor cuantía 21/91, seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Torrejón de Ardoz .
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- DECLARAR FIRME dicha Sentencia.
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-Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia, que la notificará a las partes a través de sus respectivos Procuradores.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.
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