ATS, 11 de Octubre de 2007
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 11 Octubre 2007 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a once de Octubre de dos mil siete. HECHOS
Por la Procuradora de los Tribunales Dª Carmen Vinader Moraleda en nombre y representación del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, se ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 26 de junio de 2006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 779/2003, relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial.
Por Providencia de 20 de junio de 2007 se acordó conceder a las partes el plazo de diez días para que formularan alegaciones sobre las siguientes causa de inadmisión del recurso: No haberse justificado, en el escrito de preparación del recurso, que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia recurrida (artículo 89.2 L.R.J.C.A .); trámite que ha sido evacuado por todas las partes personadas.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D Juan José González Rivas Magistrado de la Sala
La sentencia impugnada estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de RIOFISA, S.A., contra Resolución del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración, derivada de ilegal actuación municipal.
El artículo 86.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso- Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora, preceptuando el artículo 89.2 de la expresada Ley, a propósito del escrito de preparación, que en el supuesto previsto en el artículo 86.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
En definitiva, se precisa hoy para que las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia sean recurribles -todas, con abstracción de la Administración autora de la actuación impugnada- que, además de ser susceptibles de casación por razón de la materia o la cuantía del asunto, concurran los siguientes requisitos: A) que el recurso de casación pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido; B) que esas normas, que el recurrente reputa infringidas, hubieran sido invocadas oportunamente por éste o consideradas por la Sala sentenciadora; C) que el recurrente justifique en el escrito de preparación del recurso que la infracción de las mismas ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia. La nueva Ley de esta Jurisdicción, pues, no hace sino ratificar y ampliar una consolidada doctrina jurisprudencial surgida bajo el imperio de la Ley anterior (Autos de 14 de junio, 5 y 20 de julio, 17 de noviembre y 4 de diciembre de 1998 y 16 de marzo, 17 de mayo y 21 de junio de 1999, entre otros muchos).
En este caso, el escrito de preparación del recurso presentado por la representación procesal de la recurrente no se ajusta a lo que dispone el artículo 89.2, pues lo que en él se manifiesta al respecto es que "El recurso de Casación que por el presente escrito preparamos, se fundamenta en el artículo 88.1.c) y 88.1 .d): c. Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. d. Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate" y añade "Que a los efectos de lo que dispone el artículo 86.4 de la LJCA, ninguna de las normas del ordenamiento jurídico infringidas por la sentencia es normativa autonómica sino que se trata de normas estatales y doctrina jurisprudencial dictada en su aplicación".
Por tanto, no se ha efectuado el juicio de relevancia exigido por el artículo 89.2, pues en modo alguno se justifica, en el sentir de la parte recurrente, que la infracción de una norma de Derecho estatal o comunitario europeo haya tenido relevancia, determinando el fallo recurrido. Es más, ni siquiera se citan las concretas normas que se consideran infringidas; todo lo cual lleva a la conclusión de que el presente recurso debe ser inadmitido, de acuerdo con lo que disponen los artículos 86.4 y 89.2, en relación con el 93.2.a), de la vigente Ley de esta Jurisdicción, por haber sido defectuosamente preparado.
No obstan a esta conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente en el trámite de audiencia, pues el juicio de relevancia tiene su sede propia en el escrito de preparación del recurso, cumpliendo la función de acotar las infracciones normativas que habrán de servir para articular los motivos de casación, haciendo explícito cómo, por qué y de qué forma dicha infracción ha influido y ha sido determinante del fallo, a lo que debe añadirse que la inobservancia del artículo 89.2 afecta a la sustancia misma del escrito de preparación -no se trata de un defecto formal subsanable al amparo del artículo 138 de la LRJCA -, razón por la que no puede subsanarse en actuaciones posteriores sin desnaturalizar su significado.
Por otra parte, conviene precisar -como ya hicimos en nuestro Auto de 21 de febrero de 2003 (recurso de casación nº 7184/01 )-, que el principio de tutela judicial efectiva no autoriza a este Tribunal a desconocer los requisitos legales que condicionan la preparación de un recurso jerárquico. Téngase presente, además, que la interpretación que esta Sala viene propugnando de los artículos 86.4 y 89.2 no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, como ha puesto de relieve la doctrina constitucional (AATC 20/1999 de 27 de enero y 3/2000 de 10 de enero y, más recientemente, STC 181/2001 de 17 de septiembre, de la Sala Segunda) al examinar el alcance que se ha dado a los artículos 93.4 y 96.2 de la Ley Jurisdiccional de 1956 (versión de 1992 ), precedente de aquellos.
En otro orden de cosas, como recordábamos en el ATS de 15 de enero de 2003 "No estará de más añadir, que el 89.2 de la LRJCA, impone dicha carga procesal a todas las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia con independencia de la Administración autora del acto administrativo recurrido y de qué tipo de normativa haya sido la invocada en el proceso de instancia o aplicada por la sentencia recurrida (Auto de fecha 2 de julio de 2001 )".
No es obstáculo a la inadmisión el hecho de que en el escrito de preparación se anunciara también el motivo casacional previsto en el artículo 88.1 .c), respecto del que, según ha declarado reiteradamente esta Sala, no juega la carga que al recurrente impone el artículo 89.2, toda vez que dicho motivo no aparece desarrollado en el escrito de interposición.
De conformidad con lo previsto en el artículo 93.5 de la mencionada Ley, la inadmisión del recurso comporta la imposición de las costas a la parte recurrente.
Por lo expuesto,
declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, contra la Sentencia de 26 de junio de 2006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 779/2003, resolución que se declara firme; con imposición de las costas causadas en este recurso a la parte recurrente.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados.
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Reflexiones en torno al futuro de la casación contencioso-administrativa y su especial incidencia en el ámbito tributario
...ed.), págs. 1181 y 1182. [5] Cfr. sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2010 (rec. n.º 903/2007) y auto del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2007 (rec. n.º 4.937/2006). [6] Cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Cizur Me......