ATS, 23 de Junio de 2009
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 23 Junio 2009 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Junio de dos mil nueve
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- En el rollo de apelación nº 1275/2008 la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 24ª) dictó Auto, de fecha 31 de Marzo de 2.009, declarando no haber lugar a tener por preparado recurso de casación por la representación de Dña. Angustia, contra la Sentencia de fecha 9 de febrero de 2.008 dictada por dicho Tribunal.
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- Contra dicho Auto se interpuso recurso de reposición que fue denegado por Auto de fecha 24 de Abril de 2.009, habiéndose entregado el testimonio de ambas resoluciones a los efectos del artº. 495 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero .
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- Por el Procurador D. JUAN TORRECILLA JIMÉNEZ, en nombre y representación de la indicada parte litigante, se ha interpuesto recurso de queja por entender que cabía recurso de casación y debía de haberse tenido por preparado.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Jesus Corbal Fernandez
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- El presente recurso de queja tiene por objeto una Sentencia dictada en un juicio verbal matrimonial, concretamente se insta la determinación de un régimen de visitas, que de conformidad con la legislación vigente al momento de interponerse la demanda fue tramitado en atención a la materia, lo que determina que su acceso a la casación se realice por el cauce del interés casacional, vía que es la utilizada por la parte recurrente en queja.
En concreto la parte recurrente preparó contra la Sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección vigésimo cuarta, recurso de casación al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000, alegando la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, citando como precepto legal infringido el art. 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
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- El recurso de queja no puede prosperar por cuanto, alegada en el escrito de preparación la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a los supuestos de impugnación de la valoración efectuada por el Tribunal respecto de la prueba pericial practicada y por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, citando como infracción la inadecuada apreciación de incongruencia entre la sentencia dictada, en la cual se omite el pronunciamiento relativo a la obligación del padre de efectuar llamadas telefónicas, o de vídeo conferencia, recomendadas por el equipo psico-social, fundando tal falta de pronunciamiento en el hecho de que la medida no se había interesado en la demanda inicial y en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, resulta que el recurso de casación utilizado no es el cauce de impugnación adecuado al plantear a través del mismo unas cuestiones que exceden del ámbito del recurso de casación y para cuya denuncia ha de acudirse al recurso extraordinario por infracción procesal. A este respecto es preciso significar que el recurso de casación está limitado a una estricta función revisora de la aplicación de las normas sustantivas y aplicables al objeto del proceso a que alude el art. 477.1 LEC 2000, y que debe entenderse referido a las pretensiones materiales deducidas por las partes, relativas "al crédito civil o mercantil y a las situaciones personales o familiares", como señala la Exposición de Motivos de la LEC 2000, que directamente alude a que "las infracciones de leyes procesales" quedan fuera de la casación. El régimen de recursos de la nueva LEC 2000 no es, en absoluto, coincidente con la distinción entre "infracción de ley" y "quebrantamiento de forma", establecida inicialmente en la LEC de 1881, no pudiendo limitarse el recurso extraordinario por infracción procesal a los vicios "in procedendo" y atribuir el control de los vicios "in iudicando" al recurso de casación, pues el ámbito jurídico material al que se circunscribe éste último determina un desplazamiento de los temas de índole adjetiva a la esfera del otro recurso extraordinario, a través del cual incumbe controlar las "cuestiones procesales", entendidas en sentido amplio, es decir, no reducido a las que enumera el art. 416 de la LEC 2000 bajo dicha denominación -falta de capacidad de los litigantes o de representación en sus respectivas clases; cosa juzgada o litispendencia ; falta del debido litisconsorcio, inadecuación de procedimiento y defecto legal en el modo de proponer la demanda o, en su caso, la reconvención, por falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o en la petición que se deduzca-, sino comprensivo también de las normas referidas a la legitimación, en cuanto constituye un presupuesto vinculado al fondo del asunto, pero de tratamiento preliminar, e igualmente de las que llevan a conformar la base fáctica de la pretensión, de tal modo que los aspectos atinentes a la legitimación (ordinaria o extraordinaria) la distribución de la carga de la prueba y la aplicación de las reglas que la disciplinan, el juicio sobre los hechos, en cuanto resultante de la aplicación de esas reglas y principios jurídicos que rigen la valoración de la actividad probatoria, se encuadran dentro de la actividad procesal, dejando el de casación limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y significado jurídico de los hechos probados, es decir, la calificación jurídica de tales hechos y la subsunción en el supuesto de hecho previsto en la norma de las resultas de aquel juicio fáctico, así como en la aplicación al caso enjuiciado de la norma sustantiva en sí misma, sin que pueda eludirse este nuevo sistema de recursos y la regla 2ª del apartado uno de la Disposición final decimosexta de la LEC 2000 por la vía de denunciar infracciones procesales a través del recurso de casación, tal y como se ha señalado de forma reiterada por esta Sala, entre otros, en Autos de fechas 27 de marzo de 2007, recurso 1431/2004, 3 de mayo de 2007, recurso 2037/2004 y 10 de julio de 2007, recurso 2264/2005 .
Además, se hace preciso señalar que la ley adjetiva es de naturaleza meramente instrumental, por ello se limita a establecer los cauces para la denuncia de la infracción de normas sustantivas, uno de ellos es precisamente el recurso de casación, cuyo ámbito, como antes se dijo, está circunscrito al control de la interpretación y aplicación del derecho material, y, por ello, el "interés casacional" nunca puede basarse en jurisprudencia o normas relativas a "cuestiones procesales", como con reiteración se ha indicado por esta Sala, razón por la que no cabe invocar la nueva LEC para fundar el interés casacional, ya que éste, en todo caso, deben venir referido a cuestiones sustantivas y no procesales, como son las planteadas en el presente caso.
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- En consecuencia procede confirmar la denegación preparatoria efectuada por el Auto recurrido, en lo que no cabe ver el menor atisbo de indefensión, puesto que el acceso a los recursos es cuestión de orden público, sustraído del poder de disposición de las partes y aun del propio Tribunal, por lo que compete a esta Sala, dentro del ámbito del recurso de queja que se resuelve, la comprobación de la concurrencia de los requisitos y presupuestos de recurribilidad legalmente establecidos, en base a los criterios que sean efectivamente correctos y procedentes según la norma legal.
DESESTIMAR EL RECURSO DE QUEJA interpuesto por el Procurador D. JUAN TORRECILLA JIMÉNEZ en nombre y representación de Dña. Angustia, contra el Auto de fecha 31 de Marzo de 2.009, que se confirma, por el que la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigésimo Cuarta) denegó tener por preparado recurso de casación contra la Sentencia de 9 de Febrero de 2.009, debiendo ponerse esta resolución en conocimiento de la referida Audiencia, para que conste en los autos.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.
