STS, 28 de Abril de 2011

El 26 de diciembre de 2002, la Dependencia de Inspección de la Delegación de Salamanca de la Agencia Tributaria incoó a doña Zaira Acta de disconformidad núm. NUM000 , por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ejercicio 2000, en el que se hacía constar:

1. Que la Sra. Zaira obtuvo, junto con otros cinco familiares, un premio de la Súper Loto Francesa, correspondiéndole a ésta la sexta parte del premio, que ascendió a 8.336.535 francos franceses, es decir, 1.270.896,56 euros (211.459.395 ptas.).

2. Que en el momento de obtener el premio, doña Zaira tenía su residencia habitual en territorio español, por lo que estaba obligada a declarar la totalidad de la renta conseguida, con independencia del lugar donde se hubiera producido, y cualquiera que fuera la residencia del pagador.

3. Que el premio no se hallaba comprendido en ninguno de los supuestos configurados en el art. 7, letra ñ, de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF ), por lo que no estaba exento del mismo.

4. Que, a juicio de la Inspección, el importe obtenido constituía una alteración patrimonial y tenía, por lo tanto, la consideración de ganancia patrimonial, que no había sido declarada en el periodo comprobado.

El Acta fue declarada previa, dado que el hecho imponible había sido desagregado y la Inspección se ha limitado a comprobar las ganancias patrimoniales obtenidas en el ejercicio. En consecuencia, el actuario formuló una propuesta de liquidación por importe de 652.123,24 euros (108.504.177 ptas.) de deuda tributaria, de los cuales 599.604,46 euros (99.765.788 ptas.) correspondían a la cuota y 52.518,78 euros (8.738.390 pts.) a los intereses de demora.

Emitido el preceptivo Informe ampliatorio y presentado escrito de alegaciones por la obligada tributaria, el Inspector Jefe de la Dependencia de Inspección de la Delegación de Salamanca de la Agencia Tributaria dictó Acuerdo de liquidación confirmando la propuesta contenida en el Acta, si bien se modificaban los intereses de demora por lo que la deuda tributaria ascendía a un total de 655.104,83 euros (599.604,46 euros de cuota y 55.500,37 euros de intereses de demora).

Disconforme con el Acuerdo de liquidación, doña Zaira interpuso recurso de reposición, manifestando su discrepancia contra la misma al no haberse aplicado los principios constitucionales en contra de una norma legal y dando por reproducidas las alegaciones al acta. El recurso fue desestimado por Resolución del Inspector Jefe de 21 de febrero de 2003.

A su vez, el Inspector Jefe otorgó autorización para iniciar expediente sancionador el día 18 de diciembre de 2002, el cual se inicio mediante notificación de 30 de enero de 2003, por la comisión de una infracción tributaria grave por el concepto y periodos referidos. El expediente concluyó mediante Acuerdo del Inspector Jefe de la Dependencia de Inspección de 20 de febrero de 2003, por el que se acordó la imposición de una sanción por importe de 299.802,23 euros.

Frente a la Resolución desestimatoria del recurso de reposición, como contra el Acuerdo de imposición de sanción, la representación de la Sra. Zaira interpuso, por escrito presentado el 28 de marzo de 2003, reclamación económico-administrativa (R.G. NUM001 ), que fue desestimada por Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 18 de mayo de 2006.

Respecto de la cuestión de fondo planteada, a saber, la tributación derivada de la obtención del premio de la Súper Loto Francesa, el TEAC consideró que «la cantidad obtenida constituye una variación en el valor del patrimonio del contribuyente, que se ha puesto de manifiesto con ocasión de la alteración en su composición y tiene, por tanto, la consideración de ganancia patrimonial », no siendo de aplicación la exención prevista en el apartado ñ, del art. 7 de la LIRPF (que establece que estarán exentos los premios de loterías y apuestas organizadas por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado y por las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos); exención que « está regulada de forma estricta y precisa, refiriéndose a supuestos determinados en virtud de los entes tasados que organizan los sorteos, y que el caso aquí analizado no se encuadra entre estos supuestos, fuera de los cuales no pueden considerarse exonerados de gravamen los premios conseguidos ». En consecuencia -concluye el Tribunal-, « la cantidad cobrada como premio no cumple las condiciones para ser exceptuada de gravamen, sino que debe ser considerada como renta obtenida. A ello ha de añadirse que el artículo 23.3 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963 , así como el artículo 14 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria establecen la prohibición del uso de la analogía en la interpretación de las normas tributarias », por todo ello « el premio de la lotería francesa incorporado al patrimonio de la reclamante está sujeto al impuesto sobre la renta de las personas físicas y no se encuentra exento del mismo, por lo que la liquidación practicada por la Inspección en concepto de ganancia patrimonial alcanzada por aquella debe reputarse ajustada a derecho » (FD Tercero).

Y, respecto a la sanción impuesta, el TEAC confirma su procedencia porque la calificación realizada por el Inspector actuario como infracción tributaria grave « ha[bía] sido razonada de modo suficiente y conforme a Derecho, sin que, por otra parte, quepa apreciar en el presente expediente que dicha falta de ingreso haya sido debida a una incorrecta interpretación de las normas jurídico tributarias aplicables, ocasionada por la oscuridad de éstas, o basada en una razonable discrepancia exegética con la Administración, que pudiera excluir la responsabilidad tributaria » (FD Cuarto).

Disconforme con la anterior Resolución del TEAC, la representación procesal de doña Zaira interpuso, el 20 de septiembre de 2006, recurso contencioso-administrativo núm. 286/2006, formulando la demanda mediante escrito presentado el 25 de enero de 2007 en el que, en lo que aquí interesa, argumentaba: a) que «el premio de lotería debería estar exento en España, considerando que la literalidad del art. 7, letra ñ) de la Ley 40/1998 , al no considerar la realidad supranacional de nuestro Estado, como Estado miembro de la Unión Europea, vulnera principios que son directamente aplicables, como es la libertad de prestación de servicios», por lo que solicitaba el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y, b) que el «expediente sancionador deb[ía] ser declarado improcedente».

El 18 de junio de 2008, la Sección Cuarta de la Sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó Sentencia por la que « estima[ba] el recurso, anulando la liquidación y la sanción que de ella deriva, sin que sea preciso entrar a conocer sobre el resto de los motivos opuestos » (FD Quinto). La Sala de instancia fundamenta su fallo con la siguiente argumentación:

La solución ha de venir, conforme a la tesis que sostiene la demandante, mediante la aplicación directa de las normas de derecho comunitario, conforme a los principios de primacía y eficacia directa.

En este sentido no puede desconocerse que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha tenido ocasión de pronunciarse sobre un supuesto semejante al aquí planteado ( STJCE, Sección 5ª, de 13 de noviembre de 2003 ), en el que se presentó cuestión prejudicial del siguiente modo: teniendo en consideración que el artículo 49 CE dispone en su párrafo primero que " En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad para los Nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que no sea el destinatario de la prestación", ¿ se opone el artículo 49 CE a que un Estado miembro aplique normas con arreglo a las cuales los premios obtenidos en loterías organizadas en otros Estados miembros se consideran rendimientos del ganador sujetos al impuesto sobre la renta, mientras que los premios de loterías organizadas en el Estado miembro de que se trata están exentos del impuesto sobre la renta ?

El supuesto era muy similar al que es objeto de examen en este recurso. En aquella ocasión la Sra. Amparo , residente en Finlandia, había obtenido un premio de la Lotería Sueca, en virtud de la adquisición de un billete durante una estancia en dicho país. Dicho premio de lotería se consideró, como en nuestro caso, rendimiento sujeto al impuesto sobre la renta y devengó el impuesto estatal a favor del Estado Finlandés, el impuesto municipal a favor del municipio de Saltvik (Islas Aland), donde residía Doña. Amparo , el impuesto religioso a favor de la parroquia y una cotización adicional al seguro de enfermedad que debe pagarse conforme a la Ley del Seguro de Enfermedad.

Tras agotar las instancias internas al objeto de que el premio quedara exento, se planteó la cuestión prejudicial ante Tribunal de Justicia de las Comunidades. La Sra. Amparo alegó que la normativa finlandesa era discriminatoria ya que si ella residiera en Suecia o hubiera ganado el premio controvertido en una lotería finlandesa, el mismo no estaría sujeto al impuesto.

La respuesta del Tribunal fue favorable a la tesis sostenida por la demandante, el cual resolvió que "El artículo 49 se opone a la normativa de un Estado miembro con arreglo al cual los premios obtenidos en loterías organizadas en otros Estados miembros se consideran rendimientos del ganador sujetos al impuesto sobre la renta, mientras que los premios de loterías organizadas en ese Estado miembro están exentos del citado impuesto".

El Tribunal tuvo en consideración que:

- La fiscalidad directa era competencia de los Estados,

- Las normas del Tratado CEE relativas a la libre prestación de servicios se aplican por lo que se refiere a la organización de loterías, a una actividad que consiste en permitir que los usuarios participen, a cambio de una remuneración, en un juego de azar, y por tanto dicha actividad está comprendida en el ámbito del artículo 49 CE , y procede examinar el asunto desde el punto de vista de la libre prestación de servicios.

- Según la Jurisprudencia, el artículo 49 prohíbe no solo la discriminación por razón de nacionalidad en perjuicio del prestador de servicios establecido en otro Estado miembro, sino el establecimiento de cualquier restricción u obstáculo a la libre prestación de servicios, ya se apliquen a prestadores de servicios nacionales y a los demás Estados miembros.

- Ha quedado acreditado que las loterías extranjeras reciben un trato fiscal distinto del que se aplica a las loterías finlandesas, y que las primeras se encuentran en desventaja respecto a éstas, siendo tales normas manifiestamente discriminatorias

(FD Cuarto).

Por último, la Sala responde a la petición de planteamiento de una cuestión prejudicial poniendo de manifiesto que « dado que la cuestión prejudicial es el instrumento procesal que garantiza la instauración de un derecho uniforme en la Comunidad, y a su vez, permite la adecuada interpretación del Tratado por parte de los jueces nacionales, en aquellos casos en los que el derecho comunitario es invocado por los nacionales, como es el caso. Con ello se proporciona un instrumento que ayuda a hacer posible que el derecho comunitario produzca unos mismos efectos, o se aplique de acuerdo con unos mismos parámetros, asegurando a su vez el reparto de competencias (artículo 93 CE ).

Así, resulta que en virtud de la eficacia directa y primacía del derecho comunitario, la consecuencia es que el juez nacional ha de dejar inaplicadas las normas de su propio ordenamiento jurídico cuando éstas se opongan a las del ordenamiento superior comunitario.

De acuerdo con tales consideraciones, la consecuencia no puede ser otra que la declaración de nulidad de la resolución impugnada y de la liquidación que de ella deriva, dado que aun cuando la misma no hace sino aplicar las normas internas contenidas en la Ley 40/1998, las mismas se oponen a las normas establecidas en el artículo 49 del Tratado CEE que garantiza la libre prestación de servicios, las cuales deben prevalecer por los motivos indicados. Se ha de matizar, en línea con lo establecido por el Tribunal Constitucional en sentencia de 14 de febrero de 1991 , que "la eventual infracción de la legislación comunitaria europea por leyes o normas estatales o autonómicas posteriores no convierte en litigio constitucional lo que solo es un conflicto de normas infraconstitucionales, que ha de resolverse en el ámbito de la legislación ordinaria"» (FD Quinto) .

Contra la anterior Sentencia de 18 de junio de 2008 , el Abogado del Estado, preparó, mediante escrito presentado el 27 de junio de 2008, recurso de casación, formalizando la interposición por escrito presentado el 20 de octubre de 2008, en el que formula un único motivo de casación, al amparo del art. 88.1.d) de la LJCA , alegando la infracción del art. 7, letra ñ, de la LIRPF , así como del art. 49 del Tratado CEE.

El defensor público, tras centrar la cuestión discutida «exclusivamente en la tributación por IRPF a cargo de un residente en España, de un premio de la super loto francesa, premio que en Francia está exento» (pág. 2), sustenta el recurso en los argumentos que seguidamente se extractan. En primer lugar, que «la exención de los premios de loterías no ampara a los organizados fuera de España» (pág. 4).

En segundo lugar, que «[e]l hecho de que los premios de determinadas y concretas entidades no estén gravados por gozar de una exención fiscal expresamente prevista en la ley y con razonable fundamento, y los premios de las demás entidades extranjeras o no residentes si lo están, no implica por si solo la existencia de una discriminación, porque esto solo se produciría si se demostrara que las situaciones son idénticas en unos y otros casos» (pág. 6).

En tercer lugar, que «[l]as diferencias existentes entre la normativa finlandesa, que declara exentos los premios obtenidos por juegos de azar organizados en Finlandia, y la normativa española, que, salvo determinadas excepciones, sujeta al impuesto a todos los premios derivados de juegos de azar, con independencia del lugar dónde se organicen o de la residencia del organizador, constituyen un elemento esencial que determina la no aplicabilidad de los criterios contenidos en el asunto C-42/02, Amparo , al caso», como tampoco lo es el «asunto C-118/96, Safir» ya que «la normativa española no establece un tratamiento fiscal diferente en función del lugar donde esté establecido el organizador de loterías» (pág. 9).

Y, por último, que, incluso si «se considerara que la normativa controvertida pudiera constituir una restricción a la libre prestación de servicios, ha de tenerse en cuenta que esa libertad puede ser objeto de restricciones que estén justificadas por razones de orden social, la prevención del blanqueo de capitales y el fraude fiscal y la protección de los consumidores derivada de la especificidad de este tipo de actividades» (pág. 9), como se desprende de la propia jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este marco -se dice- «se encuadra la norma de exención del artículo 7 de la LIRPF , que busca, por un lado, desmotivar el juego en general», y, «por otro lado, otorgar un tratamiento preferencial a los premios procedentes de organizaciones de carácter público» (págs. 16-17), estando orientada a impedir que «la prevención del blanqueo de capitales y el fraude fiscal se ve[a] amenazada» (pág. 17), justificándose «de forma indirecta por la necesidad de garantizar la protección de los consumidores en la forma que considera correcta por las autoridades españolas» (pág. 20).

La representación procesal de doña Zaira se opuso al recurso de casación mediante escrito presentado el 6 de abril de 2009, en el que «considera ajustados a derecho los argumentos de la Audiencia Nacional» (pág. 2).

Alega la recurrida, por una parte, que «[e]xiste una verdadera discriminación de trato entre la legislación española y la francesa en el correspondiente trato a sus respectivos nacionales» (pág. 4), ya que «[l]os ciudadanos europeos que obtengan un premio de esta lotería oficial, deben tener en cualquier estado miembro, a efectos de su tributación, una igualdad de trato que es lo que no se consigue por el cuestionado art. 7 ñ de la LIRPF española» (pág. 5 ); y, por otra, que «es de aplicación directa el art. 49 del Tratado CE» (pág. 6 ), y que, «[p]or muchos esfuerzos que la Abogacía del Estado hace en mencionar una serie de pronunciamientos del Tribunal de Justicia Europeo, lo cierto es que como ha apreciado la Audiencia Nacional» en la Resolución impugnada, «la sentencia dictada en el FJ cuarto ( STJCE, Sección 5ª de 13 de noviembre de 2003 )» es «perfectamente aplicable al asunto» (pág. 7).

Señalada para votación y fallo la audiencia del día 27 de abril de 2011, se celebró la referida actuación en la fecha acordada.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Angel Aguallo Aviles, Magistrado de la Sala

El presente recurso de casación se interpone por el Abogado del Estado contra la Sentencia de 18 de junio de 2008, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, estimatoria del recurso contencioso-administrativo núm. 286/2006 promovido por doña Zaira frente a contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 18 de mayo de 2006, que desestimó la reclamación económico-administrativa formulada contra la Resolución del Inspector Jefe de la Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia en Salamanca, de 21 de febrero de 2003, que, a su vez, desestimaba el recurso de reposición instado contra el Acuerdo de liquidación de fecha 20 de enero de 2003, dictado por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 2000, así como contra el Acuerdo de imposición de sanción de 20 de febrero de 2003.

Como se ha explicitado en los Antecedentes, contra la citada Sentencia de 18 de junio de 2008 , el Abogado del Estado formuló recurso de casación en el que argumenta que: a) «la exención de los premios de loterías no ampara a los organizados fuera de España»; b) el hecho de que se graven «los premios de las demás entidades extranjeras o no residentes» no implica «por si solo la existencia de una discriminación»; c) no resulta trasladable la doctrina contenida en las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asuntos Lindman o Safir; y, d) en todo caso, de suponer una restricción a la libre prestación de servicios, ésta estaría «justificada por razones de orden social, la prevención del blanqueo de capitales y el fraude fiscal y la protección de los consumidores derivada de la especificidad de este tipo de actividades».

Por su parte, la representación procesal de doña Zaira se opuso al recurso de casación por compartir plenamente la doctrina contenida en la Sentencia de instancia, de acuerdo con la cual, resulta aplicable lo señalado en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 13 de noviembre de 2003 , lo que obliga a declarar exento el premio de lotería francesa.

La única cuestión objeto de debate nos sitúa en el campo del tratamiento fiscal que en nuestro ordenamiento deben recibir los premios de lotería obtenidos en el extranjero. En concreto, en este caso se trata de un premio procedente de la Súper Loto Francesa. Pues bien, sobre esta cuestión se ha pronunciado ya esta Sala en Sentencia de 12 de julio de 2010 (rec. cas. núm. 4466/2007 ), en la que, al hilo de la imposición de una sanción por dejar de ingresar la cantidad correspondiente al premio de lotería francesa percibido y no declarado, nos pronunciábamos en los siguientes términos:

« Solventados el escollo que, erigido por los recurridos, impedía analizar la cuestión de fondo, resulta obligado señalar que, discutiéndose la procedencia de la imposición de una sanción, y de acuerdo con una doctrina reiterada de esta Sala, la conclusión alcanzada por el Tribunal de instancia con relación a la culpabilidad es, en muchas ocasiones, una cuestión puramente fáctica, y, por ende, no revisable en esta sede [ sentencias de 15 de enero de 2009 (casaciones 4744/04 y 10237/04, FFJJ 11 º y 12º, respectivamente) y de 9 de julio de 2009 (casación 1790/06 , FJ 4º )], salvo en los supuestos tasados a los que viene haciendo referencia este Tribunal [véanse, entre muchas otras, las sentencias de 25 de noviembre de 2003 (casación 1886/00 , FJ 6º), 9 de febrero de 2005 (casación 2372/02, FJ 4 º) y 8 de octubre de 2008 (casación 6220/04 , FJ 4º )].

En el caso que nos ocupa, el defensor de la Administración del Estado únicamente ha invocado la vulneración del artículo 77.4.d) de la Ley General Tributaria , por considerar que no existían dudas interpretativas sobre el precepto (artículo 7.ñ) de la Ley 40/1998 ) cuya inaplicación por los sujetos pasivos del impuesto determinó el nacimiento de su responsabilidad; no imputa a la sentencia que combate el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio ni de las normas que rigen el reparto de la carga de la prueba o de las reglas de la sana crítica; tampoco trae a colación cualquiera de los otros supuestos excepcionales en los que este Tribunal ha declarado que puede plantearse válidamente la cuestión de la valoración de la prueba en casación. Razón más que suficiente para desestimar el recurso.

En todo caso, el análisis del fondo del asunto no arrojaría una decisión distinta.

En efecto, es doctrina reiterada de esta Sala que la simple afirmación, aisladamente considerada, de que no concurre la causa del artículo 179.2.d) de la actualmente vigente Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre ) [antiguo artículo 77.4 de la Ley de 1973 ], porque la norma es clara o la interpretación no es razonable, no es requisito suficiente para la imposición de una sanción [ sentencias de 6 de junio de 2008 (casación 146/04 , FJ 5º, in fine), 29 de septiembre de 2008 (casación 264/04 , FJ 4º), de 6 de noviembre de 2008 (casación 5018/06, FJ 6º, in fine ) y 15 de enero de 2009 (casación 4744/04 , FJ 11º , in fine)]. En esta última sentencia hemos señalado:

[...] la no concurrencia de alguno de los supuestos del art. 77.4 L.G.T .- no es suficiente para fundamentar la sanción porque «el principio de presunción de inocencia garantizado en el art. 24.2 CE no permite que la Administración tributaria razone la existencia de culpabilidad por exclusión o, dicho de manera más precisa, mediante la afirmación de que la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la existencia de una discrepancia interpretativa razonable -como ha sucedido en el caso enjuiciado- o la concurrencia de cualquiera de las otras causas excluyentes de la responsabilidad de las recogidas en el art. 77.4 LGT (actual art. 179.2 Ley 58/2003 ), entre otras razones, porque dicho precepto no agota todas las hipótesis posibles de ausencia de culpabilidad. A este respecto, conviene recordar que el art. 77.4.d) LGT establecía que la interpretación razonable de la norma era, "en particular" [el vigente art. 179.2.d) Ley 58/2003, dice «[e]ntre otros supuestos»], uno de los casos en los que la Administración debía entender necesariamente que el obligado tributario había «puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios»; de donde se infiere que la circunstancia de que la norma incumplida sea clara o que la interpretación mantenida de la misma no se entienda razonable no permite imponer automáticamente una sanción tributaria porque es posible que, no obstante, el contribuyente haya actuado diligentemente».

Tampoco cabría sustentar la existencia de infracción en la pura referencia al desenlace de la regularización practicada por la Administración o en la simple constatación de la falta de un ingreso de la deuda tributaria, como aduce en este caso el abogado del Estado, porque el mero dejar de ingresar no constituía en la Ley General Tributaria de 1963 -ni constituye ahora- infracción y porque no es posible sancionar por la sola referencia al resultado, sin motivar específicamente de donde se colige la existencia de culpabilidad [ sentencias de 2 de noviembre de 2002 (casación 9712/97 , FJ 4º), 18 de abril de 2007 (casación 3267/02, FJ 8 º) y 6 de junio de 2008 (casación 146/04 , FJ 6º )]. En este sentido y, en términos que no dejan lugar a dudas, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 164/2005 (FJ 6º ), ha afirmado que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando se impone la sanción por el mero hecho de no ingresar, pero sin acreditar la existencia de un mínimo de culpabilidad y de ánimo defraudatorio.

Finalmente, y a mayor abundamiento, es cierto que, como señala el abogado del Estado, la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de noviembre de 2003 , Amparo , no prejuzga el modo en que deba llevarse a cabo la armonización del tratamiento fiscal de los premios cosechados en juegos de azar. Pero también lo es que, en la citada sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que constituye una restricción a la libertad de establecimiento una legislación tributaria nacional que considera sujetos al impuesto sobre la renta los premios de lotería obtenidos en otros Estados miembros mientras que los ganados en el propios país quedan exentos (apartado 27 y parte dispositiva).

Y, tan es así, que el propio Tribunal de Justicia, en la sentencia dictada el 6 de octubre de 2009, Comisión/España (asunto C-153/08 ), ha declarado que nuestro país ha venido incumpliendo sus obligaciones para con la Unión Europea al mantener en vigor una legislación fiscal que exime de impuestos los premios obtenidos al participar en loterías, juegos y apuestas organizados en España por determinados organismos públicos y entidades establecidos en su territorio y que ejercen actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro, sin aplicar tal exención cuando los premios se logran en actividades de semejante índole organizadas por entidades del mismo carácter residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (apartado 49 y parte dispositiva). El Tribunal de Justicia dice literalmente que «la exención fiscal establecida en el artículo 7, letra ñ), de la Ley del Impuesto sobre la Renta , al tener como consecuencia un trato más favorable para los premios repartidos por los organismos y entidades enumerados en dicha disposición, constituye una restricción discriminatoria a la libre prestación de servicios, en perjuicio de los organismos públicos y de las entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en Estados miembros distintos de España y que persigan objetivos idénticos a los que persiguen los organismos y entidades enumerados en dicha disposición» (apartado 34), sin que dicha discriminación encuentre justificación alguna (apartados 36 y siguientes).

La doctrina contenida en esta sentencia añade un argumento más a lo ya señalado por la Audiencia Nacional, avalando no sólo la existencia de una interpretación razonable de la norma por parte de los obligados tributarios que excluye la posibilidad de sanción sino también la propia inadecuación de la norma española al ordenamiento comunitario.

Y frente a esta incontestable conclusión carecen de relevancia las protestas del abogado del Estado acerca del carácter posterior, en relación con lo hechos del litigio, de la sentencia Amparo (su argumento vale también para la sentencia Comisión/España) y, por consiguiente, sobre la imposibilidad de que los recurridos la hubieran tenido en cuenta a la hora de decidir su comportamiento fiscal. En primer lugar porque, como acabamos de apuntar, la existencia de ambos pronunciamientos evidencia que actuaron ajustándose a una interpretación razonable de la norma.

En segundo término, porque, como acabamos de explicar en fecha reciente [sentencia de 28 de junio de 2010 (casación 2100/05, FJ 3º )], cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el marco de una cuestión prejudicial o de un recurso por incumplimiento, interpreta una disposición del derecho comunitario, en realidad se limita a aclarar y precisar su alcance, tal y como debe o habría debido ser entendida desde el momento de su entrada en vigor, de donde resulta que los jueces nacionales y, en general, quienes están llamados a aplicarla, deben hacerlo con ese entendimiento, incluso a las relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que fija la exégesis correcta [véanse las sentencias de 2 de febrero de 1988, Blaizot (asunto 24/86 , apartado 27), 15 de diciembre de 1995 , Bosman (asunto C - 415/93, apartado 141 ), y 30 de marzo de 2006 , Uudenkaupungin kaupunki (asunto C - 184/04 , apartado 53 )]. Tal obligación únicamente queda excepcionada si, con carácter excepcional, el Tribunal de Justicia, en cumplimiento del principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico comunitario, limita esa posibilidad (sentencia Uudenkaupungin kaupunki, apartado 55). Pilares básicos de nuestro sistema constitucional (véanse los artículos 9.3 y 25.1 de la Constitución) quedarían en entredicho si los tribunales de justicia respaldásemos la imposición de una sanción a un sujeto pasivo que adaptó su comportamiento a una exégesis adecuada del ordenamiento jurídico, apartándose de una norma fiscal que se ha revelado contraria a dicho ordenamiento.

En cualquier caso, el principio que obliga a aplicar retroactivamente la norma sancionadora posterior más favorable sería suficiente para evidenciar la manifiesta falta de fundamento de la tesis que defiende el abogado del Estado en este recurso de casación, pues las sentencias del Tribunal de Justicia, que se integran en aquel ordenamiento jurídico, dejan claramente sentado que, en los términos previstos en el artículo 7.ñ) de la Ley 40/1998 , el premio de lotería ganado en Francia por don Aureliano y doña Zaira no podía quedar sujeto al impuesto sobre la renta de las personas físicas

(FD Tercero).

Por tanto, siendo totalmente trasladable la citada doctrina al caso que nos ocupa, no cabe más que desestimar el motivo de casación aducido por el Abogado del Estado y entender improcedente tanto la liquidación girada como la imposición de la sanción a ella anudada.

En atención a los razonamientos anteriormente indicados, procede declarar la desestimación del recurso de casación, lo que determina la imposición de las costas al recurrente en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 139 LJCA .

La Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el art. 139.3 LJCA, señala 6.000 euros como cuantía máxima de los honorarios de Letrado, a los efectos de las referidas costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo español, nos confiere la Constitución