STS, 6 de Abril de 1990

Ponente:JUAN ANTONIO DEL RIEGO FERNANDEZ
Procedimiento:RECURSO CASACIÓN
Fecha de Resolución: 6 de Abril de 1990
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social
 
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CONTENIDO

Núm. 551.-Sentencia de 6 de abril de 1990

PONENTE: Excmo. Sr. don Juan Antonio del Riego Fernández.

PROCEDIMIENTO: Despido.

MATERIA: Despido declarado improcedente. Error de hecho. Infracción de la buena fe contractual.

NORMAS APLICADAS: Art. 167.5 de la LPL; art. 54.2, d) del Estatuto de los Trabajadores .

JURISPRUDENCIA CITADA: Ninguna.

DOCTRINA: El error de hecho alegado por la empresa no puede prosperar, porque se deduce de las

manifestaciones del actor al absolver posiciones. No cabe encuadrar en el art. 54.2, d) del Estatuto de los Trabajadores, la aportación a un juicio en exclusiva defensa de los propios intereses, de

fotocopias de documentos no obtenidos fraudulentamente. El error de hecho invocado por el

demandante relativo a la cuantía de su salario debe acogerse, pues así lo acredita la sentencia de la Sala de 2 de febrero de 1990, dictado en causa por despido objetivo, y entre la fecha de éste y la

del presente disciplinario no hay constancia de que dicho salario hubiera sufrido alteración.

En Madrid, a seis de abril de mil novecientos noventa.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud del recurso de casación por infracción de ley, formalizado por el Procurador don Ramiro Reynolds de Miguel, en nombre y representación de la «Caja Rural Provincial de Salamanca», y el Procurador don Leopoldo Puig Pérez de Inestrosa, en nombre y representación de don Javier, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Salamanca, que conoció de la demanda sobre despido formulada por don Javier, contra la «Caja Rural Provincial de Salamanca».

Es Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Juan Antonio del Riego Fernández.

Antecedentes de hecho

Primero

Dicho actor, don Javier, formuló demanda ante la Magistratura de Trabajo de Salamanca, y tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó por suplicar se dictara sentencia por la que: «Estimando la demanda se declare radicalmente nulo o, sucesiva y subsidiariamente nulo o improcedente el despido y se condene a la demandada a estar y pasar por la declaración que fuere hecha, así como a readmitirme a mi puesto de trabajo y a abonarme los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la readmisión tenga lugar.»

Segundo

Admitida a trámite la demanda tuvo lugar el acto del juicio en que la parte actora se ratificó en la misma, oponiéndose la demandada. Y recibido el juicio a prueba se practicaron las propuestas por las partes y declaradas pertinentes.

Tercero

Con fecha 2 de mayo de 1989, se dictó sentencia por el Juzgado de lo Social número 1 de Salamanca, cuya parte dispositiva dice: Fallo «Que estimando la pretensión que como subsidiariamente formula don Javier en la demanda origen de estos autos, dirigida contra la empresa "Caja Rural Provincial de Salamanca, Sociedad Cooperativa de Crédito", declaro improcedente el despido del actor, que tuvo lugar el 13 de diciembre de 1988. y condeno a la demandada a que, en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación de esta sentencia opte por readmitir al trabajador en su puesto de trabajo, o por indemnizarlo en la cantidad de 13.137.768 pesetas -42 mensualidades de su salario-, debiendo además, en todo caso, abonarle los salarios que haya dejado de percibir desde la fecha del despido hasta la de la referida notificación, con la advertencia de que de no ejercitar la opción que se le concede dentro del plazo indicado, mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado, se entenderá que procede la readmisión del trabajador.»

Cuarto

En la anterior sentencia se declararon probados los siguientes hechos: «1.°) El actor don Javier, desde el 21 de mayo de 1967 viene prestando servicios a la empresa "Caja Rural Provincial de Salamanca, Sociedad Cooperativa de Crédito", que cuenta con una plantilla de unos noventa trabajadores, con categoría de Jefe de 2.ª A, ocupando el cargo de Interventor General, con retribución últimamente de

3.753.648 pesetas anuales. 2.°) La empresa despidió al trabajador el 17 de agosto de 1988 por causas objetivas -ineptitud para realizar las tareas de su cargo, falta de adaptación a las modificaciones técnicas que se habían operado y necesidad de amortizar su puesto de trabajo-, y por sentencia de esta Magistratura de 29 de noviembre siguiente -auto número 892/1988-, hoy pendientes de recurso de casación, se declaró improcedente el despido del trabajador con las consecuencias legales que ello comporta. 3.°) Por telegrama cursado el 12 de diciembre de 1988, la empresa comunicó al trabajador que había optado por su readmisión, que debería tener lugar al comienzo de la jornada del día siguiente, fecha en que se le hizo entrega de nueva carta de despido, que tuvo lugar a partir de dicho día, esta vez basado en haber aportado a los autos del juicio celebrado ante esta Magistratura el 14 de noviembre anterior, documentación de la que se había apropiado, alguna de carácter reservado, haciendo públicos datos privados de la Entidad, calificando tal hecho de transgresión de la buena fe contractual. 4.°) El trabajador, en el juicio seguido por su anterior despido, presentó documentos fotocopiados de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo o por habérselos facilitado otras personas o directivos de la empresa, entre ellos el contrato suscrito por la Caja con el señor Gabriel el 1 de junio de 1988, por el que éste pasó a prestarle servicios como Director General, una relación del personal de plantilla de la Entidad con anotaciones, en la que aparece el hoy actor con unos signos, una factura fechada el 10 de agosto de 1988, de 21.000 pesetas correspondiente a la compra de unos jamones cargada a los gastos generales de la empresa, y, finalmente, una carta del "Banco de Crédito Agrícola" de 26 de agosto de 1988 que le fue facilitada al parecer, por el propio Banco, sin que exista constancia alguna de que dicho trabajador hiciera otros usos de dicha documentación que el de presentarla en juicio a los solos efectos de su defensa, tratando con ella de desvirtuar las causas objetivas alegadas como determinantes de la extinción de su relación laboral, ninguna de las cuales se estimó concurrente en la sentencia que puso fin a dicho proceso. 5.°) En el Juzgado número 1 de Instrucción de Salamanca, se siguen diligencias previas bajo el número 1610/1988 en virtud de querella criminal formulada por la hoy demandada contra el trabajador demandante por delito de descubrimiento y revelación de secretos. 6.°) El trabajador instó conciliación ante la UMAC, el 15 de diciembre pasado y, celebrada sin avenencia el día 23 de dicho mes, interpuesto el 11 de enero siguiente la demanda origen de estos autos, formulada por despido radicalmente nulo, nulo o improcedente.»

Quinto

Preparados recursos de casación por infracción de ley, formalizados por la «Caja Rural de Salamanca» y por don Javier, se han presentado ante esta Sala, mediante escrito en el que se consignan los siguientes motivos por parte de la «Caja Rural de Salamanca»: «I. Acogido el número 5 del art. 167 del Procedimiento Laboral . Error de hecho en la apreciación de la prueba, resultante de las pruebas documentales obrantes en autos y evidenciadoras de la equivocación del Juzgador. II. Fundado en el art. 167, número 1 de la Ley de Procedimiento Laboral . Violación, por no aplicación del art. 54.2, d) del Estatuto de los Trabajadores que tipifica como falta sancionable con despido la transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño de la Empresa.» Así como, los siguientes por parte de don Javier : «Único. Al amparo del número 5 del art. 167 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, se denuncia el error de hecho en la apreciación de la prueba cometida por el Juzgador de instancia. Debe ser sustituido el párrafo "con retribución últimamente de 3.753.648 pesetas anuales", del hecho primero de los declarados probados por el siguiente: "y retribución de 4.063.771 pesetas anuales".»

Sexto

Evacuados los traslados de impugnación por las partes recurridas y personadas, por el Ministerio Fiscal, se emitió informe en el sentido de considerar improcedente el recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose día para la votación y fallo que tuvo lugar el 26 de marzo de 1990.

Fundamentos de Derecho

Primero

El demandante, que instó reclamación por despido objetivo declarado improcedente, fue readmitido, para, acto seguido, ser nuevamente despedido por imputarle la empresa haber aportado a dicho juicio documentación de la que se había apropiado, alguna de carácter reservado, haciendo públicos datos privados de la Caja Rural demandada. Este nuevo despido fue igualmente declarado improcedente por la sentencia de 2 de mayo de 1989, contra la que se interponen los recursos que seguidamente se examinan, empezando por razones de método, por el de la empresa, que sostiene la procedencia del despido, afectando el del actor a la cuantía del salario, tema que sólo en el caso de mantenerse la declaración de improcedencia es pertinente examinar por carecer de trascendencia en caso de absolución de dicha demandada.

Segundo

El Juzgador de instancia admite de modo inequívoco que todos los documentos que el actor presentó en el juicio anterior fueron incorporados al mismo con la única finalidad de desvirtuar las causas objetivas en que la empresa trataba de fundar la extinción del contrato de trabajo, que ninguno de dichos documentos fue utilizado por el actor con otra finalidad, y que la empresa no ha tratado ni siquiera de probar que su obtención por el demandado tuviera lugar por procedimientos que pudieran ser calificados de ilícitos o delictivos.

El primer motivo de la empresa, con amparo en el art. 167.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, trata de demostrar error de hecho en dichas afirmaciones y no puede prosperar porque deduce el error de las manifestaciones del actor al absolver posiciones en la prueba de confesión en ese juicio anterior, medio no idóneo para justificar tal error a tenor del precepto que ampara el motivo, y porque de dicha prueba no resulta en modo alguno que el actor hubiere reconocido la ilegalidad en la obtención de los documentos, aunque no haya revelado el nombre del empleado que se los facilitó. En cuanto a la apreciación de que la finalidad que con la aportación de esos documentos se perseguía, sobre el parecer del Juzgador de instancia, deducido de los elementos de convicción obrantes en el proceso, de que era únicamente la de defensa del actor frente a las causas invocadas para el despido objetivo, no puede prevalecer la opinión interesada y parcial del recurrente.

El fracaso de este motivo determina el del otro formulado en el mismo recurso, con fundamento en el art. 167.1 de la Ley de Procedimiento Laboral . No cabe encuadrar en la causa de despido disciplinario del art. 54.2, d) del Estatuto de los Trabajadores, la aportación a un juicio, en exclusiva defensa de los propios intereses, de fotocopias de documentos no obtenidos fraudulentamente.

Tercero

El único motivo del recurso deducido por el demandante con amparo en el art. 167.5 de la Ley de Procedimiento Laboral tiene por objeto demostrar que en la sentencia de instancia existe error de hecho en la apreciación de la prueba en lo relativo al salario del demandante con la pretensión de que se declare que su cuantía es de 4.063.771 pesetas anuales, y no de la inferior cantidad que se señala en dicha sentencia. Motivo similar, con la misma fundamentación y finalidad se ha planteado en el recurso de casación por infracción de ley deducido por el mismo demandante, contra la sentencia del Juzgado de lo Social que decidió sobre el despido objetivo, que fue favorablemente acogido por la sentencia de la Sala de 2 de febrero del corriente año, que aceptó que la retribución mensual del demandante es la de 336.480 pesetas mensuales, computando en su integridad las dos partidas a que el recurrente alude, cuya cuantía fue reducida unilateralmente por la empresa dos meses antes de producirse los despidos con la finalidad, en perjuicio del actor, de aminorar las consecuencias económicas del objetivo y la del disciplinario, dicho salario no consta hubiere sufrido alteración.

Cuarto

Procede por todo ello, la desestimación del recurso de la empresa y la estimación del demandante, con casación de la sentencia recurrida, cuyos pronunciamientos se mantienen, salvo en lo relativo a las consecuencias económicas del despido que se calcularán sobre el indicado salario de 336.480 pesetas mensuales, sin que la indemnización reconocida por el despido objetivo sean acumulables a la del despido disciplinario, y ello porque el contrato se termina por la primera opción que ejerza la empresa en tal sentido en alguno de dichos procedimientos, o por el primer incidente de no readmisión, que en su caso así lo acuerde, debiendo así percibir el actor en su caso una única indemnización y el importe de los salarios en el período que se fija en la sentencia recurrida sin duplicidad en su abono con condena de la empresa recurrente, en cumplimiento de lo prevenido en el art. 176 de la Ley de Procedimiento Laboral, a la pérdida en caso que procesa de la consignación y depósito constituidos para recurrir, a los que se dará el destino legal, y al pago de honorarios del Letrado de la parte recurrida en la impugnación de su recurso. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación por infracción de ley deducido por la «Caja Rural Provincial de Salamanca», contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de dicha capital, el 2 de mayo de 1989

, en autos sobre despido disciplinario instados contra dicha Caja por don Javier .

Estimamos el recurso de igual clase deducido contra la misma sentencia por dicho don Javier, sentencia que casamos manteniendo sus pronunciamientos, salvo en lo relativo a la indemnización por despido improcedente que fijamos en cuantía de 14.132.160 pesetas (42 mensualidades de 336.480 pesetas) y al abono de los salarios dejados de percibir del período a que dicha sentencia condena, que se harán efectivos sobre la base de dicha cantidad de 336.480 pesetas por mes, en cuyo sentido se modifica la condena de la sentencia de instancia.

Se condena a la empresa recurrente a la pérdida en caso de que proceda, de la consignación y depósito constituido para recurrir, a los que se dará el destino legal, y al pago de los honorarios del Letrado de la parte actora en la impugnación de su recurso.

Devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de esta resolución y comunicación.

ASI por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan García Murga Vázquez.- Benigno Várela Autrán.- Juan Antonio del Riego Fernández.- Rubricados.