ATS, 28 de Febrero de 2006
| Ponente | ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL |
| ECLI | ES:TS:2006:4007A |
| Número de Recurso | 75/2005 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 28 de Febrero de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Febrero de dos mil seis.
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- El Procurador de los Tribunales D. Rafael Gamarra Mejías, en representación de D. Esteban, presentó en el Registro General de este Tribunal, en fecha 6 de octubre de 2005, demanda de exequátur de la sentencia dictada por la Sección Tercera del Juzgado de Primera Instancia de Zurich, Suiza, por la que se decretaba el divorcio entre su representado y Dª. Inés .
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- Se ha aportado, entre otros documentos copia certificada de la ejecutoria que se pretende reconocer, debidamente traducida.
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- Por Providencia de fecha 22 de noviembre de 2005 se acordó oír a la parte solicitante sobre la aplicabilidad de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, al presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 48.3 de la LEC 1/2000, presentando escrito, en fecha 13 de diciembre de 2005, en el que manifestaba que la competencia para conocer del presente procedimiento corresponde a los Juzgados de Primera Instancia de Priaranza del Bierzo (León).
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- El Ministerio Fiscal informó que "...conforme a la nueva redacción dada al art. 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/16985, de 1 de Julio, y de la supresión del aparado cuarto del art. 56 de dicho texto normativo, por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, apartados Cuarto y Once de su art. Único, la Sala no es competente para el conocimiento de la causa".
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Alfonso Villagómez Rodil
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- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial (B.O.E. de 26 de diciembre de 2003), en vigor desde el 15 de enero de 2004 y según el cual "los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil: 5.- De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro juzgado o tribunal". Por ello, y habida cuenta que la solicitud de exequátur de la sentencia cuyo reconocimiento se pretende se presentó ante este Tribunal en fecha 6 de octubre de 2005, estando ya vigente dicha Ley Orgánica, se ha de afirmar la incompetencia de esta Sala para conocer del exequátur solicitado.
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- El carácter de "ius cogens" de las normas reguladoras de la competencia objetiva exige el examen de oficio de tal competencia por el órgano jurisdiccional que conozca del asunto, razón por la que, conforme dispone el artº. 48.1º de la LEC 1/2000 (que dispone que "la falta de competencia objetiva se apreciará de oficio, tan pronto como se advierta, por el tribunal que esté conociendo del asunto"), que en este punto ha de ponerse en relación con el artº. 56.4 de la L.O.P.J ., la Sala habrá de abstenerse de conocer si, oído el Ministerio Fiscal y las partes personadas, se considera incompetente "ratio materiae", previniendo entonces a las partes de que usen su derecho ante quien corresponda. 3.- En virtud de lo dispuesto en el art. 955 de La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, modificado por el art. 136 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y otras normas internacionales, la competencia para conocer de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento y ejecución, o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de aquéllas; subsidiariamente la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución o donde aquellas sentencias y resoluciones deban producir sus efectos.
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- SE DECLARA LA INCOMPETENCIA de esta Sala para la tramitación de la demanda de exequátur interpuesta por el Procurador D. Rafael Gamarra Mejías, en representación de D. Esteban, por no ser competente para su conocimiento este Tribunal, dejando a salvo el derecho de la parte para ejercitar su pretensión ante quien corresponda, conforme a lo indicado en los precedentes Fundamentos.
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- Devuélvase el escrito de demanda y demás documentación a la parte solicitante.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.
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