STS 740/2010, 6 de Julio de 2010

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones que proclama el artículo 18.3 de la Constitución.

Se alega, en defensa del motivo, que las intervenciones de las conversaciones telefónicas, cuando se acordaron por primera vez, no estuvieron motivadas, que eran innecesarias, desproporcionadas y que no hubo un efectivo control judicial en las sucesivas prórrogas.

No se pueden compartir los razonamientos que se expresan en apoyo del motivo.

El primer Auto, de fecha 9 de junio de 2006, que acuerda la intervenciones telefónicas, dictado por el Juzgado de Instrucción de Briviesca, en las Diligencias Previas 324/2006, es modélico en cuanto se explica con detenimiento las razones que determinaron la injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones, haciendo mención de los datos objetivos que justificaban esa injerencia y su proporcionalidad, atendida la gravedad de las conductas que se estaban investigando. Así, se hace expresa referencia a la detención del imputado Jon, comprobándose la existencia de serios indicios objetivos de su intervención en un robo cometido poco antes en una sucursal bancaria, señalándose que se identificaron sus ropas y mochila que portaba y el vehículo utilizado, que se encontraba a escasos metros, por los fotogramas del video de la oficina asaltada, así como el hecho de que en el interior del vehículo se encontrase una botella de oxígeno que aparece, en los fotogramas, sostenida por uno de los intervinientes, cuyas características físicas y vestimenta coinciden con el detenido, y en la mochila de que era portador se guardaba un inhibidor de frecuencias, que se utiliza para eliminar la efectividad de las alarmas bancarias, dos antenas desplegables, una antena flexible así como tres teléfonos móviles. Igualmente se hace constar que en las últimas fechas se han producido una serie de hechos delictivos que pudieran estar relacionados con el delito que se estaba investigando, haciéndose referencia de cuatro de ellos de los que dos se produjeron en dos entidades bancarias de dos localidades pequeñas relativamente próximas, por lo que la Sección de Delincuencia Organizada de la Guardia Civil se hallaba investigando una red de delincuencia organizada compuesta por súbditos extranjeros procedentes de Europa del este, que se dedican, entre otras actividades delictivas, a robos con fuerza en poblaciones rurales en las que hay escasa presencia policial, operando con vehículos sustraídos, en horas nocturnas y utilizando radio-teléfonos y terminales móviles.

El Auto judicial que examinamos, tras mencionar esos datos objetivos que justifican la injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones y la doctrina que es de aplicación, se razona sobre la procedencia de la intervención de los teléfonos de que era portador el detenido atendida la gravedad de los hechos objeto de investigación, reiterados con la misma forma de operar, resaltando que se trata de un grupo organizado, integrados por extranjeros, carentes de domicilio y con una gran movilidad, no existiendo otra manera menos lesiva de lograr las pruebas de los delitos que se están investigando, siendo urgente su adopción al haber quedado en libertad el imputado, Auto que fue notificado al Ministerio Fiscal como consta en las actuaciones.

Con igual profundidad de razonamientos y analizando datos objetivos se pronuncian los Autos posteriores que autorizan las prórrogas de las intervenciones inicialmente acordadas como se declara en la sentencia recurrida, en el apartado segundo del primero de los fundamentos jurídicos, no siendo cierto lo que se alega por el recurrente se que no se hubiese procedido al cotejo de las conversaciones ya que así se hizo con aquellas en las que se había utilizado el castellano, cotejo llevado a cabo por la Secretaria judicial que extendió la correspondiente acta, sin olvidar que tal cotejo no es necesario cuando de la información suministrada en los oficios policiales que solicitan las prórrogas u otras nuevas intervenciones se aportan datos de las anteriores que justifican y hacen necesario mantener la injerencia en el derecho fundamental.

El motivo carece de todo fundamento y debe ser desestimado.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución.

Se alega que el Tribunal de instancia únicamente se ha servido de meras "conjeturas contra reo" para dictar la sentencia que se impugna sin que existieran pruebas de cargo directas o indirectas en contra del recurrente respecto a todos los delitos por los que ha sido condenado.

El motivo no puede prosperar.

El Tribunal de instancia analiza las pruebas de cargo que ha podido valorar respecto al acusado Jose Ángel y así se señala que en su domicilio de la CALLE009 de Valencia, como consta en el acta extendida al efecto, ratificada por los funcionarios policiales que intervinieron en su práctica, se encontraron las llaves de los siguientes vehículos:

1. Audi A 4, matrícula .... ZJP que fue sustraído en el garaje de la vivienda a que se refieren el hecho quinto de los que se declaran probados, vehículo al que se colocaron las placas de matrícula sustraídas al vehículo BMW que era la .... TYR, como se menciona en el hecho once, habiendo declarado funcionarios policiales en el acto del plenario que habían visto conducir dicho vehículo al ahora recurrente y de copiloto a Arcadio .

2. Peugeot 407, matrícula ....-RDT, sustraído en el garaje de la vivienda a que se refiere el hecho cuarto de los que se declaran probados, vehículo que fue visto por los agentes policiales cuando se utilizaba el zulo de San Mauro en el que repostaban combustible y donde se encontraba la carabina del calibre 22 y que era utilizado por el ahora recurrente y por los acusados Juan Miguel ( Millonario ), Arcadio ( Santo ), Cesar ( Pesetero ) y Jenaro ( Culebras ). c) Furgoneta Mercedes Vito, matrícula .... JTJ, sustraída del garaje anexo a una vivienda, hecho que viene descrito como el segundo de los que se declaran probados.

Los tres vehículos antes mencionados se encontraban estacionados en las proximidades del domicilio de Jose Ángel teniendo el Audi 4 la matricula alterada.

En el domicilio del ahora recurrente antes citado de la CALLE009 también se ocuparon cinco carteras con publicidad del restaurante Rincón de Juanjo, que junto a otros efectos fueron sustraídas en dicho restaurante como se describe en el hecho séptimo. Igualmente se encontró en dicho domicilio una factura correspondiente al equipo de transmisiones que fue hallado en el domicilio de la CALLE000 NUM000 NUM002 de Valencia, en el que vivían los también acusados Cesar, Arcadio y Juan Miguel así como un contrato de arrendamiento a nombre de Jose Ángel del domicilio de la CALLE010, número NUM009 NUM001 de Burgos, que también había sido alquilado por el ahora recurrente y en el que había llegado a residir Jon, al que se ha hecho mención al examinar el primer Auto autorizando las intervenciones telefónicas y al que no alcanza la presente sentencia.

El Tribunal de instancia igualmente ha podido valorar, en el acto del juicio oral, las declaraciones de los acusados que contestaron a las preguntas de su defensas, las declaraciones depuestas por los agentes policiales que realizaron los seguimientos y observaron los encuentros de los acusados y su proximidad a varios de los inmuebles y establecimientos donde se produjeron los hechos enjuiciados, las prestadas por los perjudicados, así como los dictámenes periciales, uno emitido por experto en armas de la Guardia Civil que dictaminó sobre el buen funcionamiento de la carabina calibre 22, otros que a través de videoconferencia ratificaron los informes de ADN sobre restos orgánicos encontrados en varios de los vehículos y su coincidencia con los perfiles genéticos de los acusados Cesar, Arcadio, Juan Miguel y Jenaro, y por último se hace expresa referencia en la sentencia recurrida al contenido de las conversaciones telefónicas escuchadas en el acto del plenario, con intervención de interprete, que han permitido confirmar la participación en los concretos hechos que se les imputa así como la existencia de una organización criminal de la que era el jefe el ahora recurrente, Jose Ángel, al que llaman Pelosblancos (jefe).

Y tal convicción del Tribunal de instancia sobre la realización de los hechos enjuiciados y la participación que el ahora recurrente ha tenido en los mismos, visto el contenido y alcance de la prueba de cargo que ha podido ser valorada por el Tribunal de instancia, no se aparta de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos, y que no es, por lo tanto, irracional, inconsistente o errónea.

Ha existido, por consiguiente, prueba de cargo legítimamente obtenida que contrarresta el derecho de presunción de inocencia invocado.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 515 y 516 del Código Penal .

Se niega la concurrencia de los elementos típicos necesarios para poder hablar de una asociación ilícita en cuanto no existía organización y estaba ausente la nota de permanencia.

El motivo aparece enfrentado a un relato fáctico que debe ser rigurosamente respetado y en el que se declara que los acusados Jose Ángel (alias Pelosblancos o Verbenas ), Cesar (alias Pesetero o Rata ), Arcadio (alias Santo o Pulga ), Juan Miguel (también conocido como Millonario y como Mangatoros ), Jenaro (conocido también como Culebras o Luis Manuel ), junto con otros más a los que no alcanza esta sentencia ( Jon y Pablo, en ignorado paradero, y con otra persona apodada Cebollero, quien no ha prestado declaración sobre estos hechos ni se encuentra a disposición del Tribunal), mayores de edad y de los que no constan antecedentes penales, naturales de Rumanía, se fueron estableciendo en España, concertados para la realización de acciones delictivas, bajo la dirección y supervisión de Jose Ángel, a quien apodaban " Pelosblancos " (jefe) o " Verbenas ", siendo éste el encargado de conseguir cobertura de viviendas para todos e infraestructura consistente en herramientas para llevar a cabo dichas acciones y zulos donde ocultar efectos así como de llevar a cabo el estudio, observación y planificación de los objetivos que posteriormente ejecutaba cualquiera de los miembros del grupo indistintamente, incluido el propio Jose Ángel, que les llamaba sus "trabajadores" afectando dichas acciones delictivas a distintas zonas de la geografía nacional, describiéndose a continuación los dieciocho hechos delictivos en los que intervinieron, así como los efectos que les fueron intervenidos, entre ellos una carabina calibre 22 en perfecto estado de funcionamiento y de la que carecían de los permisos y licencias correspondientes. Y estos hechos se subsumen sin duda, entre otras conductas delictivas, en el tipo de la asociación ilícita apreciada por el Tribunal de instancia, previsto en los artículos 515 y 517.1º del Código Penal, en cuanto el ahora recurrente era el jefe, promotor o director de una asociación que tenían por objeto cometer delitos. Tiene declarado esta Sala, como son exponentes las Sentencias 415/2005, de 23 de marzo y 234/2001, de 3 de mayo, que el delito de asociación ilícita del art. 515.1 -asociación para delinquir- precisa la unión de varias personas organizadas para determinados fines, con las siguientes exigencias: a) pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad; b) existencia de organización más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista; c) consistencia o permanencia en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio; d) el fin de la asociación -en el caso del art. 515.1 inciso primero - ha de ser la comisión de delitos, lo que supone una cierta determinación de la ilícita actividad, sin llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar.

Y estos presupuestos concurren en el caso que examinamos, como bien se razona por el Tribunal de instancia, en el tercero de sus fundamentos jurídicos, ya que los acusados, de los que el ahora recurrente era su jefe, integraban una pluralidad de personas asociadas para la comisión de conductas delictivas, existiendo una organización jerarquizada y una infraestructura en función de la actividad que iban a desarrollar, de la que formaban parte varios inmuebles, vehículos sustraídos, material específico para forzar establecimientos bancarios, inhibidores de frecuencia que se utilizan para eliminar la efectividad de las alarmas bancarias, diversos tipos de antenas, radio teléfonos, y todo ello con una actividad delictiva desarrollada en el tiempo que evidencia la nota de permanencia.

No se ha producido la infracción legal que se denuncia y el motivo no puede prosperar.

RECURSO INTERPUESTO POR Juan Miguel y Arcadio

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías que proclaman los artículos 18.3 y 24 de la Constitución.

Se alega, en defensa del motivo, que el primer Auto de intervención telefónica dictado por el Juzgado de Instrucción de Briviesca carece de una motivación suficiente y en concreto se refiere al Auto de fecha 9 de junio de 2006 y asimismo se dice que se han autorizado prórrogas, como las del Auto de fecha 7 de julio de 2006 sin poderse leer las transcripciones de las conversaciones anteriores, transcripciones que según el recurrente no pudieron ser cotejadas por el Secretario judicial al necesitar la asistencia de un interprete. También se alega que el auto autorizando la primera intervención y las prórrogas, salvo error de esta defensa, no se notificó al Ministerio Fiscal, que no fueron escuchadas por el Juez instructor y que las defensas no han tenido acceso a la totalidad de las de las grabaciones sino sólo a las seleccionadas y por todo ello se solicita la nulidad de tales intervenciones y que carezcan de valora probatorio.

Es de dar por reproducido lo que se ha dejado expresado para rechazar similar motivo formalizado por el anterior recurrente.

Como se ha dejado antes expuesto, el primer Auto, de fecha 9 de junio de 2006, que acuerda la intervenciones telefónicas, dictado por el Juzgado de Instrucción de Briviesca, en las Diligencias Previas 324/2006, es modélico en cuanto se explica con detenimiento las razones que determinaron la injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones, haciendo mención de los datos objetivos que justificaban esa injerencia y su proporcionalidad, atendida la gravedad de las conductas que se estaban investigando.

Y lo mismo cabe decir del Auto de fecha 7 de julio del mismo Juzgado de Instrucción, por el que se acuerda la prórroga de las intervenciones telefónicas anteriormente acordadas, al que se hace expresa referencia en el presente motivo, Auto en el que se hace mención de los resultados de las anteriores intervenciones telefónicas cuya prórroga se solicita, haciendo expresa referencia al contenido de determinadas conversaciones del inicialmente investigado Jon en el que manifiesta su intención de regresar a España, por lo que se mantienen las mismas razones y los datos objetivos que se tuvieron en cuenta para autorizar las intervenciones cuyas prórrogas se interesan de la autoridad judicial.

Se ha producido el cotejo por la Secretaria judicial de aquellas conversaciones que estaban en castellano, una vez levantado el secreto, las cintas han estado ha disposición de las partes y en el acto del juicio oral se han podido escuchar aquellos extremos de las conversaciones que fueron solicitados. Respecto a la alegada falta de notificación del Auto que acuerda las intervenciones telefónicas al Ministerio Fiscal, es de señalar que, como antes se dejó expresado, el primer Auto de fecha 9 de junio de 2006 fue notificado al Ministerio Fiscal, como consta en las actuaciones, y que en todos los Autos se dispone expresamente que se notifique esta resolución al Ministerio Fiscal.

En todo caso es de recordar reiterada jurisprudencia de esta Sala, como es exponente la Sentencia 1257/2009, de 2 de diciembre, en la que se declara que cuando en los Autos se acuerda la notificación al Ministerio Fiscal no exista razón que permita sostener que ello no se ha producido. Ciertamente, esta Sala tiene declarado, como es exponente la Sentencia 940/2008, de 18 de diciembre, que recoge lo expresado en otras sentencias anteriores como la 402/2008, de 30 de junio, 1246/2005, de 31 de octubre, 138/2006 de 31 de enero, 1202/2006 de 23 de noviembre, 1187/2006 de 30 de noviembre y 126/2007 de 5 de febrero, entre otras, que en aquellas sentencias del Tribunal Constitucional que se pronuncian sobre la notificación al Ministerio Fiscal de las resoluciones judiciales relativas a autorización de observaciones telefónicas y sus prórrogas, sólo se produce la estimación de la correspondiente demanda de amparo constitucional cuando ha concurrido alguna otra razón de mayor significación al respecto, que por sí sola habría bastado para tal estimación de la demanda; así, en la STC 146/2006 las verdaderas razones que motivaron esa estimación de la demanda de amparo constitucional fueron la falta de motivación de la resolución del juzgado aun integrada con la solicitud policial, y la falta de un adecuado control judicial y las sentencias del mismo tribunal 165/2005, de 20 de junio, y otra de 29 de octubre del mismo año acordaron tal pronunciamiento estimatorio porque no hubo tal motivación, esto es, porque no se exteriorizaron los indicios que son necesarios en estos autos en los que se ordena la intervención de algún teléfono, relativos a la existencia de un delito grave y a la participación en tal delito de la persona usuaria de dicho medio de comunicación. Y conviene poner aquí de relieve que el Ministerio Fiscal, como se señala en la Sentencia de esta Sala 104/2008, de 4 de febrero, en toda causa penal por delito público es parte necesaria y está permanentemente personado en las actuaciones (Cfr. Sentencia 1013/2007, de 26 de noviembre ), con capacidad propia para tomar conocimiento de las mismas, por lo que no es necesaria la notificación a la que se refiere el recurrente, máxime cuando no se aprecia en qué forma esa ausencia pudiera haber afectado al derecho de defensa, siendo el Juez Instructor, en nuestro sistema, sobre quien recae la responsabilidad de tutela de los derechos de los investigados, mientras que transcurren las intervenciones, y sobre todo cuando el propio Fiscal no sólo no ha suscitado esta cuestión sino que impugna expresamente el motivo de la parte (Sentencia del Tribunal Supremo 1187/2006, de 30 de noviembre ).

No se han producido, pues, las vulneraciones que se invocan en lo que concierne a la intervenciones telefónicas y el motivo debe ser desestimado.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución.

Se niega la existencia de prueba respecto a los hechos objeto de acusación a los ahora recurrentes y se hace especial referencia al delito de asociación ilícita.

Consta acreditado por el acta extendida al efecto y por las declaraciones depuestas por los funcionarios que intervinieron en el registro, que en el domicilio sito en la CALLE000 nº NUM000 - NUM002 de Valencia, en el que se encontraban los acusados Juan Miguel, Arcadio y Cesar, fueron halladas las llaves que abrieron la Furgoneta Fiat Escudo, cuya sustracción se recoge en el hecho tercero de los que se declaran probados, furgoneta que estaba aparcada en las inmediaciones de ese domicilio y que de acuerdo con las declaraciones de los funcionarios que hicieron los seguimientos fue vista cuando era utilizada por los acusados Arcadio y Jose Ángel .

Igualmente se intervinieron en ese domicilio las llaves que abrieron el vehículo Nissan Almera, cuya sustracción se produjo con las conductas que se describen en el doce de los hechos que se declaran probados, vehículo que también se encontraba estacionado en las inmediaciones de ese domicilio.

También se intervinieron, entre otros efectos, el equipo de radiofrecuencia así como la cámara digital cuya sustracción aparece descrita en el catorce de los hechos que se declaran probados y una minimoto relacionada en el doce de dichos hechos.

En las inmediaciones de ese domicilio estaba estacionado el vehículo Renault Laguna que se menciona en el hecho primero.

El Tribunal de instancia igualmente ha podido valorar las pruebas que se mencionan al examinar el segundo motivo del anterior recurrente, en el que también se invoca el derecho a la presunción de inocencia, especialmente las testificales de los agentes policiales, los dictámenes emitidos por los peritos y el contenido de las conversaciones telefónicas.

Ha existido, por consiguiente, prueba de cargo legítimamente obtenida en el acto del plenario y el motivo debe ser desestimado.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 392 y 390.1.2 del Código Penal .

Se alega que sin haber detentado la posesión del vehículo no puede imputárseles el delito de falsedad.

No es eso lo que se declara probado, ya que los vehículos, incluido el que habían sido alteradas las placas de matrícula estaban a disposición de los integrantes de esta asociación criminal y los ahora recurrentes utilizaron dicho vehículo.

Tiene declarado esta Sala, respecto a la alteración o sustitución de las placas de matrícula de un vehículo, como es exponente la Sentencia 991/2007, de 16 de noviembre, que la inexistencia de un tipo específico, como sucedía con el artículo 279 bis del Código Penal de 1973 no conduce a la despenalización de la conducta, sino a su integración dentro del delito de la falsificación documental del artículo 390.1.1º, en la medida que la matrícula del vehículo tiene todos los elementos que caracterizan a los documentos y como tal debe ser sancionada su alteración, siendo ésta la decisión del Pleno no Jurisdiccional de esta Sala celebrado el día 27 de marzo de 1998 .

Ciertamente, esta Sala, en es Pleno no jurisdiccional celebrado el día 27 de marzo de 1998, haciendo uso del artículo 264 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a los fines de unificación de criterio en la aplicación del ordenamiento jurídico, tomó el acuerdo de que con relación a las placas de matrícula de vehículos, la sustitución de la verdadera por la de otro vehículo es conducta subsumible en el artículo 390.1.1º) del Código Penal por ser la matrícula con el vehículo un documento conjunto. En igual precepto debe subsumirse la parcial modificación de la matrícula auténtica. Y el artículo 390.1.2º ) debe aplicarse en los casos de íntegra elaboración o falsificación de la matrícula, todas ellas como modalidades de falsificación cometidas por particular en documento oficial.

Criterio que ya se había mantenido en sentencias de esta Sala anteriores a dicho acuerdo como es exponente la de 9 de diciembre de 1997 en la que se expresa que ya en "la STS 88/97, de 31-1-97, hemos sostenido que la falsificación de matrícula de un vehículo automóvil prevista en el antiguo artículo 279 bis CP. 1973 no ha sido despenalizada. En efecto, la matrícula reúne los elementos que caracterizan a los documentos, toda vez que a través de su forma externa inconfundible corporeiza una declaración de la autoridad correspondiente respecto del vehículo al cual se encuentra adherida, que es idónea tanto para probar quién es su propietario como la autorización para circular que concede dicha autoridad. En este sentido las matrículas quedan comprendidas en el artículo 26 CP. (L.O. 10/95 ) y su falsificación no ha sido, por lo tanto, despenalizada".

Y en la Sentencia de esta Sala de 27 de marzo de 1998 se recoge el acuerdo tomado en la Junta General que hemos dejado citado y así se dice que "la matrícula de un vehículo queda comprendida en el artículo 26 del Código Penal, pues este precepto amplía considerablemente el concepto de documento, al reputar como tal todo material que exprese o incorpore datos, hechos, o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. Por tanto, debe considerarse como documento la matrícula que identifica los vehículos automóviles, pues expresan con números o letras determinadas por la Administración, unos caracteres específicos para cada automóvil, toda vez que además dichas placas poseen ciertos signos en el lateral de las mismas que les distinguen respecto de otras de su misma clase. Por tanto, partiendo de tal conceptuación documental oficial de las placas de matrícula, la colocación en un vehículo, aunque sea superponiéndola, de una matrícula diferente de la auténtica, constituye una alteración del contenido de la misma, e integra el tipo del numero 1º del artículo 391.1º del Código Penal, sancionado en el artículo 392 del mismo Cuerpo Legal. Y tal criterio aparece corroborado por el acuerdo del Pleno de esta Sala del día 27 de Marzo del corriente año....".

Por otra parte, es asimismo doctrina de esta Sala que el delito de falsedad no es un delito de propia mano que requiera la realización corporal de la acción prohibida, y resulta bien evidente que los ahora recurrentes tenía conocimiento de la falsedad de la matrícula del vehículo que habían utilizado. El motivo debe ser desestimado.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo

24.2 de la Constitución, en relación al artículo 298.1 del Código Penal .

Se niega la existencia de prueba que acredite que los objetos intervenidos procedan de delitos contra el patrimonio o que los acusados conocieran esa procedencia.

Queda perfectamente acreditado que las tarjetas de crédito, la carabina marca Franchi, una emisora de radiofrecuencia, un transpalet y otras herramientas que se relacionan en el apartado décimo octavo de los hechos que se declaran probados, que estaban a disposición de los recurrentes, habían sido sustraídos a sus titulares y respecto el invocado desconocimiento del origen ilícito de esos bienes, es doctrina reiterada de esta Sala, de la que es exponente la Sentencia 1450/2004, de 2 de diciembre, que respecto a ese conocimiento, este elemento subjetivo no requiere que se conozca con todo detalle la infracción precedente, siendo suficiente la certidumbre sobre su origen, conocimiento de la existencia de una infracción grave, de manera general, habiéndose admitido el dolo eventual como forma de culpabilidad. Y en esa misma línea, en la Sentencia 1501/2003, de 19 de diciembre, se declara que no se exige un conocimiento preciso y detallado del delito de referencia, ni tampoco que se haya juzgado tal delito principal, junto a que la determinación de delito grave, como elemento normativo del tipo, debe verificarse con la legislación española, sin entrar a descender en un completo enjuiciamiento del mismo.

Los acusados estaban perfectamente impuestos del origen ilícito de los efectos que tenían a su disposición y el motivo no puede prosperar.

En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo

24.2 de la Constitución, en relación al artículo 564.1.2 del Código Penal .

Se niega, respecto al delito de tenencia ilícita de armas, la concurrencia del elemento subjetivo del ánimo de detentarla sin que exista disponibilidad.

Queda probado, por las declaraciones de los funcionarios policiales que realizaron los seguimientos, que los acusados ahora recurrentes fueron observados cuando repostaban combustible en el zulo de la DIRECCION000 en el que se encontraba la carabina del calibre 22, combustible y arma que estaba a su disposición y de los demás miembros de la asociación -véanse páginas 69 y 70 de la sentencia recurrida-, habiendo declarado esta Sala (cfr. Sentencia 635/2008, de 3 de octubre ) que la disponibilidad consciente de las armas (sin que se invoque permiso o licencia algunos), en perfecto estado de funcionamiento, encierra todos los elementos del tipo previsto en el artículo 564.1.º del Código Penal .

El motivo no puede prosperar.

En el sexto motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo

24.2 de la Constitución, en relación a los artículos 237, 238, 239, 240, 241 y 74 del Código Penal .

Se niega la existencia de prueba de cargo que acredite que los recurrentes hubiesen participado en los delitos de robo cometidos en casa habitada.

Son de dar por reproducidos los razonamientos expresados para rechazar la invocación del derecho de presunción de inocencia que se formaliza en el segundo motivo de este recurso, y allí se mencionan las pruebas que ha podido valorar el Tribunal de instancia sobre la participación de los ahora recurrentes, junto a otros miembros de la organización, en la comisión de los distintos hechos delictivos que se les atribuyen, varios de ellos cometidos en casa habitada, en la distribución de funciones entre los integrantes de esta organización criminal, siendo de dar por reproducidos los razonamientos que sobre este particular se expresan en la página 91 de la sentencia de instancia.

El motivo debe ser desestimado.

En el séptimo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción del artículo 66 del Código Penal . Se alega que el Tribunal de instancia no ha motivado la individualización de las penas.

No es eso lo que se infiere de la lectura del sexto de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida en el que se individualiza, con correctos razonamientos, ajustados a lo que se dispone en el Código Penal, la pena que corresponde a cada uno de los acusados por los diversos delitos.

El motivo no puede prosperar.

RECURSO INTERPUESTO POR Cesar

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho al secreto de las comunicaciones que proclaman los artículos 24.1 y 18.3 de la Constitución.

Se alega la falta de motivación del Auto de fecha 17 de julio de 2006 que autorizó las intervenciones telefónicas correspondientes al número de abonado cuyo uso se atribuyó al coacusado Jose Ángel y de los posteriores dictados en la misma investigación y también se refiere al Auto de fecha 16 de octubre de 2006 que autoriza la intervención de un teléfono cuyo uso se atribuye al ahora recurrente, y que dichas resoluciones, además de inmotivadas, eran desproporcionadas, y que estaba ausente el debido control judicial al no realizarse el cotejo de las transcripciones y que las prórrogas no estaban justificadas y que el Ministerio Fiscal no aparece que hubiese otorgado su visto. También se alega que se ha utilizado el sistema SITEL que a juicio del recurrente vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones.

Es de dar por reproducido lo que se ha dejado expresado para rechazar igual invocación realizada por los anteriores recurrentes.

El primer Auto, de fecha 9 de junio de 2006, que acuerda la intervenciones telefónicas, dictado por el Juzgado de Instrucción de Briviesca, en las Diligencias Previas 324/2006, es modélico en cuanto se explica con detenimiento las razones que determinaron la injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones, haciendo mención de los datos objetivos que justificaban esa injerencia y su proporcionalidad, atendida la gravedad de las conductas que se estaban investigando.

Así, se hace expresa referencia a la detención del imputado Jon, comprobándose la existencia de serios indicios objetivos de su intervención en un robo cometido poco antes en una sucursal bancaria, señalándose que se identificaron sus ropas y mochila que portaba y el vehículo utilizado, que se encontraba a escasos metros, por los fotogramas del video de la oficina asaltada, así como el hecho de que en el interior del vehículo se encontrase una botella de oxígeno que aparece, en los fotogramas, sostenida por uno de los intervinientes, cuyas características físicas y vestimenta coinciden con el detenido, y en la mochila de que era portador se guardaba un inhibidor de frecuencias, que se utiliza para eliminar la efectividad de las alarmas bancarias, dos antenas desplegables, una antena flexible así como tres teléfonos móviles. Igualmente se hace constar que en las últimas fechas se han producido una serie de hechos delictivos que pudieran estar relacionados con el delito que se estaba investigando, haciéndose referencia de cuatro de ellos de los que dos se produjeron en dos entidades bancarias de dos localidades pequeñas relativamente próximas, por lo que la Sección de Delincuencia Organizada de la Guardia Civil se hallaba investigando una red de delincuencia organizada compuesta por súbditos extranjeros procedentes de Europa del este, que se dedicaban, entre otras actividades delictivas, a robos con fuerza en poblaciones rurales en las que hay escasa presencia policial, operando con vehículos sustraídos, en horas nocturnas y utilizando radio-teléfonos y terminales móviles.

El Auto judicial que examinamos, tras mencionar esos datos objetivos que justifican la injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones y la doctrina que es de aplicación, se razona sobre la procedencia de la intervención de los teléfonos de que era portador el detenido atendida la gravedad de los hechos objeto de investigación, reiterados con la misma forma de operar, resaltando que se trata de un grupo organizado, integrados por extranjeros, carentes de domicilio y con una gran movilidad, no existiendo otra manera menos lesiva de lograr las pruebas de los delitos que se están investigando, siendo urgente su adopción al haber quedado en libertad el imputado, Auto que fue notificado al Ministerio Fiscal como consta en las actuaciones.

Con igual profundidad de razonamientos y analizando datos objetivos se pronuncian los Autos que autorizan intervenciones posteriores y las prórrogas de las intervenciones inicialmente acordadas como se declara en la sentencia recurrida, en el apartado segundo del primero de los fundamentos jurídicos, entre ellos el Auto de 17 de julio de 2006 que autorizó las intervenciones telefónicas correspondientes al número de abonado cuyo uso se atribuyó al coacusado Jose Ángel y el Auto de fecha 16 de octubre de 2006 que autoriza la intervención de un teléfono cuyo uso se atribuye al ahora recurrente, cuya injerencia está perfectamente justificada por las razones objetivas que se expresan en los Autos mencionados, atendiendo a las solicitudes policiales y las razones y elementos que determinaron las autorizaciones de anteriores observaciones telefónicas, habiéndose procedido al cotejo de las conversaciones ya que así se hizo con aquellas en las que se había utilizado el castellano, cotejo llevado a cabo por la Secretaria judicial que extendió la correspondiente acta, sin olvidar que tal cotejo no es necesario cuando de la información suministrada en los oficios policiales que solicitan las prórrogas u otras nuevas intervenciones se aportan datos de las anteriores que justifican y hacen necesario mantener la injerencia en el derecho fundamental.

Respecto al uso del sistema SITEL, no se menciona en que ha podido afectar al derecho al secreto de las comunciaciones ni se alega que el contenido de los discos se hubiera manipulado.

El llamado sistema SITEL, ha sido objeto de anteriores pronunciamientos por esta Sala en los que se ha declarado la acomodación del sistema a las exigencias de legalidad constitucional. En la STS 1215/2009, de 30 de diciembre, se declaró la acreditación del contenido de los DVD sobre los que se han volcado las grabaciones impresas en el disco duro, por su incorporación al proceso salvo prueba en contrario sobre su autenticidad. Se trata de documentos con fuerza probatoria como lo ha admitido la jurisprudencia de esta Sala al permitir en su día, la aportación del contenido de las grabaciones en formato cassette. La fuerza probatoria está avalada incluso legalmente acudiendo complementariamente a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este cuerpo legal establece, en el caso de los documentos públicos (artículo 318 ), la admisión de los soportes digitalizados, dejando a salvo, como es lógico la posible impugnación de su autenticidad (artículo 267 Ley Enjuiciamiento Civil ).

La incorporación de las conversaciones telefónicas mediante modernos sistemas digitalizados no plantea mayores problemas sobre su correspondencia que el de la necesidad de la acreditación de su documentación con la conversación efectivamente intervenida.

Las exigencias del sistema de interceptación, según el amparo legislativo que regula su funcionamiento, son suficientes para asegurar la observancia del artículo 230 de la LOPJ . Esas garantías resultan de la distinción entre órganos administrativos que intervienen en la interceptación, la escucha, y los que realizan la investigación del hecho delictivo, de manera que el órgano policial de investigación recibe lo que otro órgano ha grabado de acuerdo al sistema de interceptación. Esa distinción entre órganos de investigación e interceptación evita riesgos de alteración de sus contenidos que pudieran plantearse dado el desconocimiento por el órgano de escucha del objeto de la investigación. También, la propia digitalización de la interceptación, con fijación horaria, permite asegurar que cualquier hipotética manipulación dejará rastro de su realización.

Las garantías del sistema ya expuestas rellenan las exigencias del artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Así las cosas, el motivo carece de todo fundamento y debe ser desestimado.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución.

Se niega la existencia de prueba de cargo respecto al ahora recurrente.

El ahora recurrente Cesar (alias Pesetero o Rata ) era uno de los integrantes de la organización cuya jefatura ostentaba el coacusado Jose Ángel,

Consta acreditado por el acta extendida al efecto y por las declaraciones depuestas por los funcionarios que intervinieron en el registro, que en el domicilio sito en la CALLE000 nº NUM000 - NUM002 de Valencia, en el que se encontraban los acusados Juan Miguel, Arcadio y Cesar, fueron halladas las llaves que abrieron la Furgoneta Fiat Escudo, cuya sustracción se recoge en el hecho tercero de los que se declaran probados, furgoneta que estaba aparcada en las inmediaciones de ese domicilio y que de acuerdo con las declaraciones de los funcionarios que hicieron los seguimientos fue vista cuando era utilizada por los acusados Arcadio y Jose Ángel .

Igualmente se intervinieron en ese domicilio las llaves que abrieron el vehículo Nissan Almera, cuya sustracción se produjo con las conductas que se describen en el doce de los que se declaran probados, vehículo que también se encontraba estacionado en las inmediaciones de ese domicilio.

También se intervinieron, entre otros efectos, el equipo de radiofrecuencia así como la cámara digital cuya sustracción aparece descrita en el catorce de los hechos que se declaran probados y una minimoto relacionada en el doce de dichos hechos.

Asimismo se ha valorado que en las inmediaciones de ese domicilio estaba estacionado el vehículo Renault Laguna que se menciona en el hecho primero.

El Tribunal de instancia igualmente ha podido valorar las pruebas que se mencionan al examinar el segundo motivo del primer recurrente, en el que también se invoca el derecho a la presunción de inocencia, especialmente las testificales de los agentes policiales, los dictámenes emitidos por los peritos y el contenido de las conversaciones telefónicas. Y entre estos dictámenes periciales aparece el emitido por videoconferencia por los peritos de ADN quienes dictaminaron que en los restos orgánicos presentes en los guantes de color rojo y negro hallados en el vehículo Audi 4 y los negros hallados en el vehículo Mercedes se obtuvo el perfil genético del ahora recurrente Cesar .

Asimismo, los agentes policiales que declararon en el acto del plenario manifestaron que habían observado, en sus seguimientos, que el día 11 de octubre de 2006 el ahora recurrente iba como usuario en el vehículo Audi A 4, matrícula .... ZJP cuya sustracción se describe en el quinto de los hechos que se declaran probados, en compañía de varios de los coacusados, siendo conducido dicho vehículo por Jose Ángel, vehículo que fue observado que había realizado una parada en la localidad de Sarrión donde se produjo el octavo de los hechos que se declaran probados.

Igualmente se han podido valorar conversaciones telefónicas del ahora recurrente, como la que mantiene el día 26 de octubre de 2006 con un desconocido en la que comunica que habían cogido una moto pequeña que coincide con la que fue localizada en el zulo de la DIRECCION000 y cuya sustracción se refiere en el hecho doce y en otra mantenida ese mismo día con su mujer, le comentó "veas que cámara de fotos he cogido de esas digital", cámara que fue encontrada en el registro efectuado en el domicilio de la CALLE000 número NUM000 - NUM002 de Valencia, y cuya sustracción se describe en el hecho catorce.

Así las cosas, ha existido prueba de cargo, legítimamente obtenida en el acto del plenario, que contrarresta el derecho de presunción de inocencia invocado.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 515, 516 y 517 del Código Penal .

Se niega la concurrencia de los requisitos precisos para que exista el delito de asociación ilícita.

Como se dejó expresado al dar respuesta a la misma alegación realizada por el primer recurrente, el motivo aparece enfrentado a un relato fáctico que debe ser rigurosamente respetado y en el que se declara que los acusados Jose Ángel (alias Pelosblancos o Verbenas ), Cesar (alias Pesetero o Rata ), Arcadio (alias Santo o Pulga ), Juan Miguel (también conocido como Millonario y como Mangatoros ), Jenaro (conocido también como Culebras o Luis Manuel ), junto con otros más a los que no alcanza esta sentencia ( Jon y Pablo, en ignorado paradero, y con otra persona apodada Cebollero, quien no ha prestado declaración sobre estos hechos ni se encuentra a disposición del Tribunal), mayores de edad y de los que no constan antecedentes penales, naturales de Rumanía, se fueron estableciendo en España, concertados para la realización de acciones delictivas, bajo la dirección y supervisión de Jose Ángel, a quien apodaban " Pelosblancos " (jefe) o " Verbenas ", siendo éste el encargado de conseguir cobertura de viviendas para todos e infraestructura consistente en herramientas para llevar a cabo dichas acciones y zulos donde ocultar efectos así como de llevar a cabo el estudio, observación y planificación de los objetivos que posteriormente ejecutaba cualquiera de los miembros del grupo indistintamente, incluido el propio Jose Ángel, que les llamaba sus "trabajadores", afectando dichas acciones delictivas a distintas zonas de la geografía nacional, describiéndose a continuación los dieciocho hechos delictivos en los que intervinieron, así como los efectos que les fueron intervenidos, entre ellos una carabina calibre 22 en perfecto estado de funcionamiento y de la que carecían de los permisos y licencias correspondientes.

Y estos hechos se subsumen sin duda, entre otras conductas delictivas, en el tipo de la asociación ilícita apreciada por el Tribunal de instancia, previsto en los artículos 515 y 517 del Código Penal . Tiene declarado esta Sala, como son exponentes las Sentencias 415/2005, de 23 de marzo y 234/2001, de 3 de mayo, que el delito de asociación ilícita del art. 515.1 -asociación para delinquir- precisa la unión de varias personas organizadas para determinados fines, con las siguientes exigencias: a) pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad; b) existencia de organización más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista; c) consistencia o permanencia en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio; d) el fin de la asociación - en el caso del art. 515.1 inciso primero - ha de ser la comisión de delitos, lo que supone una cierta determinación de la ilícita actividad, sin llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar.

Y estos presupuestos concurren en el caso que examinamos, como bien se razona por el Tribunal de instancia, en el tercero de sus fundamentos jurídicos, ya que los acusados integraban una pluralidad de personas asociadas para la comisión de conductas delictivas, existiendo una organización jerarquizada e infraestructura en función de la actividad que iban a desarrollar, de la que formaban parte varios inmuebles, vehículos sustraídos, material específico para forzar establecimientos bancarios, inhibidores de frecuencia que se utilizan para eliminar la efectividad de las alarmas bancarias, diversos tipos de antenas, radio teléfonos, y todo ello con una actividad delictiva desarrollada en el tiempo que evidencia la nota de permanencia.

No se ha producido la infracción legal que se denuncia y el motivo no puede prosperar.

RECURSO INTERPUESTO POR Jenaro

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca vulneración del derecho a un recurso efectivo que proclaman el artículo

24.2 de la Constitución y artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Se alega que el recurso de casación no reúne los requisitos que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en concreto el derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior.

El motivo no puede prosperar.

Esta Sala ha rechazado similares invocaciones y así, en las Sentencias 1860/2000 de 4 de diciembre y de 30 de abril de 2001, se viene declarando que dada la diversidad de sistemas procesales que funcionan en el ámbito territorial del Pacto, la posibilidad del acceso a la doble instancia viene determinada por las características de las leyes procedimentales de cada país y aunque esa revisión deba tener el máximo alcance, no se puede excluir la posibilidad de que existan otras vías de impugnación de sentencias condenatorias, siempre que se haga a través de un Tribunal superior que tenga la posibilidad de anular las resoluciones del inferior. Por ello nuestro Tribunal Constitucional ha declarado que aunque el recurso de casación penal tenga un carácter extraordinario y de marco limitado, cumple suficiente y adecuadamente expectativas del referido Pacto Internacional y "satisface la obligación asumida por el Estado español al incorporar sus previsiones al derecho interno por la vía del artículo 96 de nuestra Constitución".

Ciertamente existen tratados internacionales firmados por España en los que se ha hecho expresa referencia a la doble instancia en el proceso penal . Concretamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mencionado en esa sentencia de la Sala y el Protocolo número 7 del Convenio Europeo de Derecho Humanos en el que se expresa que toda persona declarada culpable de una infracción penal por un Tribunal tendrá derecho a que la declaración de culpabilidad o la condena sea examinada por un Tribunal superior. El ejercicio de ese derecho, incluidos los motivos por los que pueda ser ejercitado, se regularán por la ley. Este derecho podrá ser objeto de excepciones en caso de infracciones de menor gravedad según las define la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto Tribunal o haya sido declarado culpable y condenado al resolverse un recurso contra su absolución.

La necesidad de que el fallo condenatorio sea sometido a un Tribunal superior puede ser interpretado con distinto alcance. Así cabe hacer una lectura estricta de ese mandato en el sentido de que no se impone necesariamente la doble instancia sino simplemente la necesidad de que el fallo condenatorio y la pena sean revisados por otro Tribunal. Otra interpretación más amplia y extensa llevaría a la necesidad de la revisión completa del juicio.

Examinando los textos de los Tratados internacionales citados vemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a "fallo condenatorio y la pena". Si por fallo condenatorio entendemos, además de la parte dispositiva que contiene la condena, aquellos extremos de la sentencia que examinan la declaración de culpabilidad, estaríamos ante una interpretación que se extiende más allá de la mencionada como estricta, en cuanto supera el mero fallo o parte dispositiva, si bien ello permite, al menos, dos lecturas, la que se identifica con la revisión completa, es decir un nuevo juicio con repetición de la prueba, que afectaría a las bases fácticas sobre las que descansa la declaración de culpabilidad; otra que si bien no se ciñe a la parte dispositiva de la sentencia sin embargo tiene como límite el examen del juicio de inferencia realizado por el Tribunal de instancia y en concreto si se ajusta a las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos.

Pues bien, el texto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, único de los citados que ha sido ratificado por España, no requiere un nuevo juicio con repetición de la prueba, satisfaciéndose la exigencia de que el fallo condenatorio y la pena sean sometidos a un Tribunal superior con la mera revisión del juicio de inferencias realizado por el Tribunal de instancia.

Es cierto que ambos pactos remiten este derecho a la doble instancia a lo que se prescriba por la Ley de cada Estado signatario, como se recoge en la sentencia de esta Sala antes citada, y ello nos lleva a examinar si en la legislación procesal española se cumple el mandato, con el alcance que acabamos de expresar, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Tribunal Constitucional viene declarando, desde las sentencias 42/1982, de 5 de julio, 76/1982, de 14 de diciembre y 60/1985, de 6 de mayo, que el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no es bastante para crear por sí mismo recursos inexistentes y que el Tribunal Supremo, al conocer del recurso de casación, cumple con esta exigencia de intervención de un Tribunal superior, si bien, al desarrollar el derecho al recurso, ha hecho una interpretación más favorable para la efectividad de ese derecho y con una interpretación amplia respecto al ámbito del conocimiento del recurso de casación, como son exponentes las Sentencias 133/2000, de 16 de mayo y 190/1994, de 20 de junio .

El Tribunal Supremo, en sus sentencias, para un mejor cumplimiento del mandato del artículo 14.5 del Pacto Internacional tantas veces citado y acorde con las declaraciones del Tribunal Constitucional sobre ese artículo, ha ido elaborando una doctrina que viene ensanchando su conocimiento a la revisión de cómo se ha hecho la valoración de la prueba por el Tribunal de instancia

Así en la Sentencia de esta Sala de 25 de abril de 2000 se dice que al invocarse el derecho de presunción de inocencia ello conduce al Tribunal Supremo a examinar, entre otras cuestiones, si las pruebas se obtuvieron lícitamente y si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no contravienen las leyes de la lógica, de la experiencia y de las ciencias.

El cumplimiento por este Tribunal del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se mantiene, con el alcance del recurso de casación que se ha dejado expresado, tras el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 20 de julio de 2000, sin que este Dictamen, que resuelve un caso concreto y no si el recurso de casación español en su generalidad se ajusta o no al artículo 14.5 del Pacto, exija, en modo alguno un cambio de criterio, siendo cuestión bien distinta la conveniencia de que se instaure la segunda instancia en todo tipo de procesos y se residencia en el Tribunal Supremo, como única función, la esencial de unificación en la aplicación del ordenamiento jurídico.

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de esta Sala, en la reunión no jurisdiccional que se celebró el 13 de septiembre de 2000, en la que se declaró que en la evolución actual de la jurisprudencia en España el recurso de casación previsto en las leyes vigentes en nuestro país, similar al existente en otros Estados miembros de la Unión Europea, ya constituye un recurso efectivo en el sentido del artículo

14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si bien se añade, que procede insistir en la conveniencia de instaurar un recurso de apelación previo al de casación.

Por último es de interés dejar expuesto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los casos Loewenguth y Deperrios, que fueron inadmitidos, respectivamente, el 30 de mayo de 2000 y 22 de junio de 2000, considera que en el artículo 2 del Protocolo número 7º los Estados Parte conservan la facultad de decidir las modalidades del ejercicio del derecho al reexamen y pueden restringir el alcance de este último; además, en muchos Estados el mencionado reexamen se encuentra igualmente limitado a cuestiones de derecho. Por ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la posibilidad de recurrir en casación responde a las exigencias del artículo 2 del Protocolo nº 7 del Convenio .

Y la Sentencia de esta Sala 609/2008, de 10 de octubre, con similar criterio expresa que no está desarrollada la implantación de la apelación que la Ley 19/2003 de 23.12 de modificación de la LOPJ. Aplazada en la Disposición Adicional Segunda . Por tanto no hay posibilidad hoy por hoy de aplicar el citado art. 73.3 c). Es necesario que entren en vigor las normas procesales y orgánicas que concretan la forma de tramitarse tales apelaciones. Mientras tanto ha de continuar la tramitación de los recursos de casación contra las resoluciones dictadas en juicio oral y única instancia a tramitar conforme a lo dispuesto en los arts. 847 y ss. LECrim . que es precisamente, el que aquí estamos siguiendo (STS. 94/2007 de 14.2 FJ. 22 ). En segundo lugar, la cuestión sobre si, tras el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 11 de agosto de 2000 puede seguir entendiéndose que la actual regulación de la casación penal cumple con las exigencias declaradas en el art. 14.5 del PIDCP respecto del derecho a la revisión integra de la declaración de culpabilidad y la pena por un tribunal superior, ya ha sido resuelta afirmativamente por el TC Sentencias, entre otras, 170/2002 de 3 de abril, FJ 7, 80/2003 de 28 de abril FJ2, 105/2003 de 2 de junio FJ 2, 123/2005 FJ6, y por el TS (408/2004 de 24.3, 121/2006 de 7.2, 741/2007 de 27.7, 893/2007 de

31.10, 918/2007 de 16.11, entre las más recientes. En efecto como recuerda la STS 1074/20045 de 27 de septiembre con cita en la STS 2047/2002, de 10 de diciembre : ", si bien el Dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU el 20 de julio del año 2.000 en el caso "Cesáreo Gómez" ha apreciado en un determinado recurso la vulneración del derecho reconocido en el art. 14 5º del Pacto, pero esta resolución se refiere a un caso específico, no generalizable, y lo cierto es que en la escuetísima fundamentación de fondo de la resolución dictada no se entró realmente a valorar las características actuales del recurso de casación penal español tal y como funciona en la realidad jurisdiccional.

Ha de tenerse en cuenta que el referido Dictamen del Comité se limita, en cuanto a la cuestión de fondo, a señalar (parágrafo 11. 1) que " de la información y los documentos presentados por el Estado Parte no se refuta la denuncia del autor de que su fallo condenatorio y la pena que le fue impuesta no fueran revisadas íntegramente". Si acudimos al parágrafo 8. 6 para conocer cual fue la información proporcionada por la representación procesal del Estado Parte, se aprecia que, según el Comité, " el Estado Parte aduce...que el recurso de casación español satisface plenamente las exigencias de la segunda instancia aunque no permita revisar las pruebas salvo en casos extremos que la propia Ley señala".

Ello nos permite deducir que la información proporcionada al Comité sobre nuestro recurso de casación penal se limitaba a explicitar las limitadas posibilidades de revisión fáctica reconocidas en la Ley (error de hecho fundado en documento auténtico, art 849 2º de la LECrim .), pero no las posibilidades de revisión fáctica mucho más amplias abiertas por la Constitución (presunción de inocencia, interdicción de la arbitrariedad, exigencia de motivación), la jurisprudencia constitucional y la práctica jurisdiccional efectiva del actual recurso de casación.

I Igualmente la STS. 1305/2002 reiterando lo ya dicho en auto de 14.12.2001, recuerda que el Tribunal Constitucional ha venido declarando desde la STC 60/85 que el recurso de casación cumple con la exigencia del art. 14.5 Pacto y desde la STC 42/82 ha establecido que esta norma del Pacto no da derecho a recursos que no se encuentren reconocidos en nuestra legislación (ver también STC 37/88 ).

Finalmente en cuanto a su vulneración denunciada, el Tribunal Supremo en SS. 1860/2000 de 4.12, 2194/2001 de 19.11, 1305/2002 de 13.7 se ha pronunciando ante dicha invocación afirmando que el derecho a la doble instancia no está realmente comprendido en el Convenio Europeo, sino en el artículo

14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, según el cual toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto, sean sometidas a un Tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. Ahora bien, dada la diversidad de sistemas procesales que funcionan en el ámbito territorial del Pacto, la posibilidad del acceso a la doble instancia viene determinada por las características de las leyes procedimentales de cada país y aunque esa revisión deba tener el máximo alcance, no se puede excluir la posibilidad de que existan otras vías de impugnación de sentencias condenatorias, siempre que se haga a través de un Tribunal superior que tenga la posibilidad de anular las resoluciones del inferior. Por ello nuestro Tribunal Constitucional ha declarado que aunque el recurso de casación penal tenga un carácter extraordinario y de marco limitado, cumple suficiente y adecuadamente expectativas del referido Pacto Internacional y "satisface la obligación asumida por el Estado español al incorporar sus previsiones al derecho interno por la vía del artículo 96 de nuestra Constitución".

Ciertamente existen tratados internacionales firmados por España en los que se ha hecho expresa referencia a la doble instancia en el proceso penal. Concretamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo número 7 del Convenio Europeo de Derecho Humanos en el que se expresa que toda persona declarada culpable de una infracción penal por un Tribunal tendrá derecho a que la declaración de culpabilidad o la condena sea examinada por un Tribunal superior. El ejercicio de ese derecho, incluidos los motivos por los que pueda ser ejercitado, se regularán por la ley. Este derecho podrá ser objeto de excepciones en caso de infracciones de menor gravedad según las define la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto Tribunal o haya sido declarado culpable y condenado al resolverse un recurso contra su absolución.

La necesidad de que el fallo condenatorio sea sometido a un Tribunal superior puede ser interpretado con distinto alcance. Así cabe hacer una lectura estricta de ese mandato en el sentido de que no se impone necesariamente la doble instancia sino simplemente la necesidad de que el fallo condenatorio y la pena sean revisados por otro Tribunal. Otra interpretación más amplia y extensa llevaría a la necesidad de la revisión completa del juicio.

Examinando los textos de los Tratados internacionales citados vemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a "fallo condenatorio y la pena". Si por fallo condenatorio entendemos, además de la parte dispositiva que contiene la condena, aquellos extremos de la sentencia que examinan la declaración de culpabilidad, estaríamos ante una interpretación que se extiende más allá de la mencionada como estricta, en cuanto supera el mero fallo o parte dispositiva, si bien ello permite, al menos, dos lecturas, la que se identifica con la revisión completa, es decir un nuevo juicio con repetición de la prueba, que afectaría a las bases fácticas sobre las que descansa la declaración de culpabilidad; otra que si bien no se ciñe a la parte dispositiva de la sentencia sin embargo tiene como límite el examen del juicio de inferencia realizado por el Tribunal de instancia y en concreto si se ajusta a las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos.

Pues bien, el texto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, único de los citados que ha sido ratificado por España, no requiere un nuevo juicio con repetición de la prueba, satisfaciéndose la exigencia de que el fallo condenatorio y la pena sean sometidos a un Tribunal superior con la mera revisión del juicio de inferencias realizado por el Tribunal de instancia.

Es cierto que ambos pactos remiten este derecho a la doble instancia a lo que se prescriba por la Ley de cada Estado signatario, como se recoge en la sentencia de esta Sala antes citada, y ello nos lleva a examinar si en la legislación procesal española se cumple el mandato, con el alcance que acabamos de expresar, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Tribunal Constitucional viene declarando, desde las sentencias 42/1982, de 5 de julio, 76/1982, de 14 de diciembre y 60/1985, de 6 de mayo, que el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no es bastante para crear por sí mismo recursos inexistentes y que el Tribunal Supremo, al conocer del recurso de casación, cumple con esta exigencia de intervención de un Tribunal superior, si bien, al desarrollar el derecho al recurso, ha hecho una interpretación más favorable para la efectividad de ese derecho y con una interpretación amplia respecto al ámbito del conocimiento del recurso de casación, como son exponentes las Sentencias 133/2000, de 16 de mayo y 190/1994, de 20 de junio .

El Tribunal Supremo, en sus sentencias, para un mejor cumplimiento del mandato del artículo 14.5 del Pacto Internacional tantas veces citado y acorde con las declaraciones del Tribunal Constitucional sobre ese artículo, ha ido elaborando una doctrina que viene ensanchando su conocimiento a la revisión de cómo se ha hecho la valoración de la prueba por el Tribunal de instancia.

Así en la Sentencia de esta Sala de 25 de abril de 2000 se dice que al invocarse el derecho de presunción de inocencia ello conduce al Tribunal Supremo a examinar, entre otras cuestiones, si las pruebas se obtuvieron lícitamente y si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no contravienen las leyes de la lógica, de la experiencia y de las ciencias.

El cumplimiento por este Tribunal del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se mantiene, con el alcance del recurso de casación que se ha dejado expresado, tras el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 20 de julio de 2000, sin que este Dictamen, que resuelve un caso concreto y no si el recurso de casación español en su generalidad se ajusta o no al artículo 14.5 del Pacto, exija, en modo alguno un cambio de criterio, siendo cuestión bien distinta la conveniencia de que se instaure la segunda instancia en todo tipo de procesos y se residencia en el Tribunal Supremo como única función, la esencial de unificación en la aplicación del ordenamiento jurídico.

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de esta Sala, en la reunión no jurisdiccional celebrada el 13 de septiembre de 2000, en la que se declaró que en la evolución actual de la jurisprudencia en España el recurso de casación previsto en las leyes vigentes en nuestro país, similar al existente en otros Estados miembros de la Unión Europea, ya constituye un recurso efectivo en el sentido del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si bien se añade, que procede insistir en la conveniencia de instaurar un recurso de apelación previo al de casación.

Como precisa la STS. 692/2002 de 18.4 y la doctrina que se expone con detalle en el auto de 14.12.2001, el recurso de casación penal en el modo en que es aplicado actualmente, particularmente cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia, cumple con lo previsto en el citado art. 14.5. Y ello es así porque en este recurso cabe examinar la prueba practicada en la instancia y la aplicación que de ella se hizo por el órgano judicial competente, con suficiente amplitud como para satisfacer ese derecho que tiene toda persona declarada culpable de un delito a que su condena "sea sometida a un tribunal superior conforme a lo prescrito en la ley". En nuestro caso la "Ley" a que se refiere el Pacto no está constituida únicamente por las disposiciones de la LECr, sino también por la forma en que han sido interpretadas y ampliadas en los últimos años para su adaptación a la Constitución por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también por esta sala del Tribunal Supremo.

En resumen como ha declarado la STC de 8 de mayo de 2006 FJ·: "hay que aclarar que nuestro sistema casacional no queda limitado a al análisis de cuestiones jurídicas y formales y que sólo permite revisar las pruebas en el en el restringido cauce que ofrece el art. 849.2 de la LECrim ., ya que en virtud del art. 852 de la LECrim ., el recurso de casación podía interponerse en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que, a través de la invocación del art. 24.2 de la CE (fundamentalmente en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia) es posible que el TS controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como en suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas. En definitiva, a través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, se puede cuestionar no sólo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino la declaración de culpabilidad que el Juzgador de instancia haya deducido de su contenido (STC 2/2002 de 14 de enero, FJ 2 ). Por tanto, el recurrente tiene adscrita una vía que permite al TS la "revisión íntegra" entendida en el sentido de posibilidad de acceder no solo a las instancias jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamental la declaración de culpabilidad, a través del control de la aplicación de las reglas procesales y de valoración de la prueba (STC 70/2002, FJ7).

Por último es de interés destacar dos cuestiones: 1º) que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los casos Loewengutin y Deperrios, que fueron inadmitidas, respectivamente, el 30 de mayo y el 22 de junio de 2000, consideró que en el art. 2 del Protocolo número 7, los Estados Parte conservan la facultad de decidir las modalidades del ejercicio del derecho al reexamen y pueden restringir el alcance de éste último; además, en muchos Estados el mencionado reexamen se encuentra igualmente limitado a cuestiones de Derecho. Por ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la posibilidad de recurrir en casación responde a las exigencias del art. 2 del Protocolo 7 del Convenio. 2º ) Que posteriormente se han producido varias decisiones de inadmisión de Comunicaciones, en las que el Comité considera adecuada la revisión llevada a cabo por el Tribunal Supremo Español en un recurso de casación. Así la Decisión de 29 de marzo de 2005 (Comunicación núm. 1356-2005 Parra Corral c. España, 4.3) en la que se señala que "la alegación referente al párrafo 5 del art. 14, esto es, el hecho de que presuntamente los tribunales españoles no examinaron de nuevo la apreciación de las pruebas no es consecuente con el texto de los fallos del Tribunal Supremo y Constitucional en el caso de autos. Después de que estos dos tribunales examinaron a fondo la alegación del autor en el sentido de que los indicios eran insuficientes para condenarlo, discreparon de la opinión del autor y expusieron con todo detalle sus argumentos para llegar a la conclusión de que las pruebas, aunque fuesen indicios, bastaban para justificar su condena". Igualmente, la Decisión de 25 de julio de 2005, (comunicación núm. 1399-2005, Cuartero Casado c. España, § 4.4) que destaca que "con respecto a la presunta violación del párrafo 5 del art. 14, del fallo del Tribunal Supremo se desprende que éste examinó con gran detenimiento la valoración de las pruebas hecha por el Juzgado de primera instancia. A este respecto, el Tribunal Supremo consideró que los elementos de prueba presentados contra el autor eran suficientes para contrarrestar la presunción de inocencia, de conformidad con los criterios establecidos por la jurisprudencia a fin de determinar la existencia de pruebas suficientes para el enjuiciamiento de determinados delitos, como la agresión sexual". Del mismo modo, la Decisión de 25 de julio de 2005 (comunicación núm. 1389-2005, Bertelli Gálvez c. España, § 4.5, poniendo de manifiesto que "en cuanto a la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14, del texto de la sentencia del Tribunal Supremo se desprende que si bien éste declaró que -la evaluación de las pruebas compete al Tribunal de primera instancia y no al Tribunal Supremo-, sí examinó en detalle la argumentación del autor y concluyó que en realidad él era culpable de estafa porque -hubo conducta dolosa y ánimo de lucro personal, lo que condujo a engaño de una tercera persona y la llevó a tomar disposiciones contrarias a su propio interés-". Y, por último, la Decisión de 28 de octubre de 2005 (comunicación núm. 1059-2002, Carballo Villar c. España, § 9.3) al afirmar que "con respecto a la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14, del fallo del Tribunal Supremo se desprende que éste examinó con detenimiento la valoración de las pruebas hecha por la Audiencia Provincial. A este respecto, el Tribunal Supremo consideró que los elementos de prueba presentados contra el autor eran suficientes para contrarrestar la presunción de inocencia de aquél", por lo que considera que la queja "no se ha fundamentado suficientemente a efectos de admisibilidad" y la declara inadmisible. Igualmente, ha de tenerse en cuenta que el Comité ha precisado, por ejemplo, que el artículo 14.5 del Pacto no requiere que el Tribunal de apelación lleve a cabo un nuevo juicio sobre los hechos, sino que lleve a cabo una evaluación de las pruebas presentadas al juicio y de la forma en que éste se desarrolló. Decisión de 28 de marzo de 1995, comunicación núm. 536-1993, Perera c. Australia, § 6.4); que la falta de un juicio oral en la apelación no constituye violación del derecho a un juicio justo, ni del art. 14.5 del Pacto (Dictamen de 29 de octubre de 1999, comunicación núm. 789-1997, Bryhn c. Noruega, § 7.2) o que un sistema que no permita el derecho automático a apelar puede ser conforme a las exigencias del art. 14.5 del Pacto, siempre que el examen de la autorización de la solicitud para presentar recurso entrañe una revisión completa, tanto por lo que respecta a las pruebas como a los fundamentos de Derecho, y a condición de que el procedimiento permita examinar debidamente la naturaleza del caso (Dictamen de 31 de marzo de 1999, comunicación núm. 662-1995, Lumley c. Jamaica, § 7.3).

De acuerdo con lo expuesto, se puede concluir que no existe la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías en la regulación del actual recurso de casación en materia penal, al cumplir con las exigencias del art. 14.5 PIDCP .

Por todo lo que se deja expresado, acorde con la doctrina expuesta, no se han producido las vulneraciones que se denuncian y el motivo no puede prosperar.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones que proclama el artículo 18.3 de la Constitución.

Se dice vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones por falta de motivación del Auto de fecha 28 de septiembre de 2006, que autoriza la intervención del teléfono utilizado por Luis Manuel que era el alias al parecer del ahora recurrente y que no existió control efectivo de dichas intervenciones telefónicas al no haber sido cotejadas ni aportarse traducidas ni haberse razonado convenientemente las prórrogas limitándose la policía a aportar un mero resumen que no fue cotejado, por todo ello, se dice, que las conversaciones telefónicas son nulas.

Una vez más, es de dar por reproducido lo que se ha dejado expresado para rechazar igual invocación realizada por los anteriores recurrentes.

El primer Auto, de fecha 9 de junio de 2006, que acuerda la intervenciones telefónicas, dictado por el Juzgado de Instrucción de Briviesca, en las Diligencias Previas 324/2006, es modélico en cuanto se explica con detenimiento las razones que determinaron la injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones, haciendo mención de los datos objetivos que justificaban esa injerencia y su proporcionalidad, atendida la gravedad de las conductas que se estaban investigando.

Así, se hace expresa referencia a la detención del imputado Jon, comprobándose la existencia de serios indicios objetivos de su intervención en un robo cometido poco antes en una sucursal bancaria, señalándose que se identificaron sus ropas y mochila que portaba y el vehículo utilizado, que se encontraba a escasos metros, por los fotogramas del video de la oficina asaltada, así como el hecho de que en el interior del vehículo se encontrase una botella de oxígeno que aparece, en los fotogramas, sostenida por uno de los intervinientes, cuyas características físicas y vestimenta coinciden con el detenido, y en la mochila de que era portador se guardaba un inhibidor de frecuencias, que se utiliza para eliminar la efectividad de las alarmas bancarias, dos antenas desplegables, una antena flexible así como tres teléfonos móviles. Igualmente se hace constar que en las últimas fechas se han producido una serie de hechos delictivos que pudieran estar relacionados con el delito que se estaba investigando, haciéndose referencia de cuatro de ellos de los que dos se produjeron en dos entidades bancarias de dos localidades pequeñas relativamente próximas, por lo que la Sección de Delincuencia Organizada de la Guardia Civil se hallaba investigando una red de delincuencia organizada compuesta por súbditos extranjeros procedentes de Europa del este, que se dedicaban, entre otras actividades delictivas, a robos con fuerza en poblaciones rurales en las que hay escasa presencia policial, operando con vehículos sustraídos, en horas nocturnas y utilizando radio-teléfonos y terminales móviles.

El Auto judicial que examinamos, tras mencionar esos datos objetivos que justifican la injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones y la doctrina que es de aplicación, se razona sobre la procedencia de la intervención de los teléfonos de que era portador el detenido atendida la gravedad de los hechos objeto de investigación, reiterados con la misma forma de operar, resaltando que se trata de un grupo organizado, integrados por extranjeros, carentes de domicilio y con una gran movilidad, no existiendo otra manera menos lesiva de lograr las pruebas de los delitos que se están investigando, siendo urgente su adopción al haber quedado en libertad el imputado, Auto que fue notificado al Ministerio Fiscal como consta en las actuaciones.

Con igual profundidad de razonamientos y analizando datos objetivos se pronuncian los Autos que autorizan intervenciones posteriores y las prórrogas de las intervenciones inicialmente acordadas como se declara en la sentencia recurrida, en el apartado segundo del primero de los fundamentos jurídicos, entre ellos el Auto de fecha 28 de septiembre de 2006, que autoriza la intervención del teléfono utilizado por Luis Manuel, que era el alias del ahora recurrente, cuya injerencia está perfectamente justificada por las razones objetivas que se expresan en los Autos mencionados, atendiendo a las solicitudes policiales y las razones y elementos que determinaron las autorizaciones de anteriores observaciones telefónicas, habiéndose procedido al cotejo de las conversaciones ya que así se hizo con aquellas en las que se había utilizado el castellano, cotejo llevado a cabo por la Secretaria judicial que extendió la correspondiente acta, sin olvidar que tal cotejo no es necesario cuando de la información suministrada en los oficios policiales que solicitan las prórrogas u otras nuevas intervenciones se aportan datos de las anteriores que justifican y hacen necesario mantener la injerencia en el derecho fundamental.

El motivo no puede prosperar.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia previsto en el artículo 24.2 de la Constitución.

Se niega la existencia de prueba ya que las intervenciones telefónicas son nulas y que de no ser declaradas nulas tampoco existiría prueba que acredite su participación en los hechos enjuiciados.

Ya se ha rechazado, al examinar el anterior motivo, la nulidad que se postula de las intervenciones telefónicas.

Tampoco puede prosperar la alegada ausencia de prueba en lo que concierne a la intervención del ahora recurrente en los hechos que se declaran probados.

El Tribunal de instancia ha podido valorar las declaraciones de los funcionarios policiales que en el acto del juicio oral declararon que el vehículo Peugeot 407, matrícula ....-RDT, que había sido sustraído en el garaje de la vivienda a que se refiere el hecho cuarto de los que se declaran probados, fue visto cuando estaba en el zulo de DIRECCION000 en el que repostaron combustible y donde se encontraba la carabina del calibre 22, vehículo que era utilizado, entre otros acusados, por el ahora recurrente Jenaro (que utilizaba el alias de Culebras como se razona en la página 42 de la sentencia recurrida).

Asimismo, los agentes policiales que declararon en el acto del plenario manifestaron que habían observado, en sus seguimientos, que el día 11 de octubre de 2006 el ahora recurrente iba como usuario en el vehículo Audi A 4, matrícula .... ZJP, cuya sustracción se describe en el quinto de los hechos que se declaran probados, en compañía de varios de los coacusados, siendo conducido dicho vehículo por Jose Ángel, vehículo que fue observado cuando realizaba una parada en la localidad de Sarrión donde se produjo el octavo de los hechos que se declaran probados.

Igualmente se ha podido valorar que al ser detenido en su domicilio se le intervinieron teléfonos en los que estaban registrados los números de teléfono de la mayoría de los miembros de la organización

Asimismo se han podido valorar el contenido de varias conversaciones telefónicas como señala el Tribunal de instancia en las páginas 42, 43 y 44 de la sentencia recurrida.

Y por último, es especialmente significativo el informe emitido por videoconferencia por los peritos de ADN quienes dictaminaron que en los restos orgánicos analizados se obtuvo el perfil genético del ahora recurrente Jenaro .

Así las cosas, han existido pruebas de cargo, legítimamente obtenidas, que acreditan la participación del ahora recurrente en los hechos que se le imputan.

El motivo debe ser desestimado.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 515, 516 y 517 del Código Penal .

Se niega la concurrencia de los elementos que son precisos para que exista el delito de asociación ilícita

Como se dejó expresado al dar respuesta a la misma alegación realizada por otros recurrentes, el motivo aparece enfrentado a un relato fáctico que debe ser rigurosamente respetado y en el que se declara que los acusados Jose Ángel (alias Pelosblancos o Verbenas ), Cesar (alias Pesetero o Rata ), Arcadio (alias Santo o Pulga ), Juan Miguel (también conocido como Millonario y como Mangatoros ), Jenaro (conocido también como Culebras o Luis Manuel ), junto con otros más a los que no alcanza esta sentencia ( Jon y Pablo, en ignorado paradero, y con otra persona apodada Cebollero, quien no ha prestado declaración sobre estos hechos ni se encuentra a disposición del Tribunal), mayores de edad y de los que no constan antecedentes penales, naturales de Rumanía, se fueron estableciendo en España, concertados para la realización de acciones delictivas, bajo la dirección y supervisión de Jose Ángel, a quien apodaban " Pelosblancos " (jefe) o " Verbenas ", siendo éste el encargado de conseguir cobertura de viviendas para todos e infraestructura consistente en herramientas para llevar a cabo dichas acciones y zulos donde ocultar efectos así como de llevar a cabo el estudio, observación y planificación de los objetivos que posteriormente ejecutaba cualquiera de los miembros del grupo indistintamente, incluido el propio Jose Ángel, que les llamaba sus "trabajadores", afectando dichas acciones delictivas a distintas zonas de la geografía nacional, describiéndose a continuación los dieciocho hechos delictivos en los que intervinieron, así como los efectos que les fueron intervenidos, entre ellos una carabina calibre 22 en perfecto estado de funcionamiento y de la que carecían de los permisos y licencias correspondientes.

Y estos hechos se subsumen sin duda, entre otras conductas delictivas, en el tipo de la asociación ilícita apreciada por el Tribunal de instancia, previsto en los artículos 515 y 517 del Código Penal .

Tiene declarado esta Sala, como son exponentes las Sentencias 415/2005, de 23 de marzo y 234/2001, de 3 de mayo, que el delito de asociación ilícita del art. 515.1 -asociación para delinquir- precisa la unión de varias personas organizadas para determinados fines, con las siguientes exigencias: a) pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad; b) existencia de organización más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista; c) consistencia o permanencia en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio; d) el fin de la asociación - en el caso del art. 515.1 inciso primero - ha de ser la comisión de delitos, lo que supone una cierta determinación de la ilícita actividad, sin llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar.

Y estos presupuestos concurren en el caso que examinamos, como bien se razona por el Tribunal de instancia, en el tercero de sus fundamentos jurídicos, ya que los acusados integraban una pluralidad de personas asociadas para la comisión de conductas delictivas, existiendo una organización jerarquizada y una infraestructura en función de la actividad que iban a desarrollar, de la que formaban parte varios inmuebles, vehículos sustraídos, material específico para forzar establecimientos bancarios, inhibidores de frecuencia que se utilizan para eliminar la efectividad de las alarmas bancarias, diversos tipos de antenas, radio teléfonos, y todo ello con una actividad delictiva desarrollada en el tiempo que evidencia la nota de permanencia.

No se ha producido la infracción legal que se denuncia y el motivo no puede prosperar.

3. FALLO DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAR LOS RECURSOS DE CASACION por infracción de

preceptos constitucionales e infracción de Ley interpuestos por Jose Ángel, Juan Miguel, Arcadio, Cesar y Jenaro, contra sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, de fecha 2 de julio de 2009, en causa seguida por delitos de asociación ilícita, robo, falsedad, receptación y tenencia ilícita de armas. Condenamos a dichos recurrentes al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso. Comuníquese esta sentencia a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Carlos Granados Perez Jose Ramon Soriano Soriano Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre Alberto Jorge Barreiro Joaquin Delgado Garcia

PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Carlos Granados Perez, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.