STS, 29 de Abril de 1991

Ponente:ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL
Fecha de Resolución:29 de Abril de 1991
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
 
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CONTENIDO

Núm. 317.-Sentencia de 29 de abril de 1991.

PONENTE: Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil.

PROCEDIMIENTO: Juicio declarativo ordinario de menor cuantía.

MATERIA: Tercería de mejor derecho. Créditos preferentes. Prescripción del crédito. Prescripción

de la preferencia. Plazo de prescripción. Interrupción.

NORMAS APLICADAS: Artículos 1.922, 1.923 y 1.924 del Código Civil; 580.4 y 6, y 913 del Código de Comercio; 59 de la Ley de Contrato de Trabajo 1944; 32 de la Ley de Relaciones Laborales de 8 de abril de 1976; 32 y 59 del Estatuto de los Trabajadores.JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencia de 28 de enero de 1983.

DOCTRINA: Hay que entender la preferencia como el derecho que ostentan e integran la propia

naturaleza de ciertos créditos, perfectamente determinados, para ser satisfechos antes que otros

concurrentes, con cargo a los bienes del deudor obligado, o con el numerario que se obtenga de la

venta de los mismos.

La garantía de los salarios constituye una necesidad social prioritaria e ineludible, máxime cuando

su reclamación se ha producido dentro del ámbito positivo-temporal del art. 59 del Estatuto de los

Trabajadores.

En la villa de Madrid, a veintinueve de abril de mil novecientos noventa y uno.

Visto y oído, por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados nominados al margen, el recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sala de lo Civil, Sección Primera), como consecuencia del proceso de tercería de mejor derecho, seguido por los trámites del juicio de menor cuantía, en el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de la ciudad mencionada, cuyo recurso fue interpuesto por el «Banco Hispano-Americano, S. A.», representada por el Procurador de los Tribunales, don Felix , bajo la dirección del Letrado don Miguel de Blas Aritio, figurando como recurridos, don Carlos Alberto , don Eugenio , don Jose Pablo , don Enrique , don Jose Miguel , don Eloy , don Jose Daniel , don Esteban , don Carlos Francisco , don Gerardo , don Luis Miguel , don Imanol , don Juan Enrique , don Pedro , don Bartolomé , don Jose Luis , don Ernesto , don Luis Andrés , don Andrés

, don Silvio , don Eusebio , don Luis Pablo , don Julián , don Alvaro , don Jose Ignacio , don Gregorio , don Pedro Jesús , don Rodrigo , don Everardo , don Juan Antonio , don Ramón , don Fermín , don Juan Pablo , doña Inmaculada , don Jose Francisco , doña Fátima , don Lucio , don Cornelio , don Juan Ramón , don Serafin , don Íñigo , don Bruno , don Juan Manuel , don Tomás , don Leonardo , don Emilio , doña Sandra , don Arturo y don Jesus Miguel , los que representó el Procurador, don Argimiro Vázquez Guillen y defendió el Letrado don Juan Aguirre Alonso.Antecedentes de hecho

Primero

En el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de los de Santa Cruz de Tenerife se tramitaron los autos de juicio de menor cuantía, sobre tercería de mejor derecho, en virtud de demanda promovida por don Carlos Alberto y otros, contra el «Banco Hispano-Americano, S. A.», don Gonzalo y doña Mercedes . La demanda planteada; se basó en los siguientes hechos:

1.° Mis representados, trabajadores que fueron de la entidad "Fernando González Palenzuela e Hijos, S. A.", formularon el 24 de diciembre de 1984 ante la Magistratura de Trabajo demanda en reclamación de conceptos salariales adeudados a los mismos, correspondientes al período de 1 de enero al 30 de septiembre de 1984 en un supuesto y del 1 de enero al 30 de noviembre de 1984 en otro supuesto.

El 1 de marzo de 1985 se dictó sentencia estimando íntegramente las de- 317 mandas y condenando a la empresa a abonar a mis representados las cantidades expresadas en el fallo. El 28 de marzo de 1985 se dicó Auto aclaratorio del fallo, que fue firme con fecha 18 de abril de 1985.

Instada la ejecución de sentencia, se acordó la misma por providencia de 25 de abril de 1985 por la cuantía total de 5.724.855 pesetas, trabándose embargo, entre otras, sobre la siguiente finca: Nave industrial, inscrita al tomo 1.165, libro 659, folio 119, inscripción 3.º, finca NUM000 de La Laguna, practicándose la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad.

Todos dichos extremos se acreditan con los documentos núms. 5 a 9, consistentes en testimonios de demandas, sentencia, auto de aclaración, escrito instando ejecución de sentencia y providencia acordando la ejecución.

2.º Nuevamente mis representados formularon el 27 de julio de 1985 demanda ante la Magistratura de Trabajo contra la entidad "Fernando González Palenzuela e Hijos, S. A.", en reclamación de diversos conceptos salariales.

El 29 de noviembre de 1985 se dictó sentencia estimando la demanda y condenando a la empresa demandada a abonar a mis representados las cantidades que para cada uno se expresan en el fallo.

Instada la ejecución de sentencia, se acordó la misma por providencia de 9 de mayo de 1986, por la cuantía total de 19.849.545 pesetas, desglosadas en la siguiente forma: 2.856.719 pesetas que constituyen los salarios del último mes de trabajo, y 16.992.826 pesetas correspondientes a la liquidación de diversos conceptos salariales. Se acordó el embargo, entre otras cosas, de la siguiente finca: Nave industrial, inscrita en el Registro de la Propiedad de La Laguna, tomo 1.165, libro 610, folio 119, inscripción 3.a, finca NUM000

, practicándose la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad.

Se acreditan dichos extremos con los testimonios de demanda, sentencia, escrito de ejecución y providencia de ejecución que se acompañan señalados con los núms. 10 a 13.

3.° Asimismo, en los procedimientos laborales señalados en los hechos primero y segundo de esta demanda se acordó el embargo de la siguiente: Trozo de terreno, inscrito en el Registro de la Propiedad de La Laguna, tomo 606, libro 297, folio 36, inscripción 8.a, finca NUM001 , practicándose la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad.

Se acredita este extremo con los documentos adjuntados núms. 9 y 13.

4.° En los autos del juicio ejecutivo 686/1984 de ese Juzgado se ha acordado asimismo el embargo, entre otras, de las dos referidas fincas.

5.° En el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de los de esta capital se sigue, bajo el núm. 0528/1985, procedimiento judicial sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria , a instancias del "Banco de Bilbao, S. A.", contra la compañía mercantil "Fernando González Palenzuela e Hijos, S. A.", y contra doña Mercedes , habiéndose sacado a pública subasta, entre otros, los bienes señalados en los hechos primero, segundo y tercero de la presente demanda, es decir, la nave industrial, finca NUM000 , y el trozo de terreno, finca NUM001 del Registro de la Propiedad de La Laguna, embargados en los procedimientos laborales señalados y en los autos 686/1984 de ese Juzgado.

Como consecuencia de la subasta en dicho procedimiento de las dos fincas referidas ha resultado que, una vez liquidado el ejecutante "Banco de Bilbao, S. A.", del principal, intereses y costascorrespondientes, existe un remanente que el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 ha acordado remitir en parte al Juzgado a que me dirijo para atender a los créditos del "Banco Hispano- Americano, S. A.", en los autos 696/1984.

Teniendo mis representados mejor derecho que el ejecutante "Banco Hispano-Americano, S. A.", a ser reintegrados de sus créditos salariales con las cantidades remitidas a ese Juzgado por el Juzgado núm. 3 de esta capital, es por lo que se plantea la presente tercería de mejor derecho.

Fijó la cuantía del procedimiento en 22.717.681 pesetas, y después de alegar los necesarios fundamentos de derecho, suplicó:

Que teniendo por presentado este escrito con las copias de poderes y originales de los documentos acompañados con sus respectivas copias para las partes, los admita y tenga por deducida tercería de mejor derecho a nombre de mis representados, dando traslado a los demandados para que contesten en tiempo y forma y previos los trámites correspondientes y recibimiento del juicio a prueba, que desde ahora se interesa, dicte en su momento sentencia declarando el mejor derecho de mis representados al cobro de sus créditos salariales hasta la cantidad de 22.717.681 pesetas con preferencia al acreedor ejecutante "Banco Hispano-Americano, S. A.", con respecto tanto a las cantidades que se remitan por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 a los autos 696/1984 de ese Juzgado como a las que pudieran obtenerse por la subasta de las fincas núms. NUM000 y NUM001 del Registro de la Propiedad de La Laguna, propiedad de la entidad "Fernando González Palenzuela e Hijos, S. A.", ordenando que, hasta que recaiga sentencia en este pleito, sean depositadas las referidas cantidades en establecimiento público destinado al efecto con cuanto más en justicia proceda.

Segundo

La entidad mercantil demandada, «Banco Hispano-Americano, S. A.», contestó a la demanda, alegando los hechos siguientes:

1.º Conforme con el correlativo. 2.º Conforme con el correlativo. 3.º Conforme con el correlativo. 4.º Conforme con el correlativo, concretando que las anotaciones de embargo sobre las fincas a que se refiere dicho hecho, a favor de mi mandante el "Banco Hispano-Americano, S. A.", se practicaron con fecha 26 de diciembre de 1984 en el registro de la Propiedad de La Laguna, conforme está acreditado en los presentes autos. 5.° Negamos el correlativo ya que en modo alguno los terceristas tienen mejor derecho que mi mandante a ser reintegrados a sus créditos con anterioridad a éste.

Y después de reseñar la fundamentación jurídica, que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: «Que teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo, tenerme por personado en nombre de quien comparezco y tener por contestado en tiempo y forma la tercería de mejor derecho formulada por don Carlos Alberto y 48 personas más contra mi mandante, y previos los trámites legales oportunos, dictar en su día sentencia desestimando la demanda, con expresa imposición de costas a los demandantes.»

Tercero

El Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de los de Santa Cruz de Tenerife pronunció Sentencia en fecha 16 de diciembre de 1987, cuyo fallo dice:

Que desestimando la demanda formulada por don Carlos Alberto y 49 más que se especifican en el encabezamiento de esta sentencia contra el "Banco Hispano-Americano, S. A.", "Fernando González Palenzuela e Hijos, S. A.", don Gonzalo y doña Mercedes sobre tercería de mejor derecho absuelvo a dichos demandados de todos los pedimentos de fondo contenidos en el suplico de la demanda. Con imposición de costas a la parte demandante.

Cuarto

Contra dicha resolución, el «Banco Hispano-Americano, S. A.», interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sala de lo Civil, Sección Primera), que dictó Sentencia el 13 de marzo de 1989 , cuya parte dispositiva es como sigue:

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los terceristas, y con estimación, también parcial de la demanda que dedujeran contra el "Banco Hispano-Americano, S. A.", "Fernando González Palenzuela e Hijos, S. A.", y solidariamente contra don Gonzalo y doña Mercedes , con revocación igualmente en parte de la sentencia recurrida, debemos declarar y declaramos el mejor derecho de los apelantes al cobro de sus créditos salariales, en cuantía de 5.204.414 pesetas, más a la suma que en ejecución de sentencia se determinará, por los veintiocho últimos días de trabajo correspondientes a cada uno de los demandantes, con preferencia al acreedor ejecutante "Banco Hispano-Americano, S. A.", con respecto tanto a las cantidades que se remitan por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de los de esta capital a los autos núm. 696/1984, del mismo, como a los que pudieran estimarse por las subastas de lasfincas núms. NUM000 y NUM001 del Registro de la Propiedad de La Laguna, propiedad de la empresa que fuera ejecutada, mandándose que hasta que recaiga sentencia firme en este litigio, sean depositadas las cantidades pertinentes en el establecimiento público, al efecto destinado, confirmándose el resto de la sentencia apelada, y sin expresa imposición de costas, con notificación, en legal forma de esta resolución, a los apelados en situación de rebeldía.

Quinto

Por el Procurador don Felix , en nombre y representación del «Banco Hispano-Americano, S.

A.», se promovió para ante esta Sala, recurso de casación, que fundó en las siguientes motivaciones:

Motivo primero: Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción del art. 32.6 del Estatuto de los Trabajadores, de 1 de marzo de 1980 , en cuanto la sentencia impugnada no aplicó el plazo de prescripción de un año, que dicha norma establece, y de la jurisprudencia de este Tribunal.

Motivo segundo: Conforme al art. 1.692.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción del art. 32.3 del Estatuto de Trabajadores , en relación a los preceptos 44 y 42.2 de la Ley Hipotecaria, 1.923.4 del Código Civil y 1.573 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sexto: Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción a las partes demandantes y recurridas, se señaló para la vista oral de la alzada casacional, el pasado día 18, la que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil.

Fundamentos de Derecho

Primero

Constituyen antecedentes de la contienda procesal, que conviene precisar, para el mejor enjuiciamiento del recurso planteado, los siguientes: a) Los actores-recurridos, presentaron la demanda, creadora de la relación principal, ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de los de Santa Cruz de Tenerife, en fecha 13 de marzo de 1987, postulando se declarara su mejor derecho al cobro de sus créditos salariales, hasta la cantidad de 22.717.681 pesetas, con preferencia al acreedor-ejecutante, «Banco Hispano-Americano, S. A.», y respecto tanto a las cantidades que remita el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de la referida capital canaria, a los autos núm. 696/1984, del Juzgado núm. 1, como las que pudieran obtenerse por la subasta de las fincas núms. NUM000 y NUM001 del Registro de la Propiedad de La Laguna, de titularidad dominical de la entidad «Fernando González Palenzuela e Hijos, S. A.», ordenándose que hasta que recaiga sentencia, en el actual litigio, sean depositadas las mismas en establecimiento público, destinado al efecto; b) Los referidos demandantes obtuvieron de la Magistratura de Trabajo Decana, de la mencionada ciudad, dos sentencias favorables a sus reclamaciones por débitos salariales, una de fecha 1 de marzo de 1985, aclarada por Auto del día 28 siguiente (autos núms. 2736 y 2739/1984), que les otorgó la cantidad global, que cifró la sentencia de apelación civil en 5.204.414 pesetas, en relación a los salarios pendientes, a cargo de la empresa «Fernando González Palenzuela e Hijos, S.

A.», correspondientes y devengados desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 1984, según demandas planteadas el día 24 de diciembre de 1984. Habiéndose producido firmeza en la referida sentencia el 18 de abril de 1985, la misma entró en fase ejecutoria, trabándose embargo sobre los bienes de la empresa concretados a la finca registral núm. NUM000 (nave industrial), y finca núm. NUM001 (terreno), Registro de la Propiedad de La Laguna.

La segunda Sentencia se pronunció el 29 de noviembre de 1985 (autos núm. 1.233/1985) y en la misma se condenó a la empresa de referencia, al pago de la deuda laboral, correspondiente a veintiocho días del mes de mayo de 1985, últimos de trabajo y liquidaciones (pagas extras y proporcionales de la misma y vacaciones), en las cantidades respectivas de 2.856.719 y 16.992.826 pesetas, condenándose asimismo, al Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por lo acordado. Firme dicha resolución, el 24 de enero de 1986, se procedió a su ejecución, a medio de proveído de 9 de mayo de 1986, llevándose a cabo embargo de los bienes ya referidos; c) El «Banco Hispano-Americano, S. A.», en autos de juicio ejecutivo núm. 696/1989, del Juzgado ante el que se tramitó la demanda rectora del presente proceso, había practicado traba sobre los inmuebles mencionados y obtenida anotación en el Registro de la Propiedad, practicada el 26 de diciembre de 1984; d) El conflicto procesal, surge respecto a la preferencia de los derechos crediticios de las partes en contienda, sobre los remanentes dinerarios, procedentes de la subasta de los bienes reseñados, practicadas en los autos núm. 528/1985 (Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de los de Santa Cruz de Tenerife), a instancia del «Banco de Bilbao, S. A», contra dicha empresa, «Fernando González Palenzuela e Hijos, S. A.».

Segundo

El primer motivo lo formuló el «Banco Hispano-Americano, S. A.», al amparo del art. 1.692.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por haber infringido la sentencia del Tribunal de apelación, el art. 32.6 del Estatuto de Trabajadores, de 10 de marzo de 1982 y jurisprudencia concorde de esta Sala, encuanto aquél dispone: «El plazo para ejercitar los derechos de preferencia del crédito salarial es de un año, a contar desde el momento en que debió de percibirse el salario, transcurrido el cual, prescribirán tales derechos.»

Conviene previamente, para el recto enjuiciamiento de la cuestión, precisar la naturaleza y evolución legal por la que ha pasado la condición preferencial y singular de la deuda salarial.

En este sentido, el Código Civil, dedica los arts 1.922, 1.923 y 1.924 a enumerar los créditos preferenciales, agrupándolos en tres clases, según se proyecten sobre bienes muebles, inmuebles, derechos reales y los que ostentan garantía general sobre las dos clases anteriores, incluyendo en este grupo los correspondientes a salarios y sueldos de los trabajadores por cuenta ajena (art. 1.924.2 D), y en su precepto 1.926 y siguientes, establece el orden de prelación de los créditos preferenciales concurrentes, sin que haga referencia alguna a créditos privilegiados.

El Código de Comercio hace referencia al carácter preferencial de los créditos salariales (art. 580.4 y 6 ), en los casos de venta del buque para pago de acreedores y en precepto 646, garantiza los salarios de la tripulación, ajustada a sueldo o viaje, afectando a tal responsabilidad, el buque con sus máquinas, aparejos, pertrechos y fletes. Asimismo el precepto 913, en los casos de quiebra, dispone el orden de prelación de créditos, con referencia en su número c) a los acreedores por trabajo personal, respecto a los seis últimos meses anteriores a la quiebra.

En el orden laboral, el art. 59 de la Ley de Contrato de Trabajo , texto refundido, aprobado por Decreto de 26 de enero y 31 de marzo de 1944 -que el Estatuto de los Trabajadores derogó expresamente, en su disposición final tercera-, venía a contener una normativa detallada sobre la naturaleza y efectos preferenciales de los salarios y sueldos de los trabajadores, que, a su vez y con mayor amplitud y precisión, desarrolló la derogada Ley de Relaciones Laborales de 8 de abril de 1976 (art. 32), pasando el actual Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Ley 8/1980, de 10 de marzo, que en su art. 32 , recoge la normativa legal vigente, en forma más progresiva, atendiendo a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de 1945, sobre protección de los salarios.

La normativa del Estatuto contempla dos supuestos distintos en materia prescriptiva, o en su caso de caducidad, como es objeto de discusión doctrinal: a) una, la que establece su art. 59, derivada del contrato laboral vinculante, y frente al empresario (prescripción del crédito), y b) la que normatiza el art. 32.6 de dicho Estatuto -en cuya infracción se ampara el motivo que se analiza-, y que se refiere a la prescripción de la preferencia, en relación a los acreedores del empresario- deudor, es decir terceros, con respecto a la cual ha de determinarse si ha transcurrido el año de prescripción, vocablo que, la misma expresamente contiene, sin referencia alguna a que tenga consideración de plazo de caducidad.

Hay que entender la preferencia como el derecho que ostentan e integran la propia naturaleza de ciertos créditos, perfectamente determinados, para ser satisfechos antes que otros concurrentes, con cargo a los bienes del deudor obligado, o con el numerario que se obtenga de la venta de los mismos.

El núm. 6 del art. 32 citado se refiere a los créditos no absolutamente pro- 317 tegidos, que enumera en sus núms. 1 y 2 y, por tanto, respecto a la cantidad global de 5.204.414 pesetas, como salarios devengados por los trabajadores actores-recurridos, en el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de noviembre de 1984.

En consecuencia, la deuda salarial, fue contraída por la empresa-deudora, con anterioridad, a la anotación del embargo, practicada a instancias del recurrente, «Banco Hispano-Americano, S. A.», que tuvo lugar el 26 de diciembre de 1984 y, por lo que dichos créditos salariales, aunque no figurasen inscritos, tienen indudable naturaleza preferencial, toda vez que la anotación preventiva de embargo, solamente otorga rango preferente sobre los créditos contraídos con posterioridad a la fecha de la propia anotación, según doctrina reiterada de esta Sala, y conforme a la normativa legal de aplicación.

Lo expuesto determina analizar si dicho estado de prioridad crediticia laboral, ha quebrado o se ha extinguido por la incidencia efectiva de haberse producido su prescripción, conforme al art. 32.6 del Estatuto de los Trabajadores.

A tal respecto, ha de tenerse en cuenta, que como certera y con elaborado estudio, declaró la sentencia del Tribunal de apelación, la reclamación de los créditos laborales de referencia se efectuó ante la Magistratura de Trabajo, antes del año de su extinción, casi inmediatamente de haberse producido la deuda y dentro de dicho plazo, se dictó sentencia estimatoria de los mismos, es decir, que de esta manera, se confirmó judicialmente su existencia material y efectiva, y, al ser firme dicha resolución se les aperturó la víaejecutiva para su realización, la que, efectivamente tuvo lugar y que no logró un estado de positivización, ante el obstáculo que presentó la anotación preventiva, practicada por la entidad bancaria recurrente, sobre los bienes a ejecutar; lo que motivó, que los trabajadores afectados tuvieran que promover la demanda de tercería, en fecha 13 de marzo de 1987.

Por tanto, ha quedado sentado que dichos productores laborales, reclamaron sus salarios del año 1984, en su debido tiempo y efectuaron, sin aquietamientos ni pasividades, los trámites precisos, encaminados a la efectividad de la ejecución de las sentencias estimatorias de sus pretensiones (escrito de 18 de abril de 1985 y providencia de fecha 25 siguiente, decretando ejecución y embargo de bienes de la empresa deudora y escrito de 25 de abril de 1986, al que correspondió el proveído de 9 de mayo de 1986, también ordenando embargo de bienes, siendo fechas de indudable interés procesal), lo que tiene efectos repercusivos directos a efectos de la interrupción de la prescripción del año, pues de esta manera los créditos permanecen vivos, al no haberse extinguido.

Igual consideración ha de atribuirse a su preferencia para el cobro del mismo, pues ésta ha quedado definitivamente con el crédito, constituyendo elemento o cualidad del mismo, ya que su reconocimiento por sentencia les invistió de tal preferencia y así ha tenido ocasión de declararlo esta Sala, en Sentencia de 11 de noviembre de 1987, con referencia a las anteriores de 22 de septiembre y 16 de octubre de dicho año.

Por lo expuesto, al darse actividad incesante y continuada, ocasiona la improcedencia del recurso, ya que la parte estimativa de la sentencia que se revisa, en cuanto acogió como procedente, la cantidad a determinar en trámite de su ejecución, correspondiente a los últimos veintiocho días de trabajo, de cada uno de los demandantes, no fue expresamente impugnada, y, por otra parte, dicha deuda laboral, tiene naturaleza privilegiada, si bien limitada en su determinación temporal, con respecto a los créditos con derecho real, dada la especial protección que la ley concede a los mismos por su naturaleza de preferencia plena, que les atribuye cobertura de «superprivilegiados» (Sentencia de 28 de enero de 1983).

Tercero

El motivo segundo se alegó conforme a lo previsto en el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art. 32.3 del Estatuto de los Trabajadores en relación con los arts. 44 y 42.2 de la Ley Hipotecaria y 1.923.4 del Código Civil, y 1.537 de la Ley de Procedimiento Civil .

Por lo expuesto precedentemente, el motivo no ha de ser acogido.

A mayores razones, efectivamente el art. 32.3 del Estatuto de los Trabajadores dispone que la preferencia privilegiada de los créditos salariales, no protegidos en los núms. 1 y 2 del precepto, cede ante los créditos con derecho real, pero sólo en los supuestos en que éstos, con arreglo a la Ley Hipotecaria -art. 44 y 42.2, en relación al 1.923.4 del Código Civil -, sean preferentes, y en este supuesto han de encuadrarse los anotados, pero dicha preferencia, no procede, lógica y legalmente, con relación a los créditos anteriores a la anotación, lo que sucede con respecto a los que se litigan, ya que, quedó constatado, como cuestión fáctica, no impugnada, que las deudas salariales (período comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 1984), que reconoció la sentencia de apelación, en la cuantificación total de

5.204.414 pesetas, habían surgido como consecuencia de un reclamación laboral válida, y con antelación a la fecha, de 26 de diciembre de 1984, correspondiente a la de la anotación registral y así han de computarse, como lo más razonable y lógico real, ya que la garantía de los salarios, constituye una necesidad social prioritaria e ineludible, máxime cuando su reclamación se ha producido dentro del ámbito positivo-temporal del art. 59 del Estatuto de los Trabajadores .

Los débitos salariales que la sentencia citada concretó a los devengados en el año 1984, no a la correspondiente a 1985, son una realidad, no controvertido en el proceso, y anterior a la anotación preventiva del «Banco Hispano-Ame-ricano, S. A.», es decir, que no surgieron de la sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo, que les reconoció, una vez firmes, vía ejecutiva libre, estableciendo sin que se llevara a cabo, de esta manera, la creación de una situación jurídica nueva y vinculante, como si se tratara de dar respuesta al ejercicio de acciones declarativas pertinentes a tal propósito.

Cuarto

Por lo expuesto y consecuentemente, procede declarar no haber lugar al recurso, con imposición a la entidad recurrente «Banco Hispano-Americano, S. A.», de las costas del recurso, ( art. 1.715.4 de la Ley de Procedimiento Civil ).

En nombre del Rey y por la autoridad que constitucionalmente nos confiere los pueblos de España.

FALLAMOS

Que debemos de declarar y declaramos, no haber lugar al recurso de casación, interpuesto y sostenido, por la entidad mercantil «Banco Hispano-Americano, S. A.», contra la Sentencia dictada en fecha 13 de marzo de 1989, por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección Primera de lo Civil), en el proceso de referencia, con imposición de las costas de este procedimiento a dicha parte recurrente.

Remítase a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos principales y rollo de apelación, debiendo de acusar recibo.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, con envío de las correspondientes copias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Gumersindo Burgos y Pérez de Andrade.- Alfonso Villagómez Rodil.- Francisco Morales Morales.- Pedro González Poveda.- Matías Malpica y González Elipe.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado de la Sala Primera Civil del Tribunal Supremo don Alfonso Villagómez Rodil, y Ponente que ha sido en estos autos, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que yo, como Secretario, certifico.