STS 1307/2009, 5 de Noviembre de 2009

1. Una faceta del motivo primero de casación, deducido por el cauce del art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y del 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr.), denuncia la vulneración de los principios de igualdad y seguridad jurídica; y de manera paralela también se lleva a cabo tal denuncia en el motivo 4º, deducido al amparo del art. 849.1º LECr .

   Todo ello se trata de fundamentar en que el art. 325 del Código Penal (CP ) contiene norma penal en blanco, que ha de ser completada con otra de carácter general; lo que, se dice, no ocurre con las ordenanzas municipales de Barcelona, que, no son leyes ni siquiera tienen carácter reglamentario.

   Ahora bien no se puede desconectar el art. 325 CP de los arts. 43 y 45 de la Constitución (CE ) que, al proteger la salud y el medio ambiente, incluyen en su ámbito de control a la contaminación acústica, e incluso del art. 15 CE, que reconoce el derecho a la integridad física y moral, que puede quedar vulnerado cuando la contaminación acústica encierre un grave riesgo para la salud de las personas.

   Aunque pudiéramos no fijarnos en la Directiva Comunitaria 2002/49, sobre Ruido Ambiental, ante las dificultades que se plantearan sobre su aplicación directa, como tampoco en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, dadas sus disposiciones sobre vacatio legis, no cabe dudar que el elemento normativo del tipo queda integrado con normas de carácter general, pues tal condición merecen tanto la Ley 16/2002, de 28 de junio, de la Generalitat de Catalunya sobre Contaminación Acústica, como la Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Barcelona.

   Cualquiera sean las diversas acepciones atribuidas doctrinalmente a la denominación norma general, lo que aquí interesa, respecto a la seguridad y a la igualdad jurídicas, es que la Ley de la Generalitat y la Ordenanza de Barcelona, aunque de vigencia territorial, contienen mandatos o prohibiciones sin discriminación alguna por razón de las personas Y, en ese sentido, deben reputarse como normas generales, no particulares, complementadoras del elemento normativo a que se refiere el art. 325 CP . Esta Sala, en la sentencia del 24/2/2003, que incorpora abundante cita jurisprudencial, explica a partir del art. 148.1.9º CE, de los arts. 127.1 y 129.1, 2 y 3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del art. 25 f) de la ley de Bases de Régimen Local, como las Leyes Autonómicas y las Ordenanzas Municipales pueden cumplir la función de completar la Ley penal estatal, que defina el núcleo esencial del tipo, en materia de contaminación acústica.

   Y la alusión que lleva a cabo el recurso sobre la conducta corrupta de algunas personas funcionarios, o particulares, en nada afecta a las consideraciones hasta aquí efectuadas acerca de las características de las normas.

2. En el motivo primero asimismo se menciona la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, lo que se delimita en la falta de validez de las pruebas sonométricas y en la no admisión de pruebas de descargo relacionadas con la sonometría y con la situación síquica de la acusada. Extremos que hemos de examinar a continuación.

3. En su motivo 2, se denuncia el vicio previsto en el art. 850.1º LECr .. Lo que yuxtapone la Defensa de la recurrente con la existencia de una cuestión prejudicial de carácter contencioso-administrativo acerca de la bondad o no de las mediciones sonométricas.

   Pues bien, en torno al art. 850.1º LECr . y al derecho a la prueba como medio de defensa reconocido en el art. 24 CE, la Jurisprudencia tiene sentado que ese derecho no tiene carácter absoluto sino que ha de atenderse a que el medio probatorio sea pertinente por su relación con los temas vinculados al objeto del proceso, útil, por su virtualidad probatoria respecto a extremos fácticos decisivos para la resolución del proceso, necesario, a la vista de los demás medios probatorios y racionalmente posible. Véanse sentencias de 28/7/2006 y 29/3/2004, TS.

   En el escrito de Defensa la representación del acusado propuso como pruebas, entre otras:

   "

   1. PERICIAL PSIQUIATRICA, y que al amparo del Art. 784.2 está unida al presente escrito, con la anticipación suficiente para conocimiento previo de la Sala y partes; emitida por el psiquiatra Dr. Dn. Benito, Médico Forense en excedencia y del Dr. Hernan, que han examinado clínicamente a la acusada acreditante tal exploración y estado de su psicopatología y a fin de también de que sean citados judicialmente el Dr. Benito en su consultorio de la C/ Valencia, 186, 2º.2ª (08011 Barcelona) Tel. 93, 451.76.18 y Fax. 93.451 17 39, y el Dr. Hernan en la C/ Córcega nº 276, 3º 1ª de 08008 Barcelona, al efecto de que en su caso ratifiquen y/o amplíen + aclarasen si es preciso su informe en el acto del juicio oral.

   2. PERICIAL PSIQUIATRICA, y cuya práctica como prueba anticipada se solicita al amparo del Art. 784.2 a los efectos de que la Sala ordena que por domésticos forense, especialistas en psiquiatría de la Clínica Medico Forense de Barcelona determinen lo siguiente tras reconocer a Doña. Emma

   1. Si padece una enfermedad compatible con maltrato doméstico tal como una distimia crónica.

      Si esta distimia le ocasiona una alteración en su capacidad de respuesta y una baja autoestima con conducta apática que la lleva incluso a no poder responsabilizada ni asumir sus obligaciones.

      3) cualquier otro extremo que crean los doctores oportuno manifestar al respecto del presente caso.

      Dicho doctor se ratificará en el acto del juicio oral para el día en que la Sala disponga su señalamiento.

   3. PERICIAL, que, al amparo del Auto 9/6/08 de la Sección 8ª de la APB y obrante al folio 1.104 se admita la pericial técnica sonométrica también en su día obrante en estos autos al Folio 833 y siguientes; igualmente que se admite como prueba anticipada ex Art. 784.2 por reproducirse aquí el derecho a solicitar que sea practicada en el juicio y por ello unimos pero visada por colegio de Ingenieros dicho "Informe técnico pericial sobre el expediente del local Donegan" elaborado por el Ingeniero superior de Telecomunicaciones Dn, Argimiro, el cual deberá ser citado al juicio oral para el día en que la Sala disponga su señalamiento, a la dirección del calle Srots. nº 4 de la población de 43776 -Capcanes (Tarragona).

   4. PERICIAL también al amparo del Art. 784.2 LECr . consistente en el adjunto Di Dictamen y Certificación, visado por el Colegio de Ingenieros, que incorpora en su última página para conocimiento con la antelación necesaria y consistente en el resultado y apreciación de la presión sonora local de autos en relación a la sensibilidad auditiva humana y criterios de la OMS (Organización Mundial de la Salud; realizado por el Ingeniero Superior de Telecomunicaciones Sr. Broche también para ser citado para el acto del juicio oral a la misma dirección antes indicada". En auto del 5/11/2008 el Tribunal declaró no haber lugar a la pericial siquiátrica a) "por no reunir las garantías procesales exigibles, al haberse realizado sin intervención judicial y sí a instancia de la acusada".

      Mas ello no implicaba una negativa absoluta del Tribunal, pues añadía "además de ser reiterativa respecto a la propuesta con igual finalidad a practicar por la Clínica Médico Forense, que se admite".

      Es decir, no se trataba sino de apurar las garantías que aseguraran la imparcialidad del perito por su ajeneidad al conflicto y por su dedicación forense.

      Por lo que se refiere a las periciales c) y d), aquel auto también las inadmitió "por referirse a informes no practicados con las garantías procesales e intervención judicial, y por no ser admisible prueba pericial sobre la prueba pericial sí practicada con dichas garantías".

      En las cuestiones previas la Defensa interesó la suspensión del juicio oral para la práctica de la prueba siquiátrica con el médico forense. El Tribunal reservó su decisión al desarrollo del juicio.

      La Defensa insistió en la cuestión prejudicial contencioso-administrativa respecto a la nulidad del acto administrativo del cierre del local.

      Asimismo la Defensa interesó la práctica de las pruebas denegadas.

      El Tribunal desestimó las solicitudes de la Defensa, que formuló protesta.

      En el juicio la prueba siquiátrica fue practicada por el médico forense, quien fue sometido contradictoriamente a las preguntas de las partes.

      Acerca de la sonometría se llevó a cabo la pericial de un licenciado en ciencias físicas, propuesta por el Fiscal y que la Defensa de la acusada había hecho suya, aunque no quiso interrogar al perito en la vista. Además de la pluralidad de documentos y testificales que, habiendo sido propuestos por el Ministero Fiscal, la Defensa también había hecho suyas, o que habían sido propuestas por la Defensa, y que en el juicio fueron sometidas a contradicción, sobre materiales sonoras; folios 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67 y 69 del Rollo de la Audiencia.

      Debe apreciarse que no se produjo efectiva indefensión por denegación de determinados medios probatorios.

4. La cuestión prejudicial de carácter contencioso administrativo concierne a la dilucidación de la bondad de las mediciones sonométricas hechas por el Ayuntamiento y por los Mosso d'Escuadra y a la validez del cierre del local.

   Puestos en relación los arts. 10 LOPJ y 4 LECr. debe afirmarse que, como regla general, la LOPJ ha suprimido las cuestiones prejudiciales devolutivas en el proceso penal; sin embargo el TC- sentencia 30/1996 de 24 de febrero ha admitido el carácter necesario de determinadas "cuestiones prejudiciales" propias del orden contencioso-administrativa con la finalidad de evitar que resulte contradicción entre dos resoluciones judiciales.

   No es el caso, los puntos cuestionados debieron ser evaluados en proceso penal sin necesidad de acudir al contencioso administrativo, por cuanto, aunque los medios probatorios practicados en uno y otro proceso hubieran llevado a conclusiones divergentes, ello no habría de conducir a sentencias contradictorias dadas las diferencias entre las pretensiones contencioso- administrativas y las penales y, en último caso, sería invocable el non bis in idem.

5. El motivo tercero se encuentra esgrimido al amparo de art. 851.1º LECr ., al haberse expresado en los hechos probados la palabra grave, rerferida a la perturbación de la salud por el ruido, que, se dice es elemento normativo básico del art. 325 CP, concepto jurídico predeterminante del fallo.

   En nuestro subsistema procesal penal la sentencia ha de comprender una exposición fáctica que, a través de las consideraciones jurídicas, conduzca al fallo. Lo que se trataba de evitar en el último inciso del art. 851.1º LECr ., es que se sustituya el relato histórico por la aplicación directa de la calificación jurídica. La jurisprudencia (véanse sentencias de 12/12/2001 y 19/5/2004 ) exige, en consecuencia, para apreciar el quebrantamiento que nos ocupa que las expresiones: 1) sean de las que se emplean en la técnica jurídica y se hallen incluidas en la definición legal del tipo, 2) no sean compartidas en el uso común del lenguaje, 3) tengan valor causal respecto al fallo, 4) suprimidas, dejen el relato histórico sin significado.

   Efectivamente en el art. 325.1 CP, al definir el tipo agravado se emplea la frase "si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas".

   Mas la palabra grave no responde en sí al ámbito técnico jurídico y sí al lenguaje común.

6. El motivo cuarto se refiere en el cauce del art. 849.1º LECr ., a la infracción de art. 849.1º LECr, por la mala utilización de la ordenanza Municipal de Barcelona para completar el tipo básico del art. 325 CP

   , al no ser norma general sino particular del municipio, con lo que se habrían infringidos los principios constitucionales de Igualdad y Seguridad Jurídica.

   Tal extremo ha sido ya examinado en el apartado 1 de esta resolución.

7. En el motivo quinto se denuncia error en la apreciación de la prueba al amparo de art. 8492º LECr .

   La doctrina de esta Sala tiene establecido, en cuanto al motivo de impugnación que nos ocupa, que:

   1) el medio probatorio de contraste ha de ser un documento, 2) el documento debe demostrar por la fuerza acreditativa que le sea propia y literosuficiente, sin necesidad de elucubraciones más o menos complejas, la equivocación del factum, 3) esa equivocación ha de ser transcendente para el fallo, 4) el documento debe no quedar enervado mediante otros medios probatorios. Y excepcionalmente equipara los informes periciales a los documentos, si aquellos, sin justificación, han sido desconocidos o contradichos por el Tribunal a quo. Véanse sentencias de 29/3/2004, 5/6/2003 y 3/3/2006, TS.

   En lo que se refiere al estado síquico de la acusada y a su repercusión en la imputabilidad en relación con las eximentes 1ª y 3ª del art. 20 CP, cita la recurrente los informes del Instituto de Medicina Legal de Catalunya, el de la médico forense Sra. Filomena, que promovió el del Instituto, y el del siquiatra Sr. Benito

   , médico forense en excedencia.

   De los dos primeros se desprende que la acusada presenta unos rasgos distímicos con un trastorno ansioso depresivo de largo recorrido. En el de los Sres. Benito (y Hernan ) se hace mención a un trastorno distimico, que, con el maltrato doméstico, hace que sus funciones mentales o cognitivos-volitivas estén sustancialmente afectadas o mermadas. Mas Doña. Filomena precisó en el juicio que la acusada cognitivamente no tiene problemas, lo que tiene es un trastorno emocional.

   La Audiencia ponderando dichos informes pudo llegar, sin irracionalidad alguna a la conclusión de que no constaba que la acusada tuviera afectadas sus facultades cognitivas e intelectivas.

   En lo que atañe al dolo eventual, regresa el recurso al estado síquico de la acusada según los informes practicados. Hemos de estar a lo recientemente expuesto.

   Añade el recurso la cita de un protocolo sobre necesidad de notificaciones personales para que se aprecie desobediencia.

   De su función y de su literalidad no se desprende equivocación de la sentencia.

   Y se cita, como contraste con la sentencia, parte de su propio texto. Respecto a lo que basta decir que ello excede del motivo que nos ocupa.

8. En relación con las lesiones sufridas a consecuencia de los ruidos:

   Respecto a Dimas cita la recurrente que al folio 665 la médico forense expresa que se trata de una persona con unos rasgos específicos, y añade la recurrente que ello significa que esos rasgos eran conflictivos.

   Pero en ese informe lo que aparece literalmente, además de rasgos personales de Dimas, es que padece un trastorno ansioso-depresivo de un año de evolución; un insomnio no orgánico con un carácter claramente reactivo a la problemática vecinal motivo de "las presentes diligencias".

   Señala también el recurso que en el informe del siquiatra Sr. Alonso se dice que Dimas está bien y normal, al folio 667.

   Pero lo que se expresa en ese informe no es eso, sino que Dimas presentaba mejoría en l último control . Asimismo agrega el recurso que, en el juicio, Don. Alonso expuso que Dimas dormía.

   Y eso expuso el médico pero con la precisión que dormía con apneas.

   Respecto a Carolina cita la recurrente el folio 668 y aduce que en ese informe la médico-forense dictamina que lo que alegaba la paciente lo venía padeciendo desde un año atrás, que sólo le recetaban un fármaco y que se apreciaba una importante remisión.

   Mas lo que expone la médico-forense el 161172006 en aquel folio, además de que el padecimiento, según la afectada, venía de un año atrás, lo que es compatible con el factum, es que Carolina fue diagnosticada en abril de 2006 de un trastorno depresivo reactivo a la problemática vecinal motivo de las "presentes diligencias", que se apreciaba el 16/11/2006 una importante remisión, aunque mantenía la medicación con el fármaco inductor del sueño.

   Respecto a Pedro Antonio, cita el recurso el folio 661, porque en él se dice por la médico forense que "no hay relación de causalidad directa respecto a los hechos referidos".

   Pero no se ha apreciado delito de lesiones que afecten a Pedro Antonio .

   Respecto a Sabina, cita el recurso que la médico forense informa sobre que se la aprecia una total remisión de la sintomatología; y añade la recurrente que, en los informes médico-privados, no se infiere ni refiere lesión alguna (folios 432 y 500).

   Pero en esos informes médico-privados sí se alude a la manifestación por Sabina de trastornos del sueño.

   En nada aparece contradicción entre los hechos de la sentencia y el contenido de los informes que cita el recurso como elementos de contraste, en orden a las lesiones con la necesidad de tratamiento médico.

9. El resto del motivo quinto se refiere a la sonometría y al estado síquico de la acusada. Y los extremos que se plantean no implican novedad respecto a los ya dilucidados. Existen medios de prueba con razonada prevalencia sobre los de supuesto contraste, que conduce sin irracionalidad a los convencimientos que el Tribunal a quo ha impuesto.

10. Todos los motivos deben ser desestimados, y, con arreglo al art. 901 LECr ., ha de declararse no haber lugar al recurso e imponerse las costas a la recurrente, incluidas las de la Acusación Particular.

    III.

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación que, por vulneración constitucional, quebrantamiento de forma e infracción de ley, ha interpuesto Emma contra la sentencia dictada, el 2/1/2009, por al Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Vigésimo primera, en proceso sobre delito contra el medio ambiente y delitos de lesiones. Y, se imponen a la recurrente las costas del recurso, incluidas las de la Acusación Particular.

Notifíquese la presente resolución a la Audiencia Provincial de procedencia, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo para su archivo en el Rollo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Joaquin Gimenez Garcia Jose Manuel Maza Martin Francisco Monterde Ferrer Alberto Jorge Barreiro Siro Francisco Garcia Perez

PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Siro Francisco Garcia Perez, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.