STS, 7 de Junio de 2010
| Ponente | CARLOS LESMES SERRANO |
| ECLI | ES:TS:2010:2993 |
| Número de Recurso | 630/2007 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 7 de Junio de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Junio de dos mil diez.
Vistos por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Enrique Hernández Tabernilla, en nombre y representación de las mercantiles BISBEL HISPANIA, S.L. y BISBLADA, S.L., contra la sentencia de 6 de octubre de 2006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 116/2003, en el que se impugna la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 8 de octubre de 2002 por la que se fijó el justiprecio de la finca número 650 del Proyecto " Aeropuerto Madrid-Barajas . Desarrollo del Plan Director 2ª Fase 37 AENA/00" en el término municipal de Madrid, distrito Barajas y que fue expropiada por el Ministerio de Fomento. Ha sido parte recurrida el Sr. Abogado del Estado en nombre y representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
La representación procesal de BISBEL HISPANIA, S.L. y BISBLADA, S.L., por escrito de 13 de enero de 2003, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta por silencio del recurso de reposición promovido contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de fecha 8 de octubre de 2002 que fijaba en 237.437,60 Euros el justiprecio de la finca número 650-00 del Proyecto "Aeropuerto Madrid-Barajas. Desarrollo del Plan Director 2ª Fase. 37-AENA/00 ", en el término municipal de Madrid, distrito de Barajas, expropiada por el Ministerio de Fomento en beneficio de AENA. Tras los trámites pertinentes la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor:
"Estimamos en parte el recurso deducido por la representación procesal de las entidades BISBEL HISPANIA, S.L. y BISBLADA, S.L. contra el acto a que el mismo se refiere y desestimamos el deducido por AENA declarando el derecho de la recurrente de la recurrente expropiada a percibir un precio de 426.435,45 #, incrementado con los intereses legales, desestimando el resto de sus pretensiones legales, desestimando el resto de sus pretensiones, sin costas."
Notificada la anterior sentencia, por el Procurador D. Enrique Hernández Tabernilla, en nombre y representación BISBEL HISPANIA, S.L. y BISBLADA, S.L., presentó escrito ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid preparando recurso de casación contra la misma. Por resolución de fecha 22 de diciembre de 2006 la Sala de instancia tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.
Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, en fecha 21 de febrero de 2007 la representación procesal de las entidades recurrentes presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que hace valer dos motivos de casación al amparo del art. 88.1. d) de la Ley de la Jurisdicción .
En el primer motivo, alega la infracción de los artículos 27 y 29 de la Ley 6/1998, 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, alegando que la fundamentación de la sentencia de instancia gira en torno a jurisprudencia anterior al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, concretamente al del año 1985, en el que el coeficiente de homogeneización de las edificabilidades por usos atribuido a las Viviendas de Protección Oficial equivalía a la Unidad (1,00).
Por otra parte, y en virtud de la aplicación del principio de la justa equidistribución de beneficios y cargas, el suelo destinado al Sistema General Aeroportuario, ha de ser valorado como suelo urbanizable, conforme a los criterios fijados en la Ley 6/1998, de 13 de abril . El procedimiento valorativo a seguir vendrá, por consiguiente, determinado por la aplicación al aprovechamiento que le corresponde, según el planeamiento, del valor básico de repercusión en polígono, que será el deducido de las ponencias de valores catastrales. Para los supuestos de inexistencia o pérdida de la vigencia de los valores de las ponencias catastrales, se aplicarían los valores de repercusión obtenidos por el método residual, que es justamente el utilizado por las recurrentes, tanto en su Hoja de Aprecio, como en su escrito de demanda, para justificar el valor del suelo expropiado. A mayor abundamiento, este método residual ha sido el utilizado por el Perito D. Daniel para redactar su informe
En el segundo motivo alega la infracción de la jurisprudencia aplicable al caso, en virtud de la cual, las resoluciones de los Jurados de Provinciales de Expropiación Forzosa gozan de una presunción "iuris tantum" de certeza que puede desvirtuarse mediante informes periciales que sean valorados conforme a las reglas de la sana crítica.
En definitiva, los recurrentes se ratifican en la aplicabilidad del procedimiento residual para la valoración del suelo expropiado. De manera subsidiaria se interesa que sea tenida en cuenta la valoración efectuada por el Perito insaculado, D. Daniel, y, finalmente, solicita que la Sala case y anule la sentencia recurrida y determine el justiprecio, incluido el 5% por premio de afección de la finca expropiada.
Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó a la representación procesal de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO para que formalizara escrito de oposición, en el plazo de treinta días, lo que realizó, oponiéndose al recurso de casación y suplicando a la Sala dicte sentencia que desestime el recurso de casación promovido, confirme la sentencia de instancia y condene a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el presente recurso.
Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 2 de junio de 2010, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, Magistrado de la Sala.
Se interpone el presente recurso de casación por la representación de Bisbel Hispania, S.L. y Bisblada, S.L. contra la sentencia de 6 de octubre de 2006 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en recurso contencioso administrativo sobre valoración de finca expropiada con ocasión de las obras del Aeropuerto Madrid-Barajas. Desarrollo del Plan Director. 2ª Fase. 37/AENA/00.
La sentencia objeto del presente recurso analiza las cuestiones planteadas por las partes actoras en el recurso de instancia, estimando en parte el deducido por la representación procesal de los actores en esta casación, desestimando el interpuesto por AENA y declarando el derecho de la recurrente expropiada a percibir un precio de 426.435,45 #, incrementado con los intereses legales, desestimando el resto de sus pretensiones.
La sentencia recurrida recoge la doctrina de esta Sala en relación con la valoración de fincas expropiadas con ocasión de las obras de ampliación del Aeropuerto de Barajas, invocando sentencias concretamente referidas a la primera fase del proyecto, concluyendo en que el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo, en que se funda la sentencia, ha de ser aplicable en todo el ámbito del Plan Especial del Aeropuerto de 1999, con independencia de los municipios en los que radique el suelo afectado y, en definitiva, entendiendo que el criterio jurisprudencial recogido en las sentencias, que ampliamente se invocan y han sido dictadas por esta Sala en relación con el citado proyecto, acoge el principio de valoración de los terrenos de conformidad con la formula jurisprudencial deducida de lo dispuesto en el Real Decreto 3148/78 partiendo de la aplicación del valor de repercusión obtenido por el método residual y en función de los precios correspondientes a viviendas de protección oficial, que concreta en la normativa aplicable en la fecha de valoración consistente en la orden de 23 de mayo de 2001 que señala un precio de 1.226,91 #/m2, rectificando la aplicación del coeficiente de aprovechamiento, que lo fija el Tribunal de instancia en 0'583 m2/m2, modificando así el señalado por el Jurado en 0'39, aplicando el porcentaje 0'20 como valor de repercusión por tratarse de un municipio de más de 500 viviendas protegidas, con lo que obtiene un resultado un resultado unitario de 103 euros, que multiplicado por la superficie total expropiada (3.943 m2)y añadiendo el 5% de afección concluye en un precio total de 426.435,45 #/m2 .
Frente a dicha sentencia las recurrentes expropiadas interponen el presente recurso de casación con fundamento en un primer motivo en el que, al amparo de lo preceptuado en el apdo. d) del art.
88.1 de la Ley de la Jurisdicción, denuncian la infracción de los artículos 27 y 29 de la Ley 6/98 de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y valoraciones, alegando en sustancia que la Ley citada no resultaba de aplicación a los supuestos contemplados en las sentencias en que se fundamenta el Tribunal de instancia, como que el uso característico de todas las áreas de reparto que configuran el suelo urbanizable programado es el residencial vivienda libre, según se desprende del Plan de Urbanismo vigente en la fecha en que se inicia el expediente de justiprecio.
Respondiendo a este primer motivo ha de aclararse que, conforme a reiterada doctrina de esta Sala, el procedimiento valorativo deducido del Real Decreto 3148/78, aplicado en todos los supuestos enjuiciados por esta Sala, y por el Tribunal de instancia siguiendo nuestra doctrina, constituye un sistema de valoración del valor de repercusión por el método residual deducido de aquel Real Decreto, y que tal sistema de valoración ha de ser aplicado cuando de suelo urbanizable se trata, reservando la valoración correspondiente al valor residual referido a viviendas libres y no de protección oficial, exclusivamente, para aquellos supuestos en que se trate de suelo urbano y exista una zona consolidada por la edificación, porque, como hemos dicho en sentencia de 11 de octubre de 2007, recogiendo el criterio de la anterior sentencia de 25 de octubre de 2006, cuando se trata de suelo urbano consolidado resulta más adecuado a efectos de calcular por el método residual el valor urbanístico del suelo, acudir a precios de mercado debidamente contrastados en lugar de al de venta de viviendas de protección oficial, siendo imprescindible que los precios de mercado sean obtenidos de fuentes ciertas y seguras que resulten debidamente contrastadas, ya que, de no ser así, es preferible, como dice la sentencia de 23 de mayo de 2.000, aplicar un porcentaje sobre el valor de la edificación con arreglo al precio de venta de las viviendas de protección oficial, pues el primer método se aproxima con más rigor a las circunstancias reales del suelo, ya que en el suelo urbano el valor por metro cuadrado edificable puede ser perfectamente conocido y no ser fruto de meras especulaciones, mientras que el segundo apela al carácter objetivo del valor fijado administrativamente para las viviendas de protección oficial.
Es cierto que en la demanda los actores solicitaron que se les aplicara el valor correspondiente a viviendas libres, cuestión que también se postula en esta casación, pero también es cierto que interesaron la aplicación de un coeficiente del 0'36 m2/m2, siendo así que el Tribunal de instancia, aplicando el criterio de esta Sala, ha utilizado el coeficiente de edificabilidad resultante de la media ponderada de los que se estima resultarían de aplicación, que resulta ser superior al interesado por la parte.
Ahora en la casación olvida aquella pretensión referida al coeficiente, lo que supondría una minoración de la edificabilidad reconocida por la Sala, pero sigue considerando que el coeficiente fijado por la Sala se debe aplicar sobre el valor de venta de viviendas libres para obtener el valor de repercusión, denunciando como infringido lo dispuesto en los artículos 27 y 29 de la Ley 6/98, entendiendo que la jurisprudencia invocada por el Tribunal de instancia viene referida solamente a las obras de la primera fase del Proyecto del Aeropuerto, mas no de la segunda, y sin tener en cuenta que una y otra fase obedecen al mismo proyecto de 1999, y que, en definitiva, el criterio valorativo consagrado antes de que resultara de aplicación la Ley de Valoraciones de 1998, ha sido después ratificado por la doctrina de esta Sala contenida, entre muchas otras, en la sentencia de 16 de noviembre de 2005, donde enjuiciamos ya, a instancia de la representación de la allí recurrente, la correcta aplicación por el Tribunal de instancia, en supuestos sometidos a la vigencia de la Ley 6/98, de las disposiciones del articulo 27 y 29 de la Ley 6/98, conforme a cuyos preceptos ha de aplicarse el método residual y al no estar acreditada la existencia de polígono fiscal, resulta correcto considerar que todo el suelo está comprendido en una sola área de reparto a efectos de cálculo del aprovechamiento, siendo de aplicación el método valorativo que se deduce de las disposiciones contenidas en el Real Decreto 3148/78 para las viviendas de protección oficial y cuyo criterio, conforme a aquella sentencia antes mencionada, resulta aplicable también bajo la vigencia de la Ley 6/98 . De todo ello se deduce la procedencia de la desestimación del primer motivo casacional.
Se denuncia en el segundo de los motivos por parte de la actora, la infracción de la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre la presunción iuris tantum de certeza de los pronunciamientos de Jurado, que puede desvirtuarse mediante la practica de informe pericial, cuya pericia no ha sido considerada por el Tribunal de instancia.
Sin perjuicio de poner de relieve, ante todo, que dicha circunstancia debió de haber sido combatida a través de la denuncia de incongruencia o falta de motivación de la sentencia, sobre la base de la aplicación al caso del motivo previsto en el apdo. c) y no del d) del articulo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción, es lo cierto que, en el presente caso, el Tribunal de instancia implícitamente está negando la posibilidad de tomar en consideración el resultado de la pericia procesal por cuanto que ha entendido que resultaba improcedente acoger el criterio de la valoración de fincas cercanas al terreno objeto del recurso, puesto que los datos del mercado del suelo se refieren a zonas alejadas, por lo que falta la certeza sobre la valoración de las transacciones, lo cual, conforme al criterio contenido en la sentencia al principio citada de 11 de octubre de 2007, impedía la aplicación de la valoración referida a vivienda libre, unido además lo anterior a la improcedencia, en aras del principio de igualdad y justicia, de sistemas de valoración distintos entre una fase y otra de las obras de ampliación del Aeropuerto de Barajas, afectadas por el mismo proyecto, y la improcedencia de aplicar valoraciones distintas en función del aprovechamiento según el suelo se encontrara ubicado en Madrid o en cualquier otro municipio de la misma Comunidad Autónoma, consagrado ya tal criterio por una reiterada doctrina de esta Sala.
Resulta, por lo tanto, improcedente la estimación del segundo de los motivos casacionales, lo que acarrea la del recurso de casación y exige, por imperativo de lo dispuesto en el articulo 139 de la Ley de la Jurisdicción, la imposición de las costas del presente recurso a las recurrentes, con el límite, en lo que se refiere a los honorarios del Sr. Abogado del Estado, como única parte personada en su condición de opositor al recurso, de la cantidad de 3.000 #
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de Bisbel Hispania, S.L. y Bisblada, S.L. contra Sentencia de 6 de octubre de 2006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 116/2003 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; con condena a las recurrentes, con la limitación establecida en el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .
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