STS, 7 de Febrero de 2011
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 07 Febrero 2011 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Febrero de dos mil once.
Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los Excmos. Señores al margen anotados, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que con el num. 298/2010 pende de resolución, promovido por el Procurador de los Tribunales don Jorge Rodríguez Simón, en nombre y representación de doña Montserrat , contra la sentencia, de fecha 9 de septiembre de 2009, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 222/2006, en el que se impugnaba el Acuerdo del TEAC de Cataluña, de 14 de diciembre de 2005, desestimatorio de la reclamación nº NUM000 relativa a la impugnación de liquidaciones en concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF) de los ejercicios 1995,1996 y 1997.
Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y asistida por el Abogado del Estado.
PRIMERO.- En el recurso contencioso administrativo núm. 222/2006 seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se dictó sentencia, con fecha 9 de septiembre de 2009 , cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Dar lugar en parte al recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. Montserrat contra la resolución impugnada, que anula parcialmente en el sentido declarar el derecho de la recurrente a que se practiquen nuevas liquidaciones en relación con el IRPF de los ejercicios 1995 a 1997, en las que se tomen en consideración las deducciones por doble imposición internacional procedentes conforme a las anteriores reglas, previa anulación de las liquidaciones practicadas y con devolución, en su caso, de las cantidades indebidamente ingresadas e intereses correspondientes; manteniéndola en cuanto al resto de pronunciamientos, por ser conforme a Derecho. Sin expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento".
SEGUNDO.- Por la representación procesal de doña Montserrat se interpuso, por escrito de 28 de octubre de 2009 recurso de casación para la unificación de doctrina interesando que se tuviere por preparado en tiempo y forma, remitiendo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo todas las actuaciones realizadas, con emplazamiento de las partes ante dicha Sala, dictándose en su día sentencia por la que se declare que la recurrida quebranta la unidad de doctrina, resolviendo de conformidad con la doctrina infringida.
TERCERO .- El Abogado del Estado, formuló en fecha 18 de mayo de 2010, escrito de oposición a dicho recurso, solicitando su desestimación, con imposición de costas a la parte actora.
CUARTO .- Recibidas las actuaciones, por providencia de 2 de diciembre de 2010, se señaló para votación y fallo el 2 de febrero de 2011, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernandez Montalvo, Presidente de la Sección
PRIMERO.- Se impugna, mediante este recurso de casación en unificación de doctrina, la sentencia de 9 de septiembre de 2009, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 222/2006, en el que se impugnaba el Acuerdo del TEAC de Cataluña, de 14 de diciembre de 2005, desestimatorio de la reclamación nº NUM000 relativa a la impugnación de liquidaciones en concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF) de los ejercicios 1995,1996 y 1997, y cuantía de 33.272,25 euros.
El recurso jurisdiccional se rige por la Ley 29/1998, de 13 de Julio, disposición transitoria tercera , toda vez que la sentencia recurrida es de fecha posterior a su entrada en vigor.
SEGUNDO.- Versa el presente recurso sobre la determinación de la residencia fiscal de la recurrente, a los efectos de la liquidación del IRPF, considerando la actora que las conclusiones a las que llega la sentencia recurrida son contradictorias con el contenido de las sentencias invocadas de contraste, en particular en la valoración que hace de los criterios determinantes de la residencia fiscal.
La parte recurrente aporta como sentencias de contraste las Sentencias dictadas por la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de 15 de junio de 2006 y 20 de febrero de 2008 .
TERCERO.- Dado el carácter improrrogable de la competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, que establece el artículo 8º de la Ley de esta Jurisdicción, ha de examinarse, de oficio y con carácter previo a los motivos de casación que propone la recurrente, la posible inadmisibilidad del presente recurso en atención a la cuantía del mismo.
El recurso de casación para la unificación de doctrina es excepcional, subsidiario respecto del de casación ordinaria y limitado por razón de la cuantía, como resulta de lo establecido en el art. 96.3 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción --la 29/1998, de 13 de julio --, que al puntualizar las sentencias susceptibles de recurso de casación para la unificación de doctrina determina que sólo lo serán aquellas sentencias que no sean recurribles en casación con arreglo a lo establecido en el art. 86.2 .b) (por haber recaído en asuntos cuya cuantía no exceda de 25 millones de pesetas -150.253,03 Euros-), siempre que la cuantía litigiosa sea superior a tres millones de pesetas -18.030,36 Euros-. El establecimiento de una "summa gravaminis" para el acceso a esta casación tiene su fundamento en el designio del legislador de agilizar la actuación jurisdiccional en todos los órdenes para procurar que la justicia se imparta de la forma más rápida y eficaz posible, de acuerdo con las exigencias del art. 24 de la Constitución.
Por otro lado, es constante la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a que es irrelevante, a efectos de la inadmisibilidad del recurso de casación por razón de la cuantía, que se haya tenido por preparado el recurso en la instancia, que se haya ofrecido el recurso al notificarse la resolución impugnada o que haya sido admitido anteriormente y se advierta la carencia de cuantía al momento de dictarse el fallo en el que ha de apreciarse, incluso, de oficio.
CUARTO.- La jurisprudencia de este Tribunal tiene declarado reiteradamente que, respetando el principio de contradicción, la fijación de cuantía puede ser efectuada en cualquier momento, incluso de oficio, por el órgano jurisdiccional ya que se trata de una materia de orden público procesal, máxime cuando es determinante de la procedencia o improcedencia del recurso de casación (por todas S. de 12 de febrero de 1997 ).
En las presentes actuaciones, el acto administrativo impugnado trae causa de las liquidaciones tributarias por el concepto de IRPF, periodo 1995 a 1997, derivadas del acta modelo A02 nº 7040037.4, con el siguiente desglose: 1995, cuota 1.697.358 pesetas; 1996, cuota 1.822.334 pesetas y 1997, cuota 1.078.017 pesetas, merced al Acto administrativo de liquidación tributaria dictado por el Inspector Regional de Cataluña en fecha 15 de mayo de 2001.
Atendiendo a las cuantías anteriormente transcritas, es claro que ninguna de las cuotas a ingresar excede de la cuantía de tres millones de pesetas (18.030,36 Euros), que es el límite mínimo establecido para el acceso al recurso de casación para la unificación de doctrina.
Además, en aplicación de la regla contenida en el art. 41.3 de la LJCA 29/98 , en los casos de acumulación -es indiferente que ésta se haya producido en vía administrativa o jurisdiccional- aunque la cuantía venga determinada, en la anterior instancia, por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquélla, tal acumulación no comunica a las de cuantía inferior al límite legal para el acceso al recurso, la posibilidad de casación y, todo ello, con independencia de que las actas levantadas hayan dado lugar a uno o varios actos administrativos por cuanto debe entenderse que es la cuantía individualizada de cada liquidación, y no la suma de las que la Administración decida en cada caso acumular en uno o en varios procedimientos administrativos, la que debe determinar objetivamente la cuantía del proceso contencioso-administrativo a efectos de casación (Auto de la Sección Cuarta de 20 de marzo de 1995 en recurso de casación 6419/1993).
QUINTO.- Por consiguiente, no superando las cantidades mencionadas, de forma individualmente considerada, el límite legal de los 3.000.000 de pesetas establecido en el artículo 96.3 de la LJCA para acceder al recurso de casación para unificación de doctrina, procede declarar la inadmisibilidad del presente recurso de casación, por no ser susceptible de impugnación la resolución recurrida, en virtud de la cuantía, y la firmeza de la sentencia recurrida, debiendo comportar la inadmisión del recurso, al ser total, la imposición de las costas del mismo a la parte recurrente por ministerio de la Ley (art. 97.7 en relación con el art. 93.5 ).
La Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el artículo 139.3 de la LJCA, señala 1.500 Euros como cuantía máxima de los honorarios del Letrado, a los efectos de las referidas costas.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo español, nos confiere la Constitución.
Que debemos declarar, y declaramos, la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por doña Montserrat , contra la sentencia, de fecha 9 de septiembre de 2009, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 222/2006, que queda firme, con expresa imposición de costas a la citada parte recurrente, con el límite cuantitativo expresado en el último de los Fundamentos Jurídicos.
Así por esta nuestra sentencia, se publicará en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernandez Montalvo Juan Gonzalo Martinez Mico Emilio Frias Ponce Angel Aguallo Aviles Jose Antonio Montero Fernandez Ramon Trillo Torres PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Rafael Fernandez Montalvo, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.
