STS, 31 de Octubre de 2007
| Ponente | MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZ |
| ECLI | ES:TS:2007:7114 |
| Número de Recurso | 1868/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 31 de Octubre de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Octubre de dos mil siete.
Visto el recurso de casación nº 1868/2004, interpuesto por el Procurador Don Javier Lorente Zurdo, en nombre y representación de Don Rodolfo, contra el auto de fecha 29 de octubre de 2003, confirmado en súplica por el de 26 de diciembre de 2003, por el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 8ª), en su recurso nº 1969/03, resolvió inadmitir el formulado por la parte actora frente a la solicitud de certificación de caducidad del expediente de expulsión.
Preparado por la representación de Don Rodolfo recurso de casación contra las resoluciones antes dichas, la Sala de instancia, lo tuvo por preparado en providencia de fecha 27 de enero de 2004, emplazándose a las partes para ante este Tribunal Supremo.
En fecha 27 de febrero de 2004 Don Rodolfo, presentó escrito interponiendo este recurso de casación, en el cual, después de exponer y razonar los motivos de impugnación que esgrimió, terminó suplicando se acuerde casar la referida resolución, dictando otra en su lugar que admita a trámite el recurso contencioso-administrativo.
Por providencia de fecha 8 de marzo de 2007 se admitió a trámite el presente recurso de casación, y por resolución de 5 de junio de 2007 se ordenó dar traslado a la parte recurrida para oposición, formalizándose por escrito de 26 de junio de 2007 y se ordenó quedaran los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 30 de octubre de 2007, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y López, Magistrado de la Sala
Se impugna en este recurso de casación nº 1868/2004 el auto de fecha 29 de octubre de 2003 (confirmado por el de 26 de diciembre de 2003 ), dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 8ª) en su recurso contencioso administrativo nº 1969/03 por el cual se inadmitió el interpuesto por Don Rodolfo contra la desestimación por silencio negativo de su solicitud de declaración de caducidad del expediente de expulsión incoado contra él.
La Sala de instancia, mediante auto de 29 de octubre de 2003 declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto, al entender que: "como ya se ha pronunciado esta Sala y Sección en numerosos Autos, el hecho de que la Administración no haya concluido y resuelto el expediente en plazo no autoriza a impugnar una supuesta caducidad, sólo relevante jurisdiccionalmente si se llegase a adoptar la resolución sancionadora fuera del plazo legalmente establecido, y entonces sería, mediante la impugnación de esa Resolución final, cuando cabría instar su anulación por caducidad del procedimiento. Concurriendo, pues, la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 51 .c) en relación con el art. 25 LJCA, procede inadmitir "a limine" el recurso." Interpuesto recurso de súplica contra ese auto, fue desestimado por otro de 26 de diciembre de 2003, con similar fundamentación.
El recurso de casación consta de dos motivos.
En el primer motivo alega esta parte la infracción del artículo 44.2 de la Ley 30/1992 (LRJ-PAC ) y de los artículos 98 y 99.3 del Reglamento de desarrollo de la L.O. 4/2000, aprobado por RD 864/2001 . Alega la parte recurrente que tras la iniciación del expediente administrativo sancionador, y una vez transcurrido su plazo de tramitación, pidió expresamente la declaración de caducidad del procedimiento, no recibiendo respuesta alguna a esta petición, de manera que el acto impugnado en el proceso es la negativa de la Administración a declarar la caducidad del referido expediente sancionador; acto que, entiende esta parte, es perfectamente impugnable ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
El segundo motivo insiste en el hecho de que en el caso examinado la caducidad se solicitó expresamente ante la Administración, añade que no es requisito indispensable la existencia del decreto de expulsión para que pueda oponerse la caducidad, y alega que la decisión de la Sala de instancia contradice diversos pronunciamientos de la misma Sala de instancia (que cita) que han admitido e incluso estimado recursos similares.
Estimaremos el recurso de casación, no sin antes apuntar que en el segundo motivo casacional se denuncia la infracción de la doctrina sentada en tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero dichas sentencias carecen de valor de doctrina jurisprudencial a efectos casacionales, según lo establecido en el artículo 1.6 del Código civil, pues sólo tienen ese carácter las dictadas por el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley.
El acto administrativo que aquí se impugna es la desestimación por silencio de la siguiente petición del interesado, que se adjuntó como documento unido al escrito de interposición del recurso contencioso administrativo, en donde aquel solicitó a la Administración lo siguiente:
"Que el mencionado expediente sancionador se inició con fecha 8 de noviembre de 2002.
Que habiéndosele dado plazo para presentar las alegaciones correspondientes, las mismas se han presentado en legal plazo y forma, alegando lo que a Derecho conveniere.
Teniendo en cuenta que en la notificación del inicio del expediente " se le comunica que si no hubiere recaído resolución transcurridos SEIS MESES desde la incoación del procedimiento sancionador, se estará a lo establecido en el artículo 98 del RD 864/01 y el art. 44.2 de la Ley 30/92 "
Y dada cuenta el tiempo legal transcurrido, por medio del presente escrito solicito en legal tiempo y forma se DECLARE LA CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR INICIADO, ARCHIVÁNDOSE EL MISMO, solicitando que tal acto sea comunicado ynotificado al domicilio del encabezamiento"
Y ante el silencio de la Administración, se interpuso el recurso contencioso administrativo, declarado inadmisible por el auto de fecha 29 de octubre de 2003 -confirmado en súplica por el de 26 de diciembre de 2003 - que ahora se recurre en casación.
Como se ve, en el proceso no se impugnaba el acuerdo de iniciación de un expediente sancionador, ni la falta de respuesta a las alegaciones de descargo presentadas en el curso del mismo, sino que se impugnó la falta de respuesta a la solicitud de que se declare la caducidad del expediente administrativo, por no haberse resuelto en determinado plazo.
Y esta es una petición que será o no acertada, pero su desestimación por silencio da lugar a un acto administrativo perfectamente recurrible, que es el referente a si el expediente ha incurrido o no en caducidad.
La afirmación de la Sala de instancia de que la eventual caducidad del expediente sólo operará y podrá alegarse como motivo impugnatorio una vez ---si es que llega a dictarse--- se acuerde la expulsión, es equivocada. La caducidad opera y puede alegarse (y su no declaración, expresa o presunta, puede impugnarse) por el puro transcurso del plazo.
Si las cosas fueran de otro modo, y la Administración nunca dictara resolución expresa ni declarara la caducidad, el interesado no podría nunca acceder a los Tribunales de Justicia a fin de que estos la declararan, cosa que carecería de sentido.
Se está, pues, en el caso de declarar haber lugar al recurso de casación, por infracción de aquellos preceptos, a fin de que continúe ante la Sala de instancia la tramitación del recurso contencioso administrativo. SEXTO.- Al declararse haber lugar al recurso de casación procede no condenar en las costas de casación (artículo 139-2 de la L.J .), y no existen razones que aconsejen hacerla respecto de las de instancia.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que declaramos haber lugar al recurso de casación nº 1868/2004 interpuesto por Don Rodolfo contra el auto de fecha 29 de octubre de 2003, confirmado en súplica por el de fecha 26 de diciembre de 2003, dictados por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 8ª, por los cuales se inadmitió el recurso contencioso administrativo nº 1969/03, y en consecuencia:
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- Revocamos dichos autos.
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- Declaramos que el recurso contencioso administrativo nº 1969/03 debe continuar su tramitación.
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- No hacemos condena ni en las costas de instancia ni en las de casación.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y López, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
