STS, 30 de Noviembre de 1992
| Ponente | JUAN GARCIA RAMOS ITURRALDE |
| ECLI | ES:TS:1992:19128 |
| Fecha de Resolución | 30 de Noviembre de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 3.919.-Sentencia de 30 de noviembre de 1992
PONENTE: Excmo. Sr. don Juan García Ramos Iturralde.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
MATERIA: Urbanismo. Infracción urbanística. Sanción. Desviación de poder.
NORMAS APLICADAS: Ley del Suelo, Texto Refundido de 1976; Reglamento de Disciplina Urbanística.
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 1 de febrero de 1990; 10 de junio y 17 de octubre de
1991 y 14 de mayo de 1992.
DOCTRINA: La desviación de poder es un vicio del acto administrativo que exige una indagación en
el terreno psicológico de muy difícil prueba, por lo que habrá que acudir, normalmente, a las
presunciones, si bien exigiéndose muy rigurosamente el cumplimiento de los requisitos de los arts. 1.249 y 1.253 del Código Civil .
En la villa de Madrid, a treinta de noviembre de mil novecientos noventa y dos.
Visto el recurso de apelación interpuesto por don Pedro Antonio , representado por el Procurador don Juan Antonio García San Miguel y Orueta, bajo la dirección de Letrado; siendo parte apelada el Ayuntamiento de Ciudadela, representado por el Procurador don Alejandro González Salinas, bajo la dirección de Letrado; y, estando promovido contra la sentencia dictada en 28 de julio de 1990 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares , en recurso sobre sanción por inicio de obras sin licencia.
Es Ponente el Excmo. Sr. don Juan García Ramos Iturralde, Magistrado de esta Sala.
Antecedentes de hecho
Ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares se ha seguido el recurso núm. 593/1988, promovido por don Pedro Antonio , y en el que ha sido parte demandada el Ayuntamiento de Ciudadela, sobre sanción por inicio de obras sin licencia.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 28 de julio de 1990 con la siguiente parte dispositiva: "Fallamos: 1.° Desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo. 2.° Declaramos conformes al ordenamiento jurídico los actos administrativos y sanción impugnados. 3.° No hacemos declaración respecto a las costas procesales.»
Contra dicha sentencia la parte actora interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos y, en su virtud se elevaron los autos y expediente administrativo a este Alto Tribunal, conemplazamiento de las partes, habiéndose sustanciado la alzada por sus trámites legales.
Acordado señalar día para el fallo en la presente apelación cuando por turno correspondiera, fue fijado a tal fin el día 18 de noviembre de 1992.
Fundamentos de Derecho
Tienen su origen estos autos en la impugnación del acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudadela de 22 de junio de 1988 por cuya virtud se imponía al hoy apelante la sanción urbanística de multa de 31.300 pesetas. También se impugna en este proceso el acuerdo de la misma Comisión de 7 de septiembre de 1988 por el que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el mencionado acto de 22 de junio del mismo año.
Y ya con este punto de partida ha de advertirse que las cuestiones planteadas en estos autos son, en lo jurídicamente relevante, idénticas a las de las apelaciones núm. 9.048/1990 y 9.047/1990, resueltas por sentencias de los pasados días 6 y 12 de noviembre, por lo que resulta procesalmente lícito que la decisión a dictar ahora coincida literalmente en su fundamentación con dichas sentencias.
Así las cosas, será de subrayar que no siendo la doble instancia una exigencia constitucional en el ámbito del recurso contencioso-administrativo, corresponde al legislador el trazado de los supuestos en que procede la apelación, tema este resuelto, en lo que ahora importa, con anterioridad a la Ley 10/1992, de 30 de abril, por el art. 94.1, a) de la Ley Jurisdiccional que en la redacción aplicable a estos autos excluía de la apelación los asuntos cuya cuantía no excediera de 500.000 pesetas, lo que claramente ocurre en este proceso.
Pero al propio tiempo el mencionado precepto -apartado 2, a)- abría la apelación a las sentencias "que versen sobre desviación de poder», lo que implica la viabilidad del recurso en estos autos dado el contenido de su debate.
Por otra parte ha de recordarse que la apelabilidad de las sentencias que versan sobre desviación de poder abre una cognitio judicial limitada en su objeto pues no se extiende a todas las cuestiones debatidas en la Primera Instancia sino únicamente al examen del mencionado vicio - sentencias de 22 de mayo y 14 de diciembre de 1989, 31 de enero y 1 de febrero de 1990, 10 de junio y 17 de octubre de 1991, 14 de mayo de 1992, etc.-. Una interpretación sistemática de los apartados 1.a) y 2.a) del art. 94 de la Ley Jurisdiccional, en la redacción aquí aplicable, ha de dar lugar a un deslinde objetivo de cuestiones en el sentido de que el 2.a) sólo permite el debate en la Segunda Instancia sobre el tema concreto que contempla -la desviación de poder-, subsistiendo en todo lo demás la exclusión determinada por el apartado La) pues de otra suerte la mera invocación de este vicio abriría el cauce de la apelación en cualquier supuesto.
De ello deriva que queda fuera del ámbito de esta Segunda Instancia la cuestión relativa a la prueba de los hechos integrantes de la infracción por la que se sancionó al apelante, así como la de su participación en aquéllos.
Sobre esta base importa advertir que la desviación de poder - art. 83.3 de la Ley Jurisdiccional - es un vicio del acto administrativo para cuya apreciación es necesaria comparar dos "fines» Por un lado, el "general» en cuya contemplación el ordenamiento jurídico atribuye la potestad a la Administración por otro, el que "en concreto» ha perseguido la Administración al dictar el acto cuya legalidad se discute.
Y puesto que este vicio exige una indagación en el terreno sicológico que resulta ser de muy difícil prueba, habrá que acudir normalmente a las presunciones que son un juicio lógico por cuya virtud de un hecho "base» se extrae un hecho "consecuencia», exigiéndose que el hecho "base» esté "completamente acreditado» - art. 1.249 del Código Civil - y que entre el hecho "base» y el hecho "consecuencia» exista "un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano» - art. 1.253 del ya citado Código .
En el caso que ahora se examina no se han probado datos de hecho que ofrezcan una base para presumir que la finalidad perseguida por la Administración al sancionar la infracción litigiosa sea distinta de la prevención general o especial a la que debe tender la actuación de la potestad sancionadora a la que desde luego, en lo que ahora importa, están sujetos los arquitectos - art. 228.1 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976 , vigente a la sazón-, incluso muy destacadamente pues en razón de su condición de profesionales estén en la mejor situación para conocer la exigencia del control previo que integra la licenciaurbanística.
Procedente será por consecuencia la desestimación del recurso de apelación sin que en aplicación de los criterios establecidos en el art. 113.1 de la Ley Jurisdiccional se aprecie fundamento para una expresa imposición de costas.
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don Pedro Antonio contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 28 de julio de 1990 , debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia, sin hacer una expresa imposición de costas.
ASI por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Francisco Javier Delgado Barrio.-Juan García Ramos Iturralde.-Mariano de Oro Pulido López.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. don Juan García Ramos Iturralde, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que como Secretaria certifico.-María Fernández.- Rubricado.
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