STS, 7 de Diciembre de 1995

Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de los de Barcelona, fueron vistos los autos sobre protección al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, promovidos a instancia de María Purificación y Juan Francisco contra Publicaciones Heres, S. A., don Luis Antonio , contra don Romeo y contra el Ministerio Fiscal.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de Derecho que estimó convenientes, se dictara Sentencia declarando que los demandados produjeron una intromisión ilegítima en el honor y la intimidad personal y familiar de los actores y que asimismo han ocasionado graves daños morales a la parte demandante, condenando a los repetidos demandados a estar y pasar por tales declaraciones a que se inserte, a su costa, en la revista Pronto, en la misma sección y con idénticos caracteres tipográficos, el texto literal e íntegro de la propia Sentencia. Asimismo se condene a los demandados a que indemnicen solidariamente a los actores en su conjunto en la suma de 2.000.000 de ptas y a que se les imponga el pago de las costas por temeridad y mala fe.

Admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la parte demandada, para que en el término legal, compareciere en autos asistida de Abogado y Procurador y contestara aquélla, lo cual verificó en tiempo y forma, mediante la presentación de escrito de contestación a la demanda, arreglado a las prescripciones legales, suplicaba que se dictase Sentencia absolviendo a don Luis Antonio y a Publicaciones Heres, S. A., con imposición de costas a la actora. Y asimismo compareció en tiempo y forma, contestando la demanda, el Ministerio Fiscal, que suplicaba se dictase Sentencia teniendo por desestimada la demanda formulada y absolviendo a todos los demandados con imposición de costas a tenor del art. 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . No compareciendo el demandado don Romeo , fue declarado en rebeldía.

Por el Juzgado se dictó Sentencia con fecha 26 de septiembre de 1990 , cuya parte dispositiva es como sigue: Que estimando en parte la demanda sobre protección al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, formulada por el Procurador de los Tribunales don Eusebio Lasala Pala, en nombre y representación de Juan Francisco y María Purificación , contra don Romeo , don Luis Antonio , Publicaciones Heres, S. A., y contra el Ministerio Fiscal, declaro: 1.º Que los demandados don Romeo , don Luis Antonio y la entidad mercantil Publicaciones Heres, S. A., han realizado una intromisión ilegítima en el honor y en la intimidad personal y familiar de los actores. 2.º Condeno solidariamente a tales demandados a indemnizar a los actores en la cantidad de 2.000.000 de ptas. 3.° Condeno a Publicaciones Heres, S. A., a que firme que sea esta Sentencia, proceda a su publicación en la revista Pronto en la misma sección y con similares caracteres tipográficos que el artículo enjuiciado. 4 .° No ha lugar a expresa imposición de costas.

Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido, y sustanciada la alzada la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó Sentencia con fecha 13 de septiembre de 1991 , cuyo fallo es como sigue: Estimando el recurso interpuesto por don Luis Antonio y Publicaciones Heres, S. A., contra la Sentencia dictada el 26 de septiembre de 1990 , revocamos la misma y en su lugar absolvemos a los demandados de las pretensiones de los actores, a quienes se les imponen las costas de primera instancia, sin que proceda expresa condena de las devengadas en esta alzada.

El Procurador don Julián Caballero Aguado, en nombre de los menores Juan Francisco y María Purificación , formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos: 1.° Al amparo del apartado 5.° del art. 1.692 de la Ley de trámites civiles, por entender que existe manifiesta infracción en la Sentencia del art. 7.°.3 de la Ley Orgánica 1/1982 y de la jurisprudencia a tal norma aplicable. 2.° De conformidad con el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley adjetiva civil, por considerar infringidos el núm. 4 del art. 7.° de la Ley Orgánica 1/1982 y la jurisprudencia a tal norma aplicable. S. Bajo el núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por entender que existe error en la apreciación de la prueba, por parte de la Audiencia de Barcelona, basado en los documentos que, obran en autos. Inadmitido. 4.° Conforme al núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de ritos civiles, ya que, a nuestro juicio, la Audiencia de Barcelona ha infringido el art. 523 de la referida Ley procesal. Inadmitido.Quinto: Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 23 de noviembre de 1995.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr don José Luis Albácar López.

Promovida por María Purificación y Juan Francisco , ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Barcelona, demanda de juicio ordinario de menor cuantía sobre protección del derecho a la intimidad contra Publicaciones Heres, S. A., Luis Antonio , Romeo y el Ministerio Fiscal, con fecha 13 de septiembre de 1991 recayó Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que, revocando la dictada por el referido Juzgado el 26 de septiembre de 1990 , se desestimaba la demanda. Sentencia contra la que se interpuso el presente recurso de casación por infracción de ley y en la que se sientan entre otras, las siguientes conclusiones: A) Que los padres de Juan Francisco y María Purificación , en representación de los mismos, formularon demanda al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo , sobre protección civil al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por estimar que el reportaje publicado en la revista Pronto correspondiente al 25 de febrero de 1989, núm. 887, en las páginas 34 a 41, bajo el título Habla la madre natural de Juan Francisco : Jamás quitaré a mi hijo a María Consuelo , atentó contra la intimidad personal y familiar de sus hijos constituyendo una agresión ilegítima de acuerdo con lo establecido en el art. 7 núm. 334 de la citada Ley .

En el referido artículo periodístico se recoge una entrevista personal concedida por Elsa , en la que figurando como madre biológica de Zeus, uno de los hijos adoptados por María Consuelo , narra sus circunstancias personales y familiares desde su infancia hasta los diversos sucesos que fueron configurando su vida dentro del ejercicio de la prostitución. Del mismo, los actores destacan y denuncian no la transcripción fidedigna de la entrevista realizada, sino el montaje periodístico ilustrado con fotografías de los padres adoptantes con sus hijos, y principalmente con la publicación de los datos de los menores fotocopiados de la correspondiente hoja del libro de familia. B) Que al respecto conviene destacar, por un lado que el hecho de la adopción fue dado a conocer por los propios padres adoptantes en el año 1983, a través de diversas revistas que el nacimiento del hijo en Alicante y la posible maternidad biológica de Elsa , se publicó asimismo con motivo del denominado tráfico de niños que salió a la luz pública en el año 1985, en la localidad de Alicante. No se desvela, por tanto, en el reportaje ningún hecho desconocido concerniente al hijo adoptado o a la familia adoptante. Por otro lado no puede olvidarse que la valoración de los hechos denunciados ha de hacerse en relación con el propio ámbito de reserva que mantiene el actor, y en este caso a través de sus padres que son quienes ejercen la patria potestad, y determinan con su conducta los límites de tal reserva. En este sentido se observa que la vida de los hijos se ha visto, en numerosas ocasiones involucrada en reportajes concedidos por los padres así, la operación quirúrgica de apendicitis sufrida por María Purificación , la celebración del cumpleaños de María Consuelo , etc.

Por otro lado también, María Consuelo ha publicado sus memorias en una conocida revista de ámbito nacional. De ahí que al tratarse la publicación que se enjuicia de una entrevista personal, que los hechos concernientes a Juan Francisco ya eran conocidos, incluso por lo revelado por los padres, quienes tampoco han mantenido a sus hijos al margen de la vida pública, y que incluso la madre ha revelado datos concernientes a su vida privada, cabe concluir que la esfera de intimidad que se ha invadido tiene tan escasa relevancia que no tiene entidad suficiente para limitar el derecho a la libertad de expresión, máxime relativizando las circunstancias en atención a lo dispuesto en el art. 2.°.1 de la Ley 1/1982 (fundamentos de Derecho primero y segundo de la resolución recurrida).

Fundado el recurso que nos ocupa en cuatro motivos, de los que los dos últimos fueron inadmitidos por Auto de esta Sala de 3 de junio de 1993 , restan tan sólo por estudiar los motivos primero y segundo, que denuncian, respectivamente, infracción de los arts. 7.°.3 y 7.°.4 de la Ley Orgánica 1/1982 , así como de la jurisprudencia que lo interpreta, motivos que pueden ser conjuntamente estudiados y estimados, en atención a las siguientes razones que encuentran su base en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional: 1.a Que el derecho a la intimidad personal del art. 18 de la Constitución Española está estrictamente vinculado a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10 de la Constitución Española , e implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario según las pautas de nuestra cultura para mantener una calidad mínima de la vida humana (Sentencia del Tribunal Constitucional 231/1988 ). Desde esta perspectiva de la dignidad de la persona, no cabe duda que la filiación, y muy en particular la identificación del origen del adoptado, ha de entenderse que forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, que además en este caso sirve también para lograr el objetivo constitucional establecido en el art. 39.2 de la Constitución Española . No es ocioso recordar, a tal efecto, que la legislación civil ofrece una pauta significativa sobre laprivacidad de estos datos (art. 178.1 ). Pero el derecho a la intimidad se extiende no sólo a los aspectos de la vida propia personal, sino también a determinados aspectos de otras personas con las que se guarde una personal y estrecha vinculación familiar, aspectos que, por esa relación o vínculo familiar, inciden en la propia esfera de la personalidad del individuo que los derechos del art. 18 de la Constitución Española protegen. No cabe duda que ciertos eventos que pueden ocurrir a padres, cónyuges o hijos tienen normalmente y dentro de las pautas culturales de nuestra sociedad, tal trascendencia para el individuo, que su indebida publicidad o difusión incide directamente en la propia esfera de su personalidad. Por lo que existe al respecto un derecho propio y no ajeno a la intimidad, constitucionalmente protegido. Ello significa que la noticia no sólo ha afectado al derecho a la intimidad personal del menor, sino también al derecho a la intimidad personal del menor, sino también al derecho a la intimidad de sus padres adoptivos (Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de octubre de 1991 ). 2.° Que en el mismo sentido, dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1992 que no puede entenderse legitimada la intromisión por el ejercicio del derecho a la información ante el hecho de desvelarse una serie de datos relativos al área de extracción familiar y social del menor que ni eran precisos para la pretendida denuncia de hechos delictivos ni podrán ser imputados a otros móviles que no fueran los de satisfacer curiosidades malsanas desvelando hechos que, lógicamente, afectaban a la intimidad familiar de los recurridos, ocasionándoles, además, con ello, un evidente perjuicio. 3.º Que, por otra parte, y si bien es cierto que el art. 20 de la Constitución reconoce y protege los derechos a la libertad de expresión e información, no lo es menos que tales derechos no pueden ejercerse de manera incondicional o absoluta, ya que el mismo precepto, en su número 4 , establece que esas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el título y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, y a la propia imagen, los cuales se encuentran garantizados en el constitucional art. 18 . y su protección jurisdiccional, en el ámbito civil, se llevó a cabo a través de la Ley Orgánica mencionada.

En relación con el problema de la colisión entre los derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal, de un lado, y los de libertad de información y expresión, del otro, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha decantado sobre las directrices que, en síntesis, se exponen a continuación: Que la delimitación de la colisión entre tales derechos ha de hacerse caso por caso y sin fijar apriorísticamente los límites entre ellos. Que la tarea de ponderación ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la posición prevalente, que no jerárquica o absoluta, que sobre los derechos denominados de la personalidad del art. 18 de la Constitución Española , ostenta el derecho a la libertad de información del art. 20.1 d), en función de su doble carácter de libertad individual y de garantía institucional de una opinión pública libre e indisolublemente unida al pluralismo político dentro de un Estado democrático, siempre que la información transmitida sea veraz y esté referida a asuntos de relevancia pública que son del interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellas intervienen. Que cuando la libertad de información se quiere ejercer sobre ámbitos que pueden afectar a otros bienes constitucionales, como son el honor y la intimidad, es preciso para que su proyección sea legítima, que lo informado resulte de interés público, pues sólo entonces puede exigirse de aquellos a quienes afecta o perturba el contenido de la información que, pese a ello, la soporten en aras, precisamente, del conocimiento general y difusión de hechos y situaciones que interesen a la comunidad. Que tal relevancia comunitaria, y no la simple satisfacción de la curiosidad ajena, con frecuencia mal orientada e indebidamente fomentada, es lo único que puede justificar la exigencia de que se asuman aquellas perturbaciones o molestias ocasionadas por la difusión de determinada noticia, y reside en tal criterio, por consiguiente, el elemento final de valoración para dirimir, en estos supuestos, el conflicto entre el honor y la intimidad, de una parte, y la libertad de información, de la otra (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1994 ). Y en análogo sentido, ya habían dicho las Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de octubre de 1991 y 11 de abril de 1992 que en cuanto el derecho afectado es el derecho a la intimidad la excepción de veracidad no es aquí legitimadora, pues responde de la revelación y divulgación indebida de hechos relativos a la vida privada o íntima, aunque fuesen veraces. El elemento decisivo es, aquí, la relevancia pública del hecho divulgado, es decir, que su revelación resulte justificada en función del interés público del asunto sobre el que se informa o, si se quiere, del interés legítimo del público para su conocimiento. 4.a Que aunque el derecho a la intimidad, como límite a la libertad de información, deba ser interpretado restrictivamente, ello no supone que los personajes públicos, por el hecho de serlo, y aún menos sus familiares, hayan de ver sacrificado ilimitadamente su derecho a la intimidad. El que la información publicada se refiera a un personaje público no implica de por sí que los hechos contenidos en la misma no puedan estar protegidos por el derecho a la intimidad de esa persona, que constituye siempre un límite del derecho a la intimidad. Las personas que, por razón de su actividad profesional, como aquí sucede, son conocidas por la mayoría de la sociedad, han de sufrir mayores intromisiones en su vida privada que los simples particulares, pero ello no puede ser entendido radicalmente, en el sentido de que el personaje público acepte libremente el riesgo de lesión de la intimidad que implica la condición de figura pública. Que estos hechos se flexibilicen en ciertos supuestos es una cosa, y otra bien distinta es que cualquier información sobre hechos que les conciernen guarden o no relación con su actividad profesional, cuenten o no con su conformidad, presenten ya esa relevancia pública que la legítima plenamente y dote de una especial protección. No toda información que se refiere a unapersona con notoriedad pública, goza de esa especial protección, sino que para ello es exigible, junto a ese elemento objetivo de que los hechos constitutivos de la información, por su relevancia pública, no afecten a la intimidad, por restringida que ésta sea (Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de octubre de 1991 ).

5.ª Que en el supuesto que nos ocupa, habida cuenta que los demandados hicieron públicos datos relativos a la vida íntima de los menores que promovieron la demanda, hechos privados referidos a su adopción, que sus padres no habían colocado fuera de la esfera de la intimidad familiar y que carecían totalmente de relevancia pública que legitimase su difusión, obvio es que su publicación comporta una intromisión ilegítima en la intimidad de los actores, al implicar la revelación de datos conocidos a través de la actividad profesional de los periodistas autores de la entrevista publicada, por lo que, en este sentido, y de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, procede el acogimiento de los dos motivos estudiados, casando, en su consecuencia, la resolución recurrida.

Una vez casada la resolución recurrida y constituida esta Sala en Tribunal de instancia, cabe decir, en orden a la cuantificación de la indemnización por el daño moral producido a los menores demandantes por la publicación que comporta la aludida intromisión ilegítima en la intimidad de los mismos, que para su práctica han de tenerse en cuenta las circunstancias que señala el art. 9.°.3 de la repetidas Ley 1/1982 y confirma la doctrina jurisprudencial, es decir, las circunstancias del caso y gravedad de la lesión efectivamente producida, para la que se tendrá en cuenta la difusión del medio a través del que se haya producido. Esto, ya de por sí nos llevaría a una cuantificación superior a la concedida por el Juzgado de Primera Instancia, ya que a la gravedad que supone la revelación de secretos familiares protegidos especialmente por la legislación vigente, como son los relativos a la procedencia de un menor adoptado, ha de añadirse el daño moral que supone difundir públicamente la profesión de prostituta de la llamada madre natural o biológica, difusión realizada en un medio escrito que, como el de la revistas de autos, tenía una amplia penetración en el ámbito nacional. Pero es que, además, hay otra circunstancia, también mencionadas en el apartado 3.° del art. 9.° de la repetida ley , a la que ha de concederse también una significativa relevancia, y es la del beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma. Sin que ello suponga un acogimiento de la tesis, mantenida por una parte importante de la doctrina, que propende a la concesión de indemnizaciones ejemplares, que actúen de manera disuasoria, evitando que alguna clase de revistas y diarios ofrezcan sistemáticamente reportajes de carácter sensacionalista, aunque con ello se produzcan eventuales intromisiones en el honor o la intimidad de las personas afectadas, basando precisamente el éxito de su publicación en la satisfacción de un interés social malsano de determinados sectores de la sociedad, lo que les produce pingües beneficios que les cubren sobradamente del riesgo que comporta el abono de las menguadas indemnizaciones que, a menudo, y por razones varias, conceden los Tribunales de instancia a los ofendidos, no cabe duda que debe otorgarse la debida relevancia, como ordena la ley, al citado beneficio, impidiendo, mediante la concesión de una adecuada indemnización, que la empresa editora que incurrió en la intromisión ilegítima, obtenga, aun después del abono de la misma, un beneficio económico que, independientemente de que pueda alentarle o no en el futuro a seguir la misma línea de conducta, factor éste que no puede ser tenido en cuenta, toda vez que la indemnización acordada carece de carácter sancionatorio, sino simplemente reparador del daño moral ocasionado, evite la consecución por parte del infractor de un enriquecimiento injusto, al que priva de título la ilicitud, siquiera sea civil, de la intromisión efectuada. Todo lo cual nos lleva al señalamiento de la suma de 10.000.000 de pesetas, como cuantía adecuada a abonar en el presente caso, por los demandados a los menores demandantes.

Siendo la presente resolución estimatoria del recurso de casación no procede la imposición de las costas causadas en el mismo a ninguna de las partes.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.