STS 622/2010, 29 de Junio de 2010

Por infracción de ley del art. 849.1º L.E. Cr ., denuncia este acusado la indebida inaplicación del art. 21.6 en relación con el 21.4 C.P . de "colaboración con la Justicia".

Alega el recurrente que en declaración judicial solicitada por el acusado, no sólo reconoció su participación en los hechos, sino que también identificó a los demás implicados en las actividades delictivas y que, en el Juicio Oral sus declaraciones fueron determinantes para la condena de los coacusados.

Como establece la misma jurisprudencia citada por el recurrente, como son las SS.T.S. de 17 de julio de 2.007 y 12 de septiembre de 2.008, para que se estime integrante de atenuante analógica de confesión la autoinculpación prestada cuando ya el procedimiento -policial o judicial- se dirigía contra el confesante, será necesaria que la colaboración proporcionada por las manifestaciones del inculpado sea de gran relevancia a efectos de la investigación de los hechos; en el caso que estos efectos excepcionales no se den, habrá de tenerse en cuenta si concurren los requisitos básicos de la atenuante nominada, cuya aplicación analógica se pretende.

En el caso presente, la sentencia impugnada excluye la apreciación de la atenuante analógica señalando que la colaboración prestada por el acusado no se produjo en sus declaraciones en sede policial, ni judicial, si bien es cierto que posteriormente y de forma voluntaria reconoce los hechos y facilita datos, los que ciertamente ya conocía la Guardia Civil, por lo que no procede su aplicación, "no obstante su actitud posterior se valorará en cuanto a la determinación de la pena".

Es de destacar que con anterioridad a la declaración judicial voluntaria mencionada, algunos acusados detenidos, ya habían reconocido su participación en los hechos y habían incriminado a otros participantes. Así lo establece la sentencia recurrida respecto de Felicidad, que relata la intervención del ahora recurrente, de Nuria, de Bartolomé "que Nuria es amiga suya y Jose María el novio de ésta, con los que convive desde noviembre de 2006 reconociendo que ellos se dedican a la venta de pastillas de éxtasis, y que para ellos ha cogido dos veces cien pastillas para a su vez venderlas y para su consumo. Que el viaje a Las Palmas se lo proponen Nuria y Jose María los dos juntos, lo que realizó para obtener una ganancia, y que una vez en Las Palmas recibió un mensaje en su móvil, con la dirección exacta a donde debía dirigirse, que el billete se pagó con el dinero que Bartolomé le había dado a Nuria . Asimismo reconoció que en una ocasión en noviembre se desplazó en compañía de Nuria, a Las Palmas, donde en el Aeropuerto las estaba esperando Bartolomé, el cual entregó a Nuria alrededor de 5.000 pastillas; efectuando el regreso ambas en Ferry, y al desembarco ella portaba la bolsa que contenía las pastillas, pues esa era su misión, cobrando por ello 200 pastillas. Respecto a las pastillas que le fueron aprehendidas el día 11 de enero de

2.007, señaló que las personas que habían aportado dinero para efectuar la compra de las pastillas fueron Jose María, Nuria y Bartolomé, no sabiendo quién más pudo poner dinero. Que para llegar al domicilio donde iba a recoger las pastillas Jose María y Nuria le indicaron que fuese hasta el Centro Comercial la Ballena en el taxi desde el aeropuerto y para no dar el "cante" allí cogiese otro hasta la casa donde debía ir. También reconoció que el día 4 de enero Nuria le pidió le facilitara nombres de personas de La Palma para venderles pastillas. En sede del Juzgado Instructor se ratificó íntegramente en la declaración que prestó en las dependencias de la Guardia Civil, declarando que Nuria y Jose María le dijeron quién era "el hombre de Las Palmas", se lo dijeron a través de un mensaje de móvil escrito, y la dirección, que el mensaje no lo borró. Que sabe que ese dinero era para comprar pastillas, que es la segunda vez que hace esto, la primera vez fue con Nuria . Con esta operación se ganaba 700 euros". El coacusado Jose Miguel confiesa su participación en su declaración en sede judicial del 14 de enero involucrando a Bartolomé en la recepción de 8000 pastillas de éxtasis, así como a Nuria, declaraciones que -como en el caso de Felicidad - fueron ratificadas en el Juicio Oral. Por fin, la coacusada Araceli reconoció ya en fase de instrucción que Jose María y Nuria le ofrecieron pastillas, y aceptó recibirlas, pero que no se trataba de 500 pastillas, podría ser 50, y que si lo dijo fue de broma o para hablar en clave, no recordando que hablaran de voltios (sin embargo en la transcripción de la conversación se habla claramente de voltios, terminología alusiva a las pastillas de éxtasis, y se habla de 500). Junto a estas declaraciones, Jose María en el Plenario reconoció la adquisición de las pastillas en grupo, entre los que se encontraba Araceli, declarando que puso 2.000 euros, entregando el dinero por adelantado para la compra de las pastillas, para lo que previamente quedaron en el Centro Comercial.

Junto a todas estas declaraciones, debe dejarse constancia de que las investigaciones realizadas por la Guardia Civil bajo control judicial y las intervenciones telefónicas y seguimiento y observación personal de los acusados ya habían proporcionado información objetiva y suficiente para establecer la participación de todos aquellos en los hechos.

De donde se debe llegar a la conclusión que la tardía "confesión" de Jose María involucrando en los hechos al resto de los acusados, y sus respectivas actuaciones, ya habían sido conocidas anteriormente por los investigadores policiales y por el propio Juez de Instucción, de manera que la muy posterior declaración que se dice de colaboración con la justicia, carece de forma palmaria de ser esencial, determinante e imprescindible para el esclarecimiento de los hechos y de la concreta participación en los mismos de los acusados.

El motivo debe ser desestimado.

RECURSO DE Araceli

Esta acusada alega la vulneración del derecho a la presunción de inocencia consagrado en el art. 24.2 C.E ., porque, se dice, no ha existido en el juicio prueba de cargo suficiente y obtenida con todas las garantías. Sostiene el recurrente que la única prueba la constituye la declaración inculpatoria del coimputado Jose María, "con la única finalidad de eludir sus propias responsabilidades".

La censura es infundada, porque por un lado es patente que las declaraciones de Jose María a partir de la efectuada a petición propia ante el Juez, y luego ratificadas y ampliadas en el plenario, eran inequívocamente autoinculpatorias al reconocer de plano sus acciones delictivas, por lo que en ningún caso la imputación en las actividades delictivas de otras personas le podrían eximir de su personal responsabilidad.

Por otro lado el reproche tampoco puede prosperar por cuanto se ha practicado suficiente prueba de cargo, lícitamente obtenida, practicada con todas las garantías y racionalmente valorada por la Sala de instancia, tal y como se expone en el F.J. Octavo de la sentencia recurrida, donde se deja constancia del cuadro probatorio que conforma la convicción de los jueces a quibus, señalando que la ahora recurrente en su declaración en sede del Juzgado Instructor, legalmente practicada, reconoció que Jose María y Nuria le ofrecieron pastillas, y aceptó recibirlas, pero "que no se trataba de 500 pastillas, podrían ser 50, y que si lo dijo fue de broma o para hablar en clave, no recordando que hablaran de voltios" (sin embargo en la transcripción de la conversación se habla claramente de voltios, terminología alusiva a las pastillas de éxtasis, y se habla de 500).

Junto a estas declaraciones, Jose María en el Plenario reconoció la adquisción de las pastillas en grupo, entre los que se encontraba Araceli, declarando que puso 2.000 euros, entregando el dinero por adelantado para la compra de las pastillas, para lo que previamente quedaron en el Centro Comercial.

El motivo debe ser desestimado".

Se alega error de hecho en la apreciación de la prueba del art. 849.2º L.E.Cr .

Se designan como documentos que acreditan la no participación de la recurrente en los hechos, las declaraciones prestadas por Jose María, en sede policial y en sede juidical, así como la prestada por Nuria y la de la propia coacusada en el sentido de que en otras ocasiones le habían ofrecido pastillas, y que aceptó recibirlas para alguna fiesta pero en cantidad de unas 50, nunca 500, y que en todo caso, eran para repartirlas entre amigos, y nunca destinada al tráfico.

El motivo debe ser desestimado al no tener carácter de documento a efectos casacionales las declaraciones de acusados y testigos. Por otra parte, la exculpación que ofrece la acusada carece de relevancia, dado que la posesión de 50 pastillas de MDMA para repartirlas entre amigos en una supuesta fiesta -extremo éste huérfano de todo elemento probatorio, ni siquiera indiciario- continuaría teniendo la cualidad de posesión de estupefacientes con destino al tráfico, conducta típica y punible, al no haber quedado acreditada la concurrencia de ninguno de los requisitos que configuran la modalidad atípica del consumo compartido.

RECURSO DE Nuria

El primer motivo alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2

C.E .

El motivo se descompone en dos alegatos. En primer lugar se afirma la falta de prueba sobre el elemento objetivo del delito, sosteniendo que no existe elemento probatorio que acredite que las sustancias intervenidas sean estupefacientes que causen grave daño a la salud al no constar los análisis del Instituto Nacional de Toxicología sobre la riqueza ni el peso de la droga.

El reproche debe ser desestimado, en los mismos términos y por las mismas razones por los que el Tribunal a quo rechazó en la instancia esta misma pretensión.

En efecto, las pastillas objeto del delito por el que fue condenada Nuria, se remitieron a los laboratorios de la Delegación del Ministerio de Sanidad y Consumo en Santa Cruz de Tenerife que, tras su análisis, certificaron que se trataba de 10.856 pastillas de MDMA (éxtasis). Este informe oficial fue ratificado en el plenario por el perito Sr. Anselmo, jefe de control de drogas del citado organismo.

Es cierto que, en un segundo estadio, se remitieron las pastillas al Instituto Nacional de Toxicología para realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de aquéllas, no obrando en las actuaciones el informe de esos análisis, razón por la cual no se ha podido determinar cuál fuera el peso total de la droga ni el porcentaje de principio activo, es decir, el grado de pureza.

La ausencia de estos datos ha sido la causa de que el Tribunal sentenciador no aprecie el subtipo agravado de "notoria importancia". Pero la naturaleza de la sustancia como MDMA ha quedado debidametne proabda, y siendo numerosísimas las resoluciones de esta Sala que han reiterado que esta sustancia anfetamínica producida en laboratorio, es de las que causan grave daño a la salud. Sostiene el recurrente que con la ausencia de resultados analíticos de peso y pureza de las mencionadas pastillas de MDMA no pueden establecerse unos mínimos de principio activo puro o dosis mínima psicoactiva a partir de los cuales la afectación de las "funciones físicas y psíquicas" de las personas está fuera de toda duda desde la perspectiva médica, y son estos mínimos, los que constituyen el baremo delimitador entre la conducta atípica (porque la sustancia no causa daño a la salud) y la conducta penalmente relevante; es necesario que se superen los mínimos de dosis psicoactiva que el recurrente reconoce en 20 miligramos.

El argumento es inaceptable. Verificado por análisis de los Laboratorios oficiales que la sustancia objeto del tráfico era MDMA, atenta contra todo criterio racional poner en duda que 10.856 pastillas de ese producto no alcanzaran el mínimo establecido por esta Sala para determinar que se trata de una dosis psicoactiva y, por consiguiente, subsumible el hecho en la conducta típica sancionada en el art. 368 C.P .

En todo caso, si bien este dato fáctico no está acreditado por prueba directa, si lo está por prueba indiciaria a partir de un indicio tan poderoso e incuestionable como es la cantidad de droga intervenida.

El reproche debe ser desestimado.

En el mismo motivo se cuestiona la existencia de prueba de cargo suficiente que permita asegurar la participación de Nuria en las actividades delictivas que se relatan en el "factum" de la sentencia.

Basta la lectura del F.J. Sexto de la sentencia para verificar lo infundado de la denuncia casacional. Señala la sentencia como elementos probatorios de cargo la declaración de Jose María en el plenario (novio de Nuria ) expresando que se dedicaba a vender pastillas en sitios de ocio y en su vivienda de La Laguna, pastillas que adquirían en grupo, entre ellos estaba Nuria, que las adquirían en Las Palmas. Que el 2 de enero recibieron 50 pastillas y las enviaron en un paquete a La Palma, las que distribuyó con Nuria en esa isla, vendiéndolas a 7 euros y las habían pagado a dos euros, y respecto a la adquisición de las 8.000 pastillas de éxtasis en Las Palmas señaló que Nuria y él iban a conseguir mil pastillas.

Por su parte Felicidad, quien vivía con Jose María, Nuria y Gumersindo, reconoció, de igual forma que Jose María, que en la vivienda se distribuían pastillas, pidiendo los consumidores encargos por teléfono, que Nuria y Jose María le dejaban los paquetes, y unas personas iban a recogerlos. Que el dinero para la compra de las ocho mil pastillas en las Palmas se lo dio Jose María y Nuria .

Que la primera vez que fue a las Palmas con Nuria, y Bartolomé les dio 5.000 pastillas, reconociendo que el día cuatro de enero recibió una llamada de Nuria pidiéndole que le facilitara nombres de personas en La Palma para venderles pastillas y ella le facilitó unos nombres de amigos a Jose María en posterior llamada (Folio 135, Tomo dos).

Jose Miguel también declaró que el uno de enero Jose María y Nuria estuvieron en su casa, y quedaron en el día en que se haría la entrega de las 11.000 pastillas.

Valora también el Tribunal de instancia la testifical de los Agentes de la Guardia Civil, declarando el Guardia Civil NUM012 cabo 1º, que iniciaron la operación "sidra", pues tenían noticias a través de varias personas respecto a un considerable aumento del consumo de pastillas de diseño, de éxtasis, y tras gestiones realizadas identificaron a Jose María y a Nuria, haciéndoles seguimiento en locales nocturnos. Que éstos vivían en un piso con otras dos personas Gumersindo y Felicidad, trabajando estos dos, y Jose María y Nuria no trabajaban. Que posteriormente, como consecuencia de las intervenciones telefónicas se detectó que habían detenido a los suministradores, detectando asimismo el envío de un paquete postal a la Palma. Que Nuria después de enviar el paquete llamó a Felicidad para contactar con posibles compradores. Posteriormente todo indicaba que recogían dinero entre varios para abaratar el coste de las pastillas que querían comprar.

Como muy bien resume el Tribunal sentenciador, la prueba de cargo es abundante, variada y de todo punto incriminatoria para confirmar la coparticipación de la acusada en los hechos delictivos.

Este submotivo debe ser igualmente desestimado.

El motivo segundo del recurso se articula con base en el art. 849.2º L.E.Cr ., por error de hecho en la apreciación de la prueba y, derivado de éste, por inaplicación del art. 20.2 y 21.2º C.P ., si bien en el desarrollo de la censura casacional el discurso impugnativo gira en torno a la postulación de "la estimación de una atenuante, concretamente la de drogadicción del art. 21.2 C.P ."

En relación con la primera cuestión, el recurrente señala el informe terapéutico de la Unidad de Atención a las Drogodependencias de Santa Cruz de Tenerife de la Asociación de Cooperación Juvenil "San Miguel" que aclaró que Nuria presentaba un cuadro diagnóstico de dependencia a la cocaína, que acudió al centro presentando una evolución favorable con fecha 13 de junio de 2.008. Y también el informe elaborado por el Dr. Jose Manuel en 24 de julio de 2.007 mediante un análisis del cabello de Nuria que concluye que la analítica practicada "apunta a un consumo habitual de cocaína al menos durante el período de tiempo entre mes y medio y seis meses antes", es decir entre finales de enero y principios de junio.

La circunstancia atenuante del art. 21.2 C.P. requiere la conjunción de dos elementos: una adicción que el legislador explícitamente exige que sea grave, y que ésta haya sido la causa del delito.

En el caso actual, el informe de la Unidad de Atención al drogodependiente establece como conclusión "dependencia a la cocaína", sin ningún otro comentario sobre la gravedad de esa adicción. Por su parte, el dictamen Don. Jose Manuel únicamente constata un "consumo habitual" de tal sustancia en el tiempo de seis meses atrás desde el 24 de julio de 2.007, pero no se menciona ni se diagnostica drogodependencia. Con estos datos no puede considerarse acreditada fehacientemente la "grave" adicción de la acusada al momento de las activivdades delictivas que se describen en el relato de hechos probados (desde últimos de diciembre de 2.006 hasta el 12 de enero de 2.007), máxime cuando no consta desde cuándo la acusada consumía la droga con anterioridad a su conducta delictiva ni las dosis de consumo. A lo que debe añadirse que no se compadece con una grave adicción a las drogas el hecho de que Nuria renunciara al consumo por propia voluntad, sin necesidad de tratamiento ni ayuda alguna, hasta prescindir en breve tiempo de tal consumo.

Pero tampoco concurre el segundo requisito mencionado, consistente en que el sujeto cometa el delito por causa de su grave adicción, que reduce los frenos inhibitorios de la voluntad para conseguir los medios con los que adquirir y consumir la droga que su profunda drogodependencia le exige, de forma que ha de acreditarse una relación directa y causal entre el delito cometido y la ausencia de droga que padece el agente. En otras palabras, es necesario que esté debidamente acreditada la grave adicción y que ésta se erija en el móvil de la conducta delictiva.

En el caso examinado, parece claro que la actividad delictiva desplegada por la recurrente junto con su novio y los demás acusados, no estaba impulsada por la necesidad de conseguir dinero para el propio consumo, sino que se había establecido como un negocio con vocación de permanencia y estabilidad con la primordial finalidad del lucro económico y de obtener los grandes beneficios que el narcotráfico proporciona.

El motivo debe ser desestimado.

Finalmente se alega la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E ., por falta de motivación en la individualización de la pena de cinco años de prisión que le fue impuesta.

La sentencia razona este pronunciamiento "valorando asimismo su grave actuación en los hechos, en la que no concurren circunstancias".

Motivación ciertamente parca pero suficiente para que el acusado -independientemente que comparta o no el criterio del Tribunal- pueda comprender las razones de la respuesta punitiva.

El motivo debe ser desestimado.

RECURSO DE Bartolomé

Por quebrantamiento de forma del art. 851.1 L.E.Cr ., se alega que la sentencia no expresa clara y terminantemente cuáles son los hechos que se declaran probados, centrando la denuncia en que "el relato fáctico no es más que una descripción de la actuación policial, sin estar avalados por otras pruebas válidas practicadas". Argumentos éstos que nada tienen que ver con el vicio de forma que se invoca, pues, como el propio motivo señala la falta de claridad a que se refiere el precepto invocado ha de ser de tal modo que determine la incomprensión de los hechos que se dejan probados, o aparezcan redactados confusa o dubitativamente, de tal modo que resulten inadecuados para servir de argumentación lógica al fallo, sin que deba reflejarse en la narración fáctica extremos que no han podido deducirse de las pruebas practicadas ni existe falta de claridad porque lo probado coincida con lo que se recoge en el atestado policial. Nada de ello aparece en la narración fáctica y, por consiguiente, la censura debe ser rechazada.

Otro vicio de forma se aduce al resultar manifiesta contradicción en los hechos declarados probados, que se contempla en el art. 851.1 inciso segundo .

El quebrantamiento de forma por contradicción fáctica se produce cuando en el relato de hechos probados se introducen datos y elementos gramaticalmente incompatibles y antitéticos entre sí, de manera que se excluyan recíprocamente dejando la narración histórica vacía de contenido a efectos de sustentar la subsunción.

El recurrente no señala ninguna "contraditio in terminis" que aparezca en la declaración probatoria en el sentido expuesto, sino que se limita a señalar que algunos hechos que se describen en el "factum" no son ciertos, o existe falta de prueba sobre otros, lo cual es completamente ajeno a lo que se invoca en el motivo, que, por ende, debe ser desestimado.

Otro quebrantamiento de forma que se alega es el de predeterminación del fallo del art. 851.1, inciso tercero, que el motivo vincula a un fragmento de la declaración probatoria que es una simple descripción fáctica y de ningún modo sustituye el hecho con su significación jurídica, haciendo innecesaria la motivación jurídica, que es lo que constituye el defecto de forma que, infundadamente, se alega.

Al amparo del art. 851.2 L.E.Cr . se denuncia también quebrantamiento de forma "por expresar únicamente la sentencia que los hechos alegados por las defensas no se han probado, sin hacer expresa relación de los que han resultado probados".

Al margen de que el precepto procesal que cobija el motivo se refiere a los hechos "alegados por las acusaciones", y no por las defensas -lo que es fiel exponente de que la norma tiene como destinatarias a las partes acusadoras y no a las acusadas-, al margen de tan importante e incomprensible equivocación, resulta que también yerra el recurrente en su segunda afirmación, pues la declaración de Hechos Probados de la sentencia pone bien a las claras la sin razón de la queja.

El motivo también se desestima.

Ahora se alega incongruencia omisiva del art. 851.3 L.E.Cr . "por no haber resuelto la sentencia sobre los puntos de acusación y defensa".

Olvida el recurrente que esta modalidad de quebrantamiento de forma surge cuando la sentencia omite dar respuesta a las pretensiones de naturaleza jurídica planteadas por las partes en tiempo y forma procesalmente oportunos. Y en el caso, ninguna de las materias que se alegan en el motivo son cuestiones de hecho.

El motivo se desestima.

Por último, se denuncia el vicio de forma del art. 851.4 L.E.Cr . por haberse condenado al acusado por el delito tipificado en los arts. 368, 369 y 370 aplicándole la agravación específica de "notoria importancia" a la droga objeto del lícito tráfico.

Lo que proscribe el art. 851.4 L.E.Cr . es que se pene un delito más grave que el que haya sido objeto de la acusación siempre que el Tribunal no haya hecho uso de su facultad de suscitar la tesis prevista en el art. 733 .

Aquí, no sólo la acusación pública solicitó del Tribunal la apreciación de la mencionada agravante de notoria importancia que el Tribunal no apreció, sino que el Fiscal postulaba una pena de once años de prisión cuando la impuesta lo ha sido de seis años.

La falta de fundamento del reproche casacional es palmaria y el motivo debe ser desestimado.

Solventados los motivos formulados por quebrantamiento de forma, examinamos ahora el que denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que consagra el art. 24.2 C.E

. Afirma el recurrente que no existe prueba de cargo, y que las declaraciones prestadas por los coacusados que incriminan directamente a Bartolomé han sido efectuadas falazmente para obtener beneficios atenuatorios de su condensada actuación delictiva.

De hecho, el recurrente, al desarrollar el motivo se limita a transcribir algunas resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el contenido y alcance del derecho a la presunción de inocencia, pero se abstiene -en absoluto- de negar la existencia, validez, eficacia inculpatoria y racionalidad valorativa del elenco probatorio que un anejo el Tribunal a quo para declarar su convicción sobre la participación del acusado en la actividad delictiva y que se explicita en el F.J. Séptimo de la sentencia, donde se contiene la motivación fáctica respecto a este acusado y en la que se señala que Jose María declaró en el Plenario que las pastillas las adquirían en grupo, y entre los componentes de ese grupo designa a Bartolomé, el que aportó 4.000 euros para la compra de las pastillas, las que venían adquiriendo en Las Palmas, y que fue Bartolomé quien le puso en contacto con Jose Miguel, y que asimsimo fue el que dio el dinero para pagar los pasajes de Felicidad a Las Palmas, y que el "si" a la compra de las pastillas lo dio Bartolomé .

Felicidad declaró que la primera vez que fue a Las Palmas lo hizo junto a Nuria, encontrándose con Bartolomé y éste les dio 5.000 pastillas, y como recompensa por el viaje le dieron 200 pastillas. Jose Miguel reconoció que unas personas en Tenerife querían éxtasis y aceptó el encargo de 11.000 pastillas, y que era para un grupo entre los que estaba Bartolomé, que a los que conocía eran Jose María, Nuria y Bartolomé . El propio Bartolomé reconoció en el Juicio Oral conocer a Jose Miguel, que sabía que Jose María se dedicaba a la compra de pastillas en Las Palmas, y quería que alguien le suministrase, y que ésto se lo comentó a Jose Miguel, que los presentó a Jose María y Jose Miguel en Tenerife y los volvió a poner en contacto en Las Palmas, en fin de año, reconociendo haber mantenido el día 11 de enero de 2007 una conversación con Jose María al que dice que le tenga al tanto de todo, que con ello quiso decir que quería saber si todo estaba en orden y sin Jose Miguel le había tratado bien.

Incluso, al ser preguntado por la Defensa de Jose Miguel, declaró "que cree que Jose Miguel ha dicho la verdad".

Estas imputaciones de los coacusados se encuentran sólidamente corroboradas por el contenido de las conversaciones telefónicas judicialmente intervenidas, de las que -junto a los testimonios de los funcionarios de la Guardia Civil que practicaron la investigación- se infiere, sin concesión a la duda, la integración del acusado en el grupo criminal y la actividad delictiva desarrollada por el mismo.

Se alega infracción de ley por indebida aplicación de los arts. 368, 369 y 370 C.P .

El motivo es absolutamente infundado: no ha aplicado la sentencia ni el art. 369 en ninguna de sus variantes, ni tampoco el 370 C.P ., por lo que el reproche cae en el absurdo más flagrante.

Y en lo que atañe al art. 368, la censura contradice manifiestamente la declaración de Hechos Probados de la sentencia incurriendo con ello en legal causa de desestimación.

Finalmente se denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba del art. 849.2º L.E.Cr . Designa como documentos las transcripciones de las escuchas telefónicas, de las que dice no existe ninguna de Bartolomé con Jose Miguel, y con Jose María sólo una donde le pregunta por Jose Miguel y éste le dice cuando puede hablar con él, pero no se menciona nada sobre la supuesta compra y la participación de mi representado en la misma. Únicamente presentó en la discoteca a Jose María y Nuria a Jose Miguel, cosa normal entre jóvenes, pero desconociendo que Jose Miguel se dedicase a la venta de MDMA, ya que reside en otra isla.

Como fácilmente se aprecia, el "documento" carece notoriamente de la literosuficiencia requerida para acreditar inequívocamente el error fáctico que se denuncia. Además, se encuentra contradicho por otros elementos probatorios de incuestionable fuerza incriminatoria, como resulta de la motivación fáctica de la sentencia en relación con este acusado, ya analizada.

El motivo se desestima.

3. FALLO QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR A LOS RECURSOS DE

CASACIÓN por quebrantamiento de forma, infracción de ley e infracción de precepto constitucional, interpuestos por las representaciones de los acusados Jose María, Nuria, Araceli y Bartolomé, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Tenerife, Sección Segunda, de fecha 9 de diciembre de

2.008, en causa seguida contra los mismos y otros por delito contra la salud pública. Condenamos a dichos recurrentes al pago de las costas procesales ocasionadas en sus respectivos recursos. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Andres Martinez Arrieta Perfecto Andres Ibañez Jose Manuel Maza Martin Francisco Monterde Ferrer Diego Ramos Gancedo

PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Diego Ramos Gancedo, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.