STS, 30 de Octubre de 1997
| Ponente | EMILIO PUJALTE CLARIANA |
| ECLI | ES:TS:1997:6462 |
| Número de Recurso | 10006/1992 |
| Fecha de Resolución | 30 de Octubre de 1997 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Sentencia
En la Villa de Madrid, a treinta de Octubre de mil novecientos noventa y siete.
Vistos por esta Sección de la Sala Tercera los autos 2/10.006/1992, promovidos por la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la sentencia dictada en, 18 de febrero de 1992, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso núm. 944/1990, en materia de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Por Don Rosendo , se interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Badajoz, por la que se recurría la liquidación provisional practicada por la Delegación de Hacienda de Badajoz en, 10 de abril de 1990 (núm. exp. 06.021874.5), referente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1988. Resultante de esta liquidación paralela, la cuota de devolver al contribuyente seria de 78.737 pesetas.
Dicha reclamación fue desestimada mediante acuerdo de 28 de septiembre de 1990.
Por el actor, Don Rosendo , se promovió recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que, seguido por todos sus trámites, concluyó mediante sentencia de fecha 18 de febrero de 1992, cuya parte dispositiva, dice: "FALLAMOS: Que estimando el presente recurso número 944/90 debemos anular y anulamos por no ajustarse a derecho la Resolución impugnada, ordenando para satisfacer la situación jurídica individualizada, del recurrente, que la Administración le devuelva como ingresos indebidos, las retenciones que por el concepto de I.R.P.F. le han hecho las Pagadurías Militares sobre sus haberes básicos
en los ejercicios correspondientes al año 1988 y todo sin hacer expresa condena en costas.".
Contra dicha sentencia el la Administración interpuso el presente recurso de apelación, en el que las partes se instruyeron de todo lo actuado y presentaron sus correspondientes escritos de alegaciones; señalándose para la deliberación y fallo por la Sala, acto que tuvo lugar el día 29 de los corrientes mes y año, y
Ante todo, lo expuesto lleva a considerar que, como tiene dicho esta Sala en numerosas sentencias, debe, en primer término, examinarse el alcance de la presente apelación, ya que, por afectar a la competencia de la Sala (que es improrrogable en virtud del Art. 8º de la Ley reguladora de este orden jurisdiccional) ha de examinarse de oficio y con carácter previo a las restantes cuestiones que plantea la apelación la relativa a su admisibilidad, toda vez que con arreglo al Art. 91-1- a) de la mencionada Ley, antes de la reforma operada por la Ley 10/1992 y con el alcance que señala su Disposición Transitoria Tercera, las sentencias de las Salas de lo Contencioso Administrativo de las Audiencias Territoriales (hoy,Tribunales Superiores de Justicia) serán susceptibles de recurso de apelación salvo cuando su cuantía no exceda de 500.000 pesetas; cuantía que ha de ser estimada conforme a las normas de los Arts. 49 y siguientes de la propia Ley, sin que tales normas, por ser de imperativa aplicación, puedan quedar inobservadas en virtud de cualquiera otra valoración de la cuantía que las partes establezcan, caprichosamente o por error. En el presente caso es evidente que la liquidación impugnada de 78.737 pesetas, no alcanza el limite fijado en la cantidad de 500.000 pesetas.
Con arreglo a lo que disponen los Arts. 131 y concordantes de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, no ha lugar ha hacer pronunciamiento en cuanto al pago de las costas.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo, nos confiere la Constitución,
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). Declarar indebidamente admitida la presente apelación, promovida contra la sentencia dictada, en 18 de febrero de 1992, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso número 944/1990; y 2º). No hacer declaración expresa en cuanto al pago de las costas.
Así por esta nuestra sentencia, que, en su caso se publicará en el Boletín Oficial de Estado e insertará en la Colección legislativa, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. don Emilio Pujalte Clariana, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera de este Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma certifico. Madrid, a 30 de octubre de 1997.
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