ATS, 23 de Febrero de 2006
| Ponente | MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZ |
| ECLI | ES:TS:2006:3458A |
| Número de Recurso | 7016/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 23 de Febrero de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Febrero de dos mil seis.
Doña Maria Fernanda González Fernández Mellado, Procuradora de los Tribunales, actuando en representación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Avila interpone recurso de casación contra la sentencia de 9 de junio de 2003, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, con sede en Burgos, en el recurso nº 278/2002 por la que se desestimó el recurso interpuesto por los hoy recurrentes en casación contra la resolución de 10 de mayo de 2002, dictada por el Ayuntamiento de Fontiveros en cuya virtud se acordó el archivo del expediente sancionador en su día iniciado por la realización de una vivienda unifamiliar sin intervención de Aparejador o Arquitecto Técnico.
Por providencia de 14 de septiembre de 2005 se acordó conceder a las partes un plazo de diez días para que formularan alegaciones sobre las posibles causas de inadmisión del recurso siguientes: La Sentencia impugnada ha sido dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, en un asunto cuya competencia está atribuida al conocimiento de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo a tenor del artículo 8.1.e) de la vigente Ley Jurisdiccional, estando sujeta al régimen de recursos establecido en dicho texto legal para las sentencias de segunda instancia, con la consiguiente exclusión del recurso de casación ( artículo 86.1 de la misma Ley ) ya que, en definitiva, el recurso contencioso-administrativo ha sido resuelto por el órgano jurisdiccional que, con arreglo a la Ley 29/1998, es el Tribunal de apelación.
No haberse justificado, en el escrito de preparación del recurso, que la infracción de la norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia ( artículo 89.2 de la LRJCA ).
Trámite que no ha sido ejercido por ninguna de las partes.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D Mariano de Oro-Pulido y López Magistrado de la Sala
La sentencia impugnada desestimó el recurso interpuesto por los hoy recurrentes en casación contra la resolución de 10 de mayo de 2002, dictada por el Ayuntamiento de Fontiveros en cuya virtud se acordó el archivo del expediente sancionador en su día iniciado por la realización de una vivienda unifamiliar sin intervención de Aparejador o Arquitecto Técnico.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1. e) de la misma Ley, los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales que tengan por objeto las sanciones administrativas, cualquiera que sea su naturaleza, cuantía y materia, como es el caso al tratarse del archivo de un expediente sancionador, están atribuidos al conocimiento de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y, en segunda instancia, a las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia -artículo 10.2-.
Sentadas estas premisas, la cuestión a resolver es el tratamiento que, a efectos impugnatorios, debe darse a las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1998 en los procesos pendientes antes de esa fecha, cuya competencia corresponda, conforme a la misma, a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y que la disposición transitoria primera, apartado 1, preceptúa continuarán tramitándose ante dichas Salas hasta su conclusión, como ha ocurrido en este caso.
Pues bien a esas sentencias, y por ende a la que es objeto de impugnación en el presente recurso, es doctrina consolidada de esta Sala (Autos de 16 de junio, 30 de octubre, 13 de noviembre, 4 y 18 de diciembre de 2000, entre otros) que se les debe aplicar la disposición transitoria primera , apartado 2, último inciso, de la Ley 29/1998, lo que significa que el régimen de recursos es el establecido en esa Ley para las sentencias dictadas en segunda instancia, contra las que no cabe recurso de casación, pues éste solo procede -artículo
86.1- contra las recaídas en única instancia.
Es cierto que en el apartado 1 de la disposición transitoria primera, que contempla los "procesos pendientes" ante las expresadas Salas, guarda silencio al respecto, pero no lo es menos que el inciso final del apartado 2 de la misma transitoria, es decir, la regla que equipara el régimen de impugnación de las sentencias de las expresadas Salas a las dictadas en segunda instancia, cuando se trata de procesos que, conforme a la Ley 29/1998, se hayan atribuido a los Juzgados, está redactada en plural, "en estos casos", -dice-, expresión que permite entender comprende tanto los casos del apartado 2 como los del apartado 1, en el que se encuentra contemplada la sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso que nos ocupa.
La interpretación contraria prácticamente vaciaría de contenido el apartado 2 de la disposición Transitoria primera -téngase en cuenta que la puesta en funcionamiento de los Juzgados tuvo lugar al día siguiente de la entrada en vigor de la Ley 29/1998 - y además es difícilmente conciliable con la "plena aplicación" del nuevo régimen de la casación a las resoluciones dictadas con posterioridad a su entrada en vigor -disposición transitoria tercera-, plena aplicación que comporta que solo puedan ser susceptibles de casación las sentencias que hubieran podido ser dictadas en única instancia con arreglo a la vigente Ley de esta Jurisdicción.
De conformidad con lo previsto en el artículo 93.5 de la vigente Ley Jurisdiccional, la inadmisión del presente recurso debe comportar la imposición de las costas al recurrente.
Por lo expuesto,
Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Avila interpone recurso de casación contra la sentencia de 9 de junio de 2003, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, con sede en Burgos, en el recurso nº 278/2002 resolución que se declara firme; con imposición de las costas al recurrente.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados.
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