STS, 27 de Abril de 1990

Ponente:ANGEL RODRIGUEZ GARCIA
Procedimiento:RECURSO DE APELACIóN
Fecha de Resolución:27 de Abril de 1990
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
 
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CONTENIDO

Núm. 546.-Sentencia de 27 de abril de 1990

PONENTE: Excmo. Sr. don Ángel Rodríguez García.

PROCEDIMIENTO: Personal. Apelación

MATERIA: Trabajo y Seguridad Social. Servicios Sanitarios de las Instituciones jerarquizadas de la

Seguridad Social. Concurso de acceso. Facultades de los órganos calificadores. Pericial.

NORMAS APLICADAS: Decreto 2166/1984; art. 106 p. 1 de la Constitución.

JURISPRUDENCIA CITADA: Tribunal Supremo, sentencia de 28 de noviembre de 1989 .

DOCTRINA: En el ejercicio del control jurídico de la actuación administrativa, el Tribunal puede valerse del conocimiento especializado que le suministre un tercero -perito-, pues en la norma

pueden aparecer conceptos jurídicos indeterminados que pueden fijarse con datos no conocidos por el Juzgador. Pero no cabe utilizar la pericial de ámbitos que pertenecen a la discrecionalidad técnica de la Administración, como ocurre en la valoración intrínseca de los méritos aportados a pruebas selectivas.

En la villa de Madrid, a veintisiete de abril de mil novecientos noventa.

Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en Sección por los señores al margen anotados, el recurso de Apelación que con el número 100 de 1989 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de doña Gema contra la sentencia dictada el 5 de diciembre de 1988, por la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Territorial de Zaragoza, en el pleito núm. 907/87 contra resolución de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo por la que se designaron los facultativos médicos a los que se habían adjudicado las plazas convocadas. Ha sido parte apelada el Abogado del Estado.

Antecedentes de hecho

Primero

La sentencia apelada contiene parte dispositiva que copiada literalmente dice: «Fallamos:

  1. Desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo núm. 907 de 1987 deducido por doña Gema . 2.° No hacemos especial pronunciamiento sobre el pago de costas.»

Segundo

Notificada la anterior resolución por la representación procesal de doña Gema para ante la correspondiente Sala del Tribunal Supremo, apelación que fue admitida en ambos efectos con emplazamiento de las partes y remisión de las actuaciones y expediente a dicho Tribunal.

Tercero

Recibidas las actuaciones y personadas las partes, el Procurador señor Villasante García, en nombre de la parte apelante presentó escrito en el que después de alegar lo que estimó pertinente a su derecho terminó suplicando a la Sala que dictara sentencia por la que se revoque la anterior. El Abogado del Estado evacuó el trámite de alegaciones solicitando la confirmación de la sentencia apelada. Cuarto: Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia del día 19 de abril del corriente, en cuyo acto tuvo lugar su realización.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. don Ángel Rodríguez García, Magistrado de esta Sala y Presidente de su Sección novena.

Fundamentos de Derecho

Primero

En el recurso contencioso-administrativo, sustanciado en primera instancia ante la Audiencia Territorial de Zaragoza, se impugna la Resolución de 24 de abril de 1987, de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), en cuanto resuelve el concurso - turno libre- para la adjudicación de plazas de especialistas de Obstetricia y Ginecología en los servicios jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como la desestimación presunta, por silencio administrativo, del recurso de Reposición interpuesto contra este acto.

Segundo

La sentencia apelada examina y resuelve acertadamente la cuestión planteada en la demanda en la que dicho sea de paso no insiste la parte apelante- en torno a las potestades del Tribunal que juzgó el concurso para establecer una puntuación mínima en la prueba práctica, que tiene su apoyo en lo que preceptúa el art. 7, párrafo 3, de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 4 de febrero de 1985, en relación con lo dispuesto en el art. 4. párrafo 2, y disposición final primera, del Real Decreto 2166/1984, de 28 de noviembre, que aquélla desarrolla, y para establecer, como hizo en sesión celebrada el 12 de enero de 1987, los criterios de valoración de dicha prueba, autolimitando su juicio discrecional en este punto.

Tercero

Las alegaciones deducidas en el presente recurso están referidas a otras cuestiones que también fueron planteadas en la demanda.

La parte apelante, después de combatir las apreciaciones de la sentencia impugnada, insiste en que las preguntas 7 y 3 1 de la prueba práctica fueron formuladas, gramaticalmente, de forma incorrecta, impidiéndole, al resultar penalizado por las contestaciones dadas a las mismas, alcanzar el mínimo previsto para dicha prueba. También arguye que la respuesta dada a la pregunta 37 es la acertada, aunque no lo entendiera así el Tribunal calificador, basándose para hacer esta afirmación en el análisis critico que efectúa de la prueba pericial practicada para mejor proveer por la Sala territorial.

Se puede adelantar que no compartimos la postura defendida por la recurrente, aunque tampoco coincidamos, como se tendrá ocasión de ver, con algunas de las consideraciones jurídicas propugnadas por el Tribunal «a quo».

Cuarto

En toda prueba tipo «test», en que se ofrecen varias respuestas alternativas a las distintas preguntas que se formulan, generalmente relacionadas con el sentido de éstas, la comprensión del significado de una pregunta no puede aislarse de las correspondientes respuestas, pues sólo teniendo en cuenta éstas cobra verdadero sentido aquélla. Que la pregunta 7 del cuestionario ofrecido a los aspirantes al concurso estuviera redactada en sentido negativo y en singular, en modo alguno autorizaba a entender -no se trata de un ejercicio de lingüística- que la respuesta «E» no pudiera ser la acertada, a juicio del Tribunal llamado a resolver el concurso, por la mera circunstancia de que fuera propuesta en plural, lo que era obligado al comprender la contestación correcta todas las respuestas alternativas anteriores. Y lo mismo debe decirse respecto a la forma en que fue propuesta la pregunta 31, en relación con la contestación que fue considerada como acertada por el Tribunal calificador.

Quinto

La cuestión planteada en orden a la respuesta que debe tenerse como correcta respecto a la pregunta 37 de la prueba práctica, no puede resolverse acudiendo a la prueba pericial practicada por la Audiencia Territorial de Zaragoza. De nuevo este Tribunal se ve en la necesidad de insistir en que los órganos calificadores llamados a juzgar la idoneidad de quienes aspiran a ingresar al servicio de la Administración -en sus distintas esferas, ya se trate de constituir una relación estatutaria o de naturaleza laboral- gozan de discrecionalidad técnica en sus apreciaciones. Ni la Administración, de quien dependen orgánicamente aquéllos, tiene competencia para revisar el juicio formulado por tales órganos, ni los Tribunales de este Orden Jurisdiccional pueden sustituir las decisiones de los mismos, ni siguiera acudiendo al resultado de una prueba pericial, so pena de suplantar el ejercicio de una competencia que no les corresponde. De aquí que el art. 8.° de la Orden de 4 de febrero de 1985, deje constancia del carácter vinculante para la Administración de las propuestas de los Tribunales que juzguen el concurso -carácter que tienen también para nosotros en razón de la naturaleza revisora de nuestras potestades-, salvo que no se hayan cumplido -lo que no hace al caso- los requisitos formales y de procedimiento establecidos, precepto que reproduce la Base VIII, apartado D), del Anexo I, de la convocatoria del concurso -resolución de 2 de julio de 1986- y por eso también el art. 20.2 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre - aplicable supletoriamente a todo el personal al servicio del Estado y de las Administraciones Públicas no incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984 -, después de afirmar también el carácter vinculante de las resoluciones de los Tribunales o Comisiones Permanentes de Selección, ordena que se practiquen de nuevo las pruebas o trámites afectados por una irregularidad cuando la Administración revisa de oficio tales resoluciones.

En suma, los Tribunales están llamados a controlar la legalidad de la actuación administrativa - art. 106.1 de la CE .-, pero no a ejercer un control técnico de la misma. En el ejercicio de este control jurídico pueden valerse, cuando fuere necesario o conveniente, de conocimientos especializados que les suministre un tercero -perito-, pues no siempre la recta inteligencia de una norma aplicable al caso -generalmente un concepto jurídico indeterminado- depende sólo de los conocimientos del juzgador, mas cuando la prueba pericial está dirigida a suministrar unos conocimientos que carecen de trascendencia para la decisión del litigio, porque el Tribunal no tiene potestad para fiscalizar una actuación que por esencia es discrecional en su dimensión técnica -insusceptible de control jurídico como no sea en los supuestos extremos de desviación de poder o notoria arbitrariedad y entonces sólo para anular la decisión impugnada pero no para sustituirla por otra distinta-, la prueba pericial deviene inoperante. Y es lo que ocurre en este caso, aunque suponga apartarnos de la doctrina propugnada por la sentencia de la antigua Sala Cuarta de este Tribunal, de 2 de abril de 1985, que consideramos superada, como ya hemos tenido ocasión de decir en la de 8 de noviembre de 1989.

Sexto

En la demanda, como colofón de los argumentos vertidos en defensa de la tesis propugnada en dicho escrito, se aduce la existencia de desviación de poder, que el Tribunal «a quo» tampoco comparte. Teniendo en cuenta que se trata de una alegación meramente formularia y que en la apelación no se ha insistido sobre este punto, estimamos innecesario añadir razonamiento alguno.

Séptimo

En materia de costas no procede hacer pronunciamiento condenatorio por no concurrir el supuesto previsto en el art. 131.1 de la Ley de esta Jurisdicción .

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por doña Gema contra la sentencia de 5 de diciembre de 1988, dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza en el recurso núm. 907 de 1987 ; sin hacer imposición de las costas causadas.

ASI, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Ángel Rodríguez García.- César González Mallo.- Enrique Cáncer Lalanne.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma don Ángel Rodríguez García, en el día de su fecha, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Tercera, Sección novena del Tribunal Supremo, lo que certifico.- Jaime Estrada Pérez.- Rubricado.