STS, 28 de Septiembre de 2011

La Sentencia recurrida contiene la siguiente relación de HECHOS PROBADOS:

"El Brigada D. Ismael , cuyos datos personales y de filiación figuran en el encabezamiento de esta Sentencia y damos aquí por reproducidos, solicitó y le fue concedida el 15 de octubre de 2009 la baja médica por padecer un trastorno adaptativo mixto, en su domicilio habitual en Melilla, sin llegar a presentarse en la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn (Lleida), a la que fue destinado por resolución 562/14375/09 de 17 de septiembre de 2009 (BOD nº 185).

Esta baja médica fue renovada sucesivamente, para lo cual el mencionado Brigada remitió por fax desde la Subdelegación de Defensa de Melilla a su unidad de destino -en fechas 8, 21, 30 de octubre, 4 y 19 de noviembre; 10 y 29 de diciembre de 2009 y 22 de enero, 4 y 10 de febrero de 2010- la documentación necesaria para ello.

En fax datado en la última fecha de las fechas citadas (10 de febrero de 2010), si bien cursado a la unidad de destino del acusado el día siguiente 11 de febrero, por el procedimiento antes indicado, remitió un informe del psiquiatra de Melilla D. Luis María , que en términos similares a otros precedentes del mismo facultativo, al tratarle desde el inicio de su padecimiento, aconsejaba la permanencia del acusado en situación de baja laboral, bajo supervisión familiar, en la misma ciudad donde reside su familia.

El Coronel director de aquel centro de enseñanza, en resolución datada el mismo día 11 de febrero, acordó la continuidad de la baja temporal para el servicio del Brigada D. Ismael , hasta el 25 de febrero del mismo año, autorizándole a residir en Melilla. En otro escrito del mismo día 11 de febrero de 2010, el mismo mando, le impuso al acusado la obligación de presentarse ante los servicios médicos de su unidad de destino el día 25 de febrero de 2010, a las 9:00 horas, para realizar el seguimiento de su baja médica, una vez desestimado un recurso de alzada interpuesto por el acusado contra una resolución del mismo mando datada el 17 de noviembre de 2009, que le imponía la misma obligación de presentarse el 12 de diciembre de 2009. Del contenido de este escrito y de la mencionada obligación de efectuar su incorporación en la fecha indicada, tuvo conocimiento el interesado al recibirlo por correo certificado.

El acusado Brigada D. Ismael , no realizó su presentación en la fecha indicada (25 de febrero de 2010), alegando que su padecimiento le impedía realizar viajes y desplazamientos, sin autorización alguna de sus mandos, ni causa que lo justifique, hasta el 11 de marzo siguiente, que realizó su presentación ante el Juez Togado Militar Territorial nº 31 de Barcelona. Cuando fue citado a través de la Guardia Civil para efectuar su comparecencia el anterior día 8 del mismo mes, llamó telefónicamente al Capitán Cirilo , jefe de la sección de personal de la Academia de Suboficiales, y obtuvo, un informe del doctor D. Luis María , datado el mismo día 8 de marzo, en el que concluía en la conveniencia, en la medida de lo posible, de evitar viajes-desplazamientos fuera de Melilla.

En el transcurso de su declaración ante el Juez Togado instructor aportó dicho informe y por la imposibilidad de ser pasaportado para efectuar su presentación en su unidad de destino el día 16 de marzo, el Juzgado Togado solicitó de su unidad de destino una nueva fecha de incorporación, autorizando esta la del 25 de marzo siguiente.

Ese día, 25 de marzo de 2010, se presentó ante los servicios médicos de la mencionada unidad militar y se acordó de nuevo la continuidad de su baja para el servicio, en su domicilio familiar en Melilla.

El acusado Brigada D. Ismael , presenta un trastorno adaptativo con ánimo depresivo, situación médica que no le impedía sus traslados desde su domicilio familiar en Melilla hasta el lugar de su unidad de destino en Talarn (Lleida), pues no suponía una agravación de su salud, sin que padezca una enfermedad mental genuina, sino un desajuste emocional ante una situación de estrés.

Actualmente, por resolución de 14 de enero de 2011 (BOD de 24.01.2011) del General jefe del mando de personal del Ejército de Tierra, cesó en su destino y continua en la situación de servicio activo, a disposición de dicho mando, en la Subdelegación de Defensa de Lleida, hasta la finalización del expediente que regula el artículo 120 de la Ley 39/2007 , de la carrera militar, por pérdida de la aptitud psicofísica, con residencia en Melilla.

La Junta de evaluación de carácter permanente del mando de Personal del Ejército de Tierra, en sesión de 7 de marzo de 2011, ha propuesto la declaración de no aptitud para el servicio del Brigada D. Ismael , con pase a retiro, al no reunir las condiciones psicofísicas necesarias para continuar en servicio activo".

Expresada Sentencia contiene la siguiente parte dispositiva:

"FALLO: Debemos condenar y condenamos al inculpado Brigada del Ejército de Tierra, D. Ismael , como responsable en concepto de autor del apreciado delito de "abandono de destino", previsto y penado en el artículo 119 del Código Penal Militar, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de TRES MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN con las accesorias de suspensión de cargo público y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, no existiendo responsabilidades civiles que exigir."

Notificada que fue la Sentencia a las partes, el Letrado D. Juan Javier Antequera Mouriz en nombre del acusado y según escrito de fecha 29.04.2011, anunció la intención de interponer Recurso de Casación contra dicha Sentencia, el cual se tuvo por preparado según Auto de fecha 05.05.2011 del Tribunal sentenciador.

Personada ante esta Sala la parte recurrente, el Procurador D. Adolfo Morales Hernández Sanjuan en la representación causídica del acusado y mediante escrito de fecha 13.06.2011 formalizó el Recurso anunciado en base a los siguientes motivos:

Por vulneración del art. 15 CE que proclama el derecho fundamental a la integridad física.

Segundo .- Por la vía de la infracción de ley que autoriza el art. 849.1º LECrim., denunciando como infringidos determinados artículos de la Instrucción 169/2001, de 31 de julio , de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, por la que se dictan normas sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio por causas psicofísicas del personal militar profesional.

Tercero .- Por error en la apreciación de la prueba documental obrante en las actuaciones, que autoriza el art. 849.2º LECrim .

Dado traslado al Excmo. Sr. Fiscal Togado, mediante escrito de fecha 13.07.2011 solicitó la desestimación de los tres motivos casacionales.

Mediante providencia de fecha 19.07.2011 se señaló el día 21.09.2011 para la deliberación, votación y fallo del presente Recurso, acto que se celebró con el resultado que se recoge en la parte dispositiva de esta Sentencia.

Alterando lógicamente el orden con que se presentan los motivos casacionales en el escrito de formalización del Recurso, comenzamos por analizar el referido al "error facti" que autoriza el art. 849.2º LECrim , y mediante el que se denuncia la equivocación en que, al decir de la parte recurrente, habría incurrido el Tribunal sentenciador al valorar la prueba documental obrante en las actuaciones, en lo concerniente a la imposibilidad, que la parte recurrente sostiene, de que el Brigada acusado se desplazara desde la ciudad de su residencia (Melilla), a la Unidad de su destino (Academia General Básica de Suboficiales, con sede en Talarn), en razón de la enfermedad que éste padecía reiteradamente diagnosticada como "trastorno adaptativo" por facultativo de la sanidad privada especialista en psiquiatría.

El Tribunal de los hechos consigna entre los que considera probados que el acusado "presenta un trastorno adaptativo con ánimo depresivo, situación médica que no le impedía su traslado desde su domicilio familiar en Melilla hasta el lugar de su unidad de destino en Talarn (Lleida), pues no suponía una agravación de su salud, sin que padezca una enfermedad mental genuina, sino un desajuste emocional ante una situación de estrés". Seguidamente, en los fundamentos de convicción, razona que alcanzó dicha conclusión teniendo en cuenta los informes médicos emitidos tanto por el especialista privado que asistía al Brigada acusado, como por el Teniente Coronel de Sanidad de la misma especialidad psiquiatrica con destino en el Hospital Militar de Melilla, quien compareció en la vista del juicio oral ratificando su informe escrito y aclarando el contenido del mismo. También tomó en consideración para formar criterio en el sentido expresado, el informe que prestó en el acto de la vista del juicio oral el Comandante Médico, Jefe del Servicio de Sanidad de la Academia de Suboficiales. Concluye el Tribunal sentenciador en que lo informado por el médico civil sobre la conveniencia de que el acusado permaneciera en Melilla durante su convalencia, bajo supervisión familiar, no pasa de ser una recomendación o consejo, considerando más convincente la opinión pericial médica del Teniente Coronel, en cuanto a que, por la enfermedad que afectaba al hoy recurrente, no existía inconveniente en que éste se desplazara a la sede de la Academia de su destino, pues ello no supondría una agravación de su estado de salud.

La parte recurrente pretende que se modifique el "factum" sentencial en el sentido de que, apreciando esta Sala el error valorativo que denuncia, se declare lo contrario de lo que establece el Tribunal de instancia, esto es, la imposibilidad por razones de enfermedad de realizar el desplazamiento ordenado por el Coronel-Director de la Academia al Brigada recurrente, para que éste se presentara en la mañana del día 25 de febrero de 2010 en los servicios sanitarios de la Unidad de su destino, para someterse a reconocimiento médico. Tal pretensión anticipamos que resulta inviable, pues aún admitiendo el carácter documental a estos efectos de los informes médicos emitidos por el Psiquiatra de la sanidad privada, que no fueron ratificados por su autor en el acto del juicio oral, de los mismos no se extrae la conclusión que quiere obtener quien recurre, y en este sentido la literalidad de los documentos, esto es, de los dichos informes carecen de la capacidad demostrativa autónoma que venimos exigiendo como presupuesto de estimación del motivo, ni puede afirmarse como sostiene el recurrente que el Tribunal sentenciador haya incurrido en error valorativo de su contenido, y en menor medida que la hipotética equivocación pudiera calificarse de evidente, patente o notoria.

Los informes citados por el recurrente coinciden, desde el primero de fecha 15.10.2009, en que el enfermo "debe permanecer bajo supervisión familiar en nuestra ciudad de Melilla por no ser apto para el ejercicio de su profesión", mientras que existe otro de fecha 18.10.2010 que suscribe el Teniente Coronel de la misma especialidad, en el sentido de que el "Brigada presenta un cuadro adaptativo con ánimo depresivo, situación médica ésta que dificulta su traslado desde su domicilio familiar hasta el lugar de su Unidad de destino, aunque éstos se puedan realizar si existiera una causa de fuerza mayor". Este último dictamen fue ratificado y aclarado en términos de contradicción en el juicio oral por quien lo emitió, en el sentido de poder realizarse aquel viaje sin riesgo de agravación de la enfermedad que padecía el Brigada, siempre diagnosticada como "trastorno adaptativo".

Ningún reproche cabe formular al órgano jurisdiccional "a quo" por haberse decantado motivada y razonablemente por el informe pericial médico que le mereció superior credibilidad, que además encontró apoyado por otra opinión facultativa emitida por el Comandante Médico en el acto del enjuiciamiento (Vid. nuestra jurisprudencia contenida entre otras en Sentencias de fecha 28.03.2006 ; 14.01.2008 ; 12.12.2008 ; 22.05.2009 ; 04.12.2009 ; 01.02.2010 ; 04.02.2010 , y más recientemente en Sentencia 22.06.2011 ).

En el primero de los motivos se denuncia la vulneración del derecho fundamental a la salud proclamado en el art. 15 CE .

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente insiste en sostener el grave riesgo que para la salud del acusado representaba la realización del desplazamiento, que ordenó el Coronel Director de la Academia de Suboficiales, de su destino, siempre en consideración a la enfermedad que le fue diagnosticada en Octubre de 2009, según el informe emitido por el facultativo psiquiatra que le atendía. Con este planteamiento quien recurre se enfrenta al relato probatorio de la Sentencia de instancia, que contiene expreso pronunciamiento en sentido contrario según decimos en el anterior fundamento de derecho.

La desestimación del anterior motivo traido por la vía del "error facti" que autoriza el art. 849.2º LECrim , con la consiguiente confirmación de los hechos que resultan irrebatibles y vinculantes, determina asimismo la desestimación del presente por falta de soporte fáctico, según tenemos reiteradamente declarado sobre prosperabilidad de las causas de justificación ( Sentencias 22.10.2007 ; 14.01.2008 ; 03.02.2009 ; 26.10.2009 ; 30.04.2010 ; 12.11.2010 , y 22.06.2011 , entre las más recientes).

1. Como segundo motivo casacional y por la vía de la infracción de ley que autoriza el art. 849.1º LECrim, la parte recurrente denuncia expresamente la inobservancia en la Sentencia recurrida de determinados preceptos de la Instrucción 169/2001, de 31 de julio , de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, por la que se dictan normas sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio por causas psicofísicas del personal militar profesional. Y en concreto se citan como infringidos sus arts 3.3 (sobre permanencia de los enfermos en su residencia habitual durante el tiempo que dure la enfermedad), y 7.2 (sobre dispensa de la obligación de entregar el interesado en persona en la Unidad de destino la solicitud de baja). También de modo implícito e inequívoco, se denuncia la indebida aplicación al caso del art. 119 CPM por falta de tipicidad de la conducta al hallarse justificada la ausencia por razón de enfermedad.

2. El primero de los argumentos en que se sustenta la pretensión casacional carece de viabilidad a los efectos que se interesan, por lo que anticipamos su desestimación. La infracción de corriente legalidad que está en la base del motivo invocado, no comprende de ordinario la infracción de normas de carácter reglamentario salvo los casos en que el delito apreciado se erija con referencia a contravenciones de esta naturaleza, como sucede significadamente con los denominados tipos penales en blanco, cuya integración requiere de la colaboración complementaria y subordinada de otras normas aún de rango inferior a la ley a las que se remita la descripción típica. Sin que sea el caso del delito de Abandono de destino cometido en situaciones de ausencia por causa de enfermedad, en que la ilicitud penal no surge ni se perfecciona por el mero incumplimiento de los preceptos contenidos en la reiterada Instrucción 169/2001 , por más que ésta represente el marco normativo a que de ordinario debe atemperarse la ausencia de los militares de la unidad de su destino en los supuestos de enfermedad, para que la misma se tenga por justificada y por consiguiente resulte atípica (Vid. nuestra jurisprudencia que se resume en Sentencias 14.03.2011 ; 17.05.2011 y 06.06.2011 ). Sin perjuicio de retomar el argumento, decimos que la invocación que a efectos de atipicidad de la conducta se hace de la norma reglamentaria es inconsistente, primero porque el presupuesto del que parte el recurrente, esto es, existencia de enfermedad impeditiva del desplazamiento para pasar el acusado revisión médica en el Centro de su destino, contradice el "factum" sentencial de inexcusable observancia en la vía casacional elegida; y en segundo lugar porque entre las facultades de los mandos para controlar los procesos patológicos de larga duración que afecten a quienes les están subordinados, se encuentra la de ordenar la revisión por la sanidad militar (art. 3.5 de la Instrucción), tanto por los servicios médicos del domicilio o residencia del enfermo como a cargo de los propios de la Unidad de destino, como al acusado le constaba sobre todo a raíz de la desestimación del Recurso de Alzada que interpuso frente a la anterior orden del Coronel- Director del Centro, de fecha 17.11.2009, para que compareciera a tal objeto en la Academia de Talarn el día 12.12.2009.

3. Esta Sala viene sosteniendo con reiterada virtualidad en las Sentencias que se acaban de citar y en las de fecha 27.12.2007 ; 03.11.2008 ; 04.02.2010 y 03.11.2010 , que la figura penal de Abandono de destino, que puede cometerse en las situaciones de ausencia por razón de enfermedad, no es delito formal que se perfeccione por el mero incumplimiento de las previsiones normativas que se contienen en la tan citada Instrucción, pues si bien es cierto, como venimos declarando, que su observancia constituye el marco normativo a que ordinariamente deben ajustarse las situaciones de enfermedad para que la ausencia se considere justificada, también hemos insistido en que el seguimiento de este marco normativo no agota las posibilidades de justificación de tal ausencia cuando se demuestre el hecho de la enfermedad durante todo el periodo de ausencia, y asimismo que entretanto el ausente observó los deberes de localización y de disponibilidad respecto de sus mandos (Acuerdo Cuarto de los adoptados por el Pleno doctrinal de la Sala celebrado con fecha 13.10.2010). Y a efectos de la prueba de la dicha situación de enfermedad y su duración, cabe tener por acreditados ambos extremos aunque no se demuestre todo el periodo de ausencia mediante informes médicos, cuando pueda inferirse que durante los lapsos de tiempo no informados, ha persistido igual enfermedad, en función a la evolución lógica del proceso curativo (Acuerdo Quinto del Pleno antes mencionado).

   En consecuencia con lo dicho, resulta decisivo para que aflore el delito, no tanto la infracción de la subyacente norma reglamentaria con los efectos disciplinarios que le son propios, sino la afectación del bien jurídico que la norma penal protege, por la lesión o la puesta en peligro que la conducta imputada represente respecto del mismo, ya que no es posible concebir cualquier delito sin un bien jurídico merecededor de protección (vid. nuestra Sentencia 11.11.2010 ), el cual representa el núcleo básico del contenido del injusto, cuya salvaguarda es requisito indispensable para la limitación de derechos constitucionales, como ya afirmó el Tribunal Constitucional en sus primeras Sentencias 11/1981, de 8 de abril y 62/1982, de 15 de octubre . Tales bienes o intereses objeto de protección por la norma penal del art. 119 CPM , están representados por la observancia a cargo de los militares de deberes esenciales que forman parte de su estatuto jurídico, como sucede con la presencia -que se excluye en los casos de enfermedad- y de localización y disponibilidad permanentes para cuya verificación se conciben las facultades de control de los mandos a las que se concede carácter instrumental sin que tal control constituya un fin en sí mismo. Dicho de otro modo, la afectación del interés jurídico así concretado representa la antijuridicidad material propia del injusto del delito de que se trata, antijuridicidad real y no meramente formal que proporciona, además, el criterio definitivo para la interpretación del tipo penal.

4. En el caso sometido a la censura casacional, se declara probado que el Brigada hoy recurrente estuvo enfermo, aquejado de la misma patología, desde el 15.10.2009 hasta el día en que se enjuiciaron los hechos procesales, lo que tuvo lugar el 26.01.2011, autorizado a permanecer durante la convalecencia en su domicilio familiar en la ciudad de Melilla en donde estuvo siempre localizado y disponible, si bien que cuando se le ordenó someterse a reconocimiento médico en el Centro de su destino, la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn, el 25.02.2010, desobedeció lo ordenado sin contar con nuevo informe facultativo de continuidad en la baja hasta el 08.03.2011, que aportó tres días después con motivo de su comparecencia ante el Juzgado Togado de Barcelona. Al ser reconocido finalmente por el servicio médico de su Unidad, el 25.03.2010, se le diagnosticó padecer la misma enfermedad con igual autorización para continuar residiendo en Melilla, como venía sucediendo desde octubre de 2009. Al día 07.03.2011 se le seguía expediente por pérdida de aptitud psicofísica con residencia siempre en Melilla, constando propuesta de la Junta de Evaluación del Mando de Personal del Ejército de Tierra, emitido con esta última fecha, en el sentido de proceder que se declarase su no aptitud para el servicio con pase del Brigada a la situación de retiro.

   Consta acreditada, por tanto, la situación de enfermedad del acusado incluso durante el periodo que por la Sentencia de instancia se considera como de ausencia punible por injustificada. Del relato probatorio, y del conjunto de las actuaciones que la Sala ha examinado haciendo uso de lo dispuesto en el art. 899 LECrim , se infiere sin violentar el "factum" sentencial que dicho Suboficial se hallaba durante dicho periodo de tiempo en la ciudad de su domicilio aunque incuestionablemente dejó de someterse al control sanitario a cargo de la Unidad cuando ello le fue ordenado por la superioridad, quedando entretanto privado de cobertura por falta de informe facultativo y de autorización de continuidad la baja.

   Recientemente, en nuestras Sentencias 03.11.2010 y 02.02.2011 , se han tratado casos similares al presente sobre incumplimiento de la obligación de someterse a control médico en la Unidad, por parte de quienes previamente tenían concedida autorización de residencia domiciliaria, y en ambos casos se concluyó en la apreciación del delito que ahora se pone en cuestión, si bien que en estos dos casos quedó de manifiesto el dato decisivo de la infracción de aquellos deberes que están en la base del bien jurídico protegido.

5. Establecida la situación de enfermedad durante el tiempo que discurre entre la primera baja y el día del enjuiciamiento de los hechos, así como que el enfermo no dejó de estar localizado en su domicilio, queda por valorar el extremo concerniente a su disponibilidad cuando fue requerido de comparecencia en el Centro de destino. Si el delito de Abandono de destino tuviera solo carácter formal o se tratara de un tipo penal en blanco integrado por la inobservancia de las normas de la Instrucción 169/2001, lo que la Sala viene rechazando, tal falta de disposición por ausencia no autorizada en el destino constituiría la reiterada figura penal; mas profundizando en el dato relevante de la lesividad de la conducta enjuiciada, se advierte enseguida que la infracción del dicho deber venía referida a la negativa a someterse a un control médico debidamente ordenado, mandato que quedó inexcusablemente incumplido por su destinatario, primero porque dicha orden era reiteración de otra en el mismo sentido y luego porque quedó probado que tratándose de un desplazamiento puntual no estaba médicamente impedido para efectuarlo. Por las consideraciones que anteceden la indisponibilidad en que se colocó el recurrente durante el tiempo que medió entre los días 25.02.2010 y 11.03.2010, constituye en el caso el resultado lógico de la negativa de este a someterse, según lo mandado, al control de la enfermedad que realmente padecía y por la que se le renovó la continuidad de la baja en la misma residencia familiar. Dicho de otro modo, en las circunstancias ya expuestas concluimos en que el propósito que animó la conducta del acusado no fue tanto el de abandonar su destino, en el sentido específico de no presentarse a la revisión médica, como el de dejar incumplido el mandato que su Coronel le dirigió al efecto; sin que podamos extraer ahora cualquier consecuencia desfavorable para el recurrente por este comportamiento cuya eventual ilicitud no ha llegado a suscitarse en la instancia.

   Con estimación de este prostero motivo y del Recurso.

Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1.987 de 15 de julio .

En consecuencia,

FALLAMOS

Debemos estimar y estimamos el presente Recurso de Casación 101/46/2011, deducido por la representación procesal del Brigada del Ejército de Tierra D. Ismael frente a la Sentencia de fecha 22.03.2011 dictada por el Tribunal Militar Territorial Tercero en Diligencias Preparatorias 31/09/2010, mediante la que se condenó a dicho acusado hoy recurrente como autor responsable de un delito de "Abandono de destino", previsto y penado en el art. 119 del Código Penal Militar, a la pena de tres meses y un día de prisión, con las accesorias legales. Sentencia que casamos y anulamos dictando a continuación la procedente con arreglo a Derecho. Sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa y que se remitirá por testimonio al Tribunal sentenciador junto con las actuaciones que en su día elevó a esta Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Angel Calderon Cerezo estando el mismo celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que como Secretario, certifico.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Septiembre de dos mil once.

Vistas las Diligencias Preparatorias nº 31/09/2010, procedentes del Juzgado Togado Militar Territorial nº 31 de Barcelona, seguidas por posible delito de Abandono de destino previsto y penado en el art. 119 del Código Penal Militar, contra el Brigada del Ejército de Tierra D. Ismael , con DNI NUM000 , hijo de Juan y de Josefa, nacido en Melilla el 09.09.1961, destinado en la Academia General Básica de Suboficiales, de Talarn (Lleida), sin antecedentes penales y en libertad provisional de la que no estuvo privado por esta causa, en la que con fecha 22.03.2011 el Tribunal Militar Territorial Tercero dictó Sentencia por la que se condenó a dicho acusado como autor responsable del expresado delito de Abandono de destino, con imposición de la pena de tres meses y un día de prisión, con las accesorias legales de suspensión de cargo público y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Esta resolución ha sido casada y anulada por nuestra anterior Sentencia de esta misma fecha, procediendo en consecuencia dictar la que corresponde con arreglo a Derecho. Habiendo concurrido a dictarla los Excmos. Sres. Presidente y Magistrados constituidos en Pleno jurisdiccional de la Sala, bajo la ponencia del Excmo. Sr. D. Angel Calderon Cerezo

ANTECEDENTES DE

Se dan por reproducidos las consideraciones jurídicas que se contienen en el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia de Casación, conforme a los que se concluye que los hechos enjuiciados no son legalmente constitutivos del delito de Abandono de destino sostenido por la acusación, en definitiva por falta de antijuridicidad material de la conducta protagonizada por el acusado, al no haberse infringido los bienes jurídicos que se protegen a través del tipo penal previsto en el art. 119 del Código Penal Militar; sin perjuicio de otras responsabilidades de tipo disciplinario.

CUARTO.- Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1.987 de 15 de julio .

En consecuencia,