ATS, 4 de Mayo de 2005

Ponente:MANUEL IGLESIAS CABERO
Número de Recurso:3083/2004
Procedimiento:SOCIAL
Fecha de Resolución: 4 de Mayo de 2005
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social
 
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AUTO

En la Villa de Madrid, a cuatro de Mayo de dos mil cinco. HECHOS

PRIMERO

Por el Juzgado de lo Social Nº 29 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha 11 de noviembre de 2002, en el procedimiento nº 447/02 seguido a instancia de Luis Pedro, Blas, Jorge, Gema, Jose Enrique, Alvaro y Héctor contra ASGECA AGENCIA DE SEGUROS, S.A., sobre derecho, que estimaba la excepción de incompetencia de jurisdicción del orden jurisdiccional social alegada por la parte demandada para conocer de la demanda y absolvía en la instancia a la demandada sin entrar a conocer del fondo de la litis, declarando la competencia del orden jurisdiccional civil.

SEGUNDO

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 26 de mayo de 2004, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO

Por escrito de fecha 3 de septiembre de 2004 se formalizó por el Letrado D. Enrique Lizarbe Iranzo en nombre y representación de Blas, Jorge, Gema, Jose Enrique y Héctor, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO

Esta Sala, por providencia de 13 de enero de 2005 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO

El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales". Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 27 y 28 de enero de 1992, 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, 23 de septiembre de 1998, 30 de junio de 1999, 2 de julio y 28 de septiembre de 1999 ).

Es objeto del actual recurso de casación para unificación de doctrina la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de mayo de 2004, que ha confirmado el fallo de instancia que acogió la excepción de incompetencia de jurisdicción para conocer de la demanda rectora de autos. En dicha sentencia queda constancia de que los actores con la categoría profesional de Subagentes de seguros y salario a comisión de carácter variable, vienen prestando sus servicios de colaboración con una Agencia de Seguros -ASGECA-. Los demandantes no estaban sometidos a la dirección y organización de la empresa, asumiendo el riesgo y ventura y no limitándose al nuevo cobro de recibos, sino también contratando nuevas pólizas. En caso de pérdida del dinero cobrado a los asegurados, debían reponerlo o se les descontaba. Asimismo, no recibían instrucciones y actuaban con independencia y autonomía. Acuden un día a la semana y se les entrega documentación para efectuar cobros o pólizas. Los actores ingresan lo cobrado en una entidad bancaria y al final del mes presentan en la empresa los recibos bancarios de los ingresos. No están sujetos a horario y no hay control ni fijación de objetivos. Compatibilizan su colaboración con trabajos para otras empresas, no tienen mesa, ordenador ni teléfono asignado, utilizando el que hay libre si precisan efectuar alguna llamada. Pueden ser ayudados o auxiliados por sus familiares y tienen una zona de visitas asignada. De lo expuesto infiere la Sala sentenciadora que la relación tiene un marcado carácter mercantil, como la propia de asunción de colaboración con los agentes, que a su vez asumen una actividad de promoción de una manera continuada y estable.

Para justificar, en el caso, que existe la contradicción, que, como requisito de viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina, impone el artículo 217 del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, afirma la parte demandante que la sentencia que combaten, llega a pronunciamiento distinto que la sentencia que invocan para su contraste dictada por esta Sala de 9 de abril de 2002 -seleccionada por el recurrente en escrito presentado el 30 de septiembre de 2004 en el Registro General de ese Tribunal-. La aludida sentencia declara que la relación entre la Compañía de Seguros demandada y los actores era de naturaleza laboral. Según el hecho probado segundo, los actores son cobradores de seguros, y solo marginalmente allegan seguros. Tienen asignada una zona concreta de cobros. Mensualmente reciben de los agentes la relación de cobros a efectuar, y su trabajo es controlado por un inspector de los agentes que puede hacer visitas a los clientes acompañado de los reclamantes o por su cuenta. Acuden semanalmente a la oficina de la agencia de seguros a rendir cuentas un día predeterminado por ésta, además de los días asignados para efectuar las liquidaciones mensualmente al final de mes. Carecen de personal a su cargo, así como de oficina propia; usando las instalaciones y material de la Empresa. Participan en cursos de formación organizados por los agentes para sus colaboradores. No poseen cartera de clientes. Cuando les roban la recaudación tienen que presentar denuncia en la Comisaría de Policía y la Empresa no les descuenta la cantidad sustraída.

Con independencia de que las condiciones en que cada uno de los demandantes realizaba su actividad puedan presentar ciertas semejanzas, lo cierto es que, de conformidad con los respectivos relatos fácticos, los actores en el caso de la sentencia de contraste realizaban básicamente la actividad de cobro de recibos, siendo la producción de seguros esporádica, y lo hacían bajo la supervisión de un inspector de los agentes que controlaba su trabajo. En cambio, en el caso debatido en esta litis, los demandantes realizaban la actividad de producción de seguros junto a la del cobro de recibos, estando aquélla sometida a la normativa mercantil sobre la producción y mediación de seguros. Por otro lado, en la sentencia de referencia existe otro extremo que abunda en la falta de contradicción y es el relativo a que los actores no respondían con su patrimonio en casos de clientes morosos o recibos impagados, circunstancia esta última que es la contraria a la que consta en el caso de la sentencia combatida, donde la Sala toma en consideración de forma expresa que los actores respondían personalmente del buen fin de las operaciones.

No son acogibles las alegaciones evacuadas por la parte recurrente y ello porque, contrariamente a lo alegado, la diferencia no hay que buscarla en la actividad desarrollada por cada uno de los sujetos implicados, en un sentido abstracto, sino en el modo en que se lleva a cabo en las circunstancias concurrentes en cada supuesto, y así sucede con ciertas actividades que tanto puedan desarrollarse por cuenta propia como por cuenta ajena, y si esto se une a las razones que se exponen en la providencia de 13 de enero de 2005, el resultado no puede ser otro que la inadmisión del recurso, según la propuesta que formula el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO

Por lo razonado, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el artículo 223.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, y sin imposición de costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado

D. Enrique Lizarbe Iranzo, en nombre y representación de Blas, Jorge, Gema, Jose Enrique y Héctor contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 26 de mayo de 2004, en el recurso de suplicación número 4008/03, interpuesto por Luis Pedro y OTROS, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 29 de los de Barcelona de fecha 11 de noviembre de 2002, en el procedimiento nº 447/02 seguido a instancia de Luis Pedro, Blas, Jorge, Gema, Jose Enrique, Alvaro y Héctor contra ASGECA AGENCIA DE SEGUROS, S.A., sobre derecho.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.