ATS 34/2005, 21 de Diciembre de 2005

Ponente:MARGARITA ROBLES FERNANDEZ
Número de Recurso:35/2005
Procedimiento:CONFLICTO DE COMPETENCIAS
Número de Resolución:34/2005
Fecha de Resolución:21 de Diciembre de 2005
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Especial Art. 61 LOPJ
RESUMEN

CONFLICTO DE COMPETENCIA NEGATIVO. PARED MEDIANERA. DEMOLICIÓN. El art. 9.4 de la LOPJ establece que los órganos jurisdiccionales del orden de lo contencioso administrativo conocerán de las pretensiónes que se deduzcan en relación con la responsabilidad de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación que se derive y añade que si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también su pretensión frente a ellos ante la jurisdicción contencioso adminsitrativa. Es evidente, que deviene aplicable el art. 9.4 de la LOPJ que hace competente a la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, lo que ocurre con la demandada, que dirige la obra del derribo como arquitecta técnica municipal y contra la cual, con esa calidad, se formula la reclamación indemnizatoria, a lo que debe añadirse que la obra es contratada por el Ayuntamiento, en cuanto tiene por objeto ejecutar el derribo forzosa acordado en expediente administrativo tramitado por dicho Ayuntamiento. Se declara competente al juzgado de lo contencioso administrativo.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

La Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo, constituida por su

Presidente y los Excmos. Sres. Magistrados anteriormente citados, dotados de la potestad

jurisdiccional reconocida en la Constitución, dicta el siguiente:

AUTO

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Diciembre de dos mil cinco.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La Procuradora Dña.Eva María Tello Calvo, en nombre y representación de Dña. Edurne interpuso demanda de juicio ordinario contra Promociones Jopermol, S.L., y Dña. Paloma, que por turno correspondió al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Liria.

Por Auto de 27 de Junio de 2.003, el citado Juzgado acordó abstenerse del conocimiento de la demanda presentada por entender que carecía de jurisdicción, siendo competente para el conocimiento del asunto la jurisdicción contencioso-administrativa.

SEGUNDO

La Letrado Dña. Marta Cisneros Bagazgoitia, en nombre de Dña. Edurne, interpuso demanda contencioso-administrativoa contra romociones Jopermol, S.L. y contra Dña. Paloma que por turno correspondió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Valencia.

Por Auto de fecha 26 de Mayo de 2.005, el citado Juzgado acordó inadmitir el recurso por falta de jurisdicción, entendiendo competentes para el conocimiento del mismo los Tribunales de la Jurisdicción Civil.

TERCERO

El Procurador D.Javier Roldán García, en nombre y representación de Dña. Edurne interpuso, al amparo de lo dispuesto en el art. 50 LOPJ, recurso por defecto de jurisdicción, solicitando la remisión de las actuaciones a la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo.

El Ministerio Fiscal, evacuó informe, entendiendo que la competencia correspondía al orden jurisdiccional civil.

CUARTO

Recibidas las actuaciones, y habiéndose cumplimentado los trámites previstos, se señaló para su resolución el día 20 de Diciembre de 2.005, en que ha tenido lugar en el sentido que a continuación se expone.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. Margarita Robles Fernández.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Para resolver el presente conflicto de competencia negativo es preciso tener en cuenta los antecedentes siguientes:

  1. - Por la representación de Dª Edurne se presenta el 1 de junio de 2.004 ante el juzgado de Primera Instancia de Liria demanda de juicio ordinario contra Promociones Lomerpol S.L y Dª Paloma, en cuyo suplico se solicita "se declare la legítima utilización por parte de la actora de la pared medianera demolida, tanto como elemento portante como de aislamiento; se condene solidariamente a los demandados a que indemnicen a la actora en concepto de daños y perjuidicos derivados del valor de las obras necesarias para subsanar y repasar las insuficiencias y desperfectos determinados en el Informe pericial emitido por la sociedad de arquitectos QA Associats S.L por importe de 15.362 o la cantidad que subsidiariamente se fijase".

    La actora en cuanto propietaria de un edificio sito en Chelva c/ DIRECCION000 nº NUM000 alega que en el mes de julio de 2000 se procedió al derribo de dos edificios colindantes en virtud de un expediente de derribo forzoso seguido por el Ayuntamiento de Chelva, derribo que fue ejecutado según proyecto del Ingeniero D. Gregorio, interviniendo como directora de la obra la arquitecta municipal Dª Paloma y como ejecutora material la constructora Promociones Jopermol, S.L. Añade que como consecuencia de las obras y al no realizarse la demolición en forma, se ocasionaron diversos perjuicios en tabique de cerramiento, juntas de baldosa, chimenea, etc, cuyo importe reclama, alegando que ejercita su acción al amparo del art. 1.902

    C.Civil .

  2. - Presentada la demanda al Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Liria, este dicta providencia el

    30 de Septiembre de 2.004 acordando oir a las partes sobre competencia.

  3. - El 22 de Noviembre de 2.004 dicho juzgado dicta Auto acordando abstenerse del conocimiento del asunto, considerando aplicable el art. 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y reputando competentes a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa al entender que se solicita indemnización por daños causados como consecuencia de un derribo forzoso de dos viviendas acordado y supervisado por una Administración Pública, en este caso el Ayuntamiento de Chelva.

  4. - Con igual pedimento que el formulado ante la jurisdicción civil, el 21 de febrero de 2.005, se presenta demanda contencioso administrativa ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Valencia, también contra Promociones Jopermol, S.L. y Dña. Paloma, sustentándola en idéntica argumentación a la contenida en la demanda civil. Por escrito presentado el 27 de Abril de 2.005 la actora reiteró que no dirigía su acción contra ninguna administración, sino contra la empresa constructora que efectuó las obras y contra la arquitecto técnico municipal que dirigió el derribo.

  5. - El Juez de lo Contencioso Administrtivo num. 6 de Valencia dictó Auto el 26 de Mayo de 2.005 declarándose incompetente para el conocimiento del recurso.

  6. - El 16 de Junio de 2.005 por la representación de la Sra. Edurne se formuló recurso por defecto de justidicción. El Ministerio Fiscal en la tramitación del presente conflicto evacuó informe, estimando competente a la jurisdicción civil, al entender que no se ejercitaba acción en reclamación de responsabilidad patrimonial contra ninguna administración, sino contra una empresa mercantil y una profesional.

SEGUNDO

El art. 9.4 de la LOPJ establece que los órganos jurisdiccionales del orden de lo contencioso administrativo conocerán de las pretensiónes que se deduzcan en relación con la responsabilidad de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación que se derive y añade que si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también su pretensión frente a ellos ante la jurisdicción contencioso adminsitrativa.

Es verdad que la actora en ningún momento dirige su acción contra el Ayuntamiento de Chelva, y así lo dice expresamente, pero también lo es que la misma formula su reclamación contra la empresa que realizó las obras y también contra Dña. Paloma, señalando expresamente en todos sus escritos que ejercita la acción contra esta, como directora de la obra, remarcando su carácter de "arquitecto técnico municipal que dirigió dicho derribo".

Es evidente por tanto, que deviene aplicable el art. 9.4 de la LOPJ que hace competente a la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, lo que ocurre con Dña. Paloma, que dirige la obra del derribo como arquitecta técnica municipal y contra la cual, con esa calidad, se formula la reclamación indemnizatoria, a lo que debe añadirse que la obra es contratada por el Ayuntamiento de Chelva, en cuanto tiene por objeto ejecutar el derribo forzosa acordado en expediente administrativo tramitado por dicho Ayuntamiento.

Por todo lo expuesto debe declararse la competencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 6 de Valencia.

TERCERO

No hay méritos para hacer expreso pronunciamiento sobre el abono de las costas causadas en estas actuaciones.

LA SALA ACUERDA

1.- Declarar la competencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Valencia para el conocimiento de la pretensión objeto del conflicto.

  1. - Remitir las actuaciones a los órganos de origen adjuntando certificación de esta resolución, sin que proceda hacer expresa imposicion de costas.

Así lo acuerdan y firman los Excmos. Sres. Magistrados que han constituido Sala para ver y decidir el presente Conflicto de Competecia, lo que como Secretario certifico.