STS, 25 de Mayo de 1995

Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid, fueron vistos los autos de juicio declarativo de menor cuantía, promovidos a instancia de don Juan Ignacio , doña Amelia , doña Nuria y don Lorenzo , contra doña Maribel , herederos de don Roberto y la sociedad mercantil anónima "Pistas y Obras,S.A.", estos dos últimos no comparecidos.

Por la representación de la parte actora se formuló demanda en base a cuantos hechos y fundamentos de Derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "...Y en su día, previos los trámites pertinentes, dictar sentencia en la que se declare:

1. Que tienen la condición de colacionables los pisos reseñados en el hecho sexto de esta demanda, la tinca referida en el hecho séptimo y las 675 acciones de la sociedad "Menfer, S.A.", suscritas por doña Maribel , referidas en el hecho octavo,

2. Subsidiariamente, sólo para el caso improbable de que no se estime la demanda en la lorma señalada en el apartado a) precedente, se solicita que se declare: 1º) La nulidad de las compraventas otorgadas por "Pistas y Obras, S.A." a favor de doña Maribel , enumeradas en el hecho sexto de esta demanda. 2º) La nulidad de las inscripciones practicadas en el Registro de la Propiedad núm. 10 de los de Madrid, en base a dichos títulos de compraventa. 3º) Que a cada uno de mis representados pertenece la séptima parte de los pisos vendidos por "Pistas y Obras, S.A." a doña Maribel que continúan inscritos a favor de la misma. 4º) Que doña Maribel debe entregar a cada uno de los cuatro demandantes, la séptima parte del valor de los pisos vendidos, c) Condenar a doña Maribel al pago de los intereses legales desde la fecha del fallecimiento de su padre, d) Todo ello, con expresa imposición de costas a los demandados". Por medio de un primer otrosí digo solicitaba la anotación preventiva de la demanda y por medio de un segundo el recibimiento del pleito a prueba.

   Admitida a trámite la demanda, por la representación de doña Maribel se contestó la demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de Derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "...Previos los trámites legales pertinentes, dicte sentencia con lo cual:

1. Con carácter previo declare la existencia de litisconsorcio pasivo necesario al no haber demandado a todas las personas interesadas en los pisos relacionados en el hecho sexto núm. 4 de esta contestación a la demanda, e igualmente, al derivar su legitimación del testamento de los causantes, don Gaspar y doña Camila , y tratarse de bienes que podrían corresponder a la comunidad hereditaria y no haber instado su demanda en beneficio de dicha comunidad, debía de haberse traído también a juicio el resto de los coherederos, don Adolfo y doña Begoña , así como a los accionistas de la sociedad "Menfer, S.A.", don Inocencio , don Carlos Alberto , don Casimiro y don Millán (Hecho octavo y fundamento cuarto de esta contestación a la demanda), b) En cualquier supuesto, se absuelva a mi representada de todas las pretensiones contenidas en el petitum de la expresada demanda por cuanto carece de fundamento para ello al transgredir la prohibición testamentaria que limita la cuota a la legítima estricta en caso de la intervención judicial y todo ello con imposición de costas a los actores, dada su manifiesta temeridad y mala fe y por perceptivo legal". Asimismo solicitaba el recibimiento a prueba de los autos.

   Por providencia de fecha 29 de junio de 1985, se declaró la rebeldía de la sociedad mercantil anónima "Pistas y Obras, S.A." y de los herederos de don Roberto .

   Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 24 de junio de 1987 , cuyo fallo es como sigue: "Fallo: Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales don Rafael González Valderrábano, en nombre y representación de don Juan Ignacio , doña Amelia , doña Nuria y don Lorenzo , contra doña Maribel , herederos de don Roberto y "Pistas y Obras, S.A.", debo declarar y declaro colacionables los pisos sitos en la planta 1ª, escalera 1, A y B, planta 2ª, escalera 1, A; planta 2ª, escalera 2, B; planta 3ª, escalera 1, B, C, D; planta 4ª, escalera 1, A. C; planta 5ª, escalera 2, B; planta 10ª, escalera 1, B, C, D; planta 10ª, escalera 2, B, planta 2ª, escalera 1, C; planta 3ª, escalera 2, A, C, D; planta 3ª, escalera 1, A; planta 4ª, escalera 1, B, D; planta 5ª, escalera 2, A; planta 6ª, escalera 2, B; planta 7ª, escalera 2, b; planta 8ª, escalera 2, b; planta 9ª, escalera 2, B; planta 10ª, escalera 2, A, C, D; sin que proceda traer a colación la finca reseñada en el hecho séptimo y las 675 acciones de la sociedad "Menfer, S.A.", suscritas por doña Maribel , referidas en el hecho octavo de la demanda; debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Decimonovena de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia en fecha 13 de diciembre de 1991 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de doña Maribel contra la sentencia dictada con fecha 24 de junio de 1987 en los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de los de Madrid , con el núm. 1627/84, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha sentencia y declarar y declaramos colacionables en la herencia a que la demanda se contrae la mitad del valor de los pisos que cita la parte dispositiva de la sentencia recurrida, determinándose el valor en la forma que prevén los arts. 1.045, 1.047 y 1.048, para bienes inmuebles del Código Civil y a determinar en ejecución de sentencia, confirmando íntegramente el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida y que proceda hacer expresa condena de las costas de esta alzada".Tercero: Por el Procurador de los Tribunales don Francisco Reina Guerra, en nombre y representación de doña Amelia , doña Nuria y don Juan Ignacio , se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:

1. ) "Con fundamento en el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La sentencia recurrida se produce con infracción de normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. En concreto la sentencia recurrida, viola, por aplicación indebida, el párrafo segundo del art. 1.040 del Código Civil y por falta de aplicación el art. 618 , en relación con el art. 1.274 del mencionada cuerpo legal". 2º) "Con fundamento en el núm. 5 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La sentencia recurrida incide en la infracción de normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. La sentencia recurrida viola por falta de aplicación los arts. 623 y 629 del Código Civil". 3º) "Con fundamento en el apartado 3º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La sentencia recurrida ha quebrantado las formas esenciales del juicio por infringir las normas reguladoras de la sentencia. Ha producido, además, la indefensión de los recurrentes con notoria violación del derecho consagrado en el art. 24 de la Constitución . El citado quebrantamiento de las forma del juicio y la infracción de las normas relativas a la sentencia, se produce por la violación del art. 359 de la mencionada ley procesal y de la regla en él contenida de la congruencia de las sentencias con las pretensiones deducidas por las partes oportunamente en el pleito". 4º) "Al amparo del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La sentencia recurrida incide en error en la apreciación de la prueba en documentos que obran en los autos y que demuestran la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios". 5º) "Fundado en el apartado 5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil la sentencia recurrida incide en violación del art. 1.253 del Código Civil . Este motivo es, indudablemente, complementario del anterior. En el anterior se ha puesto de relieve el notorio error de hecho cometido al establecer la premisa de la decisión. En este último se pone de manifiesto el error de la deducción misma".

Por el Procurador de los Tribunales don Francisco Alvarez del Valle García, en nombre y representación de don Juan Ignacio , se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:

1. ) "Al amparo del núm. 1 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil : Error en la apreciación de la prueba basada en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgado sin resultar contradicho con otros elementos probatorios". 2º) "Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Consideramos infringido, por aplicación indebida, el art. 1.040 del Código Civil". 3º) "Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver cuestiones objeto de debate. Consideramos infringidos los arts. 618, 633.2 y 630 del Código Civil , en relación con los arts. 629 y 623 del mismo cuerpo legal". 4º) "Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver cuestiones objeto de debate. Consideramos infringido el art. 1.253 del Código Civil". 5º) "Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Creemos que la Sala ha infringido, por aplicación indebida, el principio general del Derecho iura novit curia y la jurisprudencia que lo recoge y lo interpreta".

Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 16 de mayo, a las 10,30 horas, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Alfonso Barcala Trillo Figueroa.

Fundamentos de Derecho

Don Juan Ignacio , doña Amelia , doña Nuria y don Lorenzo promovieron juicio declarativo de menor cuantía contra doña Maribel , los herederos de don Roberto (esposo que fue de la expresada doña Camila ) y la sociedad mercantil "Pistas y Obras, S.A.", sobre colación de bienes o nulidad de determinadas transmisiones de bienes inmuebles y otros extremos, pretendiendo que la sentencia a dictar declarase: a) Que tienen la condición de colacionables los pisos reseñados en el hecho sexto de esta demanda, la finca referida en el hecho séptimo y las 675 acciones de la sociedad "Menfer, S.A.", suscritas por doña Maribel , referidas en el hecho octavo, b) Subsidiariamente, sólo para el caso improbable de que no se estima la demanda en la forma señalada en el apartado a) precedente, se solicita que se declare: 1º) La nulidad de las compraventas otorgadas por "Pistas y Obras, S.A." a favor de doña Maribel , enumeradas en el hecho sexto de esta demanda. 2º) La nulidad de las inscripciones practicadas en el Registro de la Propiedad núm. 10 de los de Madrid, en base a dicho títulos de compraventa. 3º) Que a cada uno de mis representados pertenece la séptima parte de los pisos vendidos por "Pistas y Obras, S.A." a doña Maribelque continúan inscritos a favor de la misma. 4º) Que doña Maribel debe entregar a cada uno de los cuatro demandantes, la séptima parle del valor de los pisos vendidos, así como que doña Maribel fuese condenada al pago de los intereses legales desde la fecha del fallecimiento de su padre. Las expresadas pretensiones fueron estimadas parcialmente por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Madrid en cuanto que, por sentencia de 24 de junio de 1987 , declaró colacionables los pisos sitos en la planta 1ª, escalera 1, A y B; planta 2ª, escalera 1, A; planta 2ª, escalera 2, B; planta 3ª, escalera 1, B, C, D; planta 4ª, escalera 1, A, C; planta 5ª, escalera, 2, B; planta 10ª, escalera 1, B, C, D; planta 10ª, escalera 2, B; planta 2ª, escalera 1, C; planta 3ª, escalera 2, A, C, D; planta 3ª, escalera 1, A; planta 4ª, escalera 1, B, D; planta 5ª, escalera 2, A; planta 6ª, escalera 2, B; planta 7ª, escalera 2, B; planta 8ª, escalera 2, B; planta 9ª, escalera, 2, B; planta 10ª, escalera 2, A, C, D; sin que proceda traer a colación la finca reseñada en el hecho séptimo y las 675 acciones de la sociedad "Menfer, S.A.", referidas en el hecho octavo de la demanda, cuya resolución fue revocada parcialmente por la dictada, en 13 de diciembre de 1991, por la Sección Decimonovena de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, en el sentido de declarar colacionables la mitad del valor de los pisos que cita la parte dispositiva de la sentencia apelada, determinándose el valor en la forma que prevé el art. 1.045 del Código Civil y a determinar en ejecución de sentencia, y confirmó íntegramente el resto de sus pronunciamientos. Y es esta segunda sentencia la recurrida en casación con doña Amelia , doña Nuria y don Lorenzo a través de la formulación de cinco motivos amparados los primeros, segundo y quinto en el ordinal 5º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y los terceros y cuarto en los ordinales 3º y 4º del mismo precepto, y recurrida, también, por don Juan Ignacio mediante la formulación, asimismo, de cinco motivos, residenciales en el ordinal 5º del ya citado articulo 1.692, a excepción del primero, que se acoge a su ordinal 1º , siendo recursos interpuesto con anterioridad a la Ley 10/1992, de 30 de abril .

Iniciando el estudio de los recurso por el interpuesto por doña Amelia , doña Nuria y don Lorenzo , y examinado en primer lugar, el motivo tercero, por razón de su índole, se alega en él un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infringir las normas reguladoras de la sentencia, que ha producido, además, la indefensión de los recurrentes con violación del derecho consagrado en el art. 24 de la Constitución , ocasionándose el quebrantamiento por la violación del art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la regla en él contenida de la congruencia de las sentencias con las pretensiones deducidas, y se argumenta, en síntesis, lo que sigue. El principio dispositiva obliga al juzgador a situar la sentencia dentro de las coordenadas establecidas por los litigantes, constituidas por las concretas peticiones petita y por la causa de pedir causa petendi, formada esta última por el conjunto de hechos que sirven de fundamento a la pretensión, y la incongruencia de la sentencia resulta notoria a partir de estas premisas. El fundamento de la demanda es que existían donaciones y obligaciones de colacionarlos, la demandada pretendía ser en cuanto a los pisos adquiridos de "Pistas y Obras, S.A." una simple fiduciaria de su padre, no sólo en la adquisición, sino en su posterior enajenación, al manifestar que el precio de venta se ingresaba en metálico en la caja privada y particular de aquél, la cuestión acerca de si la donación era hecha a los dos cónyuges, doña Maribel y don Roberto , es una cuestión no planteada por las partes y no controvertida por ellas, y el art. 1.040 aplicado no ha sido citado por ninguno de los litigantes, decidiéndose extra petitum una cuestión no planteada, existe indefensión porque no se ha dado a las partes la oportunidad de realizar ninguna argumentación sobre el problema planteado, para las sentencias de 5 de febrero, 1 de junio y 10 de noviembre de 1979 y 22 de diciembre de 1980 , el principio de la congruencia deriva del de rogación que sanciona el art. 359 , explicitando que la esencia de la congruencia es la concordancia del fallo con la petición y con la causa de pedir entendida como el conjunto de hecho sobre el que se apoya la pretensión de fondo, por ello, existe la incongruencia mixta cuando se introducen y resuelven puntos no propuestos por la partes, según rezan las sentencias de 11 de enero de 1981 y 21 de junio de 1983 , no se puede decir que no existe incongruencia porque se otorga menos de los pedidos (menos donaciones colacionables de aquellas a la que se refería la demanda) porque no se trata de más o menos, sino de la introducción en el pleito y en la resolución de puntos no controvertidos, como es, si la donataria era sólo doña Maribel (posición de las partes y del Juzgado) o si los donatarios eran doña Maribel y su marido (tesis de la Audiencia), no debe confundirse la facultad de selección de la norma jurídica aplicable con la de necesidad de mantener la regla de la congruencia, pues la aplicación del principio iura novit curia si bien autoriza a los Tribunales a aplicar las normas que estimen procedentes y a modificar el fundamento jurídico de las pretensiones, no les faculta, en cambio, para resolver la cuestión transmutando la causa de pedir o sustituyendo las cuestiones debatidas por otras distintas (Sentencias de 1 de abril de 1982, 7 de junio de 1985 y 12 de noviembre de 1988 ), cuyo cambio puede incluso significar menoscabo del art. 24 de la Constitución , al desviarse de los términos en que se planteó el debate (Sentencias de 9 de marzo de 1985 y 9 de febrero de 1988 ) y el Tribunal Constitucional ha afirmado que la incongruencia es contraria al art. 24 de la Constitución cuando supone una completa modificación de los término en que se produjo el debate procesal, puesto que en tal caso no se respeta el principio de contradicción (Sentencias 20/1982, de 5 de mayo; 120/1984, de 10 de diciembre; 77/1986, de 12 de junio y 80/1986, de 25 de junio ).

La exigencia de precisión en las sentencias que impone el art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, determina que cada uno de los problemas sobre los que versa el procedimiento ha deser resuelto en función del planteamiento de que es objeto en el mismo, lo que enlaza, con la exigencia de la congruencia, también establecida, en cuanto que debe entenderse por tal la conformidad que debe existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Los límites definidores de la congruencia aparecen configurados en las declaraciones jurisprudenciales que se transcriben a continuación, entresacadas del conjunto doctrinal: "Que si bien es cierto que el principio jurídico procesal de la congruencia, puede verse afectado por la falta de concordancia entre los elementos lácticos aducidos por los litigantes en apoyo de sus pretensiones y los acogidos por los Tribunales cuando les sirvan de fundamento esencial para emitir el fallo, no lo es menos que cabe apreciarse su realidad y existencia de acuerdo con el resultado de la prueba practicada, cosa que no puede provocar una incongruencia", "no impone sino una racional adecuación del fallo a las pretensiones de las partes, y a los hechos que las fundamentan, pero no una literal concordancia, por ello, guardando el debido acatamiento al componente jurídico de la acción y a la base láctica aportada, le está permitido al órgano jurisdiccional establecer su juicio crítico de la manera que entienda más ajustada", "la armonía entre los pedimentos de las partes con la sentencia, no implica necesariamente un acomodo rígido a la literalidad de lo suplicado, sino que ha de hacerse extensiva a aquellos extremos que le complementen y precisen o que contribuyan a la fijación de sus lógicas consecuencias, bien surjan de los alegatos de las partes, bien sean precisiones o aportaciones en sus probanzas, porque lo perseguido no es otra cosa que el Tribunal se atenga a la sustancia de lo pedido y no a su literalidad" y "no se produce incongruencia por el cambio de punto de vista del Tribunal respecto al mantenido por los interesados, siempre que se observe absoluto respeto para los hechos, que son los únicos elementos que pertenecen a la exclusiva disposición de las partes, si bien con la facultad del juzgador de fijar los alegados de modo definitivo según el resultado de las pruebas". (Sentencias de 28 de octubre de 1970; 6 de marzo de 1981; 27 de octubre de 1982; 28 de enero, 16 de febrero y 20 de junio de 1983; 19 de enero de 1984; 9 de abril y 13 de diciembre de 1985; 10 de junio de 1988; 3 de marzo y 10 de junio de 1992; 24 de junio, 19 de octubre y 15 de diciembre de 1993 y 16 de junio de 1994 ); y como se expresa en la sentencia de 12 de noviembre de 1988, en línea con las de 21 de diciembre de 1966, 23 de enero de 1970, 16 de junio de 1976 y 26 de enero de 1982, "no es lícito al juzgador modificar la acción ejercitada, ni alterar la causa de pedir o sustituir las cuestiones debatidas por otras, y todo ello, sin perjuicio de la facultad que gozan los Tribunales de indagar y elegir las normas jurídica aplicable, aunque no se hubiese invocado por las partes, si bien esta actuación ha de estar subordinada a la iniciativa privada, en cuanto a la vinculación a los hechos debidamente contrastados, que constituyen la causa petendi y que han de permanecer inalterables, al contrario de los razonamientos jurídicos". La precedente declaración jurisprudencial lleva a enlazar, a su vez, con el principio iura novit curia, el cual, a tenor de consolidada doctrina de la Sala, posibilita fundamentar el fallo con distintas apreciaciones jurídicas a las establecidas por los litigantes e, incluso por el juzgador cuya sentencia se contempla en diferente instancia o recurso, pero teniendo en cuenta los hechos alegados y reconocidos y sin alterar la causa o razón de pedir, autorizando al juzgador, en definitiva, a aplicar las normas que estime procedentes, así como a modifica el fundamento jurídico en que se basen las pretensiones de las partes, siempre y cuando la decisión sea acorde con las cuestiones de hecho y de derecho que los litigantes hayan sometido a conocimiento del órgano jurisdiccional, sin alterar la causa de pedir y sin transformar el problema planteado en otro distinto, doctrina la acabada de exponer que figura recogida en las sentencias de 16 de noviembre de 1981 y 21 de noviembre de 1988 , entre otras.

En el caso concreto de autos y en relación con los pisos declarados colacionables en las sentencias recaídas, único tema sobre el que versan los recursos articulados, la tesis mantenida en la demanda interpuesta por los actuales recurrentes era que se estaba en presencia de unas donaciones, tesis que, aún no reconocida explícitamente por la contrapartes actual recurrida, viene a ser, en cierto modo, aceptada, como se infiere del contenido del apartado 3º del fundamento de Derecho sexto de su contestación a la demanda, al expresar: "Respecto al resto de los pisos y (incas a que hemos hecho alusión anteriormente en la relación láctica de esta contestación a la demanda, existen también una causa verdadera y lícita por cuanto la titulación de los pisos a nombre de doña Maribel se hizo en virtud de la donación de las 650.000 pesetas abonadas por don Gaspar . Por lo tanto, no se trata de la donación de un inmueble, sino de una cosa mueble, constituida por el referido precio, el cual no estaba obligada a abonar doña Maribel por haberlo hecho ya el padre y por tratarse de una cosa mueble no era necesario el que constase la aceptación en escritura pública", y afirmar en el apartado anterior, el 2, que actuó, respecto a determinados bienes, como una fiduciaria, ya que el importe de los pisos vendidos se invirtió en la compra de otros o se ingresaba en la caja particular de don Gaspar , cuyo importe se repartieron todos los herederos, incluidos los actores. La tesis de la donación se encuentra recogida, asimismo, en las sentencias dichas, pues tanto el Juzgado, como la Audiencia, consideraron que los pisos fueron recibidos por doña Maribel a título lucrativo, al ser su padre quien había satisfecho el precio. Así pues, es de toda evidencia que los litigantes plantearon, a través de sus respectivas alegaciones y posiciones encontradas, as cuestión de la donación, pero no es menos evidente que tal acto de liberalidad fue contemplado dentro del ámbito de la exclusiva relación bilateral entre padre e hija, al margen y con independencia, por tanto, del estado matrimonial de la segunda, es decir, no fue objeto de controversia la posible existencia de una donaciónefectuada por el padre conjuntamente a su hija y al marido de la misma.

Lo que antecede, pone de relieve que el Tribunal a quo al entender que la transmisión de los pisos se realizó a ambos cónyuges y aplicó, en consecuencia, el art. 1.040 del Código Civil , que no había sido objeto de cita

Por ninguna de las partes contendientes, introdujo un factor perturbador en as cuestiones que los litigantes habían sometido a su conocimiento y en la causa petendi correspondiente, hasta el punto que distorsionó gravemente la necesaria concordancia que debe existir entre las pretensiones de las partes y la sentencia y alteró la causa petendi, sin que el proceder del meritado Tribunal pudiera quedar legitimado en función del principio iura novit curia, en cuanto que éste, no autoriza, en absoluto, la resolución de problemas ajenos o distintos a los propiamente controvertidos, y de aquí, que, al no respetar los límites que han de presidir la congruencia en las resoluciones judiciales, en los términos que resultan de la doctrina jurisprudencial reseñada en el fundamento tercero de la presente, se infringiera por el tan repetido Tribunal el art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , produciéndose, además, una inevitable indefensión para la parte actora, ahora recurrente, encuadrable en el constitucional art. 24 , aunque la concurrencia de dicha circunstancia no fuera necesaria casacionalmente, al serlo sólo para el otro supuesto prevenido en el ordinal 3º del art. 1.692 , infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales.

La infracción de que ha hecho mérito, origina, ineludiblemente, la procedencia del tercer motivo del recurso objeto de estudio, lo que excusa el correspondiente a sus restantes motivos, aparte de que el desarrollo argumental de éstos coincide, de manera substancial, con el analizado y tienen una común finalidad, características las indicadas que cabe predicar, asimismo, respecto a los formulados en el recurso de don Juan Ignacio , y, es más, el examen comparativo de los motivos defendidos en uno y otro recurso, es demostrativo de un paralelismo esencial entre ellos, salvo puntualizaciones de menor detalle, y, en concreto, el motivo quinto de ese otro recurso es, en realidad, una reproducción del tercero ya estudiado y por consiguiente, la procedencia de éste motivo comporta, a su vez, la concerniente al quinto referido, y ello, origina la correlativa estimación de ambos recursos, sin que sea necesario, por la razón apuntada, entrar a estudiar por separado el interpuesto por don Juan Ignacio . En atención a ser acogidos los dos recurso de casación, se impone casar la sentencia recurrida, así como confirmar, por sus propios fundamentos, la recaía en primera instancia, con la única aclaración de que debe recogerse en la parte dispositiva la consecuencia que deriva de la mención que hace en el fundamento de Derecho tercero acerca del art. 1.045 del Código Civil , valor a determinar en la fase de ejecución de sentencia, y por lo que respecta a las costas devengadas en la segunda instancia y en los recursos de casación, de acuerdo con lo preceptuado en los rituarios arts. 896 y 1.715.4 , no procede ninguna declaración especial.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

Que declarando haber lugar a los recursos de casación interpuestos por los Procuradores don Francisco Reina Guerra y don Francisco Alvarez del Valle García, en las respectivas representaciones que ostentan de doña Amelia , doña Nuria y don Lorenzo , y de don Juan Ignacio , contra la sentencia de fecha 13 de diciembre de 1991 y dictada por la Sección Decimonovena de la Urna. Audiencia Provincial de Madrid, debemos casar y casamos la misma, así como confirmar y confirmamos la sentencia pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de la expresada capital, de fecha 24 de junio 1987, con la puntualización de que la determinación del valor de los pisos declarados colacionables deberá ser hecha en la forma prevenida en el art. 1.045 del Código Civil y en la fase de ejecución de sentencia, y ello, sin declaración expresa sobre las costas causadas en la segunda instancia y en los presentes recursos de casación. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con remisión de los autos y rollo de apelación recibidos.

ASI por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Alfonso Barcala Trillo Figueroa José Almagro Nosete - Jaime Santos Briz - Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Alfonso Barcala Trillo Figueroa, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy, de lo que como Secretario certifico.