ATS 36/2008, 18 de Diciembre de 2008

Ponente:ENCARNACION ROCA TRIAS
Número de Recurso:17/2008
Procedimiento:CONFLICTO DE COMPETENCIAS
Número de Resolución:36/2008
Fecha de Resolución:18 de Diciembre de 2008
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Especial Art. 61 LOPJ
 
ÍNDICE
CONTENIDO

La Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo, constituida por su Presidente y los Excmos. Sres.

Magistrados anteriormente citados, dotados de la potestad jurisdiccional reconocida en la Constitución, dicta el siguiente:

AUTO

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Diciembre de dos mil ocho.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El Procurador D. Carlos Alameda Ureña, en nombre y representación de Dª Marí Trini, interpuso recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de GALASA GESTIÓN DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.A., ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso Administrativo de Granada, Sección 1ª incoándose el procedimiento ordinario de la Ley 27/1998, nº 1378/2007 .

Por resolución de fecha 14 de junio de 2007, dicha Sala acordó conferir traslado al Ministerio Fiscal y a las partes por término de DIEZ DIAS, a fin de que aleguen lo que a su derecho convenga sobre la competencia de la Sala.

El Ministerio Fiscal, presentó escrito alegando que la competencia corresponde al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería que por turno corresponda.

La representación de Dª Marí Trini, presentó escrito alegando lo que a su derecho estimó pertinente, y solicitando "...dicte resolución por la que: 1) Se de por definitivamente evacuado el trámite para el que esta parte había sido requerida, prosiguiendo, por tanto, dando a los Autos el trámite de Ley que corresponda. 2 ) Se conceda, bien una suspensión temporal del expediente hasta que el poder notarial para pleitos sea otorgado y aportado al presente procedimiento, momento en el cual se reanudarán las actuaciones, bien una ampliación temporal y prudente del plazo al objeto de poder recibir el poder notarial y aportarlo al expediente de jurisdicción voluntaria referido al encabezamiento".

Con fecha 19 de julio de 2007, la Sala dictó Auto que contiene la parte dispositiva del tenor literal siguiente: "LA SALA ACUERDA: Que la competencia para conocer del presente recurso corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de ALMERIA, al que se remitirán las actuaciones, previo emplazamiento de las partes para que se personen en la misma en el plazo de TREINTA DIAS".

Turnadas las actuaciones al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Almería, se acordó formar los oportunos autos, que fueron registrados como procedimiento ordinario nº 569/07, teniéndose por personado como recurrente, al Procurador D. Javier Romera Galindo, en nombre y representación de Marí Trini, y conferir traslado a la actora y al Ministerio Fiscal sobre una posible falta de jurisdicción.

La representación de Dª Marí Trini, presentó escrito de alegaciones, solicitando se declarase competente la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El Ministerio Fiscal evacuando el traslado conferido solicitó se declarara la falta de jurisdicción del Juzgado de lo Contencioso Administrativo para conocer del recurso interpuesto, remitiendo a las partes a la Jurisdicción Civil.

Con fecha 28 de noviembre de 2007 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo dictó Auto que contiene la parte dispositiva del tenor literal siguiente: "Se declara la falta de jurisdicción de este Juzgado de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente recurso Contencioso Administrativo, siendo competente la Jurisdicción Civil ante la que deberá interponerse la pertinente demanda".

SEGUNDO

La Procuradora Dª María del Rosario Silva Muñoz, en representación de Dª Marí Trini, presentó demanda de juicio ordinario contra GALASA-GESTIÓN DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.A. que fue turnada al Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Vera, y registrada con el número 6/2008, alegando en dicho escrito los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando se sirva dictar sentencia por la cual, "estimando íntegramente las pretensiones de mis patrocinados, se formulen los siguientes pronunciamientos: 1º.- Se declare la responsabilidad de GALASA por los daños producidos en el inmueble sito en la calle DIRECCION000, NUM000 . 2º.- Se condene a la demandada a estar y a pasar por la anterior declaración, y a indemnizar dichos daños y perjuicios, ascendentes, a la suma de 31.852,65 euros. 3º.- Se condene a la demandada al pago del interés legal (correspondiente sobre la cantidad anterior desde la fecha en que se constituyó la misma en mora, la interposición de la demanda). 4º.- Se impongan las costas del procedimiento a la demandada, de producirse el efecto previsto en el artículo 394. LEC ".

Admitida a trámite la demanda fue emplazada la demandada GESTION DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.A. (GALASA), alegando la representación de la misma los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando: "...tenga por formulada, en tiempo y forma, la correspondiente cuestión competencial, mediante DECLINATORIA DE JURISDICCIÓN, por entender que, de la cuestión planteada en la demanda corresponde conocer a los Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, ordenando la tramitación de la misma por el cauce procesal que previenen los artículos 65 y demás concordantes de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, acordando, igualmente la suspensión del curso del Procedimiento principal; y en concreto, el cómputo del plazo para contestar la demanda, todo ello con cuanto más corresponda en derecho".

Por resolución de fecha 1 de febrero de 2008, se acuerda conferir traslado de la declinatoria a las partes para que aleguen lo que consideren conveniente para sostener la jurisdicción de este tribunal, suspendiéndose el plazo para contestar a la demanda, así como el curso del procedimiento hasta la resolución de la declinatoria.

La representación de Dª Marí Trini presentó escrito contestando a la declinatoria, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando: "...Se declare promovido INCIDENTE DE CONFLICTO DE COMPETENCIA, remitiendo a la Sala Especial del Tribunal Supremo las presentes actuaciones al objeto de que declare expresamente la jurisdicción competente para que pueda continuar el presente procedimiento conforme a lo dispuesto en la Ley".

Con fecha 14 de febrero de 2008, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Vera, dictó Auto que contiene la parte dispositiva del tenor literal siguiente: "QUE, ESTIMANDO LA DECLINATORIA DE JURISDICCIÓN interpuesta por la representación procesal de GALASA-Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A. DECLARO LA FALTA DE JURISDICCIÓN DE ESTE JUZGADO PARA EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO POR CORRESPONDER EL MISMO AL CONOCIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes".

La representación de Dª Marí Trini, presentó escrito promoviendo recurso por defecto de jurisdicción contra el anterior Auto, solicitando la remisión de las actuaciones a la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, acordándose por resolución de fecha 10 de abril de 2008, tener por presentado el referido recurso, y conferir traslado a las demás partes personadas para alegaciones.

La representación de GESTION DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.A. (GALASA), presentó escrito de alegaciones solicitando se desestime el recurso formulado de contrario y se dicte resolución confirmando el Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Vera, y se declare la falta de jurisdicción para conocer de la pretensión resarcitoria formulada por Dª Marí Trini frente a GALASA.

Por resolución de fecha 26 de mayo de 2008 se acuerda remitir los autos a la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo para resolver sobre el recurso.

TERCERO

Recibidas las actuaciones, la Sala de Conflictos de este Tribunal dictó resolución acordando formar el oportuno "rollo" de Sala correspondiéndole el nº 17/2008, y dar vista al Ministerio Fiscal y evacuando el traslado presentó escrito alegando lo que a su derecho estimó pertinente para terminar solicitando: "... estimamos competente para el conocimiento de la pretensión ejercitada por la demandante a la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa y en consecuencia el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Almería".

Para la deliberación del presente recurso se señaló el día 15 de Diciembre de dos mil ocho, en que tuvo lugar la misma.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. Encarnación Roca Trías.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Dª Marí Trini presentó un recurso contencioso-administrativo en base a la comunicación enviada por la sociedad GALASA, GESTIÓN DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.A., ante una reclamación. En esta comunicación, GALASA negó que debiera indemnizar a la reclamante por unos daños sufridos por ésta en su casa, a consecuencia de unas filtraciones en las cañerías que suministran el agua. La reclamante valoró dichos daños en 31.852,65 euros. El Juzgado de lo contencioso nº 1 de Almería dictó auto el 28 de noviembre de 2007 declarando su falta de jurisdicción para conocer de dicho recurso, en base al Art. 2 de la Ley 29/1998, de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Dª Marí Trini presentó entonces la demanda ante la jurisdicción civil, admitiéndose a trámite por el Juzgado de 1ª Instancia e instrucción de Vera. La demandada GALASA presentó declinatoria por falta de jurisdicción, por entender que correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa. El Juzgado nº 1 de Vera estimó dicha declinatoria en fecha 14 de febrero de 2008 y consideró incompetente la jurisdicción civil. La representación procesal de la demandante interpuso recurso por defecto de jurisdicción ante el Juzgado de 1ª Instancia e instrucción de Vera, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 50 LOPJ .

SEGUNDO

El informe del fiscal en el presente conflicto plantea dos cuestiones:

  1. Si el recurso por defecto de Jurisdicción está bien planteado al presentarse ante el Juzgado de 1ª Instancia que dicta la resolución sobre falta de jurisdicción y no ante el Juzgado de lo contencioso que declaró de oficio su falta de jurisdicción, dado que el Art. 50.1 LOPJ establece que el recurso contra la resolución en la que el Tribunal declare su falta de jurisdicción debe interponerse contra la resolución firme que la declara.

    En este punto, el informe del Fiscal cita el Auto de esta Sala, de 24 junio 2005, que entendió aceptable este recurso en un caso semejante, en virtud del principio de tutela judicial efectiva, de modo que el juzgado de 1ª Instancia está haciendo una valoración sobre cuál es la jurisdicción competente, que le lleva a concluir sobre su falta de jurisdicción, por lo que la Sala debe pronunciarse sobre el conflicto negativo de competencia que se le plantea.

  2. En relación a la competencia, el mencionado informe, citando el Auto de esta Sala de 20 de noviembre de 2007, en una reclamación esencialmente igual y contra la misma sociedad, considera que debe entenderse competente la jurisdicción contencioso-administrativa.

TERCERO

La cuestión de competencia suscitada en el presente conflicto debe partir de los siguientes hechos:

  1. Los Ayuntamientos de Carboneras, Garrucha, Mojácar, Turre, Los Gallardos, Antas, Vera, Cuevas de Almanzora, Pulpi, Huercal-Overa, Zurgena y Arboleas constituyeron, junto la Excelentísima Diputación Provincial de Almería, el día 3 de febrero de 1989, una sociedad llamada "GESTIÓN DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.A. (GALASA)", con la forma de sociedad anónima mercantil, cuya finalidad y objeto social era la gestión del ciclo hidráulico en la zona del Levante almeriense. Según el Art. 2 de los Estatutos, dicha sociedad "tiene por objeto cuantos servicios y actividades estén encaminadas a la mejor gestión y administración del ciclo integral del agua, con destino a usos domésticos e industriales, desde la captación de los recursos hidráulicos, su transporte y distribución, hasta el saneamiento, depuración y aprovechamiento". El capital social pertenecía íntegramente a los constituyentes; sólo podían ser socios los doce municipios cofundadores con la Diputación de Almería y sus órganos de administración eran también públicos, de manera que en el Art. 28 de los estatutos se dice que "el Gobierno de la Sociedad será ejercido por un Consejo de Administración compuesto por once miembros. La Excma. Diputación Provincial estará representada por seis vocales, Diputados Provinciales, nombrados a propuesta de la misma; las restantes Entidades Locales accionistas de la Sociedad estarán representadas por los cinco vocales restantes, Concejales, que serán nombrados a propuesta de los respectivos Ayuntamientos".

  2. La sociedad "GESTIÓN DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.A. (GALASA)", presta este servicio en la modalidad de gestión directa.

CUARTO

En el asunto decidido por esta Sala de conflictos, en 20 noviembre 2007 (auto nº 102/107 en conflicto número 23/2007 ), se decidió lo que se reproduce a continuación: «[...] se desprende que la sociedad anónima contra la que se dirige la pretensión resarcitoria no es una mera concesionaria del Ayuntamiento [...] para la prestación del servicio público, de competencia municipal, de abastecimiento de agua, sino, conforme al art. 85.3.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, una persona jurídica para la gestión directa de un servicio público local [...], ya que el capital social pertenece íntegramente a todas las entidades locales fundadoras, a diferencia de lo previsto en el apdo. 4 e) de ese mismo art. 85 para la gestión indirecta, y no hay resquicio alguno para la intervención de ninguna persona o entidad que no sea Administración Pública. En definitiva, tanto en su origen, un convenio entre la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Almería, como en su fundación, por la propia Diputación y doce Ayuntamientos, y por su régimen de gobierno, siempre por personas que ostenten el cargo de diputados provinciales y de ediles de dichos Ayuntamientos, la personalidad administrativa de la sociedad, su carácter de Administración Pública, es indiscutible en todo cuanto se refiere a la prestación del servicio público y, por tanto, también en cuanto a su responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dicho servicio, ya que en realidad la constitución de una sociedad anónima fue la fórmula adoptada para aunar los esfuerzos de todas las entidades públicas fundadoras en la prestación del servicio público que a cada una de ellas incumbía por separado, pero sin que ello les permitiera eludir el régimen específico de su responsabilidad patrimonial tras una serie de importantes modificaciones normativas que, iniciadas con la Ley 30/92 y culminadas con las reformas de la LOPJ y de la LJCA en 2003, pretenden hacer realidad el principio de unidad de jurisdicción para la Administración Pública, que resultaría eludido mediante ese revestimiento puramente formal del mismo modo que cuando la persona física pretende salvar su propia responsabilidad patrimonial universal ocultándose en una persona jurídica y haciendo precisa la aplicación de la técnica del "levantamiento del velo"».

QUINTO

Los argumentos de esta decisión, deben aplicarse al presente conflicto, y no resultan contradictorios con la doctrina sentada en otros autos de esta misma Sala, como el 58/2004, de 13 octubre; el 12/2008, de 12 febrero, y el 27/2008, de 22 septiembre, entre otros, en los que se declaró la competencia de la jurisdicción civil en diversos asuntos en que aparecía como demandada una sociedad privada creada por la Administración pública, que gestionaba de manera indirecta el servicio público. Las diferencias se encuentran en las siguientes razones:

  1. Los socios de GALASA son únicamente personas públicas: los municipios y la Diputación de Almería, de modo que el capital social de la sociedad era en su integridad, totalmente público. Por ello, como afirma el ya citado auto de 20 noviembre 2007, el criterio para elegir la jurisdicción contencioso-administrativa fue que GALASA era una entidad de titularidad pública, aunque con una configuración formal de sociedad anónima. En cambio en los casos decididos en los autos citados el capital era mixto o bien enteramente privado.

  2. La empresa que gestiona el servicio del agua ha sido creada con la finalidad de gestionar de manera directa el servicio del agua, frente a los otros supuestos en los que la gestión del servicio público se efectuaba de forma indirecta.

En consecuencia, siguiendo estos dos criterios, la titularidad sólo formalmente privada de la entidad GALASA y la gestión directa del servicio, debe concluirse que corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo la competencia para conocer de la reclamación formulada por Dª Marí Trini, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 9.4 LOPJ y 2 e) LJCA en relación con los arts. 139 y 140 de la Ley 30/92 y 54 de la Ley 7/85 .

SEXTO

No procede hacer expresa imposición de costas.

Vistas las disposiciones legales pertinentes y de obligada aplicación

LA SALA ACUERDA:

Resolver el conflicto de competencia negativo entre el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 1 de Almería y el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Vera en el sentido de declarar la competencia del orden jurisdiccional contencioso- administrativo, por lo que deberá ser el Juzgado de lo Contencioso administrativo mencionado el que habrá de conocer la reclamación formulada por Dª Marí Trini, continuando el procedimiento en los términos anteriores a la estimación de su incompetencia.

No se hace especial pronunciamiento en costas.

Devuélvanse las actuaciones a los Tribunales de su procedencia con testimonio de esta resolución.

Así lo acuerdan y firman los Excmos. Sres. Magistrados que han constituido Sala para ver y decidir el presente Conflicto de Competecia, lo que como Secretario certifico.