STS, 20 de Julio de 1990

Ponente:LUIS GIL SUAREZ
Procedimiento:CASACIóN
Fecha de Resolución:20 de Julio de 1990
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Núm. 1.155.- Sentencia de 20 de julio de 1990

PONENTE: Excmo. Sr don Luis Gil Suárez.

PROCEDIMIENTO: Ordinario.

MATERIA: Recurso de casación por infracción de Ley. Reclamación de cantidad. La empresa tenía

concertada una póliza de seguros con una Compañía Aseguradora que cubría el riesgo de

incapacidad permanente absoluta derivada de accidente de trabajo. Infarto de miocardio.

NORMAS APLICADAS: Arts. 1.281 y sig del Código Civil; art. 100 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre.

JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 2 de febrero, 14 de abril y 28 de septiembre de 1987 y

31 de octubre de 1988.

DOCTRINA: El infarto de miocardio sufrido por el actor cuando se encontraba trabajando fue

calificado por el INSS como constitutivo de accidente de trabajo; y la misma consideración debe

tener a efectos de la mejora concertada en la póliza de seguros; teniendo en cuenta, además, las

condiciones previstas en ésta.

En la villa de Madrid, a veinte de julio de mil novecientos noventa.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud del recurso de casación por infracción de Ley interpuesto a nombre de "La Patria Hispana, S. A.», representada por la Procuradora doña Concepción Albácar Rodríguez y defendida por el Letrado designado contra la Sentencia de fecha 11 de enero de 1990 dictada por la Magistratura de Trabajo -hoy Juzgado de lo Social- núm. 1 de Vizcaya en autos instados por demanda de don Juan Manuel, representado y defendido por el Letrado don Pedro Menchen Herreros, sobre accidente, frente a "Transportes Celes, S. A.», y la mencionada recurrente.

Es Ponente para este trámite el Magistrado Excmo. Sr don Luis Gil Suárez.

Antecedentes de hecho

Primero

El actor, Juan Manuel, formuló demanda ante la Magistratura de Trabajo - hoy Juzgado de lo Social- frente a las empresas "La Patria Hispana, S. A.», y otra, en la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dicte Sentencia por la que se condene a la demandada a abonar al actor la cantidad de 6.000.000 de pesetas, más el 10 por 100 de interés desde la fecha de la reclamación en la vía administrativa.

Segundo

Admitida a trámite la demanda se celebró el acto del juicio oral en el que la parte actora se ratificó en la misma, oponiéndose la demandada. Y recibido el juicio a prueba se practicaron las propuestas por las partes y declaradas pertinentes.

Tercero

Con fecha 11 de enero de 1990 se dictó Sentencia, cuya parte dispositiva dice: "Fallo: Que declarando la competencia por razón de la materia del orden social de la jurisdicción y resolviendo sobre el fondo del asunto, debo condenar y condeno a "La Patria Hispana" al pago en favor de Juan Manuel a la cantidad de 6.000.000 de pesetas. Asimismo, no se da pronunciamiento alguno sobre "Transportes Celes,

S. A.".

Cuarto

En la anterior Sentencia se declara probado: 1.° El 22 de abril de 1987, el demandante sufrió un infarto de miocardio cuando se encontraba trabajando para "Transportes Celes, S. A.», a consecuencia del cual fue declarado afecto de incapacidad permanente absoluta derivada de accidente de trabajo mediante resolución de 10 de octubre de 1988 de la Dirección Provincial de Vizcaya del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 2.° La empresa tenia concertados con "La Patria Hispana, S. A.", un contrato de seguros por el que se garantizaba para el demandante una indemnización de 6.000.000 de pesetas en el supuesto de ser declarado en situación de incapacidad, para el caso de accidente que pudieran sufrir los asegurados, tanto en la profesión declarada como en la vida privada, entendiéndose como accidente toda lesión corporal sobrevenida independientemente de la voluntad del asegurado, del contratante o de los beneficiarios, y debida a causa fortuita, momentánea, externa y súbita. 3.° El acto de conciliación se desarrolló el 5 de abril de 1989 ante la Sección de Conciliación de la Delegación Territorial de Trabajo de Vizcaya resultando sin avenencia.

Quinto

Contra dicha Sentencia se interpuso por la demandada recurso de casación. Admitido que fue en esta Sala, su Letrado lo formalizó basándolo en los siguientes motivos: Único. Al amparo del art. 167.1 de la Ley de Procedimiento Laboral por inaplicación del art. 1.281,1 del Código Civil, en relación con el art. 100 de la Ley 50/1980 del Contrato de Seguró y todo ello con los arts. 1 y 2 de las condiciones generales de la póliza de seguro individual acumulativa contra accidentes corporales en el ejercicio de la profesión y en la vida privada.

Sexto

Evacuado el traslado de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar improcedente el recurso, se señaló para votación y fallad día 9 de julio de 1990, en el que tuvo lugar.

Fundamentos de Derecho

Primero

El actor, que trabajaba para la empresa "Transportes Celes, S. A.», con la categoría profesional de conductor de 1.ª, cuando estaba prestando servicio para esta patronal el 22 de abril de 1987 sufrió un infarto de miocardio, y a consecuencia del mismo fue declarado afecto de incapacidad permanente absoluta derivada de accidente de trabajo, mediante resolución de la Dirección Provincial de Vizcaya del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 10 de octubre de 1988. La empresa demandada y mencionada tenía concertado un contrato de seguro con la compañía "La Patria Hispana, S. A.», por virtud del cual ésta se obligó a satisfacer al demandante una indemnización de 6.000.000 de pesetas, en el caso de que hubiese sido declarado en situación de incapacidad permanente derivada de accidente. En el art. 1 de las "condiciones generales» de la póliza de seguro suscrita entre las dos compañías mencionadas se convino que se entiende como tal accidente "toda lesión corporal sobrevenida independientemente de la voluntad del propio asegurado, del contratante o de los beneficiarios, y debida a una causa fortuita, momentánea, externa y violenta».

El demandante, estimando que tenía derecho a percibir la mencionada indemnización, reclamó a la compañía de seguros antedicha el abono de la misma; y como dicha compañía denegó tal reclamación, formuló demanda ante el Juzgado de lo Social; tramitado el oportuno juicio se dictó Sentencia en la que se condenó a "La Patria Hispana, S. A.», a que hiciese efectivo al actor el pago de la suma de 6.000.000 de pesetas. Contra esta Sentencia, esta compañía demandada interpuso el recurso de casación sobre el que ahora se resuelve.

Segundo

Son numerosas las Sentencias de esta Sala en las que se han resuelto casos prácticamente iguales al que ahora se suscita, declarándose en todas ellas la obligación de la correspondiente compañía de seguros de hacer efectiva la indemnización estipulada, bien al trabajador afecto de incapacidad, bien a los beneficiarios del mismo si éste ha fallecido a consecuencia del siniestro. Citamos a este respecto las Sentencias de 2 de febrero, 14 de abril y 28 de septiembre de 1987 y 31 de octubre de 1988. Aplicando las razones y criterios en que se apoya esta doctrina al supuesto ahora debatido, es forzoso estimar acertada la decisión adoptada por la Sentencia de instancia, por cuanto que: a) Se ha mantenido con reiteración por esta Sala y también por la Sala Primera de este Tribunal que la interpretación de los contratos de seguro, que son contratos de adhesión redactados por la compañía aseguradora, se ha de efectuar de modo que en los casos de duda ha de estarse a lo más favorable al asegurado; debiéndose de tener en cuenta que si las palabras parecieren contrarias a la intención de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas ( art. 1.281 del Código Civil ), que las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas (art. 1.285), y que la interpretación de las cláusulas oscuras no debe favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad (art. 1.288). b) En el caso de autos es indudable que el actor sufrió un accidente de trabajo que le ha ocasionado una incapacidad permanente absoluta, pues así ha sido calificado por la Seguridad Social el infarto de miocardio que el mismo padeció, y es lógico entender que el accidente que se contempla en la póliza es aquel que se tipifica como laboral por nuestro ordenamiento jurídico, dados los datos, elementos y circunstancias de dicho contrato de seguro, esencialmente el hecho de haber sido concertado por una empresa en beneficio de los trabajadores que le prestan servicio, y como mejora a las prestaciones obligatorias de la Seguridad Social, c) Sería absurdo comprender para los trabajadores de una empresa, como mejora voluntaria, compensaciones o indemnizaciones-aplicables a siniestros extraños al trabajo, y en cambio excluir de las mismas los acontecimientos que el Derecho de la Seguridad Social califica como accidentes de trabajo, d) Se precisa, por último, que en la mayoría de los casos resueltos en las Sentencias antes citadas se trató de infartos de miocardio, y que la definición del accidente protegido en aquellas pólizas era prácticamente igual a la que aquí se emplea, pues en todas ellas se alude a las lesiones corporales producidas por causa "momentánea, externa y violenta».

Tercero

Así pues, la Sentencia de instancia no ha infringido el párrafo 1.° del art. 1.281 del Código Civil, ni el art. 100 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, habiendo interpretado correctamente los arts. 1 y 2 de las "condiciones generales» de la póliza de seguro que ha dado origen a este litigio, por lo que, de conformidad con el dictamen del Ministerio Fiscal, se ha de desestimar el recurso de casación entablado por la compañía de seguros demandada.

Por lo expuesto, en nombre del Rey, y por la autoridad que nos confiere el púeblo español,

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación por infracción de Ley interpuesto a nombre de la empresa "La Patria Hispana, S. A.», contra la Sentencia de fecha 11 de enero de 1990, dictada por la Magistratura de Trabajo -hoy Juzgado de lo Social- núm. 1 de Vizcaya en autos instados por demanda de don Juan Manuel, sobre accidente, frente a "Transportes Celes, S. A.», y la empresa recurrente. Condenamos a ésta a la pérdida del depósito consignado para recurrir, así como al abono de los honorarios del Letrado de la parte recurrida en cuantía que si hubiere lugar a ello, fijará la Sala.

Devuélvanse las actuaciones a la Magistratura de origen, hoy Juzgado de lo Social, con certificación de esta Sentencia y comunicación.

ASI, por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Miguel Ángel Campos Alonso.-Luis Gil Suárez.-José Lorca García.-Rubricados.

Publicación: En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, celebrando audiencia pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma certifico.