STS 27/2010, 25 de Enero de 2010

Preliminar . La Guardia Civil tuvo conocimiento de que se estaba preparando un

desembarco de hachís en nuestra península. Por unas intervenciones telefónicas, autorizadas por el Juzgado de Instrucción de Guardia, se conoció la existencia de una operación que dio como fruto la aprehensión de un velero, el " DIRECCION000 " de bandera británica, con 3780 kilogramos de dicha mercancía ilícita valorada en 5.284.440 euros, que tuvo lugar el 28 de julio de 2005, cuando navegaba a la deriva y sin luces a 23 millas aproximadamente al Este del Puerto de Cabo de Palos. Dicha embarcación había salido del puerto de Aguadulce (Almería), el día 13 de ese mismo mes con la sospecha de que iba a traer tal clase de droga, por lo que la Guardia Civil estaba alertada al respecto.

La sentencia recurrida condenó a los catorce acusados a penas comprendidas entre los tres años y un mes y cuatro años y tres meses de prisión y a todos ellos además una multa de 15.853.320 #.

De tales catorce recurren ahora doce en casación por diferentes motivos.

1. Por su carácter de cuestión procesal previa de rango constitucional comenzamos examinando aquellos motivos en los cuales se impugnan las intervenciones telefónicas que se practicaron con autorización judicial en el presente procedimiento, las cuales se iniciaron, a solicitud de la Guardia Civil (Unidad Orgánica de Policía Judicial de Málaga) de 15.11.2004 con el auto del Juzgado de Instrucción nº 3 de Marbella en funciones de guardia, dictado al día siguiente, 16.11.2004, tras haberse incoado con esta misma fecha las correspondientes diligencias previas.

Se autorizó en tal resolución la grabación y escucha de las conversaciones mantenidas por Isidoro a través de dos teléfonos, los números NUM011 y NUM012, por plazo de tres meses, si bien lo relativo al primero quedó sin efecto por auto de unos días después, 26.11.2004, a la vista de que solo era utilizado el segundo (folios 64 a 71). En esta última resolución se acordó además la intervención de otros dos aparatos que utilizaba el mismo Isidoro, tras haberse aportado las correspondientes transcripciones de interés de lo hablado por este último.

Comenzó así una cadena de diligencias de investigación de la Guardia Civil, autorizadas por dicho juzgado, que dieron como fruto la mencionada aprehensión del citado velero con el cargamento indicado (3780 kilogramos de hachís en bruto).

Siete de los doce recurrentes impugnaron tales intervenciones telefónicas: Gumersindo, Hugo, Olegario y Pedro en sus respectivos motivos primeros, Narciso en el segundo, Maximiliano en el cuarto y Jaime en el quinto.

Todos ellos alegan, como argumento fundamental para sus respectivas peticiones de absolución lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 11.1 LOPJ que dice así: " No surtirán efecto las prueba obtenidas directa o indirectamente, violentando los derechoS o libertades fundamentales ".

2 . Conocida es la doctrina de esta sala y del Tribunal Constitucional que exige una motivación cualificada para aquellas resoluciones judiciales que, en aras de la investigación en los procedimientos penales, limitan los derechos fundamentales de la persona; motivación que, entre otros extremos, ha de referirse a la concurrencia de indicios reveladores de la existencia del delito de que se trate, así como de la implicación en el mismo de la persona investigada cuyos derechos o libertades públicas han de quedar afectados.

Particularmente ha de ser así cuando la medida a adoptar sea la de intervención de las comunicaciones telefónicas, ya que, con el conocimiento de lo que se habla por este medio, el extraño que tiene acceso al mismo alcanza a saber lo que se dice en la más estricta intimidad, la de quien cree que nadie está escuchando lo que conversa con sus familiares o amigos, con frecuencia desde el propio domicilio. Se trata de una medida de investigación judicial que tiene gran capacidad para incidir en la mencionada intimidad y por la que llegan a conocerse no sólo cosas de la persona investigada, sino también de aquellas otras, con frecuencia ajenas a los hechos delictivos perseguidos, que conversan con el usuario del teléfono interceptado o desde dicho teléfono.

Por todo ello, el Juez de Instrucción que autoriza una medida de intervención de un teléfono, que solo puede acordarse con relación a una actividad delictiva concreta y grave, únicamente podrá hacerlo cuando, como exige el art. 579.2 y 3 LECr, haya indicios de tal actividad criminal específica.

Cuando, como es lo más frecuente, esta medida de investigación se adopta como respuesta judicial a una solicitud policial, el juez que ha de adoptarla tendrá que verificar entre otras cosas que en esa petición hay datos (indicios) de los que pudiera inferirse: a) la realidad del delito grave de que se trate, en este caso el tráfico de drogas; b) que la persona a la que se está investigando, el usuario del teléfono que se pretende intervenir, tiene una participación en ese delito grave. Tales datos han de expresarse en la resolución judicial.

En resumen, en un caso como el presente, en el que ha habido una resolución judicial autorizando la intervención de varios teléfonos para que la policía pudiera recabar datos que le permitieran conocer la realidad de ese delito grave (tráfico de drogas), sus circunstancias y partícipes, tiene que hacerse constar, en su texto o en el de la solicitud policial que lo precedió, qué datos existen para poder afirmar por vía indiciaria que tal delito se está cometiendo o se va a cometer de inmediato y que esas personas están implicadas en el mismo.

Véanse sobre estos extremos, entre otras, las sentencias de esta sala 241/2009 de 13 de marzo, 671/2008 de 22 de noviembre, 934/2007 de 12 de noviembre, 816/2001 de 22 de mayo y la de 26.1.1996, así como las del Tribunal Constitucional, 167/2002 de 18 de septiembre y otra de 29.10.2005 .

Como podemos leer en esta STC de 29.10.2005 los indicios "son algo más que simples sospechas, pero algo menos que los indicios racionales de criminalidad que se exigen para el procesamiento. Esto es, sospechas fundadas en alguna clase de dato objetivo " .

Según su específica utilidad procesal, es decir, según para qué se necesitan en el desarrollo del procedimiento, la palabra indicios, que significa siempre la existencia de datos concretos reveladores de un hecho importante para las actuaciones judiciales, exige una mayor o menor intensidad en cuanto a su acreditación según la finalidad para la que han de servir.

La máxima intensidad ha de existir cuando esos indicios valen como medio de prueba de cargo (prueba de indicios). En estos casos han de estar realmente acreditados y han de tener tal fuerza probatoria que, partiendo de ellos, pueda afirmarse, sin duda razonable alguna, la concurrencia del hecho debatido (art. 386 LECivil ).

En otras ocasiones, sin que se requiera una verdadera prueba, han de constar en las actuaciones procesales algunas diligencias a partir de las cuales pueda decirse que hay probabilidad de delito y de que una determinada persona es responsable del mismo. Así nuestra LECr exige indicios para procesar (art. 384 ) o para acordar la prisión provisional (art. 503 ) o medidas de aseguramiento para las posibles responsabilidades pecuniarias (art. 589 ).

Por último, hay casos en los que ni siquiera es necesario que se haya practicado diligencia judicial alguna como acreditación de hechos concretos. Bastan al respecto actuaciones reveladoras de determinados hechos a partir de los cuales pueda realizarse la afirmación de una probabilidad con ese mismo doble contenido: existencia del delito y participación en el mismo de una persona concreta. En estos casos los indicios sólo sirven como base donde apoyar unas sospechas policiales al respecto, que se comunican al juez para que este ordene una medida de investigación, que puede ser la intervención de algún medio de comunicación (postal, telegráfica, telefónica, correo electrónico...), un registro corporal, un registro domiciliario, etc. Por lo que respecta al procedimiento judicial es frecuente que este se inicie con la petición policial de autorización de la medida correspondiente. Si es así, no hay que aportar al procedimiento los medios de investigación utilizados por la policía para llegar a conocer los datos concretos reveladores de ese delito y de esa participación; basta simplemente con que se comuniquen al juzgado con la debida concreción y diciendo sus fuentes de conocimiento.

Hay que añadir aquí que, cuando el auto del juzgado que ordena la intervención telefónica es respuesta a una solicitud policial, no es necesario que en el propio auto se expresen los mencionados hechos, datos o circunstancias concretos de los cuales pueda inferirse la probabilidad razonable de la existencia de un delito y de la participación en el mismo (o en su preparación) de la persona usuaria del aparato, si antes tales concreciones se han realizado en la solicitud policial previa. A estos efectos auto y solicitud integran un todo, pues cuando la parte llegue a conocer la existencia de la resolución judicial, al quedar levantado el secreto sumarial, al propio tiempo conocerá asimismo el contenido de la comunicación policial antecedente.

No obstante, es deber del juez decir y razonar en el propio texto del auto cuáles son esos datos concretos que conducen a tales sospevhas. Otra cosa es que haya que acudir a esta doctrina de la motivación por remisión ante la necesidad de evitar los desastrosos efectos procesales de la aplicación literal del citado art. 11.1 LOPJ . Podría establecerse un trámite procesal, incluso obligatorio para las partes, en el que pudieran sustanciarse, con los recursos corespondientes y con carácter de urgencia, la aplicación de esta norma (art. 11.1.LOPJ ); véase lo que dipone el art. 287 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

3 . Examinamos a continuación si, conforme a la doctrina que acabamos de exponer, en ese auto inicial de 16.11.2004 o en el oficio policial que le sirvió de causa, existe o no esa motivación que pudiera justificar la mencionada resolución por la que se autorizaron aquellas dos primeras intervenciones telefónicas, que a su vez fueron el origen de otras varias que se sucedieron en el tiempo hasta la referida aprehensión del velero " DIRECCION000 " con la carga de hachís objeto del presente procedimiento, e incluso algún tiempo después.

En cuanto al mencionado auto nada se dice en su texto (folios 6 a 8) que pudiera constituir esa concreción de indicios (o sospechas fundadas en algún dato objetivo ) en relación a la existencia del delito grave y de la intervención en el mismo por parte de Isidoro, usuario de los teléfonos referidos.

Por tanto solo cabría estimar que tal motivación existió en el caso presente si esas sospechas o indicios fundados se encontraran en la solicitud policial origen de dicha resolución judicial.

Hemos examinado con detenimiento la mencionada solicitud (folios 1 a 3) con resultado negativo al respecto:

1. Comienza el texto de tal solicitud con un párrafo en el que, sin concreción alguna, se afirma la dedicación de Isidoro al tráfico de cocaína que recibe de organizaciones colombianas establecidas en Madrid, añadiendo al final que de forma esporádica mantiene contactos para la distribución de resina de hachís.

2. A continuación el oficio de la Guardia Civil nos dice que el citado Isidoro, que había nacido en 1974, tenía ya en 2004 numerosos antecedentes policiales por diferentes delitos contra la propiedad y otros dos más por secuestro y homicidio doloso.

3. Entre los antecedentes policiales que se reseñan aparecen también dos que se refieren a "tráfico de drogas tóxicas", de fechas 11.7.2000 y 12.3.2003 respectivamente; pero sin concretar los hechos constitutivos de esos antecedentes.

4. Después se afirma que Isidoro goza de un nivel de vida elevado sin que se le conozca ninguna actividad o bienes que pudieran explicar sus ingresos.

5. Se dice luego que mantiene numerosos contactos con diferentes personas, generalmente en bares, todos de corta duración, nunca más de diez minutos, para los cuales adopta unas medidas extraordinarias de seguridad, efectuando paradas sin motivo aparente, contramarchas y vigilando si alguna persona le va siguiendo.

   Y en base a tales datos fácticos justifica su afirmación de que dicho Isidoro se dedica al tráfico de drogas; y por ello se piden las intervenciones de esos dos teléfonos; añadiendo que tales diligencias así solicitadas son necesarias al haberse agotado todos los medios posibles de investigación, por lo que solicita esa autorización judicial para un plazo de treinta días.

   Entendemos que, con los elementos de hecho afirmados en tal solicitud policial, la Guardia Civil no proporciona ninguno de esos datos fácticos concretos que pudieran haber servido para justificar la excepcional medida de investigación interesada.

   No bastan al respecto esas afirmaciones genéricas de dedicarse al tráfico de cocaína o de resina de hachís ni tampoco los mencionados antecedentes policiales; ni siquiera aquellos relativos al delito de tráfico de drogas tóxicas, al no decir la exposición policial nada respecto de los hechos que pudieran haber motivado estos últimos antecedentes.

   Y en cuanto al nivel de vida sin ingresos conocidos y esos contactos breves con personas en bares con las citadas medidas de seguridad incluidas, podrían haber servido al efecto si se hubiera precisado en qué bares o con qué personas se relacionaba allí Isidoro, siempre que tales lugares o tales personas hubieran tenido alguna relación con actividades concretas relativas a estos delitos contra la salud pública.

   Ante tal solicitud el Juzgado de Instrucción con fecha del día siguiente dictó dos autos, uno incoando diligencias previas y otro accediendo a la mencionada solicitud de autorización para intervenciones telefónicas; cuando a lo sumo, a la vista del contenido del oficio policial antes explicado, tendría que haber requerido de la policía judicial solicitante para que concretase esas afirmaciones genéricas a fin de que pudieran servir como motivación al Juzgado de Instrucción para justificar la autorización pedida. Y caso de que hubiera existido la referida ampliación explicada en forma verbal, ello tendría que haberse hecho constar por escrito, a fin de que apareciese en las actuaciones la concurrencia de los mencionados indicios.

   4. Hemos de añadir aquí lo siguiente:

1. No se acordó por el Juzgado de Instrucción la declaración de secreto de las actuaciones, algo inherente a la naturaleza misma de las medidas de intervenciones telefónicas, pero que ha de acordarse expresamente por lo dispuesto en el art. 302 LECr en relación con el 118 .

2. En el citado auto de 16.11.2004, en el segundo de sus razonamientos jurídicos (folio 7 ), se habla de unas diligencias practicadas por la Guardia Civil y se dice que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción; pero tales diligencias no aparecen unidas al presente procedimiento.

3. Las únicas actuaciones que puede tener en cuenta el juzgado para autorizar una intervención telefónica han de ser aquellas que se hubieran realizado con anterioridad a la mencionada autorización ("ex ante"). Su licitud no puede justificarse por el resultado de la medida de investigación acordada ("ex post"), por más que tal resultado hubiera sido positivo e inmediato, como ocurrió en el caso presente.

   5. Así pues, tal y como alegan los recurrentes, la tan repetida resolución de 16.11.2004 careció de motivación suficiente que pudiera justificar la medida de intervención de los dos teléfonos que usaba Isidoro, por lo que quedó vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones del art. 18.3 CE .

   Y como luego, sobre la base de los datos obtenidos en esas primeras escuchas telefónicas inconstitucionales se fueron autorizando otras y otras más sucesivamente con la prórrogas correspondientes, y así durante más de siete meses, hasta julio de 2004, con la gravedad añadida que tal multiplicación de teléfonos intervenidos durante tanto tiempo supone para ese derecho tan esencial en el ejercicio de las libertades públicas de los ciudadanos, es claro que ha de tener aplicación para todas las pruebas así obtenidas esa prohibición de su valoración decretada por el citado art. 11.1 LOPJ : ninguna de las pruebas de cargo, todas ellas derivadas de esa inicial autorización judicial puede servir de justificación para las condenas aquí recurridas; lo que ha de aprovechar a los demás acusados, dado que todos ellos se encuentran en la misma situación que los recurrentes referidos, conforme a lo dispuesto en el art. 903 LECr

   , con la salvedad de Alfonso .

1. Este último ( Alfonso ) en el trámite de las conclusiones definitivas del juicio oral mostró su conformidad con las que en ese momento procesal acababa de modificar el Ministerio Fiscal, con rebaja de su petición relativa a la pena de prisión, que se concretó en el mínimo legalmente posible habida cuenta de su condición de reincidente: tres años y nueve meses. Antes, al declarar en tal acto solemne, expresamente se había conformado Alfonso con los hechos por los que venía siendo acusado. Luego también se conformó con la condena que le fue impuesta en la sentencia aquí recurrida, por lo que no preparó recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Málaga.

2 . Hemos de recordar aquí una doctrina del TC, iniciada por una sentencia del pleno de tal órgano jurisdiccional, la nº 81/1998 de 2 de abril, sin voto particular alguno, luego recordada, matizada y aplicada en otras muchas posteriores, doctrina relativa a los efectos que unas actuaciones procesales, vulneradoras de un derecho fundamental, han de tener en las diligencias de prueba posteriores que no habrían tenido lugar de no haber existido esas tales actuaciones. Problemática tratada por vez primera en la STC 114/1984

, que sirvió de inspiración al mencionado apartado segundo del art. 11.1 LOPJ de 1985 que priva de efectos a "las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales", consagrando así las doctrinas denominadas del "efecto dominó" o de "los frutos del árbol envenenado".

Conforme a tal doctrina del Tribunal Constitucional, para que unas determinadas actuaciones procesales, que se consideran ineficaces por violación de algún derecho fundamental, puedan producir la ineficacia de otras actuaciones posteriores, no basta que entre aquellas y estas haya una conexión natural o relación causal, es decir, que aquellas primeras hubieran servido de base para la posibilidad de realización de las posteriores.

Para esa ineficacia refleja es necesaria, además de esa conexión natural, otra conexión de orden jurídico que pueda servir de justificación para privar de valor a esas otras pruebas derivadas que, en sí mismas consideradas, tendrían que reputarse válidas por haberse practicado con las garantías exigidas por la Constitución y las leyes procesales. Esta conexión de antijuricidad ha de resultar del examen del vicio que produjo la lesión constitucional, tanto desde una perspectiva interna como externa, es decir, teniendo en cuenta el hecho mismo de la violación, su importancia y características, así como las necesidades esenciales de tutela exigidas para la efectividad del derecho fundamental de que se trate (STC 81/1998, 49/1999 y 8/2000, entre otras ).

Esta última STC (8/2000 ) hace unas concreciones muy útiles:

1. - No cabe rehabilitar o subsanar una prueba, declarada ineficaz (prohibición de valoración) por vulneración de un derecho fundamental de orden sustantivo, por medio de otras pruebas que tienen su fuente u origen en aquella primera actuación inválida. Así, no cabe tener como acreditada la tenencia de la droga que fue hallada en un registro domiciliario considerado nulo por infracción del art. 18.2 CE, por medio de la prueba documental consistente en el acta de ese registro domiciliario, ni por la testifical de los funcionarios que intervinieron en ese registro, ni por la testifical de otros particulares asistentes a la misma diligencia (fundamento de derecho 3º), pues todas estas pruebas derivadas (documental y testificales) tienen como fuente el hecho mismo del registro declarado nulo. El funcionario judicial que da fe de lo ocurrido y hallado en esa diligencia cuya acta levanta, así como esos testigos, han conocido aquello que se documenta, o aquello sobre lo que se declara, en esa misma actuación reputada ineficaz, no en otro acto diferente.

2. - No ocurre esto con la declaración del propio acusado que reconoce ser el propietario de la droga, por ejemplo, o del coimputado que atribuye la propiedad a aquel otro, también acusado, que luego resulta condenado por esta prueba, porque las fuentes del conocimiento de ese hecho de la tenencia de la sustancia estupefaciente es ajena a la diligencia de registro donde fue hallada y que se declaró nula. Entiende el Tribunal Constitucional en la mencionada sentencia (8/2000, al final del fundamento de derecho 3º ) que estas declaraciones de los acusados han de considerarse jurídicamente independientes de aquella otra actuación declarada nula --en aquel caso el registro domiciliario donde la droga se encontró--, porque al realizar sus manifestaciones en calidad de tal acusado había sido informado de sus derechos -derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable- y se encontraba asistido de letrado; es decir, se hallaba en condiciones tales que quedaba plenamente garantizada la libertad y espontaneidad en sus manifestaciones. Véase también el fundamento de derecho 4º de la STC 161/1999 que proclama la validez de estas declaraciones de los acusados, porque esta validez "no puede hacerse depender de los motivos internos del confesante, sino de las condiciones externas y objetivas de su obtención..." (asimismo STC 86/1995 -FDº 4º -). Leemos en el fundamento de derecho 10º de esta STC 8/2000, con cita de la antes referida 161/1999, que "las declaraciones del imputado prestadas con todas las garantías son jurídicamente independientes del acto lesivo de la inviolabilidad domiciliaria".

3. Finalmente esta misma sentencia 8/2000, en el fundamento de derecho 10º, considera que la doctrina que acabamos de exponer es aplicable no sólo a las declaraciones prestadas en el acto del juicio oral, sino también a las realizadas ante el Juzgado de Instrucción, siempre que, por supuesto, se hayan realizado con respeto de esas garantías que la Constitución y las leyes procesales establecen.

Véanse, entre otras, las sentencias de esta sala 9/2004 de 19 de enero, 1347/2005 de 16 de noviembre y 208/2009 de 6 de marzo .

3 . Entendemos que la doctrina que acabamos de exponer nos obliga a respetar la condena impuesta en la sentencia recurrida contra dicho Alfonso . En el acto del juicio oral se produjo una declaración de este reconociendo como ciertos los hechos afirmados en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, cuando se encontraba debidamente asistido de su letrado defensor tras haber sido advertido de su derecho a no declarar y a no confesarse culpable, todo ello dentro del acto solemne del plenario en el que queda asegurado el cumplimiento de las garantías exigidas por la Constitución y las leyes procesales en pro de la libertad del acusado para prestar su declaración.

Faltó aquí la conexión de antijuricidad que, además de la conexión causal, se exige para la aplicación del efecto reflejo de la prueba ilícita al que se refiere el citado párrafo segundo del art. 11.1 LOPJ .

Por todo lo que acabamos de exponer hay que estimar los motivos primeros de los recursos de Gumersindo, Hugo, Olegario y Pedro, así como el segundo de Narciso, el cuarto de Maximiliano y el quinto de Jaime ; estimación que ha de aprovechar a los demás acusados, con excepción de Alfonso, lo que ha de llevar consigo la declaración de oficio respecto de las costas de todos los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, de 29 de noviembre de 2007, en aplicación de los dispuesto en el art. 901 LECr .

Los pronunciamientos absolutorios respecto de todos los recurrentes nos excusan del examen de los demás motivos formulados en esta alzada.

III.

FALLO

HA LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACIÓN formulados por Gumersindo, Hugo, Olegario,

Pedro, Narciso, Maximiliano y Jaime, por estimación de sus respectivos motivos relativos a ineficacia de intervenciones telefónicas; por lo que anulamos la sentencia que a todos ellos condenó por delito contra la salud pública relativo a tráfico de drogas, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga con fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete ; pronunciamiento que ha de aprovechar a todos los condenados por tal resolución, salvo a Alfonso ; con declaración de oficio respecto de las costas de los diferentes recursos de casación aquí examinados y procediendo a continuación a dictar otra sentencia en sustitución de la anulada.

Comuníquese la presente resolución y la que a continuación se dicta a la mencionada Audiencia Provincial a los efectos legales oportunos con devolución de la causa que en su día remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Joaquin Gimenez Garcia Julian Sanchez Melgar Francisco Monterde Ferrer Luciano Varela Castro Joaquin Delgado Garcia

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Enero de dos mil diez.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, con el núm. 65/2006 y seguida ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga que ha dictado sentencia condenatoria por delito contra la salud pública contra los acusados: Gumersindo, Hugo, Isidoro, Jaime, Maximiliano, Narciso, Nicolas, Olegario, Pedro, Rafael, Ricardo, Romualdo, Alfonso y Antonio, sentencia que ha sido anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, integrada por los anotados al margen, siendo ponente Joaquin Delgado Garcia. Se tienen aquí por reproducidos todos los datos de dichos acusados que aparecen en el encabezamiento de la sentencia recurrida.

Por las razones expuestas en los fundamentos de derecho de la anterior sentencia de

casación, hay que absolver a todos los acusados por el Ministerio Fiscal, a excepción de Alfonso, del delito contra la salud pública relativo a droga que no causa grave daño a la salud (hachís) del inciso último del art. 368 con la agravación específica del nº 6º del art. 369.1.2ª y 6ª y 370 CP.

Por lo mandado en los arts. 123 CP y 239 y 240 LECr, procede declarar de oficio todas las costas devengadas en la instancia, salvo la catorceava parte correspondiente a la condena de dicho Alfonso . III.